Verenice Mendoza Urbano
Expediente 1014/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1014/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 31/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Verenice Mendoza Urbano
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la resolución de dieciocho de noviembre del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo. Por ello, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley en Aplicación, se declara que dicha resolución que sobreseyó el presente juicio ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Por tanto, se ordena valorar el presente expediente en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que, se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal, transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó sobre todos los actos reclamados. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Francisco Herrera García, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por periodo vacacional concedido al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión celebrada en dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/4636/2021, que actúa ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
El Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las cuales destacan: No. Constancias Foja 1 Escrito de demandas 2-22 4 Auto admisorio 24-26 5 Emplazamiento del Agente del Ministerio Público Federal 27 6 Emplazamiento del tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. 30-34 Asimismo, el Secretario da cuenta al Juez con el informe justificado rendido por las autoridades responsables, con el cual se dio vista a las partes y que se relaciona en la tabla siguiente: No. Autoridad Responsable Foja Sentido del Informe 1 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad 43 Acepto 2 Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por conducto del Procurador Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, con sede en esta ciudad 36-38 Niega El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron las siguientes: No. Parte oferente Pruebas Fojas 1 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad Documentales 44-52 y un legajo de pruebas El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas, que se desahogan en este preciso instante en atención a su propia y especial naturaleza, por no requerir de preparación alguna. El secretario certifica: que no quedan pruebas pendientes por desahogar y que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado para emitir sentencia. El Juez acuerda: Vista la certificación y al no quedar pruebas pendientes que desahogar, se declara cerrado este periodo. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que la parte quejosa y tercero interesado no formularon manifestaciones y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por perdido el derecho de la parte quejosa y terceros interesados para formular alegatos y del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para formular su alegato ministerial. Se cierra el periodo de alegatos. Al tener en cuenta todo lo actuado se da por terminada la presente audiencia constitucional y quedan los autos a la vista del Juez de Distrito, para emitir la resolución que en derecho proceda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1014/2019, promovido por Verenice Mendoza Urbano, por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, remitida el mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Verenice Mendoza Urbano, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se indican: "III.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: a) ORDENADORA: El C. PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO. b) EJECUTORA: La SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. IV.- ACTOS RECLAMADOS: Los son: a) Del C. Presidente del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, reclamo "LA OMISIÓN DE DICTAR Y EJECUTAR Y/O APLICAR LAS MEDIDAS DE APREMIO NECESARIAS, QUE CONFORME A A LEY DE LA MATERIA EXISTEN, A LA SÍNDICA PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO, DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021, PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE, EL AYUNTAMIENTO DE CUMPLIMIENTO A LA CONDENA DEL LAUDO, DENTRO DEL JUICIO LABORAL NÚMERO 1146/2012", puesto que con dicha omisión la responsable viola mis Garantías Constitucionales de LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA Y MI DERECHO HUMANO A UNA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, que se consagran en los preceptos 14, 16 y 17 respectivamente de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en el artículo 95, 96 y 97 de la Ley 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados Descentralizados del Estado de Guerrero. b) De la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, reclamo, "LA OMISIÓN DE CUIDAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO Y/O LA MATERIALIZACIÓN DE LAS MULTAS QUE SE DECRETAN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAUDO, DENTRO DEL JUICIO LABORAL NÚMERO: 1146/2012", ello, en contra de la Síndica Procuradora del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, obstruyendo la autoridad responsable, mis Garantías Constitucionales de Seguridad Jurídica y mi Derecho Humano d Acceder a una Justicia Pronta y Expedita, consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Admisión y trámite. El treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y TERCERO. En veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, por cesación de efectos del acto reclamado y por la diversa causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, 5, fracción II, primer párrafo de la Ley de Amparo (fojas 53-59). Inconforme con la anterior determinación, mediante escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el doce de septiembre de dos mil diecinueve, la parte quejosa interpuso recurso de revisión (fojas 67-76); del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, y por ejecutoria de veinte de febrero de dos mil veinte, revocó el acuerdo y ordenó la reposición del procedimiento, a fin de dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dado que no se actualizaba las causales de improcedencia anunciadas en el auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (fojas 93-107). Por ello, el cinco de marzo de dos mil veinte, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito, este Juzgador ordeno reponer el procedimiento a partir del auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, y ordenó notificar personalmente a la quejosa el contenido del informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable (foja 107). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a unas autoridades con residencia dentro del territorio en que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, a efecto de fijar la litis constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo. Pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el Juzgador debe tomar en consideración todos los datos emanados de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor, descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, al fijar el acto reclamado, debe atenderse a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, de la lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad: La omisión de hacer efectivas las multas decretadas en autos del juicio laboral 1146/2012, al Ayuntamiento demandado, por no dar cumplimiento al laudo. La omisión de dictar las medidas de apremio necesarias en contra del Ayuntamiento demandado, para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio primigenio. La omisión de acordar el escrito de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, presentado en el juicio laboral 1146/2012, donde solicitó se le hiciera efectivo las medidas de apremio a la parte demanda, a fin de lograr el cumplimiento del laudo. De la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. La omisión de materializar las multas decretadas en los acuerdos de cuatro de mayo y diecinueve de octubre de dos mil dieciocho y veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, a la Síndica Procuradora del Ayuntamiento demandado por incumplimiento del laudo. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado aceptó los actos que se le atribuyen. Certeza que se corrobora, de las constancias que la responsable adjuntó a su informe, consistentes en copia certificada de diversas actuaciones relativas al juicio laboral 1146/2012, de su índice; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por provenir de un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por conducto del Procurador Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó el acto que se le reclama; sin embargo, al haber aceptado la autoridad ordenadora el acto reclamado; por tanto, se le presume cierto el acto que de ella se le reclama. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, porque de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. En ese sentido, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Del contenido de la fracción citada, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen las hipótesis siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo. b) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para demostrar la actualización de dicha causal, se tiene como base las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 1700/2019, del índice de este juzgado de distrito, que se invocan como hecho notorio para resolver, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." De tales constancias se advierte que la parte quejosa Dora Nelly Santana Ángel, a través de su apoderado José Santos Alonso Márquez, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, el dos de diciembre de dos mil veinte, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que se mencionan a continuación: ".AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: "a) Del C. Presidente del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, reclamo "La omisión de hacer efectivas y/o materializar las multas anunciadas y decretadas en los acuerdos de fecha 04 (cuatro) de mayo y 19 (diecinueve) de octubre ambos del año 2018 (dos mil dieciocho); así como en los del 24 (veinticuatro) de mayo y 26 (veintiséis) de agosto ambos del año 2019 (dos mil diecinueve), al Síndico Procurador del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerreo, por el incumplimiento al pago de la condena, dentro del Juicio Laboral Número 1146/2012, ya que con esta omisión de no materializar el cobro de dichas multas, no se está teniendo un procedimiento de ejecución de laudo efectivo, esto a pesar de estárselo solicitando constantemente a la responsable" tal y como se narra y especifica en los hechos y el concepto de violación correspondiente, violándole a la quejosa, sus GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD y SEGURIDAD JURÍDICA y SU GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y/O EL DERECHO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, que se consagran en los preceptos 14, 16 y 17 respectivamente de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en el artículo 95, 96 y 97 de la Ley 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados Descentralizados del Estado de Guerrero. b) Del C. Presidente del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, reclamo "La omisión de dictar las medidas de apremio necesarias, en contra del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, para con ello, de cabal cumplimiento al Laudo ejecutoriado de fecha 16 (dieciséis) de julio del 20015 (dos mil quince), dictado dentro del Juicio Laboral Número 1146/2012, a pesar de estarse solicitando (las medidas de apremio) dentro del procedimiento de ejecución de laudo" esto es así, ya que en diversas ocasiones se ha estado promoviendo ante la responsable, que implemente medidas de apremio más enérgicas y eficaces, para con ello el ayuntamiento demandado dé cumplimiento con la ejecución del laudo, tal y como se especificará en los hechos y el concepto de violación correspondiente, sin que la responsable haga lo procedente, violando con ello de manera flagrante a la quejosa, sus GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD y SEGURIDAD JURÍDICA y SU GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y/O EL DERECHO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, que se consagran en los preceptos 14, 16 y 17 respectivamente de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en el artículo 95 y 97 de la Ley 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados Descentralizados del Estado de Guerrero. c) De la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, reclamo, "La omisión de cuidar el debido cumplimiento y/o materialización de las multas que se han decretado en el procedimiento de ejecución de laudo, dentro del Juicio Laboral Número: 1146/2012", ello, en contra de la Síndico Procurador del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, obstruyendo la autoridad responsable, a la quejosa las Garantías Constitucionales de LEGALIDAD y SEGURIDAD JURÍDICA y su DERECHO HUMANO DE ACCEDER A UNA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por diverso proveído de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, la parte quejosa dentro del juicio de amparo 1700/2019, del índice de este juzgado de distrito, amplió su demanda de amparo, en los términos siguientes: ".a) Al C. Presidente del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, se le reclama: "EL ACUERDO DE FECHA 04 (cuatro) DE DICIEMBRE DEL 2019 (dos mil diecinueve), EN DONDE DE MANERA EXPRESA NIEGA A DICTAR LAS MEDIDAS DE APREMIO NECESARIAS MÁS ENÉRGICAS Y EFICACES, ENCONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO, PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, YA QUE CON SUS DETERMINACIONES AL CONTRARIO, OBSTRUYE EL INMEDIATO CUMPLIMIENTO DEL LAUDO EJECUTORIADO DE FECHA 16 (dieciséis) DE JULIO DEL 2015, DICTADO DENTRO DEL JUICIO LABORAL NÚMERO 1146/2012, ESTO A PESAR DE SOLICITÁRSELAS (LAS MEDIDAS DE APREMIO) EN LAS PROMOCIONES DE FECHA 12 (doce) DE SEPTIEMBRE Y 29 DE NOVIEMBRE AMBAS DEL 2019 (dos mil diecinueve)", esto es así, ya que en las promociones citadas se solicitó a la responsable, que implemente medidas de apremio más enérgicas y eficaces, para con ello el ayuntamiento demandado dé cumplimiento con la ejecución del laudo, tal y como se especificará en los hechos y el concepto de violación correspondiente, sin que la responsable haga lo procedente, violando con ello de manera flagrante a la quejosa, EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE QUE TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE DE ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO, Y EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL QUE MANDATA QUE TODA RESOLUCIÓN Y/O DETERMINACIÓN JURISDICCIONAL DEBE SER CONGRUENTE Y EXHAUSTIVA EN RELACIÓN A TODAS LAS PRETENSIONES SOLICITADAS, así como las GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD y SEGURIDAD JURÍDICA y SU GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y/O EL DERECHO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, que se consagran en los preceptos 14, 16 y 17 respectivamente de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en el artículo 95 y 97 de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados Descentralizados del Estado de Guerrero. b) Al C. Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, como autoridad ordenadora, y a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, como autoridad ejecutora, se les reclama: "LA OMISIÓN DE HACER EFECTIVAS Y/O MATERIALIZAR LAS MULTAS ANUNCIADAS Y DECRETADAS EN LOS ACUERDOS DE FECHA 04 (cuatro) DE DICIEMBRE DEL 2019 (dos mil diecinueve), AL SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO, POR EL INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA CONDENA, DENTRO DEL JUICIO LABORAL NÚMERO 1146/2012, YA QUE CON ESTA OMISIÓN DE NO MATERIALIZAR EL COBRO DE DICHAS MULTAS, NO SE ESTÁ TENIENDO UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAUDO EFECTIVO, ESTO A PESAR DE ESTÁRSELO SOLICITANDO CONSTANTEMENTE A LA RESPONSABLE", tal y como se narra y especifica en los hechos y el concepto de violación correspondiente, violándole a la quejosa, sus GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD y SEGURIDAD JURÍDICA y SU GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y/O EL DERECHO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, que se consagran en los preceptos 14, 16 y 17 respectivamente de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en el artículo 95, 96 y 97 de la Ley 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados Descentralizados del Estado de Guerrero." Y en la precisión de los actos reclamados, quedaron de la forma siguiente: ".Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama: Del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: La omisión de hacer efectivas las multas decretadas en autos de cuatro de mayo y diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, veinticuatro de mayo, veintiséis de agosto y cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, al Ayuntamiento demandado, por no dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen. La omisión de dictar las medidas de apremio necesarias en contra del Ayuntamiento demandado, para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio primigenio. El auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 1146/2012, en el cual no acordó favorables las medidas de apremio solicitadas por la parte actora, en sus escritos de doce de septiembre y veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, a fin de lograr el cumplimiento del laudo. De la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. La omisión de materializar las multas decretadas en los acuerdos de cuatro de mayo y diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, veinticuatro de mayo, veintiséis de agosto y cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, al Síndico Procurador del Ayuntamiento demandado por incumplimiento del laudo"... Seguido el trámite correspondiente, en sentencia de diez de marzo de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para el efecto de que las responsables (ordenadora y ejecutora), realizaran lo siguiente: "(.) el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: Deje sin efectos sin efectos el auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral de origen, reiterando lo que no fue materia de análisis en la presente sentencia, acto seguido deberá dictar un nuevo auto en el que se pronuncie sobre la vinculación de las autoridades prealudidas y en los términos establecidos en el considerando sexto de esta resolución. Asimismo, deberá constatar que se hagan efectivas las multas impuestas al Ayuntamiento de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, mediante autos de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, veinticuatro de mayo, veintiséis de agosto y cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Por su parte la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, deberá materializar las multas impuestas al Ayuntamiento de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, mediante autos de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, veinticuatro de mayo, veintiséis de agosto y cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, para lo cual deberá realizar los requerimientos a las autoridades correspondientes." En ese contexto, es improcedente los actos reclamado en el presente juicio de amparo al ya haber sido reclamado por la misma parte quejosa, en contra de las mismas autoridades responsables en el diverso juicio de amparo 1700/2019, por lo que ya fue sometido a la consideración de este juzgado de distrito, quien resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal para los efectos preciados con antelación, lo que constituye cosa juzgada. Por tanto, este juzgador federal no se encuentra en posibilidad legal de hacer un nuevo pronunciamiento sobre temas que ya fueron resueltos por la Justicia Federal y que han quedado firmes. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 161/2007, emitid por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra." Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en relación a los actos reclamados. QUINTO. Publicación de sentencia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Verenice Mendoza Urbano, por propio derecho, respecto de los actos reclamados a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, ambas con residencia en esta ciudad; de acuerdo a lo expuesto en el considerando cuarto, de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito signado por José Alberto Jaimes Saldaña en su carácter de autorizado de la quejosa Verenice Mendoza Urbano, por medio del cual solicita que se notifique el oficio 5734/2021 de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dirigido a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. En tales circunstancias, toda vez que de la consulta del expediente físico y electrónico no se advierte la constancia de notificación del oficio 5734/2021 de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dirigido a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, se ordena al actuario judicial adscrito encargado del trámite del presente asunto, agregar a los presentes autos la constancia de notificación del oficio de referencia, o en caso de no contar con ella, a la brevedad posible realice la notificación del mismo, para lo cual se autoriza su reexpedición. Ahora, de la razón actuarial de quince de octubre de dos mil veintiuno firmada por Gustavo Mosiño Pineda, Actuario Judicial Adscrito a este órgano Jurisdiccional, que obra glosada en autos del juicio de amparo 1334/2019 del índice de este juzgado; la cual se toma como hecho notorio en el presente asunto en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que, por circular FAD/UAJ/872/2021 de veinte de septiembre del año en curso, firmada por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se comunica que se continua con el cierre de las actividades laborales en las oficinas que ocupa la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y que solo las áreas que realizan actividades consideradas como esenciales continuaran trabajando bajo el formato de guardias; sin embargo, tal circunstancia no es obstáculo para que se realice la notificación a las autoridades que tengan su residencia en el citado recinto, siempre que cuenten con personal para realizar sus actividades, aún bajo el esquema de guardia. Por tanto, se ordena al actuario judicial adscrito encargado del trámite del presente asunto, para que realice la notificación de los oficios citados en párrafos que anteceden, con base en lo establecido en los artículos 26 fracción ll, 28 fracción l, párrafo segundo y lll, 30 fracción l y 31 fracción l, de la Ley de Amparo. Se faculta al actuario judicial para realizar la notificación correspondiente en términos del segundo párrafo de la fracción ll del artículo 28 de la Ley de amparo, siempre que la autoridad responsable se niegue a recibir la notificación correspondiente, bajo el argumento de que solo se encuentra trabajando por guardias; ello, siempre que la misma no tenga cerrada sus puertas. Lo anterior en razón que de actuar conforme a lo establecido en dicho comunicado implicaría una violación evidente al principio de igualdad procesal contenido en el artículo 3 de Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, pues se estaría en el absurdo de que este juzgado reconociera a las partes la facultad de definir el momento en que se le practicaran las notificaciones o bien que pueden negarse a recibirlas. Para ilustrar lo anterior y realizar un estudio atingente, en primer término, se considera pertinente destacar que los artículos 19, 22, 26, fracción I, 28, fracción I, 31, fracción I de la ley de la materia, sobre lo que interesa, establecen lo siguiente: "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.- Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. Por oficio: a) A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un particular señalado como tal, en cuyo caso se observará lo establecido en el inciso b) de la fracción I del presente artículo; b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y c) Al Ministerio Público de la Federación en el caso de amparo contra normas generales." "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente.- Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha;" "Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas: I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas." La interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, permite establecer que en los juicios de amparo el cómputo de los términos comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; se incluirá en ellos el día del vencimiento, se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles. No se computarán dentro de los términos, los días hábiles en que se hubiesen suspendido las labores del juzgado o tribunal en que se trámite el juicio de amparo. En los juicios de amparo de la competencia de los Juzgados de Distrito, las notificaciones se harán a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, por medio de oficio que deberá entregarse en el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, en el entendido de que si existe una negativa a recibir el oficio se tendrá por hecha la notificación encomendada. También se advierte que la notificación así practicada surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, o bien, desde el momento en que se tenga por hecha por parte del actuario correspondiente. Por tanto, la suspensión de labores decretada por las autoridades responsables o terceras interesadas, no interrumpe los términos, ni la continuación del juicio de amparo, en atención a que conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de la materia son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los previstos en el propio precepto, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, en la especie, el Juzgado de Distrito respectivo. Asimismo, debe decirse que la suspensión de mérito carece de trascendencia para el cómputo de los términos legales y la actuaciones que se han de practicar, pues conforme al marco normativo que rige al juicio de amparo, la suspensión temporal de labores de las autoridades, no es un componente previsto en las citadas normas, de lo que se colige que no suspende la prosecución del procedimiento, pues no debe soslayarse que durante la suspensión de labores en comento, de las autoridades que tienen su domicilio en la Instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se ordena continuar con un sistema de guardias para actividades consideradas como esenciales, lo que evidencia que tiene la infraestructura necesaria para contar con personal de guardia capacitado tanto para la recepción de notificaciones, como para el cumplimiento que la Ley de Amparo le impone con motivo de la substanciación de un juicio de garantías en el que figura como autoridad responsable o tercero interesado. Se cita para apoyar consideraciones expuestas, la tesis III.1o.A.150 A emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Materia Administrativa, página 3178, registro 166288, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA INTERRUPCIÓN DE LAS LABORES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN VIRTUD DE DISFRUTAR DE UN DESCANSO TEMPORAL (VACACIONES), NO SUSPENDE EL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE DICHO RECURSO. Del análisis sistemático de los artículos 24, 26, 28, fracción I, 33, 34, fracción I, 83, fracción IV y 86 de la Ley de Amparo, relativos a la regulación de las notificaciones y término para la interposición del recurso de revisión en el juicio de garantías indirecto, se advierte que la interrupción de las labores de la autoridad responsable, en virtud de disfrutar de un descanso temporal (vacaciones), no es un componente previsto en las citadas normas, de lo que se colige que no suspende el aludido término, pues ésta, como parte integrante de la organización estatal, tiene la infraestructura necesaria para contar con personal de guardia capacitado o comisiones de receso, encargados de la recepción de notificaciones y, en su caso, de la presentación de los medios de impugnación que se requieran, precisamente en tales lapsos de descanso. Además, en atención al principio de paridad procesal que debe regir entre las partes, el quejoso o tercero perjudicado, como particulares, tendrían desventaja, si únicamente a la autoridad disconforme se le descontara del plazo legal para la interposición de los medios de defensa, el tiempo en que esté de vacaciones, pues ese beneficio no podría ser alegado por aquéllos, precisamente por no existir disposición jurídica que así lo permita." De igual forma, no debe soslayarse que la Constitución dispone, en sus artículos 103 y 107, que el juicio de amparo se reglamenta a través de una ley emitida por el Congreso de la Unión, por tanto, las legislaturas de los Estados como las autoridades pertenecientes a éstos, como en la especie sucede la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, no tienen competencia para regular el juicio de amparo; de aceptarse el criterio propuesto, se llegaría al absurdo de reconocer que la citada Secretaría tiene competencias legislativas para reglamentar los cómputos de los plazos en el juicio de amparo, lo que sin duda conformaría una falacia de falsa autoridad, en la medida de que nuestra Constitución Federal no faculta a un órgano local para regular o reglamentar los términos procesales que rigen en el juicio de amparo. Además, permitir que los Estados y, en su caso, las autoridades responsables o terceras interesadas regulen las reglas sobre los días hábiles aplicables en su perjuicio, diluiría el valor normativo del juicio de amparo como un medio de control constitucional. Los plazos en el juicio de amparo conforman una garantía orgánica del derecho de acceso a la justicia en sede constitucional, ya que los justiciables tienen la certeza de que dichos plazos son aquellos que condicionarán el tiempo de resolución de un juicio; sin embargo, si cualquier autoridad responsable o tercera interesada se entiende habilitada para alterar los plazos del juicio de amparo mediante la regulación de los días hábiles, ello le daría un poder a los órganos controlados de postergar, a su conveniencia, la resolución de un medio de control. No sucede lo mismo con el periodo vacacional de la autoridad responsable, pues en este supuesto, resulta inconcuso que no pudo actuar materialmente al no trabajar, habida cuenta que se trata de un período de receso en el que no se puede ni siquiera entregar una notificación al encontrarse cerrado al público el edificio correspondiente. La jurisprudencia 2ª./J. 9/2018 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO.", no resulta aplicable al caso, pues basta su lectura, para advertir que la misma se refiere al término con el que cuentan los quejosos para promover una demanda de amparo indirecto; empero, sin que de la misma se desprenda que la autoridad responsable está facultada para suspender los términos procesales que rigen en el trámite de un juicio que no es su competencia conocer. Máxime, que la teolología de ese criterio jurídico deriva del hecho relativo a que el término para la promoción de una demanda de amparo conforma un derecho de los particulares en aras de potencializar el derecho con el que cuenta, inherente al acceso a la justicia a que se contrae el artículo 17 Constitucional, de lo que deriva, por exclusión que la precitada prerrogativa no puede hacerse extensiva a las autoridades responsables, cuando tal extremo conllevaría a generar un desequilibrio procesal entre las partes. Además, de la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada a distancia el veintiocho de abril de dos mil veinte al resolver la contradicción de tesis 275/2018, se advierte en lo medular que seis Ministros (mayoría) votaron en contra del proyecto presentado, al considerar que no es posible tomar como plazo adicional a los ya estipulados en la Ley de Amparo, los días que las autoridades locales designen como vacacional o que declaran como inhábiles, debido a que las entidades federativas no pueden ajustar los plazos del juicio de amparo, al ser parte en el procedimiento y conocer de antemano los días inhábiles para esos efectos, por lo que están obligados a acatarlos. Si bien, a la presente fecha, el engrose y la tesis se encuentran pendientes de publicar, también lo es que la decisión que antecede es determinante, como se lee de la misma versión taquigráfica: "SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: En esa virtud, aquí hay algunas posibilidades: una, desechar el proyecto y returnarlo; sin embargo, parece que la decisión ya es muy clara, es determinante. Hemos ya discutido mucho este tema y yo consultaría al Ministro ponente si él estaría en posición y en posibilidad de poder hacer el engrose con el criterio mayoritario. SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Lo intentaría, señor Presidente, con mucho gusto. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muchas gracias, se lo apreciamos muchísimo porque esto nos ahorra tiempo en la decisión del asunto. ENTONCES, QUEDA RESUELTO EN ESOS TÉRMINOS EL PROYECTO." Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
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Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se difirió la audiencia constitucional fijándose como nueva fecha las once horas con treinta minutos del quince de noviembre del año en cita; sin embargo, éste último día es inhábil, por ser el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del veinte de noviembre del presente año. Por tanto, la fecha fijada para el quince de noviembre de dos mil veintiuno, se deja sin efectos y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; lo anterior, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
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