Verenice Contreras Osorio

Expediente 1291/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1291/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
14/07/2023

Partes del expediente

  • Verenice Contreras Osorio
  • Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes; sin que sea necesario acusar el recibo de estilo por así haberlo indicado la Superioridad, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales" publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. En ese sentido, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se negó la Protección de la Justicia de la Unión. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 20 del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Devolución de anexos En mérito de lo ordenado en este auto, devuélvase a la autoridad responsable Magistrado Visitador General de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, los anexos que remitió a su informe justificado así como el disco versátil digital (DVD) que obra en autos, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa Verenice Contreras Osorio, así como de sus autorizados, el contenido de la determinación de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, catorce de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes; sin que sea necesario acusar el recibo de estilo por así haberlo indicado la Superioridad, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales" publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. En ese sentido, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se negó la Protección de la Justicia de la Unión. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 20 del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Devolución de anexos En mérito de lo ordenado en este auto, devuélvase a la autoridad responsable Magistrado Visitador General de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, los anexos que remitió a su informe justificado así como el disco versátil digital (DVD) que obra en autos, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1291/2022, promovido por ******************** contra actos de la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos y otras, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón oficial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el tres de octubre de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: ° JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, DISCIPLINA Y VIGILANCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. ° DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. ° SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MORELOS. ° MAGISTRADO VISITADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. ° JUEZ AUXILIAR VISITADOR ADSCRITO A LA VISITADURÍA GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. Actos reclamados: ".De la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, reclamo: La resolución que por unanimidad de votos fue dictada por los integrantes de dicha Junta el diecinueve de agosto del dos mil veintidós, que resolvió en definitiva los autos de la queja y/o procedimiento administrativo ********************, formada con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en contra de la suscrita quejosa, en mi carácter de Secretaria de Acuerdos, en funciones de proyectista adscrita al Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, derivado de las Actas Administrativas de fechas tres de noviembre y seis de diciembre ambos de dos mil veintiuno, levantadas por la Licenciada ******************** Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, ante la Primer Secretaria de Acuerdos, Maestra en Derecho ********************, la cual determinó tener por acreditada la conducta imputada a la suscrita y por ende declaró la existencia de responsabilidad administrativa en mi contra y en consecuencia, su ejecución ya que impuso una sanción consistente en la SUSPENSIÓN DEL CARGO POR TREINTA DÍAS SIN GOCE DE SUELDO, asimismo, ordenó girar oficio a la diversa responsable, Director General de Administración, para que procediera a realizar la anotación en mi expediente personal, así como remitir copia certificada de dicha resolución a la Secretaría de la Contraloría para el registro de la responsabilidad administrativa del suscrito. .Del Director General de Administración del Poder Judicial del Estado se reclama: .El cumplimiento, orden de cumplimiento y/o ejecución que se realice respecto del diverso acto que se reclama (resolución de diecinueve de agosto del dos mil veintidós), esto es, el registro en mi expediente personal de la resolución dictada por los integrantes de la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, que resolvió en definitiva los autos de la queja y/o procedimiento administrativo ********************. .De la Secretaria de la Contraloría del Estado se reclama: .el cumplimiento, orden de cumplimiento y/o ejecución que se realice respecto del diverso acto que se reclama (resolución de diecinueve de agosto del dos mil veintidós), esto es, el registro de la aludida resolución y de responsabilidad administrativa en mi contra, tal y como fue ordenado en el punto resolutivo quinto. .Del Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos se reclama: .El auto que se dictó el seis de septiembre del dos mil veintidós, en los autos de la queja y/o procedimiento administrativo ********************, formada con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en contra de la suscrita quejosa. .por medio del cual devolvió a dicha Visitaduría, los autos de la aludida queja administrativa y como consecuencia, su ejecución ya que, en términos de la resolución de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, emitida por la citada Junta (materia del diverso acto reclamado), ordenó hacerme saber la llegada de los autos y la resolución multicitada, donde se me hizo del conocimiento de la existencia de responsabilidad administrativa en mi contra en mi carácter de Secretaria de Acuerdos en funciones de proyectista adscrita al Juzgado Cuarto Civil (sic) de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en el cual se me impuso como sanción la SUSPENSIÓN DEL CARGO POR TREINTA DÍAS SIN GOCE DE SUELDO, contados a partir de que fui notificada esto es, el siete de septiembre del dos mil veintidós. .Del Juez Auxiliar de Visitaduría Samuel Alejandro Nava Sánchez, adscrito a la Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos se reclama: .El auto que se dictó el seis de septiembre del dos mil veintidós, en los autos de la queja y/o procedimiento administrativo ********************, formada con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa." SEGUNDO. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1291/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de amparo. Tocante a la temporalidad en que se promovió la acción constitucional, cabe destacar que de las constancias enviadas por la potestad responsable se desprende que la resolución reclamada de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro de la queja administrativa ********************, índice de la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, fue notificada a la hoy quejosa el siete de septiembre de dos mil veintidós. De modo que, la notificación de referencia, surtió sus efectos el día que se hizo sabedora, ya que dicha notificación fue hecha de forma personal, y de conformidad con los ordinales 127, 144 y 145 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, surtió sus efectos el día que le fue realizada, y por ende, el plazo de quince días, establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda, comenzó a computarse el ocho de septiembre, y dicho plazo concluyó el tres de octubre, sin contar los días diez, once, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de septiembre, todos de dos mil veintidós, ya que fueron inhábiles, acorde al numeral 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si en el caso el ocurso de demanda que dio origen al presente juicio se presentó, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el treinta de septiembre de dos mil veintidós, es claro que ello sucedió dentro del ya mencionado plazo de quince días, previsto en el dispositivo 17 de la legislación aplicable a la materia, dado que como antes se dijo, el mismo feneció el tres de octubre de dos mil veintidós. Adquiere relevancia en este punto la tesis (IV Región) 2o.7 K (10a.), visible en la página 2926 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de dos mil catorce, tomo IV, de la Décima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al establecer que la demanda deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, respetan el derecho humano a la tutela judicial efectiva, en la medida en que el plazo referido es razonablemente extenso para permitir a los gobernados preparar una adecuada impugnación de los actos de autoridad que consideren lesivos de su esfera jurídica; situación que resulta congruente con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente. En efecto, la fijación de dicho plazo no significa un obstáculo para el acceso a la jurisdicción constitucional, pues su extensión permite que desde la notificación del acto reclamado hasta la resolución del juicio de amparo en que se controvierta, sea pronta; además de que tal temporalidad es apta para que los particulares afectados estén en aptitud material de preparar su defensa, porque al referirse a días hábiles (numeral 19 de la citada ley) se traduce, aproximadamente, a tres semanas naturales, lapso en el cual el quejoso puede allegarse de las constancias necesarias para sustentar su pretensión, o bien, solicitar las que no estén a su disposición, así como efectuar las reflexiones sobre qué otros medios probatorios puede ofrecer y los estudios jurídicos necesarios para argumentar en favor de la inconstitucionalidad, inconvencionalidad o ilegalidad del acto de autoridad. Consiguientemente, la previsión en la Ley de Amparo de un plazo genérico de quince días para ejercer la acción constitucional, es congruente con el referido derecho a la tutela judicial efectiva y, por ende, con los principios de justicia pronta y expedita.". TERCERO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: ° La resolución de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro de la queja administrativa ********************, índice de la autoridad señalada como responsable. ° El cumplimiento, orden de cumplimiento y/o ejecución de la resolución de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro de la queja administrativa ********************, índice de la autoridad señalada como responsable ° El auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos de la queja administrativa ********************, índice de la autoridad señalada como responsable. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Auxiliar adscrito a la Visitaduría General, Magistrado Visitador General, Magistrado Presidente, todos de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos y Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, pues así lo manifestaron al momento de rendir informe justificado, además, así se advierte de las copias certificadas del expediente de la queja administrativa de origen y los actos realizados en su ejecución. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora, para un mejor entendimiento del presente fallo, resulta pertinente destacar los antecedentes jurídicamente relevantes del juicio de origen que se narran enseguida: 1.- El cuatro de noviembre y trece de diciembre, ambos de dos mil veintiuno, la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, recibió los oficios números 2359 y 2728, de cuatro de noviembre y nueve de diciembre, ambos de dos mil veintiuno, signados por la licenciada ********************, Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en los que adjunto las actas administrativas, respecto de la sustracción de los expedientes ********************, cuaderno de amparo número ********************, deducido del expediente número ******************** acumulado al ******************** y ******************** y ******************** 2.- Mediante sesión extraordinaria de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa contra la hoy quejosa ********************. 3.- Mediante oficio número ********************, se ordenó turnar las constancias que integraron el acta administrativa que levantó la Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, respecto del extravío de los expedientes descritos en el punto número uno. 4.- En acuerdo de siete de marzo de dos mil veintidós, la Visitaduría General de la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, radicó el procedimiento de responsabilidad administrativa contra la servidora pública, mando emplazar y correr traslado, para que rindiera el informe correspondiente, respecto de los hechos atribuidos; así también, se le requirió para que exhibiera las pruebas que a su parte correspondieran y opusiera defensas y excepciones que considerara convenientes, apercibiéndole que en caso de ser omisa a lo solicitado se declararía su rebeldía. 5.- Por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, la autoridad señalada como responsable tuvo recibido el escrito de la servidora pública aquí quejosa, en su carácter de investigada, a través del cual dio contestación respecto de los hechos atribuidos en el procedimiento de responsabilidad administrativa, de donde emanan los actos reclamados. Además fue señalada día y hora para la audiencia de pruebas y alegatos. 6.- El veintiséis de abril de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos en la que se hizo constar la comparecencia de la servidora pública investigada ******************** y los atestes ******************** y ********************. 7.- El cinco de mayo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos en la que se hizo constar la incomparecencia de la servidora pública investigada ********************, se dio cuenta con el escrito de alegatos y a no haber pruebas pendientes por desahogar, se ordenó pasar a la etapa de alegatos y se tuvieron por formulados los de la hoy quejosa y por tanto se turnaron los autos para la emisión del dictamen correspondiente. 8.- El trece de mayo de dos mil veintidós, se emitió dictamen en el expediente de queja administrativa ********************, por parte de la Visitaduría General del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la que en sus determinó lo siguiente: "PRIMERO. Esta Visitaduria General, es competente para conocer y dictaminar el presente asunto. SEGUNDO. Se dictamina la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA atribuida a la licenciada ********************, en su carácter de Secretaria de Acuerdos en funciones de proyectista adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, por loe hechos analizados en el considerando IV del presente dictamen. TERCERO. Esta Visitaduría General PROPONE a la Junta de Administración y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, que a la servidora público licenciada ********************, se imponga la sanción prevista en la fracción IV del artículo 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, CONSISTENTE EN UNA SUSPENSIÓN DEL CARGO POR TREINTA DÍAS SIN GOCE DE SUELDO. Por otra parte, este órgano dictaminador tomando en consideración los hechos que dieron origen a la presente queja, se propone que la Coordinación Jurídica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presente e integre carpeta de investigación ante autoridad competente. CUARTO. Consecuentemente, en su oportunidad, se ordene girar atento oficio con copia certificada de la presente determinación al Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para que, provea lo necesario a efecto de que se agregue la misma al expediente personal del ahora responsable, lo anterior con fundamento en los dispuesto por el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. QUINTO. De conformidad con lo que prevé el artículo 75 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como, la disposición transitoria octava del Decreto número TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO, publicado en el Periodico Oficial "Tierra y Libertad", número 5629 del treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, así como el artículo 16 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria, inscríbase la presente resolución ante tal instancia. SEXTO. Remítase la presente queja administrativa a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, para los efectos legales previstos por la fracción XIII, del artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. (.)". 8.- Por oficio de trece de mayo de dos mil veintidós, el Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos remitió la queja administrativa ******************** a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, a efecto de que se resuelva lo que en derecho corresponda. 9.- Con fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dentro de los autos del recurso de queja administrativa ********************, se resolvió en definitiva en los siguientes términos: ".PRIMERO. Esta Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente asunto. SEGUNDO. Se declara la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA atribuida a la licenciada ********************, Secretaria de Acuerdos en funciones de proyectista adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, por los hechos analizados en el considerando VI de esta resolución. TERCERO. Se impone a la servidora pública responsable de referencia, como sanción administrativa la prevista en la fracción IV del artículo 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, consistente en LA SUSPENSIÓN DEL CARGO POR TREINTA DÍAS SIN GOCE DE SUELDO. CUARTO. Se ordena la integración de la carpeta de investigación, a través de la Coordinación Jurídica del Poder Judicial del Estado de Morelos, ante la autoridad competente. QUINTO. Se ordena girar atento oficio con copia certificada de la presente determinación al Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con el objeto de que, provea lo necesario a efecto de que se agregue la misma al expediente personal de la ahora responsable, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. SEXTO. De conformidad con lo que prevé el artículo 75 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como, la disposición transitoria octava del Decreto número TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5629 del treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, así como el artículo 16 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría, inscríbase la presente resolución ante tal instancia.". Resolución ésta última que constituye el acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa hace valer los siguientes conceptos de violación: ° Argumenta que la sanción administrativa que le fue impuesta fue infundada y excesiva, toda vez que al analizar la falta cometida no se acreditaron las hipótesis previstas e los artículos 93 fracción XVI y 186 fracciones IV y VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, a no haberse acreditado las conductas, y que en su caso la falta administrativa no encuadra dentro de las sanciones previstas como graves, como lo prevé el numeral 195 del citado ordenamiento. ° Que en relación a la reincidencia en la comisión de las faltas, no existe fundamento legal, dado que si bien existen dos quejas administrativas en contra de la hoy quejosa, cierto es que las mismas fueron por diversas faltas y las cuales no son coincidentes y por ello no hay reincidencia en relación a la conducta atribuida en la queja administrativa ********************, de donde emanan los actos reclamados en el presente juicio de amparo. ° Que al analizar el monto del beneficio, daño o perjuicio económico, así como la gravedad de la infracción, la autoridad perdió de vista que no se presentó queja alguna por alguna de las partes que figuran en los expedientes extraviados. ° Que el actuar de la autoridad señalada como responsables es contrario el principio de congruencia que deben existir en las resoluciones, que existe una indebida motivación del acto reclamado, ya que si se tenía autorización para llevar los expedientes que fueron extraviados y son la materia de la queja administrativa, pues dadas las funciones que desempeñaba como secretaria de acuerdos en funciones de proyectista, al no haber expedientes electrónicos o digitales, era necesario llevarlos de manera física; por tanto, la autoridad violó los principios de congruencia y exhaustividad que deben imperar en las resoluciones jurisdiccionales, al no valorar las pruebas documentales y testimoniales ofrecidas, admitidas y desahogadas en autos, y que de dichas pruebas se desprende que no existe conducta relativa al incumplimiento de los deberes encomendados por la ley. ° Que existen violaciones en el análisis de las excepciones opuestas y con ello también viola los principios de congruencia y exhaustividad, principalmente en las excepciones de queja infundada y/o error en el fundamento de la queja, derivada del hecho de que refiere no transgredió los principios establecidos en el artículo 109 Constitucional, la carga laboral, la inexistencia de negligencia e ineptitud del suscrito al fungir como secretaria de acuerdos. ° Finalmente aduce violaciones durante el procedimiento que lo dejaron sin defensa y que trascendieron al resultado de la resolución definitiva, como la figura de la prescripción, donde la autoridad señalada como responsable dejó de aplicar correctamente el artículo 195 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, pues, señala que la autoridad aplicó los ordinales 71 y 72 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, bajo el argumento de que en el momento en que ocurrieron los hechos materia del procedimiento administrativo, se establecía como plazo para la prescripción de tres años, y por el contrario no era de observarse el plazo de los seis meses que dispone el diverso numeral 195 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. Ahora bien, en los conceptos de violación analizados en su conjunto y respecto de lo que aduce en relación a la autoridad señalada como responsable, que no actualizaron las hipótesis previstas en los artículos 93 fracción XVI y 186 fracciones IV y VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, al no haberse acreditado las conductas, y que la falta administrativa no encuadra dentro de las sanciones previstas como graves, como lo prevé el numeral 195 del citado ordenamiento, porque además la responsable no se pronunció sobre sus argumentos y no valoró las pruebas, lo que conlleva falta de exhaustividad y congruencia en el dictado de la resolución reclamada. Atento a lo anterior, resultan infundados los conceptos de violación, en virtud de que contrario a lo que sostiene la conducta atribuida a la servidora pública aquí quejosa, la autoridad señalada como responsable sí la encuadró en lo que establecen los ordinales 93 fracción XVI y 186 fracciones IV, VII y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos: "Artículo 93.- Los Secretarios de acuerdos de los juzgados serán nombrados por el Consejo de la Judicatura Estatal, y tendrán las siguientes atribuciones y deberes: (.) XVI.- Las demás que les encomiende la ley o su superior jerárquico." "Artículo 186.- Son faltas de los administradores y de los Secretarios de Acuerdo y de los secretarios instructores: (.) IV.- Descuidar el trámite o la conservación de los expedientes, registros, procesos, tocas, escritos, documentos, objetos y valores que tengan a su cargo; VII.- No cumplir con el ámbito de su competencia de lo que establecen los artículos 49, 51, 93 y 94 bis de esta ley, y; VIII.- Las demás que señalen otras leyes u ordenamientos aplicables.". Además, fijó Litis de conformidad con el numeral 64 fracción III de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el ordinal 369 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, con base en el oficio RDJ/JUNTA ADMON/1036/2022, signado por el entonces Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como por la Secretaria General de Acuerdos de la referida Junta, derivado también de los oficios 2359 y 2728 de cuatro de noviembre y nueve de diciembre, ambos de dos mil veintiuno, suscritos por la Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, y relacionado lo anterior con el propio informe de la funcionaria investigada y que se basó en la pérdida de los expedientes 80/2019-1, 297/2021, cuaderno de amparo número ********************, deducido del expediente número ******************** acumulado al ******************** y 358/2012, ********************, 213/2021 y 219/2019-2, al descuidarlos toda vez que estaban bajo su resguardo. Por otro lado en relación a la falta o indebida valoración de pruebas, también es infundado, porque contrario a ello la autoridad señalada como responsable, de forma correcta valoró y consideró como medios de convicción para incoar el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la hoy quejosa y les concedió eficacia jurídica al oficio RDJ/JUNTA ADMON/1036/2022, signado por el entonces Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como por la Secretaria General de Acuerdos de la referida Junta, y los oficios 2359 y 2728 de cuatro de noviembre y nueve de diciembre, ambos de dos mil veintiuno, suscritos por la Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, a través de los cuales corroboró lo asentado en las acta administrativas de cuatro de noviembre y nueve de diciembre, ambos de dos mil veintiuno. Y que no obstante las documentales ofrecidas por la parte quejosa consistentes en los acuerdos 009/2020, 010/2021, 013/2021 y 015/2021, emitidos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así como el protocolo de seguridad sanitaria en el entorno laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos, les concedió valor probatorio de conformidad con el numeral 490 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tal y como lo previene su arábigo 41; y esta a su vez a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de las que adujo la autoridad señalada como responsable que si bien se consideró que con esa en esas disposiciones se consideró que el personal vulnerable debía trabajar desde sus hogares, quedando bajo responsabilidad del Juez la rotación del personal de manera semanal y organizar la distribución de estos en su órgano jurisdiccional; también lo es que dicho medio de prueba resultó ineficaz, porque no obstante que en cumplimiento a dicho protocolo la servidora pública aquí quejosa trabajaba de forma alternada desde su hogar, así como el hecho de que el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, adujo que por esas razones sustrajo los expedientes descritos en líneas precedentes, precisando que los mismos los portaba en su vehículo particular, siendo robados en la misma fecha del citado vehículo de su propiedad. Empero, es cierto también, como acertadamente lo fundamenta y motiva la autoridad señalada como responsable, del informe de la Jefa de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado de Morelos, valorado de conformidad con el artículo 437 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, por tratarse de una documental pública que fue expedida por una persona que le reviste el carácter de servidor público, advirtió que la servidora pública investigada aquí quejosa, ese día veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, registró su hora de salida de la jornada laboral a las diecisiete horas con siete minutos, y luego entonces la hoy quejosa refirió en su informe de contestación a la queja que el robo ocurrió a las diecinueve horas con cincuenta minutos, como obra en la carpeta de investigación SC01/12572/2021, evento acontecido en ********************, es decir, en un domicilio distinto al en que habita que lo es el ubicado en ********************. Sin que se pierda de vista que la parte quejosa contaba con autorización para trabajar en su domicilio particular, previa venia de su titular; sin embargo, la conducta reprochada por la junta responsable es el descuido de las funciones que debía realizar y abstenerse de llevar consigo los autos sustraídos a un lugar distinto al de su domicilio. Máxime que de los informes rendidos por la Jueza Cuarta Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, se obtuvo que dicha funcionaria, como titular de los autos, no fue enterada por la servidora pública sancionada que en esa ocasión se llevaría dichos expedientes a su domicilio particular; circunstancia que fue considerada por la junta responsable para tener por acreditada la responsabilidad administrativa imputada. Aunado a lo anterior, la autoridad señalada como responsable enfatizó que entre la hora de salida del área de trabajo y la hora en que sucedió el hecho delictivo que la hoy quejosa argumentó y denunció, transcurrieron tres horas aproximadamente; asimismo, que como fue informado por la Titular del Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Por lo anterior, resultaron infundados los conceptos de violación relativos a la conducta atribuida y la valoración correspondiente de las probanzas en el natural de donde emanaron los actos reclamados, sino por el contrario, quedaron debidamente actualizadas las hipótesis establecidas en los artículos 186 fracciones IV y VIII, en relación con el diverso 93 fracción XVI, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en correlación con el artículo 27 fracciones I y V, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, al no abstenerse de llevar consigo los expedientes, y por tanto, descuidó el desempeño de las funciones encomendadas, como es, cuidar los expedientes que tenía bajo su resguardo, máxime que existe prohibición expresa en ese sentido, de conformidad con los artículos 82 y 84 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos. Tampoco pasa inadvertido para este juzgador el argumento de la parte quejosa en el sentido de que en la transcripción que realizó la junta responsable en el acto reclamado, del testimonio de ********************, se plasmó una declaración distinta. Sin embargo, de la lectura realizada a la resolución reclamada se desprende que la autoridad responsable sí transcribió las respuestas que proporcionó el referido testigo a las veintisiete preguntas que se le formularon. Ahora bien, aun cuando no se trascribió la ampliación al interrogatorio que desahogó dicho ateste y por error se replicó en ese apartado la ampliación del interrogatorio desahogado por la diversa testigo ********************, ello no trascendió al resultado del fallo, ya que dichos testimonios, aún analizados y valorados por la responsable, no eximieron a la quejosa de la conducta reprochada consistente la falta de cuidado de los expedientes que llevaba consigo. Del mismo modo, es incorrecto el razonamiento que expone la parte quejosa respecto de que la junta responsable no tomó en consideración que se repusieron las actuaciones del juicio ********************; así como de que ninguna de las partes de los expedientes extraviados interpuso alguna queja. No obstante, contrario a lo sostenido por la quejosa, la junta sí valoró esa circunstancia, incluso expuso en su resolución que se allegó de las copias certificadas de todos los expedientes extraviados, sin que tal cuestión hubiere sido suficiente para eximir a la parte quejosa de la conducta atribuida. Ahora bien, en relación a lo referido por la quejosa como concepto de violación en el sentido de que la autoridad señalada como responsable tomó en consideración otras faltas en el apartado de reincidencia; dicho argumento deviene inoperante toda vez que la autoridad responsable resolvió que la quejosa no era reincidente en la conducta que se sancionó. Por otro lado las violaciones que señala la quejosa durante el procedimiento que lo dejaron sin defensa y que trascendieron al resultado de la resolución definitiva, como la figura de la prescripción, donde la autoridad señalada como responsable dejó de aplicar correctamente el artículo 195 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, pues, señala que la autoridad aplicó los ordinales 71 y 72 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, bajo el argumento de que en el momento en que ocurrieron los hechos materia del procedimiento administrativo, se establecía como plazo para la prescripción de tres años, y por el contrario no era de observarse el plazo de los seis meses que dispone el diverso numeral 195 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, resulta infundado, porque contrario a lo sostenido la autoridad sí estudio la figura jurídica de la prescripción, esto en el considerando sexto de la resolución reclamada y de conformidad con las disposiciones contemplados en los numerales 195-Ter, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, que dispone que las sanciones previstas en las fracciones I a IV del artículo 194 de la precitada ley, prescribirán en seis meses y las previstas en las fracciones V y VI en un año. Para ello concluyó la autoridad señalada como responsable que no había prescrito la facultad sancionadora en el procedimiento administrativo incoado en contra de la hoy quejosa, atendiendo a que el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, celebró sesión extraordinaria en el que acordó el inicio del procedimiento en contra de la servidora pública investigada aquí quejosa. Por lo que, el uno de marzo de dos mil veintidós, la referida Junta, emitió el oficio para que a su vez la entonces Visitaduría General iniciara el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la secretaria proyectista aquí quejosa, por lo que hasta esa fecha se encontraba interrumpido el plazo de la prescripción antes mencionado. Lo anterior, aunado a que la entonces Visitaduría General de referencia dictó los autos de siete de marzo, veintitrés de marzo, treinta y uno de marzo, uno de abril, seis de abril, siete de abril, trece de abril, veinte de abril, veintiséis de abril y cinco de mayo, todos de dos mil veintidós, a efecto de esclarecer los hechos, por lo que finalmente el cinco de mayo de la misma anualidad, tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos y se turnó el asunto para resolver, por lo que como se acentuó de forma acertada la autoridad señalada como responsable sí analizó la prescripción de la facultad sancionadora conforme a las disposiciones legales correspondientes y expuso los razonamientos y motivos para esclarecer que no habían transcurrido los seis meses que establecen para tal efecto, de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. Finalmente, respecto los argumentos que aduce en relación a la individualización de la sanción y la gravedad de la falta cometida, son infundados, en virtud de que en la resolución reclamada se advierte que en el considerando relativo a la individualización de la sanción, la autoridad responsable observó lo dispuesto en el artículo 195 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, que establece los factores que deben tomarse en consideración para la imposición de la sanción administrativa, que son: I.- La gravedad de la falta cometida y la conveniencia de suprimir prácticas viciosas en el despacho de los asuntos; II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V.- La antigüedad en el servicio; VI.- La reincidencia en la comisión de faltas; y VII.- En su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económico causado, así como la gravedad de la interrupción o suspensión del servicio a su cargo. De lo anterior se advierte que entre los factores que establece la disposición legal invocada no se encuentra el tomar en cuenta las circunstancias que hace valer la servidora pública investigada para excluirse de la responsabilidad que le fincan, pues ello, es materia de análisis en el apartado correspondiente en el que se analiza la existencia de la responsabilidad administrativa. De lo antes referido se advierte que contrario a lo aducido por la quejosa, la autoridad señalada como responsable, estableció las razones que le llevaron a imponer la sanción de suspensión en el cargo por treinta días sin goce de sueldo. Asimismo, ponderó los informes de la Jefa del Departamento del Área de Recursos Humanos y el Encargado de Control y Movimientos de personal, relativos a la antigüedad de la quejosa en el servicio de diecinueve años, diez meses, cuatro días, y que existían sanciones administrativas en su expediente personal; de igual forma, tomó en consideración las circunstancias en que la conducta se ejecutó, los antecedentes y condiciones particulares de la servidora pública y las atenuantes que pudieran favorecerla, por ello, se considera que la sanción impuesta es congruente con la conducta atribuida, pues le impuso la intermedia de las sanciones que establece el artículo 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Consecuentemente, al resultar por una parte infundados y en otra, inoperantes los conceptos de violación, y al no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo para suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ********************, respecto a la resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, emitida en la queja administrativa ********************. Negativa que se hace extensiva a los actos que se reclaman al Juez Auxiliar adscrito a la Visitaduría General de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos y Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, en virtud de que no se impugnaron por vicios propios, sino su inconstitucionalidad se hizo depender de la resolución reclamada, respecto de la cual se negó el amparo. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ******************** contra la resolución dictada el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el expediente ********************, por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy dieciséis de junio de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de mayo de dos mil veintitrés Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito y anexo que adjuntó, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el impedimento 5/2023, en la que, en su único punto resolutivo determinó: "ÚNICO.- Es infundado el impedimento planteado por Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza Tercera de Distrito en el Estado de Morelos, para conocer del juicio de amparo indirecto 1291/2022." Sin que sea el caso de acusar recibo, por así solicitarlo la autoridad oficiante. Por tanto, glósense a los autos las actuaciones que en original obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que las restantes son copias simples de las actuaciones que obran en autos, y previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Lo anterior comuníquese a las partes y en estricto acatamiento a la citada ejecutoria, se provee lo siguiente: De la audiencia constitucional y del dictado de la sentencia: Tomando en consideración que el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional, pasen los autos para el dictado de la sentencia definitiva respectiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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