Veremundo Machorro Rodelas
Expediente 549/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Veremundo Machorro Rodelas
Actuaciones
- Principal
MESA VII "... Téngase por recibida la comunicación del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, con sede en este lugar, y anexos, consistentes en: a) Testimonio de la ejecutoria de seis de octubre del año en curso, dictado en el expediente 8/2016, relativo al conflicto competencial suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, acúsese recibo. Toda vez que el Tribunal aludido remitió los autos originales del juicio de amparo aludido al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, para que se avoque al conocimiento del asunto, con fundamento en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este proveído, procédase a la destrucción del cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de este expediente al Tribunal Colegiado aludido..."
- Principal
MESA VII "... Agréguese a los autos, el oficio 5364, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, acusa de recibo del diverso 22360 del índice de este Juzgado, con el que se remitió el original del juicio de amparo 549/2016. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante informando que ese órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del conflicto competencial existente entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez y este Juzgado de Distrito, registrándose bajo el número 8/2016 de su índice. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE..."
- Principal
MESA VII "... Agréguese a los autos, el oficio 21243, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, Encarada del Despacho por licencia del Titular, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, al que anexa original del expediente 632/2016-I-A, de su índice; mediante el cual informa que dicho Juzgado considera carecer de competencia legal para conocer del Juicio de amparo indirecto 549/2016 del índice de este Órgano Jurisdiccional. Ahora bien, el oficiante consideró que el acto reclamado, carece de ejecución, por ello no aceptó la competencia. Por tanto, con fundamento en los numerales 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional insiste en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en mención. Lo anterior, en virtud de que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para hacer pronunciamiento, vía dictado de la SENTENCIA; en razón de que ello, es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente al estudio de la cuestión de los actos de autoridad planteada. Ahora bien, en relación con la competencia de los jueces de Distrito para conocer del juicio de garantías, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda.- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del citado numeral se obtienen tres reglas que deben observarse para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, el quejoso Veremundo Machorro Rodelas, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social, ubicado en Villa Comaltitlán, Chiapas, Oaxaca, reclama de la responsable Juez Tercero de Distrito, con sede en Hermosillo, Sonora, la negación del beneficio de libertad preparatoria, dictado en auto de cuatro de noviembre de dos mil quince. El Juez oficiante, rechaza la competencia planteada por este Órgano Jurisdiccional, al manifestar que el acto reclamado por el peticionario de amparo que hace consistir en: "la negación del beneficio de libertad preparatoria", es de naturaleza negativa, el cual implica, una contestación en la que la autoridad niega lo solicitado, esto es, no accede a la pretensión del promovente; asimismo, considera que el acto reclamado, no requiere de ejecución material, al ser un acto negativo que no produce consecuencias positivas. Respetuosamente, este Juzgador no comparte las justificaciones por las cuales el oficiante rehúsa conocer del presente juicio, pues se insiste, este Órgano de Control Constitucional carece de competencia en el presente asunto, ya que el acto reclamado por el quejoso Veremundo Machorro Rodelas, quien bajo protesta de decir verdad manifestó que encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-Chiapas", con sede en Villa Camaltitlàn, Chiapas, y que hace consistir en "la negación del beneficio de libertad preparatoria", si requiere de ejecución material, dado que de concederse el beneficio (libertad preparatoria), produciría una consecuencia inmediata y directa en el derecho sustantivo del quejoso (libertad), ya que el trámite de este beneficio, incide directamente en la libertad del peticionario de amparo. Por lo cual, le corresponde al Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, conocer del acto reclamado por el quejoso Veremundo Machorro Rodelas, dado que la parte peticionaria de amparo reclama actos cuya ejecución se materializará en el Estado de Chiapas, este Juzgador insiste, en considerar competente para conocer del juicio, al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en dicho territorio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." (Jurisprudencia 1a./J.48/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXI, Junio de 2005, página cinco, Novena Época) En tales circunstancias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 48 y 49 de la Ley de Amparo; 52 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se considera que no se surte la competencia legal a favor de este Juzgado de Distrito. Luego, al no compartir este Órgano Jurisdiccional los motivos aducidos por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, en su acuerdo de cuenta, por las consideraciones expuestas con anterioridad, se insiste en declinar la competencia. Con fundamento en el artículo 49 y 48 de la Ley de Amparo, remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, los autos del expediente 549/2016, del inventario de este Juzgado, a efecto de que tenga a bien resolver el conflicto competencial. Hágase saber lo anterior al Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, para los efectos legales pertinentes. En mérito de lo expuesto en el presente auto, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias que se estimen necesarias..."
- Principal
MESA IV "... Visto el oficio del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, con el que remite la demanda de garantías de VEREMUNDO MACHORRO RODELAS, contra actos del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo y cuatro copias. Acúsese recibo. Ahora bien, de la comunicación de cuenta, se aprecia que el Juzgado citado no aceptó la competencia declinada por este Juzgado, toda vez que considera que el acto que aquí se reclama, consistente en la negativa del beneficio de la libertad preparatoria, no requiere de ejecución material y por ende, la regla aplicable es la prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, y no así la del párrafo primero de dicho numeral. Además precisa que de tener ejecución material sería en la jurisdicción y competencia de los Juzgados de Distrito, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional insiste en que no es competente por razón de territorio, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios siguientes: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época). "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." (Sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 633, Tomo I, Libro 5, Abril de 2014, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). La intelección de los normativos y criterios apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa; constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito; establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio de garantías, no requiera de ejecución material; resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de amparo. En el presente caso, la parte quejosa quien bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social en Villa Comaltitlán, Chiapas, reclama del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, el auto de cuatro de noviembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 10/2011 en el que se negó el beneficio de libertad preparatoria. De lo anterior se advierte que en el presente asunto, se surte la hipótesis prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado tendrá ejecución en el Estado de Chiapas, lugar donde se encuentra recluido el quejoso, mismo que se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este Tribunal. En ese contexto, como la parte peticionaria de amparo reclama actos cuya ejecución se materializará en el Estado de Chiapas, debe considerarse competente para conocer del juicio, al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en dicho territorio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." (Jurisprudencia 1a./J.48/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXI, Junio de 2005, página cinco, Novena Época) Por tal motivo, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; corresponde a los Juzgados de Distrito del Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, conocer de los juicios de amparo que tendrán ejecución en dicho Estado, donde se ejecutará el acto reclamado. En cuya situación, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, aplicado en lo conducente, se dispone remitir la demanda de garantías con sus copias, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, para que, por su conducto, se turne al Juez de Distrito en turno, residente en esa ciudad. Se solicita acuse de recibo. NOTIFÍQUESE. .."
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