Ventura Heriberto Leyva González
Expediente 80/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Ventura Heriberto Leyva González
- Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, que fue notificado a la parte quejosa, por medio de lista, el cuatro de marzo del año en curso; consecuentemente, se declara que dicho proveído que desechó la demanda de amparo promovida por Ventura Heriberto Leyva González, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. En acatamiento al segundo párrafo del artículo undécimo del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, ni se exhibieron documentos originales; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto el oficio de cuenta que remite el Secretario del Décimo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad; y en atención a lo solicitado, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de nueve de marzo del presente año, lo anterior para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Se remite acuse de recibo a 10o. Unitario del XV Circuito
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa *** el auto de fecha 26 DE FEBRERO DE 2016, en el que: Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta presentado por Ventura Heriberto Leyva González, en su carácter de quejoso, mediante el cual dá cumplimiento al requerimiento hecho por auto de quince de febrero del año en curso. -Desechamiento- Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo directo y del escrito aclaratorio, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, que reza: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Ahora bien, la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en ésta ciudad, que hace consistir en el auto de formal prisión dictado en su contra el dos de diciembre de dos mil quince, en la causa penal 130/2015, mismo que fue notificado en la misma fecha. En la especie, respecto al acto reclamado de oficio el Juzgador, hace notar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en confrontación con los preceptos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de garantías que dio origen al sumario en que se actúa no se instó dentro de los quince días siguiente al que la quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. Para mejor comprensión conviene invocar el contenido de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, siendo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Por su parte, los ordinales 17 y 18 de la Ley de Amparo, al que remite el primer párrafo de la fracción XIV antes transcrita, es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con lo descrito con antelación, señala la Ley de Amparo que la demanda deberá promoverse dentro de los quince días siguiente al que el impetrante de garantías le haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que reclame o dentro de los quince días siguientes al que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o bien al que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, pues de otro modo, el juicio de garantías debe considerarse improcedente y sobreseerse, por reputarse que el acto reclamado fue consentido de manera tácita por la parte quejosa. Exceptuándose los casos en los que se reclamen leyes de naturaleza autoaplicativa o procedimiento de extradición (treinta días), cuando se reclame la sentencia definitiva penal que imponga pena de prisión (ocho años), privación de propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios (siete años), contra actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, destierro, expulsión, proscripción, desaparición forzada de personas, o alguno de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional, tales como pena de muerte, mutilación, infamia, marca, tormento de cualquier especie, la multa excesiva y otras penas inusitadas y trascendentales (en cualquier tiempo). Consecuentemente, al no encontrarse en los casos de excepción previstos en el numeral aludido, debe concluirse que el término para interponer demanda de amparo contra un auto de formal prisión, es de quince días. Ahora bien, se afirma que se actualiza la improcedencia señalada, ya que el quejoso Ventura Heriberto Leyva González, reclama el auto de formal prisión dictado en su contra el dos de diciembre de dos mil quince, mismo que fue notificado en la misma fecha, en la causa penal 130/2015, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en ésta ciudad. Se destaca que el auto de bien preso reclamado se combate en la vigencia de la nueva Ley de Amparo, si bien el acto reclamado es restrictivo de la libertad personal del quejoso, es incuestionable que para la presentación de la demanda de amparo, debe atenderse al plazo de quince días que prevé el numeral 17 de la ley de la materia vigente, por no ubicarse en alguno de los casos de excepción que éste contempla, por ende, si la demanda de derechos fundamentales se presenta fuera del plazo que la misma prevé, es incontrovertible su extemporaneidad. Así, si en el particular, el quejoso tuvo conocimiento del auto de formal prisión, el dos de diciembre de dos mil quince, por lo que, el plazo de quince días para la interposición de la demanda de amparo, empezó a correr a partir del día cuatro de ese mes, para concluir el veinticuatro de diciembre de dos mil quince, sin contar los días inhábiles que mediaron en dicho plazo, es decir, los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de diciembre de este año por ser sábados y domingos. Consecuentemente, si la demanda de amparo fue presentada el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, foja 5 (cinco), es claro que es extemporánea, por no haber sido presentada dentro del término aludido, con lo cual, el quejoso consintió el acto reclamado; Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), consultable en la página 38, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro que dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Se cita por analogía tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Tesis: I.2o.P.23 P (10a.), página 2549, de rubro que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. TRATÁNDOSE DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DEBE PRESENTARSE DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS, CONFORME A LA NUEVA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO SU DICTADO SE HAYA REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA ANTERIOR. De acuerdo con el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, el proceso penal inicia con el auto de vinculación a proceso o con el auto de formal prisión; en tanto, los artículos primero, tercero, quinto, párrafo segundo y décimo transitorios de esta ley, disponen que los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la ley, que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda conforme a legislación abrogada, les serán aplicables los plazos de la vigente contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame. De ahí que, si la formal prisión se emitió con anterioridad a la entrada de la nueva Ley de Amparo, y que a su inicio en vigor no había fenecido el término para instar el juicio de garantías conforme a la ley abrogada, la cual preveía que en tratándose de actos restrictivos de libertad, el juicio de amparo se podía promover en cualquier tiempo, es incuestionable que de acuerdo al quinto transitorio, debe atenderse al plazo de quince días que prevé el numeral 17 de la ley de la materia vigente, por no ubicarse en alguno de los casos de excepción que éste contempla; por ende, si la demanda de garantías se presenta durante la vigencia de la actual ley de la materia y fuera del plazo que la misma prevé, aun cuando la resolución reclamada se haya emitido con anterioridad, es incontrovertible su extemporaneidad." Así como el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1992, página 364, que reza: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Luego, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término genérico de quince días siguiente que regula el precepto 17 de la Ley de Amparo, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio de sus garantías, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. Cierto, la acción de amparo por regla general, debe ejercitarse en el plazo de quince días, contados a partir del en que surta efectos, según lo disponga la ley que regule el acto reclamado, la notificación de este último, a partir del en que el gobernado se ostente sabedor de él, o bien, a partir del en que hubiese tenido conocimiento de tal acto. La razón de limitar de manera temporal el ejercicio de dicha acción, es dar seguridad jurídica al gobernado, permitiendo que los actos de autoridad cobren firmeza, no es factible dejar al libre albedrío del gobernado impugnar en el momento que lo desee los actos de autoridad que considere lesivos de su interés jurídico, pues ello redundaría en la inseguridad del orden jurídico, en tanto que si tales actos adquieren eficacia de cosa juzgada, quienes, en su caso, se vean beneficiados de ellos, tendrán la certeza que crea su inmutabilidad. En ese contexto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV del artículo 61 en confrontación con los preceptos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 del mismo cuerpo normativo, procede desechar de plano la demanda de amparo. ... Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción I inciso c, de la Ley de Amparo.
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