Venecia Cristal Hernández Andalón
Expediente 717/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 717/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Venecia Cristal Hernández Andalón
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que dentro del término legal no se interpuso el recurso de queja, en contra del auto, que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo, 288 y 356, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME para todos los efectos legales conducentes, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno del Juzgado. En consecuencia, archívese el presente expediente como concluido. Asimismo, por tratarse de un juicio de amparo que no tiene valor jurídico alguno ya que se desechó la demanda de amparo es susceptible de destrucción.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho; contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; misma que se determina improcedente. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 717/2016-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal; de igual forma, con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo, la suscrita ordena crear el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe examinar la demanda de amparo sometida a su potestad, y en caso de que advierta alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. *** Respecto a los actos reclamados transcritos en el párrafo que antecede, se advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, la parte promovente del amparo, se duele, medularmente, del acuerdo de cinco de julio del año en curso, dictado en el expediente ***, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el cual no acordó de conformidad la solicitud de la quejosa, consistente en suspender el procedimiento del juicio génesis del acto reclamado, toda vez que promovió recurso de apelación contra el auto de veintitrés de octubre del año que trascurre, en el que se llevó a cabo la declaratorio de herederos, el cual fue admitido en efecto devolutivo y turnado a la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que resolviera dicho recurso. De lo anterior, se colige la actualización en forma manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la promovente, antes de acudir al juicio de amparo, debió observar el principio de definitividad que determina la procedencia de la instancia constitucional. Lo anterior porque dicho principio regula que como el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción citada con anterioridad, para concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza, que el recurso que debe tener a su alcance la promovente para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En efecto, contra el proveído de cinco de julio de dos mil dieciséis, procedía previamente a la interposición del juicio de amparo, AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN que establece la ley aplicable al caso concreto, en acatamiento al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de garantías. Lo anterior, porque previo a que se promoviera el juicio de amparo, se debió agotar el recurso de apelación que prevé la ley ordinaria, por virtud del cual la resolución reclamada pudo ser revocada o modificada. En este orden de ideas, debe decirse que lo relativo a la procedencia de los recursos se encuentra regulado en los artículos 684 y 685 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que disponen lo siguiente: *** De los preceptos trascritos se desprende que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, que en los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente únicamente contra determinaciones de trámite, y que en aquellos casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva. De ahí se deduce que el recurso de apelación procede contra las determinaciones de trámite dictadas en los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, y que en caso de no serlo, el recurso que procede contra las determinaciones de trámite es la revocación. En concreto tratándose de controversias del orden familiar procede el recurso de apelación, puesto que conforme al artículo 700 y 951 del Código de procedimientos Civiles del Distrito Federal, se establece lo siguiente: "Artículo 700. Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I. De las sentencias definitivas en los juicios ordinarios, salvo, tratándose de interdicción, alimentos y diferencias conyugales, en los cuales la apelación será admitida en el efecto devolutivo de tramitación inmediata; II. De los autos definitivos que paralizan o ponen término al juicio haciendo imposible su continuación, cualquiera que sea la naturaleza del juicio, y III. De las sentencias interlocutorias que paralizan o ponen término al juicio haciendo imposible su continuación". "Artículo 951. Salvo en los casos previstos en el artículo 700, en donde el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, en los demás casos, dicho recurso procederá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin garantía". De los preceptos transcritos se desprende que procede el recurso de apelación en ambos efectos en contra de las sentencias definitivas dictadas en los juicios ordinarios, entre los cuales se contemplan las controversias del orden familiar, y además se expone que se encuentra exceptuada de dicha regla, aquellos asuntos que versan sobre interdicción, alimentos y diferencias conyugales, en los cuales la apelación será admitida solamente en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. De ese modo, se deduce que, en la hipótesis de que si alguna de las partes no estuviera conforme con el proveído dictado en la controversia del orden familiar, están en aptitud de hacer valer un medio ordinario de defensa, consistente en el recurso de apelación. De tal manera que, si la parte demandada no estuvo conforme con el auto señalado como acto reclamado previo a acudir al juicio de amparo, tenía la posibilidad de hacer valer un medio de impugnación consistente en el recurso de apelación, en el que pudo exponer su inconformidad. En esas condiciones, tomando en consideración que el acto reclamado deriva de una controversia del orden familiar contra el que previamente a la promoción del juicio de amparo, procede un medio de impugnación consistente en el recurso de apelación, respecto del que la parte quejosa, en su carácter de parte en ese juicio, estuvo obligada a agotarlo, sin que se advierta que se haya interpuesto el recurso de apelación, mediante el cual pudo obtener su confirmación, revocación o modificación, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Se tiene por señalado como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta. Ahora bien, ténganse a las personas que indica únicamente por autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, y no así con las amplias facultades que establece el primer párrafo del numeral en cita, toda vez que no se proporcionaron los datos de las cédulas de dichos abogados a efecto de verificar que se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De igual forma se tiene por autorizadas para oír y recibir notificaciones, así como documentos e imponerse de los autos a las demás personas que indica en el escrito de mérito.
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