Venancio Villafaña Rebollar

Expediente 301/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
301/2019
Año
2019
Actuaciones
25
Última actuación
01/08/2019

Partes del expediente

  • Rosa Isela Barrientos Pérez
  • Venancio Villafaña Rebollar
  • Venancio Villafaña Rebollar y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, por la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se negó la protección de la Justicia de la Unión en el presente asunto, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, en razón de que se concedió la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase el mismo en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de diez de julio de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 301/2019, promovido por Venancio Villafaña Rebollar, Rosa Isela Barrientos Pérez y Ricardo Catana López, por conducto de sus defensores particulares; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 2-7), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, del que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado Venancio Villafaña Rebollar, Rosa Isela Barrientos Pérez y Ricardo Catana López, por conducto de sus defensores particulares Marcos Joel Vera Terrazas y Aurica Jaimes Durán, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y de otras autoridades. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve (foja 08), se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró con el número 301/2019; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (foja 72), se reconoció el carácter de terceros interesados a Héctor García Camacho y a Pedro Santiago Carbajal y se ordenó su emplazamiento así como de los Agentes del Ministerio Público que fungieron como fiscales en la audiencia inicial (Primitivo Macario Cayetano, Arturo Sarabia Alcocer y Luz Zamudio Soto). El tres de abril de dos mil diecinueve (foja 102), se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, manifestara lo que a su interés conviniere respecto de la inexistencia de la autoridad denominada "Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán". En relación a ello, señaló como responsable a la Unidad de Litigación de la Fiscalía de Zitácuaro, por lo que en auto de quince de abril del año en curso, se ordenó el emplazamiento de dicha autoridad (fojas 137 y 141). Finalmente, seguido el juicio por sus demás trámites legales, tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede, por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad con residencia en el territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis P.VI/2004, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios transcritos, los actos reclamados por los quejosos, son: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro y del Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de dicha población, la calificación de legal de control de la detención, en la audiencia inicial de seis de febrero de dos mil diecinueve. Del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, el auto dictado el doce de marzo de dos mil diecinueve, dentro del toca de apelación XI-13/2019, en el que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa frente a la calificación de legal de control de detención decretada en audiencia de seis de febrero de dos mil diecinueve. Tercero. Inexistencia del acto reclamado al Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán. Al rendir su informe justificado el Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán (foja 165), negó la existencia del acto reclamado. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Aunado a ello, de la audiencia inicial de control de detención de seis de febrero de dos mil diecinueve, se advierte que quien calificó de legal la detención de los imputados por el delito de secuestro, al justificarse el supuesto de flagrancia, fue el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio y Oral de la Región Zitácuaro. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado atribuido al Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro (foja 115), y al Magistrado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Lo que se corrobora con las constancias que exhibieron dichas autoridades responsables, consistentes copia testimonio autorizado de la apelación XI-13 y el registro de audio y video en formato DVD, que contiene la audiencia de control de detención reclamada así como el índice cronológico respectivo. Probanzas que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditado los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Quinto. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la determinación dictada en audiencia inicial de seis de febrero de dos mil diecinueve, consistente en la calificación de legal del control de le detención. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Como quedó asentado en el considerando anterior, el quejoso reclama tanto la calificación de legal de control de la detención decretada por el Juez de Control y Enjuiciamiento de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro en la audiencia inicial de seis de febrero de dos mil diecinueve, como el auto dictado el doce de marzo de dos mil diecinueve, dentro del toca de apelación XI-13/2019, en el que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa frente a dicha calificación. Por lo que, previo al estudiar la causal de improcedencia que se estima actualizada, debe precisarse lo que ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al desechamiento del recurso idóneo y sus consecuencias. La mencionada Sala en la jurisprudencia 1ª./J.77/2012 (10ª) señaló que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra; adujo que la razón de ello era que el desechamiento del medio de impugnación y el efecto que éste generaba, hacía que la resolución que se pretendía recurrir quedara firme, como si se hubiere confirmado de haberse admitido el recurso. Señaló que en ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desechaba el recurso idóneo respectivo, dejaba de tener efectos legales propios, por lo que se actualizaba la causa de improcedencia consistente en la cesión de efectos, en el entendido de que la sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos [procedentes conforme a la ley], ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquella se constituye en definitiva. Tal criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 77/2012 (10a.), visible en la página 841 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, registro 2002188, de rubro y texto: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva". Bajo esa óptica y toda vez que este juzgador estima que la resolución del Magistrado responsable fue legal -por las razones que se precisarán en el considerando siguiente- esto es, que el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso no es el idóneo para combatir la la calificación de legal de control de la detención decretada por el Juez de Control y Enjuiciamiento de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro en la audiencia inicial de seis de febrero de dos mil diecinueve; es evidente que dicha calificación no fue sustituida procesalmente por el auto doce de marzo del año en curso. Sin embargo, ello de manera alguna implica que dicho acto se estudie en automático, sino que también debe verificarse que en su contra, la demanda de amparo en su contra se haya presentado en el término que para tal efecto establece la Ley de Amparo, lo que no acontece. En efecto, la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento legal disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Asimismo, que en el precepto 18 de la Ley de la Materia, el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo previsto en diverso 17 del mismo ordenamiento, para la promoción del juicio de amparo: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. 2. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución. 3. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En el caso, los quejosos reclaman la resolución de seis de febrero de dos mil diecinueve, emitida en la audiencia inicial de la misma data de la causa penal 8/2019, en la que se decretó de legal la detención en su contra Por tanto, la regla que debe aplicarse para computar el término para la presentación de la demanda de amparo, es la establecida en el primer supuesto del artículo 18 de la Ley de la Materia, es decir, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado a la parte quejosa, ya que de las citadas constancias se advierte que es parte dentro de la causa penal de origen y como tal, le fue practicada la notificación de la resolución combatida en los términos previstos en el artículo 63 y 82, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, se advierte del contenido de los discos versátiles digitales que anexó la Juez de Control, pues de su contenido se constata que los quejosos fueron notificados de la resolución de seis de febrero de dos mil diecinueve, en la audiencia inicial de la misma data en la que se decretó de legal su detención; por lo que su notificación personal practicada en la aludida audiencia, es de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82, fracción I, inciso a), último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual surtirá efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas, de conformidad con el propio precepto. Entonces, si la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, es indudable que fue promovida fuera del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues dicho término transcurrió del ocho al veintiocho de febrero del citado año, descontándose los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro del citado mes y año, por ser sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la ley de la materia. Bajo tales premisas, es inconcuso que uno de los presupuestos para acudir a la acción de amparo, es observar ineludiblemente los plazos fijados en la Ley de la Materia, pues de no hacerlo, el juicio resulta improcedente; es preciso establecer, que el plazo para impugnar la resolución reclamada es de quince días, al ser un acto dictado dentro del procedimiento, no obstante que sea restrictivo de libertad. En consecuencia, el acto reclamado fue consentido tácitamente por los quejosos, al no impugnarlo dentro del plazo de quince días en términos del artículo 17, de la Ley de Amparo, circunstancia que actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Resulta aplicable en lo de interés la tesis aislada 1a. CCCLXXI/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 981 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, registro 2010501, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, en relación con el diverso 61, fracción XXIII y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio en relación con el acto consistente en la calificación de legal del control de la detención decretada en audiencia de seis de febrero de dos mil diecinueve. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, de ahí que no sea procedente estudiar la prueba documental que ofreció mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, ya que con la misma pretende combatir el acto respecto del cual resultó improcedente el juicio de amparo (foja 89). Según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, no se analizará la causa de improcedencia hecha valer por la Agente del Ministerio Público respecto de la calificación de legal de la detención, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia en estudio, sería ocioso analizarla, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 195744de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Por otro lado, respecto del diverso acto, consistente en el proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, en que se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa en contra de la calificación de la detención, la Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado aduce, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues refiere que los quejosos no demostraron encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditaron una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de autos se advierte que los quejosos son parte dentro de la relación procesal generada con motivo del trámite del expediente de origen, lo que evidentemente afecta su interés jurídico, en relación con el acto reclamado que consideran violatorios de sus derechos; además, no se advierte que en el presente juicio los actos reclamados consistan en una norma, como lo refiere el representante social adscrito. Por tanto, toda vez que las demás partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo conducente es analizar los conceptos de violación respecto del acto respecto del cual resultó procedente el juicio de amparo Sexto. Estudio de los motivos de inconformidad respecto del auto de doce de marzo de dos mil diecinueve dictado por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados tales conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar a la parte quejosa la perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, además que el auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, no transgrede los derechos fundamentales de la quejosa previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 263 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Materia Común, Décima Época, registro 2014703, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". Como se adelantó, los conceptos de violación son infundados. Previo a establecer la razón de ello se estima necesario precisar que los quejosos reclaman el auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, en el que el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra del control de legalidad de la detención. Ahora bien, los quejosos señalan que el Magistrado responsable, con el dictado del referido proveído viola en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16 y 19 constitucionales, toda vez que al no haber admitido la apelación atentó contra los principios de pro persona, legalidad y seguridad jurídicas, ya que si bien el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla como resolución apelable la calificación de legalidad de la detención, ésta guarda una relación jurídica con la vinculación a proceso y es necesario poner de conocimiento del ad quem las violaciones a sus derechos humanos. Asimismo, que el ad quem debió aplicar el principio pro persona en el sentido de interpretación de las normas, esto es, que aquellas que no sean claras deberán ser interpretadas de acuerdo a la Constitución y a los principios generales, por tanto, el acto reclamado es violatorio de derechos humanos, pues la interpretación que toma el magistrado no se ajusta a lo más favorable para los quejosos, simplemente fundamenta y motiva su avocamiento en el hecho de que el control de legalidad de la detención no se encuentra previsto en el precepto 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que de acuerdo al diverso 470, fracción II del mismo ordenamiento, es inadmisible; sin embargo, por "regla general la Constitución es de la cual se desprende el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ende no se puede decir que este código estará por encima de la Constitución y que de existir un vacío legislativo en las normas se aplicará lo consagrado en ésta, situación que el ad quem no aplica, por lo que viola los derechos fundamentales". En sustento de lo anterior citó la jurisprudencia 1ª./J.37/2017 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 239 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, mayo de 2017, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, registro 2014332, de rubro: "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA". Motivos de inconformidad que devienen infundados. En efecto, contrario a lo señalado por los quejosos, el Magistrado responsable sí fundó y motivó su determinación de declarar inadmisible el recurso de apelación en contra de la resolución de control de detención. Al respecto determinó el Magistrado responsable, que no es procedente el recurso de apelación en contra de la resolución de control de detención, porque el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contiene un catálogo cerrado de las resoluciones emitidas por el juez que control que son apelables, entre las cuales no se encuentra expresamente tal determinación. Determinación que se estima legal y constitucional, toda vez que el numeral citado, señala que son apelables las resoluciones emitidas por el Juez de Control, siguentes: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba. Por tanto, si entre ellas no se encuentra expresamente la resolución de control de detención, es inconcuso que no es procedente el recurso de apelación en su contra, ya que no deja abierta la posibilidad que dicho medio de impugnación sea procedente en contra de diversas resoluciones que no estén contenidas dentro del mismo. Ello de manera alguna implica que el Magistrado responsable hubiere violado en detrimento de los quejosos los principios de pro persona, legalidad y seguridad jurídicas. Por otro lado, contrario a lo precisado por los quejosos si bien la Sala tiene la obligación de realizar un control constitucional ex officio, para su ejercicio es necesario reunir ciertas condiciones generales; esto es, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, esto es, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hace una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. Y en el caso, este Juzgador, estima que el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no genera sospechas de invalidez, pues el hecho de que entre sus supuestos de procedencia no se encuentre la calificación de legal del control de la detención no lo hace dudoso. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 4/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 430 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Materia Común, Décima Época, registro 2010954, de rubro y texto: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO. La autoridad judicial, para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en el expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. Lo anterior es así, porque como se señaló en el citado expediente Varios, las normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el resultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto". Máxime, la Primera Sala de la Suprema Corte ha establecido [en la jurisprudencia 1ª./.37/2017, citada por el quejoso en sus conceptos de violación] que en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución, y en el caso el multicitado numeral es muy claro en establecer los casos en que procede el recurso de apelación, por lo que el Magistrado no debía efectuar una interpretación del mismo, sino simplemente analizar si la resolución contra la cual se interpuso la apelación estaba entre las contenidas en dicho precepto. Finalmente, si bien el principio pro persona consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, ello no significa que el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previsto en las leyes naciones para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismo, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.10/2014 (10a.), publicada en la página 487 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, registro 2005717, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Venancio Villafaña Rebollar, Rosa Isela Barrientos Pérez y Ricardo Catana López, respecto de los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro y al Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de dicha población, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esa sentencia. Segundo. La justicia de la unión no ampara ni protege a Venancio Villafaña Rebollar, Rosa Isela Barrientos Pérez y Ricardo Catana López, contra el acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; por los motivos contenidos en el considerando sexto de esta resolución. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diez de julio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la agente del Ministerio Público adscrita; hágase relación en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, en relación con la solicitud de copia de la resolución que se dicte en el presente asunto, una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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