Venancio Pablo Batalla Garduño
Expediente 1312/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1312/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Venancio Pablo Batalla Garduño
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual, en atención al requerimiento de veintidós de septiembre de dos mil quince, exhibe siete copias más del escrito de agravios; agréguese a los autos para que obre como corresponda; téngase al promovente dando cumplimiento a lo ordenados en autos. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa interpone recurso de inconformidad en contra de la resolución dictada el veintiuno de agosto de dos mil quince; téngase a la parte quejosa haciendo valer el RECURSO DE INCONFORMIDAD en contra de la misma; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Ahora bien, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las diversas actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, existe carencia de tóner para las impresoras y la exorbitante carga de trabajo con la que cuenta este juzgado; por consiguiente se ordena formar el expediente de antecedentes que contenga sólo el escrito de agravios y el presente acuerdo, y una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Turno del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Finalmente, hasta en tanto esté legalmente integrado el juicio de amparo para su remisión al Tribunal de Alzada, para la substanciación del medio de impugnación que hacen valer las autoridades responsables, se ordena agregar a los autos sus escritos originales de agravios. NOTIFÍQUESE Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ADSCRITO, CORRIÉNDOLES TRASLADO CON COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE AGRAVIOS. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de agosto de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo del juicio de amparo 1252/2014-II, asimismo, informa que por auto de cuatro de agosto del año actual, ordenó registrar el incidente de inejecución de sentencia ejecutoria, registrado con el número 49/2015; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de julio de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se advierte que a la fecha la autoridad responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos (Liliana García Ortega), ha sido omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos; no obstante que fuera de acreditar que se encuentra en vías de cumplimiento, sólo realiza manifestaciones y actos que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por lo anterior, este juzgador procede en términos del artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por los motivos que se expondrán en este acuerdo, en el caso, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Ahora bien, una vez ejecutoriada la sentencia de amparo, ésta se constituye en cosa juzgada, institución jurídica procesal cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, debe decirse que en el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia: Tesis: P./J. 85/2008 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 168959 32 de 66 PLENO Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 Pág. 589 Jurisprudencia(Común) [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Septiembre de 2008; Pág. 589. COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Sentado lo anterior, tenemos que la ejecutoria de amparo es una cosa juzgada cuya ejecución es ineludible por mandato constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé en su artículo 77, que los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En ese orden de ideas, la Ley de Amparo prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a saber: I.- Notificará a las partes la ejecutoria de la sentencia. II.- Otorgará a la autoridad responsable un plazo de tres días para que cumpla con la ejecutoria, sin perjuicio de que ese plazo se amplíe tomando en cuenta la complejidad o dificultad, pero debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. III.- Si la ejecutoria no queda cumplida en el plazo determinado, hará el pronunciamiento respecto e impondrá la multa a que alude el artículo 193 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. IV.- Con independencia de la multa, requerirá al superior jerárquico de la autoridad responsable omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que le ordene cumplir con aquélla, bajo el apercibimiento al superior jerárquico que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá la multa a que alude el artículo 193 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, además de hacerle saber que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. V.- Con independencia de lo anterior, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Conviene precisar que en términos del párrafo segundo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. No obstante, el tercer párrafo del citado artículo 193, prevé que si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. Con relación a lo anterior, acorde a la jurisprudencia 1a./J.8/2003 -que se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece- tenemos que habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo, cuando se advierta que la autoridad responsable no ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo La jurisprudencia 1a./J.8/2003, es del tenor literal siguiente Tesis: 1a./J. 8/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 184882 1 de 1 PRIMERA SALA Tomo XVII, Febrero de 2003 Pág. 144 Jurisprudencia(Común) [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVII, Febrero de 2003; Pág. 144. INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Del examen de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus numerales 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, se desprende que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en aquella resolución, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo al admitir la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que, a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita. Ahora bien, es indudable que, en ese sentido, habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo y, por ende, serán improcedentes los incidentes en mención, por surtirse los supuestos de procedencia del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo. Asimismo, el artículo 193 de la Ley de Amparo también prevé que en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Una vez definido el actuar del juez de Distrito para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el suscrito provee: En el caso, existe incumplimiento por parte de la autoridad responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos (Liliana García Ortega), para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues no obstante estar notificada el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, del acuerdo por el que se le ordenó cumplir con esa, no ha demostrado estar en vías de cumplir con la ejecutoria de amparo ni las circunstancias que justifiquen la causa del retraso; por lo que por auto de dieciséis de junio de dos mil quince, se impuso una multa de cien días de salario mínimo, girando oficio al Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, la que quedó controlada con el número de crédito H-421404; asimismo, se requirió a la citada autoridad para que en el término de diez días diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, existió incumplimiento por parte de la autoridad responsable Tesorera del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues no obstante de estar notificada del requerimiento formulado el dieciséis de junio de dos mil quince, con fecha de veintidós de junio del año en curso, dicho término transcurrió del veintitrés de junio al seis de julio de dos mil quince, sin contar los días inhábiles que mediaron en esas fechas; en mérito de lo anterior, se le impone una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (monto mínimo), equivalente a $7,010.00 (Siete mil diez pesos 00/100 moneda nacional), considerando que el salario diario vigente en esa zona geográfica es de $70.10, (setenta pesos 10/100, moneda nacional). Para la ejecución de la multa, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos conforme al artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo, la notificación de este auto, informe el resultado de la ejecución de las multas impuestas en el párrafo que antecede, quien puede ser localizada en el domicilio ubicado en el Plaza Principal sin número Centro de Emiliano Zapata, Morelos. Ahora, por disposición expresa del artículo 193 de la Ley de Amparo, fórmese cuaderno de antecedentes Agréguese copia al cuaderno de antecedentes respectivo y una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse el expediente original del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito en turno, para los efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata (Liliana García Ortega), para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS computados legalmente, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, o bien, no acreditar las circunstancias que justifiquen su retraso, con fundamento en los artículos 193, 238 y 258, todos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa que puede ir de los ciento uno a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, esto atendiendo a que ya se le impuso una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en esa zona geográfica. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Carlos Eduardo Martínez Varela) y al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, Ignacio Caspeta Hernández y Regidores Felipe de Santa Cruz Gómez, Stephany Becerril Gómez, Guillermo Cruz Coy, Alejandra Orihuela Figueroa, Lucia Marcia Borunda Muñoz, Alejo Rodríguez Rosas y Valentín Martínez Galarce), con domicilio ubicado en la Plaza Principal sin número Centro de Emiliano Zapata, Morelos, en su carácter de superiores jerárquicos de la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contados a partir del momento en que estén notificados de este acuerdo, acrediten la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se les impondrá a cada uno, la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los CIEN A LOS MIL DÍAS DE SALARIO mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
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