Venancio Mendieta Barraza

Expediente 869/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
869/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Venancio Mendieta Barraza

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    SE TURNA EL PRESENTE ASUNTO A LA PONENCIA DEL MAGISTRADO BENJAMÍN SOTO SANCHEZ, PARA EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio 1657/2022 de la Presidenta de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 4549/2022, con el que remite cuaderno de amparo el cual contiene: escrito de presentación, original de demanda de amparo promovida por el quejoso ..., auto de siete de julio de dos mil veintidós, certificación y constancias de emplazamiento; una copia de demanda de garantías; original con copia de los oficios 1658/2022 y 1548/2022, mediante los cuales la sala civil responsable y la Actuaria par adscrita, rinden su informe justificado, respectivamente; toca civil 490/2021-III; y, expediente 280/2019; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 170 y 181 de la Ley de Amparo; y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE ADMITE la demanda de amparo directo promovida por el quejoso ..., en contra del acto que reclama consistente en la sentencia definitiva de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, emitida por la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en los autos del toca civil 490/2021-III. Respecto a la autoridad señalada como responsable Actuaria Judicial Par adscrita a la sala civil y familiar, no le corresponde tal carácter, de conformidad con lo establecido en el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo; en virtud a que es autoridad responsable aquella que dicta, promulga, pública, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, y en el caso concreto la Actuario Judicial adscrita, no tiene el carácter de autoridad responsable ejecutora para los efectos del juicio de amparo, dado que únicamente tiene el carácter de subalterno del tribunal de apelación responsable; y, por consiguiente, no realiza funciones que encuadre en el artículo antes citado, ya que sus actuaciones están desprovistas de imperio y decisión. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/6, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y que comparte este órgano jurisdiccional, visible en la página 1176, del Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra reza: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL DILIGENCIARIO O ACTUARIO, NO TIENE ESE CARÁCTER CUANDO ÚNICAMENTE LLEVÓ A CABO LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA RECLAMADA...Como lo solicita el quejoso Venancio Mendieta Barraza, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de garantías; y, como autorizada en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la profesionista que refiere. De conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), del ordenamiento legal citado, se tiene únicamente como tercera interesada a Susana Barraza Ubilla. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, todas las notificaciones que se realicen a la tercera interesada háganse por medio de lista, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que esta le previno sobre tal circunstancia, al llevar a cabo el emplazamiento a juicio, como lo prevé el numeral 178, fracción II, de la ley de la materia. Con apoyo en el artículo 26, fracción II, incisos a) y b); y III; así como el diverso 181, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese el presente acuerdo a las partes, para su conocimiento y efectos legales correspondientes que les otorga el numeral 181 invocado. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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