Venancio Aristeo Rodríguez Ramírez
Expediente 603/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/06/2023
Partes del expediente
- Venancio Aristeo Rodríguez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de junio de dos mil veintitrés. SE AVOCAN AL CONOCIMIENTO. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio suscrito por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el que informa que mediante proveído de veinte de junio del año en curso, dictado en el juicio de amparo ******************** de su índice, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad. Atento a ello, este Juzgado de Distrito toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En consecuencia, como no existe más por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir el cuaderno en que se actúa al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción al tratarse de una incompetencia (artículo 19, fracción I, inciso b) del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente cuaderno carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 19 del referido Acuerdo, el presente cuaderno, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de seis meses contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
MESA VII AVISO QUEJOSO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEIDO DE NUEVE DE JUNIO DE ESTA ANUALIDAD INCOMPETENCIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este artículo, se obtienen las reglas básicas para determinar la competencia por territorio de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera regla, se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la peculiaridad para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado deba tener ejecución en más de un Distrito, haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente aquel ante el que se haya presentado la demanda de amparo; y c) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, se debe tener presente la naturaleza del acto reclamado -si requiere ejecución material o carece de ésta-, así como sus características fundamentales - acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado-, para determinar en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que, de manera más objetiva y razonable, puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. A propósito de ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 70/2011 - el seis de abril de dos mil once, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito -, sustentó que la expresión "ejecución material" debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo, o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. En este sentido, debe destacarse la forma en que se dividen los actos, lo que se hace con orientación en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 343/2019. Precedente en el cual se indicó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos. 2. Negativos, y éstos a su vez en: Actos negativos simples. Actos negativos con efectos positivos Actos negativos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones. De los anteriores, importa destacar los actos omisivos o abstenciones, que son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. Ahora, para efectos de explicar de manera clara la naturaleza de los actos omisivos, se trae a contexto lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1241/1997, en el que puntualizó que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En adición, debe tenerse en cuenta que al resolver el amparo directo en revisión 978/2007, la misma Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión. Ello es así, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción -no hacer- no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos no tienen alguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen omisiones. En esa línea, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. Expuesto lo anterior, ahora se precisa que el acto reclamado en el presente sumario es la omisión de la responsable de emitir el pago de pensión, derivado del dictamen CP/64851/20, de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte. En esas condiciones, debe tenerse presente el contenido de los artículos 3, 11 y 18 del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que disponen lo siguiente: "Artículo 3. El Comité de Pensiones tendrá por objeto resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto, previstas en la ley, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes." "Artículo 11. El Comité de Pensiones tendrá las siguientes funciones y atribuciones: I. Analizar y dictaminar las solicitudes de pensión o del estímulo por permanencia; (.). "Artículo 18. Los dictámenes o resoluciones que emita el Comité de Pensiones serán entregados o estarán a disposición del solicitante en las unidades receptoras donde se inició el trámite de pensión o de estímulo por permanencia, con la finalidad de que sean notificados del resultado." De las normas transcritas, se obtiene que la resolución que determina la procedencia de una pensión, es emitida por el Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mientras que la obligación de tenerlas a disposición del interesado, o bien, entregarlas, queda a cargo de las unidades receptoras en donde se haya iniciado el trámite de pensión, esto, con la finalidad de ser notificadas. Consecuentemente, la omisión de la responsable de emitir el pago de pensión, derivado del dictamen CP/64851/20, de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber legal de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista, se genera una violación a los derechos de seguridad social. Violación que subsistirá, hasta en tanto se lleve a cabo la notificación de la resolución que se emita. De ahí que se diga que tales actos no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, dado que la autoridad está obligada a resolver la solicitud de pensión de la parte quejosa, implicando con ello, un actuar que tendrá alcances materiales en la situación particular de la solicitante. Por tanto, es de concluir que en el caso, el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos, por lo que sí tiene ejecución material. Sobre esa consideración, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que los actos reclamados tendrán ejecución material en la circunscripción territorial en que ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, pues es en su jurisdicción en donde los efectos positivos de la omisión señalada a la autoridad responsable de emitir el pago de pensión, derivado del dictamen CP/64851/20, de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, tendrán efectos. Lo anterior, porque de las constancias que acompañaron la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa tiene su domicilio particular en "Av. Santa Úrsula 139, Int 68, San Lorenzo Totolinga, C.P. 53426, Naucalpan de Juárez", asimismo presentó su solicitud ante la Unidad de Atención al Derecho habiente Naucalpan de la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por lo que, en términos del artículo 18 del Manual antes transcrito, es dicha unidad quien tendrá a disposición para efectos de su notificación, el pago que genere el Comité de Pensiones del referido instituto de seguridad social. Por tanto, tomando en consideración la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo requiera ejecución material, resulta competente el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, es evidente que, quien debe conocer de la demanda que nos ocupa, es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno. Por otra parte, también cobra aplicación, por analogía, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que precisa que en los casos en los que se reclame la indebida cuantificación de la pensión, el juez competente para conocer del asunto será el del domicilio donde se ubique el quejoso, tal como se ve en la jurisprudencia 2ª./J152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena época, Tomo XXX, octubre 2009, página noventa y cinco, de título, subtítulo y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Como se adelantó, tal criterio es orientador, por analogía, en los casos en los que se reclame la omisión de la responsable de cumplir con el pago del dictamen de pensión CP/64851/20, cuya aceptación fue presentada ante la Oficina de Atención al Derechohabiente de Naucalpan, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios en dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Habida cuenta que, en el caso en particular, del análisis del anexo de la demanda de amparo, esto es, el formato de aceptación de pensión, se observa que la persona quejosa, indicó que su domicilio particular se ubica en "Av. Santa Úrsula 139, Int 68, San Lorenzo Totolinga, C.P. 53426, Naucalpan de Juárez", aunado a que presentó su solicitud de pensión ante la Oficina de Atención al Derechohabiente "Naucalpan", del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por lo que sí puede aplicarse la referida jurisprudencia 2ª./J152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase la demanda y sus anexos, al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Consecuentemente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En similar sentido resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en los conflictos competenciales 17/2022, 6/2023 y 13/2023, en sesiones de uno de septiembre de dos mil veintidós, dos y treinta de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente. En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las doce horas con cinco minutos del doce de junio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés.****************************************INFORME JUSTIFICADO. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes, el oficio firmado electrónicamente por el representante legal de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual rinde informe justificado; dese vista a las partes para que manifiesten lo que en su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional, conforme al diverso 124 del propio cuerpo normativo de leyes. ****************************************CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Respecto a la causal de sobreseimiento que hace valer la responsable, tómense en consideración al resolver el presente juicio.****************************************DELEGADOS. En términos del artículo 9°, de la ley de la materia, téngase como delegados a las personas referidas por la oficiante. ****************************************DOMICILIO. En términos del artículo 28, fracción II de la ley de la materia, téngase por designado el domicilio precisado por la autoridad oficiante para oír y recibir notificaciones.****************************************CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Asimismo, se autoriza a los usuarios ******************** e ********************, la consulta del expediente electrónico; por lo que, se comisiona al analista jurídico de esta adscripción para la apertura de campos necesarios para tal fin.****************************************Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio.****************************************Notifíquese.****************************************
- Principal
RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 603/2023-VII. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La omisión de emitir el pago de pensión, derivado del dictamen ******************** de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando lo que realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." ADMISIÓN. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dese la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición, copia simple de la demanda y auto admisorio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se aperture el incidente de suspensión en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DEL INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 75, 115 y 117, de la ley de la materia, solicítese a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se les reclama; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, remitan el informe solicitado al correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. . Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberán enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérasele a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado, apercibidas que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, informe a este órgano de control constitucional si en el expediente del cual emana el acto reclamado se han promovido diversos juicios de amparo, por lo que en caso de ser así deberán comunicar ante qué autoridades se radicaron, el número de registro y el estado procesal de los mismos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. TERCERO INTERESADO. Dada la naturaleza del acto reclamado, se estima que en el presente asunto no existe tercero interesado. PRUEBAS. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas que ofrece la parte quejosa en su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional y tomadas en consideración como en derecho corresponda en el momento procesal oportuno. DOMICILIO. Conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. En otro punto como se advierte de la certificación secretarial que antecede, se tiene por autorizado en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y, en términos restringidos al resto de personas que se refieren en el escrito de demanda, hasta en tanto registren cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CORREO ELECTRÓNICO. Por lo que hace al correo electrónico señalado por el quejoso, no ha lugar a tenerlo como domicilio para oír y recibir notificaciones, dado que no se encuentra establecido en la Ley de Amparo. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. NOTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre del año en curso, se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "Juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, con la finalidad de obtener su firma electrónica. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
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