Venancio Agustin Márquez Hernández

Expediente 619/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
619/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Venancio Agustin Márquez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz; dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz; dos de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos de la Oficial Mayor de la Secretaria de Educación de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE con el número 619/2021. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente. La demanda de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Ello, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Por su parte, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración se encuentra sustentada por la jurisprudencia I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página ochocientos noventa, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, registro 196196, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En el caso, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo transcrito prevé claramente la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 1º, fracción I, mencionado, prevé: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte." Esta disposición establece que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes o actos de la autoridad que vulneren los derechos fundamentales. Por último, el artículo 5º, fracción II, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos; y que es autoridad, para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Sin embargo, el último precepto en cita, únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero omite abordar las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan derechos de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Lo anterior queda de manifiesto en la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199459, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Consecuentemente, es posible obtener como características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: *La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. *Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. *Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. *Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, septiembre de 2011, Tomo XXXIV, del Semanario Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 161133, de epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." De ahí que el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra-subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado y, el gobernado por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Ahora bien, en el caso particular, el acto que reclama el impetrante de amparo consiste en: "...el infundado cese del pago de nómina en cumplimiento hecho de la resolución que recayó derivado del recurso de inconformidad interpuesto por el suscrito, en fecha 16 de marzo y resuelto el 25 de marzo de 2021, dentro de la cual establece en su resolutivo marcado con el arábigo 1, se confirma el cese de los efectos de su nombramiento, dicho razonamiento se encuentra bajo el número de oficio SEV/OM/*****/2021, así como la acción efectuada por la dirección de nóminas, por cuanto hace a la suspensión del pago quincenal correspondiente a salario." En esa tesitura, debe señalarse que el acto que reclama el promovente no constituye, de acuerdo a su naturaleza, un acto de persona de derecho público o de autoridad, sino uno entre particulares, pues las señaladas como autoridades responsables no obran con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como patrón. Puesto que del contenido integral de la demanda, se advierte que el quejoso laboraba para el Jardín de Niños "******" dependiente de la Secretaría de Educación de Veracruz y lo que reclama esencialmente es la terminación de su relación laboral que se llevó a cabo con el cese de los efectos de su nombramiento y, las consecuencias de éste. Tiene aplicación la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página mil novecientos cincuenta y tres, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Laboral, Décima Época, con número de registro 2011343, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Por lo tanto, el acto que por esta vía se reclama tiene una naturaleza eminentemente laboral, pues se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón, en este caso, entre el impetrante de amparo con la Secretaría de Educación de Veracruz y con las autoridades señaladas como responsables, quienes se encargan de elaborar la nómina de éste - tal como lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo -. Lo anterior se estima de esa manera, en virtud de que el referido acto que el peticionarios del amparo reclama, no fue emitido en una relación de supra a subordinación, como las que se suscitan entre un ente público y un particular, sino en un plano de igualdad, en el que la relación jurídica es de carácter de coordinación, dada su relación laboral. En efecto, en el caso concreto las autoridades responsables no actúan con el carácter de autoridad, esto es, investidos con imperio y poder coercitivo, sino en su representación de particular en un plano de igualdad, pues de la correlación que existe entre éstos, deviene un acto entre particulares, lo que no implica la realización de actos de autoridad, debido a que no está desarrollando tareas propias del Estado actuando frente al solicitante de garantías. Por el contrario, nos encontramos ante actos bilaterales nacidos en virtud de un vínculo de trabajo, en los que las autoridades responsables determinaron el cese de su pago de nómina así como de los efectos de su nombramiento, derivado de una queja interpuesta en su contra. Por lo tanto, si las autoridades responsables tienen en su poder y, por ende, la posibilidad de autorizar el cese de los efectos de su nombramiento y, correlativamente, del pago de nómina, dicho acto le será atribuible en su calidad de patrón, de donde resulta evidente la naturaleza laboral del reclamo del quejoso. Esto es, el cese de los efectos de su nombramiento, así como las consecuencias consistente en la suspensión de su salario y demás prestaciones de esa índole, no son actos de autoridad que puedan considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. De ahí que la actuación realizada por las autoridades que han sido señaladas como responsables, al ser, en su caso, un auxiliar en la suspensión de su salario y demás prestaciones, no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad, e imperatividad que se requieren para establecer el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por lo tanto, el cese de los efectos de su nombramiento y las consecuencias de éste, como son la suspensión de su salario, no es consecuencia de las funciones públicas que tienen encomendadas dichos organismos como parte del Gobierno Estatal, esto es, con las funciones inherentes a su carácter de organismo autónomo. Expuesto lo anterior, resulta evidente que tales actos combatidos no pueden considerase como de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que las autoridades responsables no actúan como tal, pues el trato que existe entre los trabajadores y las autoridades responsables, es de relación de coordinación entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y no se trata de una relación de supra a subordinación. Se sustentan los argumentos expuestos, en la jurisprudencia III.4º.T. J/3 (10a) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible a página 1639, Décima Época, publicada el viernes dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, con número de registro 2011298, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN." De ahí, que al no provenir el acto reclamado, de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes indicada y, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE JUICIO. Sin que se soslaye la existencia de la jurisprudencia 54/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Misma que establece que por regla general en el auto inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, dado que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas anexadas, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio constitucional. Pues, el criterio citado no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a la regla general, como acontece en este biistancial. Resulta aplicable la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1224, libro 11, octubre 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007580, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." Lo cual, además, se relaciona con la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido, como se sostuvo, no podría desvirtuarse con el material probatorio que se aportara al juicio. Lo que permite al quejoso conocer plenamente desde el auto inicial, que la vía que propone en la forma en la que lo realiza, no es la idónea para defender el derecho que pretende. Robustece lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), visible en la página 213, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015595, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN." CONSULTA ELECTRÓNICA Y DOMICILIO El promovente solicita que el presente asunto se continúe mediante el esquema de "juicio en línea". En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, así como en el "Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico", publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, los cuales sientan los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza el ingreso a dicho sistema en amplios términos a través de la clave de usuario "******", esto es, para presentar escritos, consultar el expediente electrónico y recibir todo tipo de notificaciones. En ese sentido, se comisiona al Analista Jurídico "SISE", para que efectúe el registro del usuario antes referido; asimismo, instrúyase al actuario de la adscripción para que realice las habilitaciones correspondientes. Asimismo, tómese nota del correo electrónico ******@gmail.com, para entablar comunicaciones no procesales. No obstante lo anterior, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****** y *****, debido a que se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, con el registro número 149935 y 181329, respectivamente; y solamente para oír notificaciones e imponerse de autos a *****, por no contar con cédula profesional registrada en dicho sistema. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese como corresponda.

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