Vasty Andrea Guadalupe Rivera Bahena
Expediente 1261/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1261/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Vasty Andrea Guadalupe Rivera Bahena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los presentes autos sin mayor proveído el alegato signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, a través del cual realiza manifestaciones en vía de alegatos; lo anterior, toda vez que en auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.
- Principal
Agréguese a los presentes autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el informe justificado y anexo, rendido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Ahora, en auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que precisara si el acto reclamado consiste en la omisión acordar o desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen. En cumplimiento a lo anterior, por escrito recibido el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que reclamaba: "la omisión de la Junta Responsable de admitir y/o desechar las pruebas del juicio laboral bajo número de expediente ******". En atención a lo expuesto, se precisa que el acto reclamado en la presente contienda constitucional se hizo consistir, en: La omisión de proveer respecto las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 8-****; y, CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proveer respecto las pruebas ofrecidas en el juicio laboral ******, si bien es cierto, a la fecha de la presentación de la demanda no se había proveído respecto las pruebas; también lo es, que de las documentales aportadas por la Junta responsable, se advierte que en ese juicio laboral ya se proveyó en relación con las pruebas y en consecuencia se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, la causa de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, ya que, como se dijo, han cesación los efectos del acto reclamado. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, la parte quejosa reclama que la Junta responsable ha sido omisa en proveer respecto las pruebas ofrecidas en el juicio laboral ****. Por su parte, se tiene que la responsable remitió algunas de las constancias que integran el citado juicio laboral de las que se advierte, que de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda (seis de octubre de dos mil veintiuno), la Junta responsable proveyó respecto las pruebas el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, pues al respecto señaló que admitía las pruebas "allegadas por los contendientes". Lo expuesto revela que los efectos dilatorios del acto reclamado han cesado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo), como se adelantó, procede sobreseer fuera de audiencia respecto del acto reclamado, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO CONSTITUCIONAL. Sirve de apoyo a lo anterior, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; además, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
En virtud de no haberse presentado quien legalmente represente al tercerol interesado a notificarse personalmente del acuerdo de veintiuno de diciembre del año en curso, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que dice:Agréguese a los presentes autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el informe justificado y anexo, rendido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Ahora, en auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que precisara si el acto reclamado consiste en la omisión acordar o desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen. En cumplimiento a lo anterior, por escrito recibido el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que reclamaba: "la omisión de la Junta Responsable de admitir y/o desechar las pruebas del juicio laboral bajo número de expediente ******". En atención a lo expuesto, se precisa que el acto reclamado en la presente contienda constitucional se hizo consistir, en: La omisión de proveer respecto las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 8-****; y, CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proveer respecto las pruebas ofrecidas en el juicio laboral ******, si bien es cierto, a la fecha de la presentación de la demanda no se había proveído respecto las pruebas; también lo es, que de las documentales aportadas por la Junta responsable, se advierte que en ese juicio laboral ya se proveyó en relación con las pruebas y en consecuencia se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, la causa de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, ya que, como se dijo, han cesación los efectos del acto reclamado. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, la parte quejosa reclama que la Junta responsable ha sido omisa en proveer respecto las pruebas ofrecidas en el juicio laboral ****. Por su parte, se tiene que la responsable remitió algunas de las constancias que integran el citado juicio laboral de las que se advierte, que de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda (seis de octubre de dos mil veintiuno), la Junta responsable proveyó respecto las pruebas el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, pues al respecto señaló que admitía las pruebas "allegadas por los contendientes". Lo expuesto revela que los efectos dilatorios del acto reclamado han cesado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo), como se adelantó, procede sobreseer fuera de audiencia respecto del acto reclamado, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO CONSTITUCIONAL. Sirve de apoyo a lo anterior, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; además, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
En virtud de no haberse presentado quien legalmente represente al tercero interesado a notificarse personalmente del auto admisorio de veinticinco de octubre del año en curso, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo |dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que dice:CUMPLE PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de demanda signado por ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de siete de octubre del presente año. ADMISIÓN En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de la Materia, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, contra los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO De conformidad con el artículo 117, de la invocada ley, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente. En caso de ser cierto el acto reclamado, deberá anexar a su informe justificado copia certificada de las constancias conducentes, pues la omisión de dicha obligación se encuentra sancionada con una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO Por otro lado, las partes habrán de tener en cuenta lo previsto en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: "Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten." OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS Se hace del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente su existencia, se tendrán por hechas las notificaciones y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el propio oficio contenga; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Se hace del conocimiento a la autoridad responsable, que no habrá necesidad de emitir oficio para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia que justifica una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página web https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 176/2012, con número de registro digital 2002576, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." TERCERO INTERESADO Asimismo, con fundamento en el artículo 5o, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia, se tiene con el carácter de tercera interesada a: - ********************, con domicilio en Boulevard ********************. Asimismo, con apoyo en el numeral 116, segundo párrafo y el diverso arábigo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción a efecto de que se constituya en dicho domicilio, y emplácese a juicio a la tercera interesada señalada, a través de quien legalmente la represente, con copia de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio, y del presente proveído, a fin de que comparezca al presente juicio de amparo si lo estima conveniente a sus intereses; además, le informe la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que allegada a su escrito inicial de demanda, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, tal y como se advierte de la certificación de cuenta. OFICIOS Asimismo, se autoriza a la Secretaria actuante, para que firme los oficios que deriven de este asunto. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO En términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. EXHORTOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente.
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