Vannessa Maria Valle Yves
Expediente 1596/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1596/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 08/06/2018
Partes del expediente
- Vannessa Maria Valle Yves
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
V) Toluca, Estado de México a ocho de junio de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de siete de mayo de dos mil dieciocho (fojas 196 y 198), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la siguiente indicación: El presente asunto es susceptible de depuración, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal (Punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del citado acuerdo). A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo normativo aludido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
v) Toluca, Estado de México a siete de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veinte de abril de dos mil dieciocho (f. 188) para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Vannessa María Valle Yves y Jorge Sándor Martínez Vélez; contra el acto reclamado consistente en la resolución de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 532/2017, del índice de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su ejecución. Ahora, mediante sentencia terminada de engrosar el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (f. 114-122), en lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente: "(.) Bajo tales premisas, se estima que el acto reclamado transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica; por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución reclamada y, Dicte otra en la que analice el material probatorio que se precisó en esta sentencia, y dicte la determinación que en derecho corresponda, tomando en cuenta incongruencia advertida por este juzgador. Sin que sea objeto del amparo el sentido de la resolución que emita la responsable, por lo que bastará para tener por cumplida la sentencia que dicte, otra en la que tome en cuenta las pruebas mencionadas. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Vanessa Maria Valle Yves, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, para los efectos expuestos en el quinto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jorge Sandor Martínez Vélez, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hoy veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, día en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, quien da fe.". Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que la Sala responsable realizara lo siguiente: Dejará insubsistente la resolución reclamada y, Dictara otra en la que analizara el material probatorio que se precisó en la sentencia, y dictara la determinación que en derecho correspondiera, tomando en cuenta la incongruencia advertida por este juzgador. Sin que sea objeto del amparo el sentido de la resolución que emita la responsable, por lo que bastará para tener por cumplida la sentencia que dicte, otra en la que tome en cuenta las pruebas mencionadas. Atento a lo anterior, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho (f. 133), causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente asunto, y se requirió el cumplimiento de la misma a las autoridades responsables. En proveído de veinte de abril pasado (foja 188), se tuvo por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México, mediante el cual comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada de la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, emitido en los autos del toca 532/2017, en la cual se aprecia lo siguiente: Informó que mediante auto de once de abril de dos mil dieciocho, la oficiante, dejó insubsistente la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete emitida en el toca 532/2017, y procedió a emitir una nueva en la que una vez que analizó las pruebas siguientes: Constancia de asesoría jurídica del "DIF" con sede en el Estado de Nuevo León, donde se advierte que la quejosa señaló como ocupación al hogar y profesionista. Evaluación Psicológica de veinticinco de mayo de dos mil nueve, en el que se advierte en el rubro de escolaridad licenciatura y Maestría y en ocupación refirió la de docente. Tres estados de cuenta bancario a nombre de Vanessa María Valle Yves, de diciembre de dos mil ocho, enero y febrero de dos mil nueve de la institución bancaria HSBC, S.A., en la que se advirtió depósitos que recibía la contraparte. En la prueba confesional de su contraparte, en la que se describió en sus datos generales como grado de instrucción escolar Maestra en Derecho Comercial Internacional y como ocupación docente en línea. La prueba pericial en materia de psicología, en la que se refiere que la quejosa es licenciada en derecho, con Maestría en Derecho Comercial Internacional y en la parte de trabajos y ocupaciones se refiere a ejercido la profesión de abogado, se ha desempeñado como docente en varias materias y diversas etapas y como empresaria al señalar que tuvo una distribuidora de material jurídico en Toluca. Asimismo, al resolver la Sala responsable subsanó la incongruencia advertida por este órgano jurisdiccional; pues en lo que interesa señaló: ". TERCERO.- Se condena JORGE SÁNDOR MARTÍNEZ VELEZ al pago de eéste gravamen, en las subsecuentes amortizaciones hasta su total conclusión para establecerse como único y universal propietario del inmueble material de la liquidación que nos ocupa. CUARTO.- Se reconocen como pagos parciales realizados por VANNESSA MARIA VALLE YVES en beneficio del gravamen que pesa sobre el inmueble denominado como activo de la sociedad conyugal, el cincuenta por ciento de los realizados desde su adquisición, hasta el mes de septiembre de dos mil ocho, momento en que tuvo lugar su reconocida separación, aportación que asciende en numerario a la cantidad de $252,418.31 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 31/100 M.N.) sirviendo de base para los efectos de base de liquidación en ejecución de sentencia. QUINTO.- Se condena a JORGE SÁNDOR MARTÍNEZ VELEZ para que una vez que cause firmeza procesal la presente resolución, pague a la orden de VANNESSA MARIA VALLE YVES la cantidad de $252,418.31 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 31/100 M.N.), por concepto de aportación por el cincuenta por ciento de las aportaciones realizadas en común desde el día once de junio de dos mil cuatro, al mes de septiembre del año dos mil ocho, pago que deberá realizar en un término de OCHO DÍAS contados a partir de que la presente resolución sea notificada, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, deberán embargarse bienes de su propiedad suficientes para garantizar dicho adeudo y con su producto se haga pago a su contraparte. ." Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Finalmente, no es óbice a lo anterior, lo manifestado por Jorge Sándor Martínez Vélez en el escrito con folio 7171 (foja 190 a 192), en el sentido de que no debe tenerse por cumplida la ejecutoria de amparo, pues refiere que la responsable no resolvió el derecho real de propiedad, esto es, no se definió a través de qué acto jurídico asumiría la titularidad exclusiva de la propiedad del inmueble que se liquidó; sin embargo, sus manifestaciones se apartan de la concesión del amparo, por lo cual, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere pertinentes. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
v. se notifica por medio de lista al tercero interesado Jorge Sandor Martínez VElez, el auto de siete de mayo de dos mil dieciocho, en cumplimiento al citatorio de nueve del mismo mes y año. Acuerdo: v) Toluca, Estado de México a siete de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veinte de abril de dos mil dieciocho (f. 188) para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Vannessa María Valle Yves y Jorge Sándor Martínez Vélez; contra el acto reclamado consistente en la resolución de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 532/2017, del índice de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su ejecución. Ahora, mediante sentencia terminada de engrosar el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (f. 114-122), en lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente: "(.) Bajo tales premisas, se estima que el acto reclamado transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica; por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución reclamada y, Dicte otra en la que analice el material probatorio que se precisó en esta sentencia, y dicte la determinación que en derecho corresponda, tomando en cuenta incongruencia advertida por este juzgador. Sin que sea objeto del amparo el sentido de la resolución que emita la responsable, por lo que bastará para tener por cumplida la sentencia que dicte, otra en la que tome en cuenta las pruebas mencionadas. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Vanessa Maria Valle Yves, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, para los efectos expuestos en el quinto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jorge Sandor Martínez Vélez, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hoy veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, día en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, quien da fe.". Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que la Sala responsable realizara lo siguiente: Dejará insubsistente la resolución reclamada y, Dictara otra en la que analizara el material probatorio que se precisó en la sentencia, y dictara la determinación que en derecho correspondiera, tomando en cuenta la incongruencia advertida por este juzgador. Sin que sea objeto del amparo el sentido de la resolución que emita la responsable, por lo que bastará para tener por cumplida la sentencia que dicte, otra en la que tome en cuenta las pruebas mencionadas. Atento a lo anterior, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho (f. 133), causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente asunto, y se requirió el cumplimiento de la misma a las autoridades responsables. En proveído de veinte de abril pasado (foja 188), se tuvo por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México, mediante el cual comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada de la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, emitido en los autos del toca 532/2017, en la cual se aprecia lo siguiente: Informó que mediante auto de once de abril de dos mil dieciocho, la oficiante, dejó insubsistente la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete emitida en el toca 532/2017, y procedió a emitir una nueva en la que una vez que analizó las pruebas siguientes: Constancia de asesoría jurídica del "DIF" con sede en el Estado de Nuevo León, donde se advierte que la quejosa señaló como ocupación al hogar y profesionista. Evaluación Psicológica de veinticinco de mayo de dos mil nueve, en el que se advierte en el rubro de escolaridad licenciatura y Maestría y en ocupación refirió la de docente. Tres estados de cuenta bancario a nombre de Vanessa María Valle Yves, de diciembre de dos mil ocho, enero y febrero de dos mil nueve de la institución bancaria HSBC, S.A., en la que se advirtió depósitos que recibía la contraparte. En la prueba confesional de su contraparte, en la que se describió en sus datos generales como grado de instrucción escolar Maestra en Derecho Comercial Internacional y como ocupación docente en línea. La prueba pericial en materia de psicología, en la que se refiere que la quejosa es licenciada en derecho, con Maestría en Derecho Comercial Internacional y en la parte de trabajos y ocupaciones se refiere a ejercido la profesión de abogado, se ha desempeñado como docente en varias materias y diversas etapas y como empresaria al señalar que tuvo una distribuidora de material jurídico en Toluca. Asimismo, al resolver la Sala responsable subsanó la incongruencia advertida por este órgano jurisdiccional; pues en lo que interesa señaló: ". TERCERO.- Se condena JORGE SÁNDOR MARTÍNEZ VELEZ al pago de eéste gravamen, en las subsecuentes amortizaciones hasta su total conclusión para establecerse como único y universal propietario del inmueble material de la liquidación que nos ocupa. CUARTO.- Se reconocen como pagos parciales realizados por VANNESSA MARIA VALLE YVES en beneficio del gravamen que pesa sobre el inmueble denominado como activo de la sociedad conyugal, el cincuenta por ciento de los realizados desde su adquisición, hasta el mes de septiembre de dos mil ocho, momento en que tuvo lugar su reconocida separación, aportación que asciende en numerario a la cantidad de $252,418.31 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 31/100 M.N.) sirviendo de base para los efectos de base de liquidación en ejecución de sentencia. QUINTO.- Se condena a JORGE SÁNDOR MARTÍNEZ VELEZ para que una vez que cause firmeza procesal la presente resolución, pague a la orden de VANNESSA MARIA VALLE YVES la cantidad de $252,418.31 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 31/100 M.N.), por concepto de aportación por el cincuenta por ciento de las aportaciones realizadas en común desde el día once de junio de dos mil cuatro, al mes de septiembre del año dos mil ocho, pago que deberá realizar en un término de OCHO DÍAS contados a partir de que la presente resolución sea notificada, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, deberán embargarse bienes de su propiedad suficientes para garantizar dicho adeudo y con su producto se haga pago a su contraparte. ." Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Finalmente, no es óbice a lo anterior, lo manifestado por Jorge Sándor Martínez Vélez en el escrito con folio 7171 (foja 190 a 192), en el sentido de que no debe tenerse por cumplida la ejecutoria de amparo, pues refiere que la responsable no resolvió el derecho real de propiedad, esto es, no se definió a través de qué acto jurídico asumiría la titularidad exclusiva de la propiedad del inmueble que se liquidó; sin embargo, sus manifestaciones se apartan de la concesión del amparo, por lo cual, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere pertinentes. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
v. se notifica por medio de lista a la quejosa el auto de siete de mayo de dos mil dieciocho, en cumplimiento al aviso de diez del mismo mes y año. Acuerdo: v) Toluca, Estado de México a siete de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veinte de abril de dos mil dieciocho (f. 188) para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Vannessa María Valle Yves y Jorge Sándor Martínez Vélez; contra el acto reclamado consistente en la resolución de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 532/2017, del índice de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su ejecución. Ahora, mediante sentencia terminada de engrosar el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (f. 114-122), en lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente: "(.) Bajo tales premisas, se estima que el acto reclamado transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica; por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución reclamada y, Dicte otra en la que analice el material probatorio que se precisó en esta sentencia, y dicte la determinación que en derecho corresponda, tomando en cuenta incongruencia advertida por este juzgador. Sin que sea objeto del amparo el sentido de la resolución que emita la responsable, por lo que bastará para tener por cumplida la sentencia que dicte, otra en la que tome en cuenta las pruebas mencionadas. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Vanessa Maria Valle Yves, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, para los efectos expuestos en el quinto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jorge Sandor Martínez Vélez, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hoy veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, día en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, quien da fe.". Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que la Sala responsable realizara lo siguiente: Dejará insubsistente la resolución reclamada y, Dictara otra en la que analizara el material probatorio que se precisó en la sentencia, y dictara la determinación que en derecho correspondiera, tomando en cuenta la incongruencia advertida por este juzgador. Sin que sea objeto del amparo el sentido de la resolución que emita la responsable, por lo que bastará para tener por cumplida la sentencia que dicte, otra en la que tome en cuenta las pruebas mencionadas. Atento a lo anterior, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho (f. 133), causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente asunto, y se requirió el cumplimiento de la misma a las autoridades responsables. En proveído de veinte de abril pasado (foja 188), se tuvo por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México, mediante el cual comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada de la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, emitido en los autos del toca 532/2017, en la cual se aprecia lo siguiente: Informó que mediante auto de once de abril de dos mil dieciocho, la oficiante, dejó insubsistente la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete emitida en el toca 532/2017, y procedió a emitir una nueva en la que una vez que analizó las pruebas siguientes: Constancia de asesoría jurídica del "DIF" con sede en el Estado de Nuevo León, donde se advierte que la quejosa señaló como ocupación al hogar y profesionista. Evaluación Psicológica de veinticinco de mayo de dos mil nueve, en el que se advierte en el rubro de escolaridad licenciatura y Maestría y en ocupación refirió la de docente. Tres estados de cuenta bancario a nombre de Vanessa María Valle Yves, de diciembre de dos mil ocho, enero y febrero de dos mil nueve de la institución bancaria HSBC, S.A., en la que se advirtió depósitos que recibía la contraparte. En la prueba confesional de su contraparte, en la que se describió en sus datos generales como grado de instrucción escolar Maestra en Derecho Comercial Internacional y como ocupación docente en línea. La prueba pericial en materia de psicología, en la que se refiere que la quejosa es licenciada en derecho, con Maestría en Derecho Comercial Internacional y en la parte de trabajos y ocupaciones se refiere a ejercido la profesión de abogado, se ha desempeñado como docente en varias materias y diversas etapas y como empresaria al señalar que tuvo una distribuidora de material jurídico en Toluca. Asimismo, al resolver la Sala responsable subsanó la incongruencia advertida por este órgano jurisdiccional; pues en lo que interesa señaló: ". TERCERO.- Se condena JORGE SÁNDOR MARTÍNEZ VELEZ al pago de eéste gravamen, en las subsecuentes amortizaciones hasta su total conclusión para establecerse como único y universal propietario del inmueble material de la liquidación que nos ocupa. CUARTO.- Se reconocen como pagos parciales realizados por VANNESSA MARIA VALLE YVES en beneficio del gravamen que pesa sobre el inmueble denominado como activo de la sociedad conyugal, el cincuenta por ciento de los realizados desde su adquisición, hasta el mes de septiembre de dos mil ocho, momento en que tuvo lugar su reconocida separación, aportación que asciende en numerario a la cantidad de $252,418.31 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 31/100 M.N.) sirviendo de base para los efectos de base de liquidación en ejecución de sentencia. QUINTO.- Se condena a JORGE SÁNDOR MARTÍNEZ VELEZ para que una vez que cause firmeza procesal la presente resolución, pague a la orden de VANNESSA MARIA VALLE YVES la cantidad de $252,418.31 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 31/100 M.N.), por concepto de aportación por el cincuenta por ciento de las aportaciones realizadas en común desde el día once de junio de dos mil cuatro, al mes de septiembre del año dos mil ocho, pago que deberá realizar en un término de OCHO DÍAS contados a partir de que la presente resolución sea notificada, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, deberán embargarse bienes de su propiedad suficientes para garantizar dicho adeudo y con su producto se haga pago a su contraparte. ." Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Finalmente, no es óbice a lo anterior, lo manifestado por Jorge Sándor Martínez Vélez en el escrito con folio 7171 (foja 190 a 192), en el sentido de que no debe tenerse por cumplida la ejecutoria de amparo, pues refiere que la responsable no resolvió el derecho real de propiedad, esto es, no se definió a través de qué acto jurídico asumiría la titularidad exclusiva de la propiedad del inmueble que se liquidó; sin embargo, sus manifestaciones se apartan de la concesión del amparo, por lo cual, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere pertinentes. Notifíquese personalmente a las partes.
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