Vannessa Lizbeth Hidalgo Veliz

Expediente 913/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
913/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2016

Partes del expediente

  • Vannessa Lizbeth Hidalgo Veliz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el auto de veintidós de diciembre de dos mil quince, por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Vanessa Lizbeth Hidalgo Veliz, contra actos del Oficial de la Policía Preventiva Municipal, Oscar U H, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 913/2015. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como responsable, reclamo la expedición de la BOLETA DE INFRACCIÓN, FOLIO N°8463, de fecha 30/11/15, así como el que dicha autoridad haya quitado la PLACA DE CIRCULACIÓN TRASERA FGT 31 87, del vehículo de mi propiedad. Ahora bien, el precepto 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En efecto el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que, en su caso, se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, por los motivos y consideraciones que a continuación se precisan. Así, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es pertinente precisar que por esta vía se tilda de inconstitucional lo siguiente:  La boleta de infracción de tránsito con folio 8463, de treinta de noviembre de dos mil quince. En ese orden de ideas, es pertinente precisar que el numeral 61, fracción XX, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Bajo esa premisa, resulta pertinente establecer que contra la multa impuesta a la quejosa, se debió agotar el recurso de inconformidad previsto en el artículo 389 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, pues esa sanción administrativa fue impuesta por una dependencia de la administración pública municipal y afecta el interés jurídico de su destinatario. No pasa inadvertido que el legislador local estableció en el segundo párrafo del precepto en estudio, que es optativo para el particular afectado, impugnar los actos y resoluciones a que se refiere el primer párrafo, mediante el recurso de inconformidad, o acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; sin embargo, dado que en el Estado de Coahuila de Zaragoza, no existe el citado tribunal, el gobernado debe agotar el recurso de inconformidad. Lo expuesto, evidencia la necesidad de agotar el recurso de inconformidad en contra de la multa administrativa, previamente a la promoción del juicio de amparo, por ser el único medio ordinario de defensa al alcance del gobernado, en este Estado. Recurso que suspende los efectos de los actos recurridos, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo que se advierte, al confrontar los artículos 128, 132 y 136 de la Ley de Amparo, con el diverso 398, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, reformado mediante publicación de veintinueve de julio de dos mil catorce. Como se advierte, tanto el artículo 128 de la Ley de Amparo como el primer párrafo del diverso numeral 398 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, prevén la suspensión a petición de parte, condicionando su procedencia a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, lo expuesto por el legislador en los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, medularmente coinciden con lo expuesto en los párrafos restantes del artículo 398 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, pues en ambos casos se contempla el otorgamiento de garantía ante el riesgo de afectar a un tercero y se prevé que la suspensión surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo. Lo que evidencia, que el Código en estudio no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. Por otro lado, en relación a que el recurso de inconformidad no prevea un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional la Ley de Amparo; debe precisarse que el artículo 395 del Código en cita Como se advierte, el legislador estatal impuso a la autoridad que trámite el recurso, el deber de actuar procesalmente en cuanto reciba el escrito de inconformidad, lo que no da margen a discrecionalidad para ello. Lo anterior, lleva a concluir que desde la recepción de dicho recurso, la autoridad debe pronunciarse en relación a la suspensión solicitada; pues a esa conclusión se llega de la interpretación sistemática entre el artículo 395 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que obliga a la autoridad a pronunciarse inmediatamente sobre el escrito de inconformidad y el tercer párrafo del artículo 398 del mismo ordenamiento, que establece: "La suspensión surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo por la autoridad." pues al no tramitarse por cuerda separada la suspensión y haberse solicitado desde el escrito inicial, la autoridad deberá pronunciarse en el mismo acuerdo en que reciba el recurso, sin posibilidad jurídica de postergarlo. Por tanto el recurso de inconformidad no contempla un plazo mayor que el que establece la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Además, en el presente caso, la multa reclamada no carece de fundamentación, por lo que no se actualiza la excepción establecida en el último párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en su imposición se citaron los artículos 121, 185, inciso X, apartado A y B, y 197 apartado B, 165 del Reglamento de Tránsito y Transporte del Municipio de Saltillo. Además, al tratarse de una multa impuesta por autoridad administrativa, no puede considerarse que el gobernado tenga el carácter de tercero extraño. Por tanto, al no existir alguna excepción al principio de definitividad, debe concluirse que la parte quejosa debió agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el recurso de inconformidad en contra de la infracción impuesta. Por las narradas condiciones, es que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Vanessa Lizbeth Hidalgo Veliz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal. Se tiene a la promovente, señalando los estrados de este juzgado, para oír y recibir notificaciones, y como su autorizado al licenciado Juan Héctor Rico González, en término del artículo 12 de la Ley de Amparo, atento que tiene registrada su cédula profesional, en el "sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", Hágase de conocimiento a la promovente, que las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, constituyen información pública; sin embargo, independientemente de que exprese o no su oposición a dicha publicación, se ordena suprimir en este asunto los datos personales de éste, así como la información reservada.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano