Vania Estefania Gomez Avalos

Expediente 899/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
899/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Vania Estefania Gomez Avalos

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009 y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ordena destruir la presente pieza de actuaciones. archívese y remítase al lugar de su guarda. Se deja a disposición de la parte quejosa documento para que dentro del término de noventa días, comparezca al local de este juzgado a recoger la documentación que en original anexó como prueba dentro del juicio en que se actúa; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su momento dicha documental tendrá el mismo destino que este expediente, lo anterior con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del citado Acuerdo General.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. I. Se ratifica firma de demanda de amparo; así como del escrito aclaratorio y se provee en relación a los mismos. Agréguese a los autos la constancia de ratificación que antecede relativa a la quejosa Vania Estefanía Gómez Ávalos, mediante la cual ratifica la firma del escrito de demanda, así como del diverso presentado ante este juzgado en data veinte de noviembre del año en curso, atenta lo anterior, provéase lo conducente. II. Análisis de procedencia de la demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se desprende que los actos reclamados se hacen consistir en la retención por parte del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, del vehículo marca Nissan, tipo March, modelo 2018, color plata, con número de serie 3N1CK3CD0JL-241023, del que afirma ser propietaria, derivado de una infracción expedida por tal autoridad, así como la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo en el que se impuso tal infracción; actos respecto de los cuales la parte quejosa tuvo conocimiento en data diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en que afirma le fue entregado el oficio 3416/2019, en el que se precisa que el vehículo que defiende fue ingresado a una pensión derivado de la infracción 32698, expedida por el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato; de lo que se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, en virtud a que la acción constitucional resulta extemporánea. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto de los citados artículos de la Ley de Amparo; mismos que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de amparo dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así es, el último de los preceptos legales invocados evidencia que la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, la quejosa en su escrito de demanda manifestó bajo "protesta de decir verdad", que en fecha diecisiete de mayo del presente año tuvo conocimiento del oficio 3416/2019, pues se presentó ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en la que fue citada y le entregaron dicho oficio; dentro del cual se detalla el número de infracción que garantiza el vehículo de su propiedad y por quien fue expedida. Manifestaciones, que constituyen el reconocimiento o confesión de la accionante de esta vía excepcional de haber tenido conocimiento de los actos reclamados en comento, desde la data que refirió, y que hacen prueba plena de tal circunstancia. En efecto, la exigencia de que exista prueba plena de la fecha en que la quejosa tuvo conocimiento de los aludidos actos reclamados, se satisface si existe manifestación expresa de aquélla en ese sentido en la demanda, pues la misma constituye una confesión expresa, el cual es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que informa, la jurisprudencia, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Por tanto, el término de quince días que establece el artículo 17 de la ley de la materia, para promover la demanda de amparo en contra de los actos reclamados, transcurrió del veinte de mayo de dos mil diecinueve (día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados) al siete de junio del mismo año, descontándose los días veinticinco y veintiséis de mayo y uno y dos de junio del presente año por ser inhábiles. Luego, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, hasta el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, es inconcuso que resulta extemporánea su presentación; por tanto, se considera que fueron tácitamente consentidos los actos reclamados en esta vía constitucional. Por consiguiente, los actos reclamados ya no pueden ser analizados, porque los consintió tácitamente, al no haber promovido el amparo dentro del término a que alude el numeral 17 de la Ley de la Materia. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Sin que varíe lo aquí determinado el hecho de que la quejosa afirme que tuvo conocimiento de los actos reclamados hasta el veintisiete de octubre del año en curso, en que se presentó a la pensión a recoger el vehículo de su propiedad derivado del oficio 3416/2019, que le fue entregado por personal de la Fiscalía del Estado; ya que ella misma reconoce que tal oficio le fue entregado desde el diecisiete de mayo del presente año, de tal suerte que si tal documento expresa que el vehículo que defiende fue ingresado a la aludida pensión con motivo de la infracción 32698, expedida por el Instituto d e Movilidad del Estado, así como que la autorización de devolución por parte de la fiscalía estaba condicionada a que cubriera las sanciones administrativas a que se hubiera hecho acreedora y a los gastos generados; es incuestionable que desde tal fecha (diecisiete de mayo de dos mil diecinueve) tuvo conocimiento tanto de la retención del vehículo, por parte del instituto responsable, quien lo ingresó a la pensión arroyo de la ciudad, como de la existencia de la infracción 32698, expedida por la responsable; de ahí que desde ese momento estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo indirecto contra la referida retención y la omisión de notificarle la infracción o de emplazarla al procedimiento administrativo en la que le fue impuesta. En ese orden de ideas, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis; con fundamento en el artículo 113 de la Ley propia Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Vania Estefanía Gómez Ávalos. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, doce de noviembre de dos mil diecinueve. I. Parte quejosa. Vania Estefania Gómez Ávalos. II. Autoridad responsable. Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, con sede en la capital. III. Formación y registro de expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 899/2019-IV y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Prevención de la demanda. Vista la demanda de amparo que nos ocupa, a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la misma, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I, II y IV en relación con el 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo; requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes e integrar el incidente de suspensión que en su caso se aperture, sin que exista necesidad de que presente una nueva demanda, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: 1. Precise con exactitud el acto reclamado, esto es, si el acto que combate de inconstitucional es únicamente la retención, decomiso o embargo del vehículo de su propiedad del que afirma haber tenido conocimiento a mediados del mes de febrero del año en curso; o bien, la multa impuesta, ya que de la lectura íntegra de la demanda se desprende que dicho automóvil está retenido como garantía de una multa impuesta por una infracción de tránsito; en la inteligencia que deberá señalar con precisión la fecha en que tuvo conocimiento del acto que combate. En el entendido de que si reclama la multa impuesta, deberá precisar si se le impuso a ella o a persona diversa, o bien, especificar de manera clara qué es de lo que se duele, es decir, que acto de autoridad le causa perjuicio. Toda vez, se insiste, que en el apartado denominado acto reclamado, la quejosa aduce lo siguiente: "(.) la ilegal retención, decomiso o embargo sobre el vehículo de mi propiedad (.).". Empero, en el punto 4) del capítulo de antecedentes, aduce que el vehículo se encuentra retenido, embargado o decomisado en garantía del pago de una multa. Manifestaciones que hacen que el acto reclamado sea obscuro e impreciso, dada su ambigüedad. De ahí que es necesario que precise con claridad cuál es el acto que reclama así como la fecha en que tuvo conocimiento del mismo; a fin de que este juzgado esté en aptitud de trabar correctamente la litis. 2. Relate, de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado, esto es, realice una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al mismo y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, ello en virtud a que los narrados en su demanda resultan imprecisos e insuficientes. En el entendido de que los antecedentes que narre también deberá precisar las circunstancias de modo, lugar y fecha exacta en que acontecieron los mismos, pues del ocurso que se analiza, se inadvierte lo anterior. Asimismo, en dicha relativa deberá precisar con claridad el número de serie del vehículo automotor que aquí defiende, dado que el proporcionado en su libelo de garantías, difiere del número asentado en los documentos que anexa al mismo; requerimientos que se estiman necesarios a fin de proveer fundadamente, en su caso, la suspensión del acto que insta. Para lo anterior, es aplicable la tesis I.7o.A.100 K visible en la página 990, del Tomo XXIII, de Abril de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.". Caso en el cual deberá hacer la expresión correspondiente; protesta que deberá realizarla la propia promovente, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquélla, dada la responsabilidad penal que de la misma pudiera derivarse. En apoyo a lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 40/2006-SS.- Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". 3. Exhiba la totalidad de documentos que obren en su poder, relativos al origen de la retención, decomiso o embargo del vehículo que reclama, puesto que del contexto del escrito de demanda se infiere que dicho acto se originó con motivo de una infracción vehicular, y en ese sentido, constituye un hecho notorio que en la práctica, se entregan copias al carbón de dichas diligencias; de ahí el requerimiento que se realiza a fin de fijar correctamente la litis constitucional y proveer fundadamente lo que en derecho corresponda. Bajo apercibimiento que de ser omisa en acatar la prevención que se le realiza en el presente proveído, en términos del segundo párrafo de la fracción V del numeral 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.". V. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Schubert, número 507, colonia León Moderno de esta ciudad, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alberto Muñoz Vázquez, en virtud de que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a José Alberto Muñoz Rodríguez, por no contar con dicho registro; y en mismos términos a Eduardo Salvador Rojas, por así haberlo solicitado. VI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Norma Rojas López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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