Vanessa Urbina Cárdenas
Expediente 948/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 948/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Vanessa Urbina Cárdenas
Actuaciones
- Principal
MESA II.-..."Visto el estado de los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede al estudio de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. I. El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se AMPARÓ Y PROTEGIÓ a ***, para que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: Emita un auto en que señale nuevamente fecha para el desahogo de las pruebas pendientes de desahogo en el juicio laboral 01/1789/14, en el que se ajuste en lo posible a lo dispuesto por el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, y lo notifique a las partes. II. El diez de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el cumplimiento de la sentencia de amparo. III. A fin de cumplir con lo anterior, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos remitió copia certificada de las constancias siguientes: Acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio laboral ******************, en el que señaló nuevas fechas para el desahogo de las pruebas pendientes y lo notificó a las partes. Sin embargo, en auto de once de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, y se le requirió nuevamente a la responsable su debido cumplimiento. IV. Posteriormente, a fin de cumplir con lo anterior, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos remitió copia certificada de las constancias siguientes: Acuerdo de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 01/1789/14, en el cual se tuvo a la parte actora por desistida lisa y llanamente a su más entero perjuicio de la demanda, acción, hechos y prestaciones ejercidas contra el demandado, ordenando remitir el expediente al archivo y dejó sin materia el periodo probatorio. V. Con lo anterior, en consideración de quien resuelve, existe una imposibilidad jurídica de la autoridad responsable para cumplir con la ejecutoria de amparo, toda vez que la protección constitucional se concedió para que emitiera un auto en que señalara nuevamente fecha para el desahogo de las pruebas pendientes de desahogo en el juicio laboral ************, en el que se ajustara en lo posible a lo dispuesto por el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, y lo notificara a las partes; no obstante, se advierte que la parte actora se desistió a su más entero perjuicio de la demanda y acción intentada, ordenando la responsable su remisión al archivo como asunto concluido, además, ante tal situación dejó sin materia el periodo probatorio. Circunstancia que dio origen a un cambio de situación jurídica dentro del citado juicio laboral, que extinguió la posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VI. Por tanto, lo procedente es DECLARAR LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA, para cumplir con la ejecutoria de amparo. VI. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En consecuencia, transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en turno, a fin de que emita la resolución que corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la citada legislación. [...] Notifíquese y personalmente a las partes. MAA
- Principal
MESA.- VIII CITATORIO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SU SINTESIS DICE: Vista la demanda de amparo promovida por Vanessa Urbina Cárdenas, en su carácter de Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, contra actos del Juez de Primera Instancia Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, Ramón Villanueva Uribe; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 948 2021-VIII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. y fórmese expediente impreso y electrónico. DESECHAMIENTO Conforme con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, I.13o.A. J/6, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en esencia el acto reclamado consiste en: La resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Juez responsable, en la causa penal JC/1152/2020, en la que resuelve que es procedente la devolución del bien inmueble ubicado en calle México 172, de la colonia Tres de Mayo, del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos y el vehículo de la marca Nissan, tipo Tsuru GS, cuatro puertas, modelo dos mil nueve, color blanco, con número de serie 3N1EBB1544K522331, motor número GA168756662, a favor de Yolanda Pineda Figueroa y Eduardo Gómez Vargas. De lo anterior, se advierte la actualización de la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que Vanessa Urbina Cárdenas, carece de legitimación para promover el juicio de amparo en su carácter de Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone que el juicio constitucional es improcedente por falta de interés jurídico, esto es, que la acción de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame; es decir, que resienta un perjuicio, daño o menoscabo sobre él o sobre su patrimonio, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos que la ley lo permita; y solo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. El perjuicio a que alude el citado artículo de la ley de la materia, debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, cuyo desconocimiento o violación otorgan al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado. El perjuicio es un elemento esencial que rige la procedencia del juicio de amparo y, como este tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus derechos volviendo las cosas al estado que tenían antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en una transgresión real y efectiva que afecte de manera directa la esfera jurídica del gobernado. El citado numeral contiene dos de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, intitulados "instancia de parte" y "agravio personal y directo". El primero consiste en que la acción de amparo únicamente puede ser ejercitada a instancia de parte y nunca de oficio; el segundo alude a que el juicio constitucional por la parte que vea afectada su esfera jurídica con motivo de la emisión y/o ejecución del acto autoritario reprochado. La persona afectada puede actuar por sí misma (por su propio derecho) o por medio de alguien que adquiere la calidad de parte formal. Parte formal es aquel sujeto que puede participar en un proceso o procedimiento sin tener un interés propio en juego, sino que defiende los derechos de otro sujeto (mandante, representante, hijo, pupilo, etcétera). Así, tal numeral establece como requisito de procedencia del juicio de amparo, la legitimación del promovente, entendida como la permisión que la ley otorga a una persona para que desarrolle una determinada actividad. En materia procesal, la legitimación es la posibilidad de intervenir en un juicio, ya sea como actor (legitimación activa) o como demandado (legitimación pasiva) instando al órgano jurisdiccional para que administre justicia; con motivo de la legitimación, las partes en un juicio pueden motivar que el tribunal que esté conociendo de un negocio, dé avance al mismo, así como ofrecer pruebas, recurrir la resolución, etcétera. De esta forma, están legitimados para actuar, activa y pasivamente, los titulares de los intereses en conflicto, porque parte legítima es la persona del proceso idéntica a la persona que forma parte de la relación jurídica material, que define el derecho sustantivo. Nuestro alto tribunal ha determinado que la legitimación procesal activa es la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional o instancia administrativa con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio o del procedimiento respectivo. A esta legitimación se le conoce con el nombre de "ad procesum" y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación "ad causam" que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción en el juicio es ejercida por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque sea su titular, o bien, porque cuente con la representación legal de dicho titular. En el presente juicio, la parte quejosa refiere promover como Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, sin embargo la ley de la materia establece que el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame; pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos que la ley lo permita; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor, aunado a que no se actualizan las excepciones que provee la propia Ley de Amparo. Sin embargo, de la lectura integral del escrito de demanda no se advierte de que manera el acto que señala como reclamado le agravie de manera directa y personal en su esfera jurídica, por lo tanto, no acredita, una lesión a su interés jurídico. Por otra parte, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Amparo, en su carácter de Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, no puede promover amparo, porque el acto que señala como reclamado no está en el supuesto establecido en el mencionado precepto legal, ya que no afecta su patrimonio, ni se trata de un acto que se emitió respecto de una relación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con el particular. Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.1o.P. J/1 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, página 1318, registro 2016221, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SALA RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO O LA SOCIEDAD EN GENERAL, SALVO LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA. Los párrafos segundo de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuarto de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, establecen que para promover el juicio de amparo contra actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En este sentido, el Ministerio Público adscrito a la Sala responsable carece de legitimación procesal activa para promoverlo por propio derecho contra las resoluciones dictadas durante la tramitación del proceso penal o contra la sentencia definitiva con el que culmina, pues dichos actos no causan un agravio personal ni directo a un derecho subjetivo de esa institución, salvo los casos establecidos en la ley de la materia, como aquellos que afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares; y tampoco puede hacerlo como representante de las víctimas u ofendidos del delito, quienes tienen derecho a promoverlo directamente, ni de la sociedad en general, independientemente de la naturaleza y del bien jurídico tutelado por el delito materia de la sentencia o resolución que pretenda reclamar, porque la acción constitucional de amparo tiene por objeto salvaguardar los derechos humanos de los gobernados -personas físicas o morales- contra actos de autoridad y, excepcionalmente, de particulares, y cuando representa a la sociedad al ejercer la acción persecutoria con la que inicia el procedimiento penal, el Ministerio Público lo hace precisamente con el carácter de autoridad." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes.
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