Vanessa Rosales Castillo

Expediente 329/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
329/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
18/05/2018

Partes del expediente

  • Vanessa Rosales Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa **, hubiese recurrido el auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. .. se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. .. archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. .. se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica.. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", mediante el cual remite diversas constancias solicitadas por auto de veinticuatro de abril del año en curso; por tanto, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de misma fecha, por lo que se deja sin efecto el apercibimiento ahí decretado. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" En relación con esta causa de improcedencia, destaca la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 858, materia civil, tomo CIV, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época que dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO." Así también es conveniente citar la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; sin embargo, conforme al texto de la ley de la materia y a las interpretaciones jurisprudenciales citadas, la procedencia del juicio de amparo está condicionada, entre otros supuestos, a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, el motivo de improcedencia a que alude la fracción XXII del numeral 61 de la ley de la materia, surge a partir de que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten. Lo hasta ahora expuesto, tiene relevancia en el caso concreto, en virtud que la quejosa reclamó en esta instancia constitucional la falta de atención médica en el centro carcelario en donde se encontraba recluida. Ahora bien, de las copias certificadas de cuenta, remitidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante oficio ***, dictado en autos del SIPE ***, emanado de la causa penal ***, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, ordenó el egresó de la quejosa ***, por acogerse al beneficio de condena condicional, respecto del delito de contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en su hipótesis de venta del estupefaciente denominado cannabis sativa l. comúnmente conocido como marihuana, previsto y sancionado por el artículo 195, en relación con los numerales 193 y 194, fracción I del Código Penal Federal; la cual fue materializada el siete de abril de dos mil dieciocho, tal y como se advierte del acta número ***. Luego entonces, a pesar de que en la fecha en que se puso en movimiento a este órgano de control constitucional (veintiuno de febrero de dos mil dieciocho), aún se encontraba recluida en dicho centro penitenciario, con fecha siete de abril de dos mil dieciocho, la quejosa egreso del centro penitenciario en el que guardaba reclusión, por lo cual deja de existir la materia sobre el cual se solicitó la protección de la justicia de la Unión. Así las cosas, aun cuando subsiste en el mundo fáctico la materia de reclamo a través del presente juicio constitucional, con motivo del egreso de la impetrante de amparo el siete de abril de dos mil dieciocho, se destruyó el objeto de la petición de la solicitante del amparo, por ende, en caso de concluirse que los actos reclamados que se combaten son inconstitucionales, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce de la garantía que se estima violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues la misma ha egresado del centro penitenciario en donde se podría hacer cumplir dicha determinación. En tal virtud, y aun cuando subsiste el acto reclamado (la falta de atención médica en el centro penitenciario en el que guardaba reclusión) la concesión de amparo que pudiera alcanzar la quejosa no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, dado que en fecha siete de abril del año en curso, la quejosa egresó del centro penitenciario en donde se encontraba recluida, de lo que se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de conformidad con el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia. Cobra aplicación, una vez más, por su contenido jurídico la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS." Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Por tanto, desde este momento se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Finalmente, tomando en consideración el egreso de la quejosa del centro penitenciario en donde se le practicaban las diligencias de notificación en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, el presente auto y los subsecuentes, por medio de las listas de acuerdos que se fijan en un lugar visible de este Juzgado Federal. Notifíquese; y personalmente a ***.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la razón actuarial asentada por el fedatario adscrito a este Juzgado de Distrito, en la que hace constar la imposibilidad que tiene para notificar a la quejosa **, el auto de dieciocho de abril actual, en virtud de que al constituirse en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", fue informado por personal del área jurídica que la quejosa de referencia, egresó de dicho centro penitenciario, en atención al beneficio de condena condicional, por lo que no fue posible llevar a cabo la diligencia encomendada. En mérito de lo expuesto, requiérase a la Directora General de dicho Centro Penitenciario, para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación del presente auto, remita copia certificada, legible y completa del acta que acredite, tal circunstancia. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o de no informar dentro del mismo plazo el impedimento legal o material que tuviere para no hacerlo, se hará acreedor a una medida de apremio... Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no ha sido rendido el informe justificado por la autoridad responsable Titular del Área Técnica del Centro Federal Numero 16 "CPS Femenil Morelos"; sin embargo, no obra en este expediente la constancia de emplazamiento respectiva. En consecuencia, en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena regularizar el procedimiento, a efecto de que se notifique a la citada autoridad el contenido del auto de veintitrés de febrero actual, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijando en su lugar las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

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