Vanessa Patricia Cerezo Lara
Expediente 894/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Vanessa Patricia Cerezo Lara
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Eugenia Mora Velasco apoderada legal de Vanessa Patricia Cerezo Lara y Ernesto Arévalo Martínez, HA CAUSADO ESTADO. Por lo tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual se desechó la demanda de amparo. Finalmente, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a la parte quejosa por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de septiembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por María Eugenia Mora Velasco apoderada legal de Vanessa Patricia Cerezo Lara y Ernesto Arévalo Martínez, contra actos del Congreso del Estado de México y otra autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 894/2021-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo, deben digitalizar las constancias que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causal de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." A partir de lo anterior, es importante referir que de una lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa, señala como actos reclamados, en esencia, los siguientes: El artículo 2.133 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, con motivo de su primer acto de aplicación; y El auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan; en el cual denegó la solicitud para conceder un segundo plazo complementario para el desahogo de pruebas, en los autos del expediente 278/2020, como primer acto de aplicación de la norma impugnada. En esos términos, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, Constitucional, en correspondencia con el numeral 107, fracción V, de la citada legislación de la materia, que dicen: Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Constitución "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los actos procesales (dictados dentro de un procedimiento judicial) tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no podrían destruirse con la resolución del asunto. Es decir que los efectos de dichos actos no pueden ser remediados fácticamente con el sólo hecho de que quien sufre la violación procesal obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que únicamente provocan la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, los actos reparables o de posible reparación, son aquellos que únicamente afectan los denominados derechos adjetivos o procesales, porque sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, incidiendo en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; en esa línea, cuando se logra este objetivo primordial, los efectos o consecuencias de tales actos se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Además es importante resaltar que la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Pues bien, se reitera que el amparo indirecto procede únicamente, contra actos dictados dentro de un juicio que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos. Luego entonces, si en el presente asunto el acto reclamado, como primer acto de aplicación del artículo 2.133 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, fue el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, a través del cual determinó no conceder una segunda ampliación del periodo probatorio, para que la parte aquí quejosa pudiese agregar ciertas pruebas documentales, toda vez que la Comisión Nacional Bancaria y un agente del Ministerio Público no las ha remitido, a pesar de haber sido solicitados; resulta notorio y manifiesto que no constituyen un acto de imposible reparación, en tanto que no es susceptible de transgredir en perjuicio de la quejosa algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior, pues ese acto únicamente tiene como efecto que el juicio de origen continúe, sin que en el periodo de desahogo de pruebas se hubiesen recibido las documentales a que hace referencia la parte quejosa; por consiguiente, la resolución que desestimó la solicitud de ampliar por segunda ocasión el periodo probatorio, produce únicamente el efecto de que se continúe con las siguientes etapas del juicio (sin las pruebas documentales que se pretendían incorporar), y que en su momento, se dicte la sentencia correspondiente sin esos elementos de convicción, cuestiones que no implican violaciones a ningún derecho sustantivo de los quejosos, como su privacidad, honor, vida, libertad o a algún otro derecho sustantivo. Por ende, es claro que el acto aquí reclamado, en todo caso, produce efectos de carácter formal o intraprocesal, los cuales podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia definitiva que llegue a pronunciarse en el procedimiento de origen, podría serle favorable a los quejosos; por otro lado, aún si la sentencia definitiva resultare contraria a sus intereses, entonces los quejosos se encontrarían en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente y una nueva demanda de amparo directo, en el cual se podrán impugnar precisamente los aspectos relacionados con la admisión de pruebas y la ampliación del plazo para el desahogo de pruebas. Siendo así, es claro que las consecuencias de la posible irregularidad del acto reclamado, son susceptibles de extinguirse sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de los gobernados y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo dicho acto no resulta irreparable, ya que sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Por otra parte, no pasa desapercibido el hecho de que la parte quejosa también reclame la inconstitucionalidad del artículo 2.133 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; sin embargo, debe precisarse que cuando se reclama la inconstitucionalidad de una norma general con motivo de su primer acto de aplicación en un acto dentro de juicio, se debe atender a las reglas específicas aplicables para el amparo judicial: a) si el acto de aplicación tiene una ejecución de imposible reparación, se podrá impugnar en amparo indirecto, y b) si el acto sólo produce efectos intraprocesales, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. Además, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reflejado en la jurisprudencia de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo indirecto contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la quejosa, no puede desvincularse el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. En ese sentido, si el amparo es notoriamente improcedente contra el acto de aplicación, igualmente lo será contra la legislación reclamada. Por lo tanto, si en el caso dicha norma se impugna con motivo de su primer acto de aplicación, a través del acuerdo en el que el juez responsable denegó la petición de ampliar por segunda ocasión el plazo complementario probatorio, y como se vio, ese acto no produce efectos de imposible reparación, entonces la causal de improcedencia también se entiende actualizada en relación con la norma impugnada. En otras palabras, dado que el juicio de amparo es improcedente contra la determinación dictada en un procedimiento judicial en el que la parte quejosa es parte, entonces, de forma extensiva, también lo es respecto de la expedición del artículo reclamado como inconstitucional. Sirve de apoyo por analogía la tesis XXIV.2o.16 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2400de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE ACTUALIZA CONTRA LAS DETERMINACIONES DE UN PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, TAMBIÉN LO ES, POR EXTENSIÓN, RESPECTO DE LA EXPEDICIÓN DE LOS ARTÍCULOS QUE SE RECLAMEN. Conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo indirecto contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la quejosa, no puede desvincularse el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. En ese sentido, si el amparo es notoriamente improcedente contra el acto de aplicación, igualmente lo será contra la legislación reclamada. En otras palabras, dado que el juicio de amparo es improcedente contra las determinaciones de un procedimiento de juicio político en contra de un servidor público, entonces, de forma extensiva, también lo es respecto de la expedición de los artículos reclamados." Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, constitucional, en correspondencia con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, consecuentemente, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por María Eugenia Mora Velasco apoderada legal de Vanessa Patricia Cerezo Lara y Ernesto Arévalo Martínez, contra actos del Congreso del Estado de México y otra autoridad. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora, toda vez que la promovente proporcionó los usuarios "MARUMORA03 y GEORGINA02", en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente asunto, así como las notificaciones que deriven del presente asunto; por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) para que realice las gestiones necesarias. Asimismo, se tienen a Arturo Mora Saavedra y Georgina Isabel Ascencio Sahagún como autorizados de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentran debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las demás personas mencionadas se les tiene como autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten tener su cédula registrada en el referido sistema. Se tiene a la promovente proporcionando el correo electrónico juridicomorav305@gmail.com, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tale medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así, en virtud de que para el caso de que la parte quejosa pretenda recibir notificaciones de manera electrónica debe solicitarlo de manera expresa conforme a los artículos 3° y 26, fracción IV, de la ley en cita; parámetros que en el caso que nos ocupa no se encuentran satisfechos por la parte promovente. INFORMACIÓN PARA LAS PARTES Se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargado del asunto, Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber: 5553870500, extensión 1392, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. De igual forma se informa a la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Y, de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Finalmente, sin que haya lugar a aperturar el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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