Vanessa Hernández López
Expediente 1354/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1354/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 25/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Vanessa Hernández López
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ---, por propio derecho, con anexos, contra actos del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca y otra autoridad. En consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 1354/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. Análisis del escrito de demanda. Ahora, previo a la admisión de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, los preceptos antes citados facultan al órgano constitucional a desechar la demanda cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia, lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". La disposición legal referida, encierra uno de los principios fundamentales del juicio de amparo; esto es, el de definitividad, el cual establece que dicha instancia únicamente es procedente contra actos definitivos, es decir, actuaciones respecto de las cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicha instancia, se deben agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto que se trate, por lo cual, el acto reclamado en un juicio de amparo, debe ser definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso. Luego, si la ley que rige la materia del acto reclamado prevé medios de impugnación capaces de anular o modificar el acto de autoridad impugnado, entonces, la parte quejosa antes de acudir a la sede constitucional, se encuentra obligada a agotar el principio de definitividad, pues como se afirmó, de no hacerlo el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama en esencia, el auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, dentro del juicio ejecutivo mercantil 109/2014, con motivo de la solicitud formulada por la demandada (ahora quejosa) el cuatro de noviembre de dos mil veintidós para que se ordenara -en etapa de ejecución- la devolución de una suma de dinero que a su consideración, le fue descontada de manera indebida. En la especie, del contenido del acto reclamado, mismo que fue anexado al escrito de demanda, se advierte que autoridad responsable acordó lo siguiente: (.) De lo que se advierte que la autoridad responsable, respecto al cúmulo de sus peticiones, previo a proveer de conformidad las mismas, se concretó a dar vista la actora para que manifestara lo que a sus derechos legales correspondiera. Determinación que aduce la parte quejosa, le causa agravio. En ese sentido, lo alegado por la quejosa constituye un acuerdo a través del cual, el juez responsable proveyó en una forma diversa a la pretendida por aquél, al ordenar dar vista a la parte contraria previo a emitir una determinación; y si bien la solicitud giraba en torno a la suspensión de un embargo o dejar sin efectos un embargo, la respuesta otorgada por la autoridad, es lo que ahora figura -con carácter positivo- la materia del acto reclamado y, ante tal supuesto, se debe agotar el medio ordinario de defensa. Precisado lo anterior, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso es parte en el juicio o procedimiento del cual derivan los actos reclamados, y no hace valer, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y sólo es procedente cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la Ley de Amparo precisan. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar las actuaciones del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueden revocar, nulificar o modificar; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b) y c), y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Expuesto lo anterior, debe decirse que contra el auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, procedía el recurso de revocación. En efecto, los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio disponen: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $757,365.46 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339" De los preceptos en mención se obtiene, en lo que aquí interesa, que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dictó; asimismo, que la apelación no procede en juicios mercantiles, entre otros supuestos, cuando el monto sea inferior a ********************por concepto de suerte principal. En las constancias relativas al juicio de origen, que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, se advierte que el monto de la suerte principal reclamada asciende a ********************Por tanto, las resoluciones que se emitan en ese sumario no son apelables, sino revocables, en términos del párrafo primero del artículo 1334 del Código de Comercio, de ahí que se afirma que la determinación reclamada era impugnable a través del recurso de revocación, el cual debió agotarse previo a la presentación de la demanda de amparo. Orienta la anterior afirmación, además, la tesis aislada XII.3o.(V Región) 1 C (10a.), con número de registro digital 2000882, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, de rubro y texto: "RECURSO DE REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NO DECRETA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN UN JUICIO MERCANTIL EN EL QUE POR LA CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. La interpretación gramatical del artículo 1334 del Código de Comercio lleva a considerar que procede el recurso de revocación contra los autos que no son apelables y los decretos emitidos por el Juez de instancia. Por tanto, si se determinó la no caducidad en el procedimiento primario, es indudable que el recurso que procede contra esa negativa es el de revocación, máxime que en razón de la cuantía ni siquiera la sentencia definitiva resulta apelable en términos del diverso numeral 1340 de la legislación invocada con antelación y, por ende, al no haberse agotado el citado medio de impugnación, se considera que es un acto consentido, no factible de estudio en el juicio de amparo directo". Así como también, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro 2017117, rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Por tanto, se insiste que de manera previa a la promoción del presente juicio de derechos fundamentales, la aquí promovente, como parte en la controversia de origen, se encontraba obligada a interponer el indicado medio de impugnación a efecto de agotar el principio de definitividad y, al no haberlo hecho, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, razón por la cual es notoriamente improcedente la demanda de amparo. Cabe destacar que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, esto es, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; las órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis. Resulta aplicable la tesis XIX.2o.13 K, con número de regtistro digital 203473, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, enero de 1996, materia: común página 340, registro: 203473, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su escrito de demanda y como autorizados a ********************y********************, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por sí tener su cédula profesional registrada en la base de datos del Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, asimismo, se tiene como autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a las demás personas que menciona en su escrito, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza a la Secretaria Judicial para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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