Vanessa Guadalupe Hernández Gutiérrez

Expediente 598/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
598/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
04/10/2021

Partes del expediente

  • Vanessa Guadalupe Hernández Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de trece de julio de dos mil veintiuno se declaró firme el desechamiento de la demanda de amparo y se ordenó el archivo del asunto como concluido, no obstante, el veintiocho de septiembre siguiente se dictó acuerdo con idéntica finalidad. En consecuencia, se ordena tomar en cuenta para todos los efectos procesales las actuaciones practicadas en primer lugar. Lo anterior obedece a que con el primer auto y la primera notificación se cumplen cabalmente los fines buscados, es decir, causar estado al auto de desechamiento y darlo a conocer a la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus razones, la jurisprudencia número 1a./J. 18/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, visible en la página 201, de rubro: "NOTIFICACIONES EN AMPARO. SI NO SE ORDENÓ SU PRÁCTICA EN UNA FORMA ESPECÍFICA, Y SE REALIZARON DOS O MÁS DILIGENCIAS RESPECTO DE UNA MISMA RESOLUCIÓN, SE TOMARÁ EN CUENTA, PARA TODOS LOS EFECTOS PROCESALES, LA PRIMERA QUE SE HAYA LLEVADO A CABO." Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Así, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se desechó la demanda.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Radicación Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por..., por derecho propio, contra el acto atribuido a la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco y otras autoridades; fórmese expediente con el número 598/2021-III que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. Acto reclamado Del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: El acuerdo emitido el dieciséis de junio de dos mil veintiuno en el juicio laboral J8/640/2020, que admitió a trámite el incidente de nulidad de notificaciones planteado por la parte demandada. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En el presente asunto el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenado con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo -este último interpretado en sentido contrario-, por no ocasionarse un perjuicio de imposible reparación. El motivo de improcedencia analizado radica en que cuando a través del juicio de amparo indirecto se reclaman actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente, por tratarse de actos intraprocesales que son susceptibles de ser reparados al momento de dictarse la sentencia de fondo correspondiente o, en su caso, reclamables a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, el caso de excepción a la citada regla de improcedencia se presenta cuando se reclama un acto emitido dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la propiedad, la libertad, la vida, entre otros. Actualmente, el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", ya que determinó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. El Alto Tribunal del país enfatizó que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivos, ya que en éstos últimos, la afectación que pueden llegar a causar no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como quedó apuntado, la parte agraviada se duele de que las autoridades adscritas al tribunal obrero responsable admitieron a trámite el incidente de nulidad de notificaciones planteado por su contraparte, a pesar de ser notoriamente improcedente, ya que la actuación que estiman viciada surtió sus efectos como si hubiera sido practicada conforme a la ley al haber comparecido los demandados a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Sin embargo, pese a lo sostenido por la promovente, con la emisión del auto impugnado no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo, en razón que sus consecuencia no tienen injerencia sobre de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; por el contrario, la única consecuencia que conlleva la actuación de las responsables radica en que se substancié el incidente de nulidad hecho valer. Es más, los perjuicios que pudiera irrogar la determinación combatida podrán ser reparados en el laudo que llegue a dictarse en el procedimiento de origen, en el cual se pondrá de manifiesto, en todo caso, si las infracciones que ahora argumenta la parte impetrante le deparan o no algún perjuicio, pues pudiera darse el caso que el tribunal responsable dictara fallo a su favor, o en su defecto, podrá hacer valer como conceptos de violación los actos procesales que aquí reclama al momento de impugnar dicha resolución en amparo directo, conforme lo establecido por el artículo 172 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 94/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." De igual manera resulta ilustrativa, por las consideraciones que la integran, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, de contenido: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Vanessa Guadalupe Hernández Gutiérrez, por derecho propio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Por así solicitarlo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, las listas, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, se autorizan a las personas que refiere en los términos amplios del precepto 12, primer párrafo, de la legislación de la materia. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciocho de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. Transparencia Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. Expediente electrónico Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Exhortación a tramitar asuntos "en línea" En términos del artículo 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese por lista a la quejosa.

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