Vanessa Fuentes Espinosa y Otros.
Expediente 638/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 638/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Vanessa Fuentes Espinosa y Otros.
- Vanessa Fuentes Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional se pronuncia respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, con base en los elementos que obran en el expediente y como dicha determinación es de carácter oficioso, de conformidad con lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo, procédase a su estudio. Mediante sentencia del treinta de junio de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero del Poder Judicial del Estado de México, dejara insubsistente el auto del diecisiete de mayo de dos mil veintidós (únicamente por cuanto hace a la medida provisional ordenada en el punto dos), emitido en el expediente 16/2022. Posteriormente, mediante acuerdo del tres de agosto de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento. Seguida la secuela procesal mediante oficio con registro 11301, el Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero del Poder Judicial del Estado de México, remitió copia certificada del acuerdo del cinco de agosto pasado, del que se advierte que se dejó insubsistente el acuerdo del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en cuanto hace a la medida provisional ordenada en el punto dos, emitido en el expediente 16/2022, en el que determinó el régimen provisional de visitas y convivencias presenciales entre el menor de edad de iniciales P.R.F. y su progenitor Daniel Alexis Romero Meza, y emitió otro en atención a las consideraciones de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. Documental que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2o. Con lo anterior se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa, a la representante especial del menor quejoso y por lista electrónica al tercero interesado. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de agosto de dos mil veintidós. Téngase al Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero del Poder Judicial del Estado de México, acusando recibo del tomo de pruebas que le fue devuelto y remitiendo las constancias con las que dice dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que en el plazo de tres días expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa, a la representante especial del menor quejoso y por lista electrónica al tercero interesado. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del treinta de junio del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria; lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas y glósense al presente expediente los relativos al incidente de suspensión, para los efectos legales conducentes. Se requiere a la autoridad responsable, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañe las constancias necesarias en su apoyo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 267 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En congruencia con lo anterior, devuélvanse al Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero del Poder Judicial del Estado de México, el tomo de pruebas que acompañó a su informe justificado. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa, a la representante especial del menor quejoso y por lista electrónica al tercero interesado. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las ocho horas con treinta y cuatro minutos del treinta de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 638/2022-I, promovido por ************, por derecho propio, y en representación de su menor hijo de iniciales P.R.F., ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Período de pruebas. Abierto este período, el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, y la autoridad responsable. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas que obran en autos. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe.V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 638/2022-I; y, R E S U L T A N D O I. ************, por derecho propio, y en representación de su menor hijo de iniciales P.R.F., solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Nicolás Romero del Poder Judicial del Estado de México. II. Por auto del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo con el número 638/2022-I; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado ***********; se ordenó la designación de un asesor jurídico que representara al menor de edad de iniciales P.R.F.; y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la demarcación territorial en la que decide el derecho este Órgano Jurisdiccional. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: El auto del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, emitido en el expediente 16/2022, a través del cual el Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Nicolás Romero del Poder Judicial del Estado de México, determinó un régimen provisional de visitas y convivencias presenciales entre el menor de edad de iniciales P.R.F. y su progenitor Daniel Alexis Romero Meza. Tercero. Es cierto el acto que se le atribuye al Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Nicolás Romero del Poder Judicial del Estado de México. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Cuarto. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, sea que la invoquen las partes, o se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable sostiene que es improcedente el juicio de amparo en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la legislación de amparo, dado que la resolución del quince de diciembre de dos mil veintiuno (sic), se han considerado primordialmente mecanismos que garanticen el derecho de los menores de edad a mantener relaciones personales y de trato directo con cada uno de sus padres de forma regular. Es infundada toda vez que no señala cuál es la disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, de la cual resulta la improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 137/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Octubre de 2006, materia Común, página 365, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN". Quinto. Al no existir diversa causa de improcedencia que conduzca a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, se procede al estudio de los conceptos de violación, los cuales se considera innecesaria su transcripción y se tienen por reproducidos en términos del escrito de demanda. La parte quejosa en sus conceptos de violación señala que la autoridad viola en su perjuicio el artículo 4o.constitucional, ya que el acto reclamado fue dictado sin atender las circunstancias concretas en que su menor hijo de tres años se encuentra, toda vez que la responsable decretó un régimen de convivencias presencial (que el progenitor recoja al menor del domicilio donde está todos los días domingos de once a dieciocho horas), sin que exista un relación de convivencia previa paterno-filial por más de un año. En razón de que en el presente asunto se encuentra involucrado un menor de edad resulta oportuno precisar algunas cuestiones inherentes al interés superior del menor. El interés superior del niño, se encuentra establecido en el artículo 4o. Constitucional; exige de los órganos constitucionales o jurisdiccionales, que toda actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses, esté orientada por su interés superior. Esto es, el interés superior del menor es una institución jurídica compleja, que pretende que todos los poderes y órdenes de gobierno, emprendan cualquier acción que esté a su alcance para asegurar el bienestar de los menores; aunado a que el ejercicio y desarrollo de los derechos de los infantes, deben ser considerados principios rectores en la elaboración y aplicación de las normas que tengan un impacto en sus vidas. En esta misma línea, según lo dispuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) Como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea una consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) Como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, c) Como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.5o.C. J/14, bajo el número de registro 162563, visible en la página 2187, tomo XXXIII, marzo de 2011, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO." Así como la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 de la décima época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro XV, diciembre de 2012, tomo 1, página 334, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO." Y la tesis CCCLXXIX/2015 (10a.), visible en la página 256, libro 25, diciembre 2015, tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO". Es fundado el concepto de violación, en suplencia de la deficiencia de la queja, con fundamento en la fracción II del artículo 79 de la legislación de amparo, pues existe en perjuicio de la parte quejosa, una violación formal que la coloca en estado de indefensión, en virtud de las consideraciones que enseguida se exponen. Los artículos 14 y 16 constitucionales imponen la obligación a las autoridades de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad; además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se demuestre la configuración de las hipótesis normativas para el caso concreto. La fundamentación y motivación se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la controversia, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. Por tanto, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendente a establecer sobre bases objetivas, la racionalidad y legalidad de aquéllos a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y arbitrariedad en las decisiones de la autoridad, lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos en los cuales se sustentan. En tales condiciones, se concluye que toda resolución jurisdiccional debe cumplir con el principio de legalidad, que es esencia del régimen jurídico de un Estado de derecho, específicamente con su elemento esencial consistente en que debe estar debidamente fundada y motivada. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Lo anterior revela que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, término que jurisprudencialmente se ha entendido como sustento de dos principios: el de congruencia y exhaustividad, que deben contener los autos y resoluciones dictadas por una autoridad jurisdiccional, los cuales no deben interpretarse limitativamente, es decir, que sólo en este tipo de acuerdos, fallos o resoluciones deba colmarse aquel derecho fundamental, sino en sentido amplio, esto es, que todas las resoluciones emitidas por autoridades que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales deben estar fundadas y motivadas con el fin de otorgar seguridad jurídica al gobernado con motivo del acto de autoridad. Ahora, de las constancias que obran en el expediente familiar de origen, como se aprecia de los antecedentes reseñados, en auto del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, emitido en el expediente 16/2022, el Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Nicolás Romero del Poder Judicial del Estado de México, determinó un régimen provisional de visitas y convivencias presenciales entre el menor de edad de iniciales P.R.F. y su progenitor Daniel Alexis Romero Meza, en los siguientes términos: "Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.138, 1.164, 1.215, 5.3 bis, y 5.16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México en vigor, SE FIJA UN RÉGIMEN DE VISITIAS Y CONVIVENCIAS PRESENCIALES, entre el menor de identidad resguardada de iniciales P.R.F. y su progenitor DANIEL ALEXIS ROMERO MEZA, de la siguiente manera: los días DOMINGOS de CADA OCHO DÍAS, a partir de las ONCE HORAS, debiendo recogerlo en el domicilio de su progenitora donde ejerce la guardia y custodia y reincorporándolo en el mismo domicilio a las DIECIOCHO HORAS del mismo día, dando inicio el día domingo veintidós (22) de mayo del dos mil veintidós (2022), en el entendido que para el caso de que las partes hagan valer algún incumplimiento respecto al desarrollo de dichas convivencias se acordara la entrega recepción del menor ante el Oficial Conciliador o Calificador del C4 de Nicolás Romero, Estado de México o el desarrollo de las mismas en el Centro de Convivencia Familiar de Ecatepec del Poder Judicial del Estado de México, lo que se determine más conveniente atendiendo al interés superior de la menor, sin perjuicio de que se le de intervención al Ministerio Público por el incumplimiento a un mandato judicial, por el momento no se hace determinación alguna, por lo que hace a periodos vacacionales, días festivo y días inhábiles". De lo anterior se desprende que el acto reclamado adolece del principio de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener; en principio, porque la autoridad responsable fundamentó su actuar, entre otros, en los artículos 1.134, 1.138, 5.3 bis y 5.16 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México; sin embargo, esos numerales se refieren a los principios de exactitud y dirección del proceso, que facultan a los jueces para guardar la mayor precisión en los trámites y plazos marcados por la ley, así como a la posibilidad de tomar las medidas que ordena la ley para prevenir y, en su caso, sancionar cualquier actividad u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas o dilatorias; además, la aplicación de la suplencia de la queja en las controversias del orden familiar y del estado civil de las personas, asimismo la protección debida del interés de la familia y en particular, los derechos e intereses de los menores, aunado a que el interés superior de niñas, niños y adolescentes es la prioridad respecto de cualquier otro derecho; sin embargo, no se realizó una adecuación concreta y específica de aquellos preceptos, con el tema sobre el que versa el auto combatido, a saber: la fijación del régimen de convivencia de Daniel Alexis Romero Meza con el menor de iniciales P.R.F. Lo anterior se afirma, pues el juez responsable no expresó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para arribar a la conclusión de por qué estimó pertinente establecer un régimen de convivencia paterno-filial en los términos en que el juez lo hizo, pues únicamente lo decretó, sin esgrimir razonamiento lógico-jurídico alguno, ni valorar las razones expuestas por la progenitora, y en su caso, los medios de convicción que hayan sido ofrecidos y exhibidos, de ser el caso, con su escrito de demanda, pues únicamente enfatizó que su determinación se emitía con base en el interés superior del menor, e invocó los preceptos legales descritos. Así, el juzgador familiar del conocimiento no expresó las razones que justifican la medida adoptada en relación con el régimen de convivencias entre Daniel Alexis Romero Meza con el menor de iniciales P.R.F., toda vez que, se insiste, no explicó qué consideraciones tomó en cuenta para concluir en la decisión adoptada, además no realizó ponderación alguna de las manifestaciones de la actora acerca del tema sobre el lazo de afectividad entre el impúber y su padre, pues según sus manifestaciones, el menor no ha convido con él; además, tampoco esgrimió una postura respecto de los medios de prueba ofrecidos por la ahora quejosa, a efecto de determinar si evidencian alguna influencia negativa en la convivencia decretada, con el objeto de justificar el régimen de convivencias más benéfico para el menor. En efecto, la autoridad responsable dejó al menor quejoso en estado de indefensión, pues no expresó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para arribar a la conclusión en relación con el régimen de convivencias que decretó; por el contrario, se limitó a fijarlo sin atender a las causas particulares referidas por la progenitora ni a una valoración preliminar de las pruebas ofrecidas. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 1/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, undécima época, registro digital 2024135, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. CUANDO SE ADVIERTAN AFECTACIONES A LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EL TRIBUNAL TIENE LA OBLIGACIÓN DE ESTUDIARLAS A LA LUZ DEL REFERIDO PRINCIPIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE TALES LESIONES NO HAYAN SIDO MATERIA DE CONTROVERSIA NI LOS MENORES DE EDAD PARTE EN EL JUICIO". Bajo ese contexto, se estima que el juez responsable debió citar con precisión los preceptos jurídicos adecuados en que fundó su determinación y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para arribar a la conclusión de que el régimen de convivencias que decretó entre, Daniel Alexis Romero Meza con su menor hijo identificado con las iniciales L.I.M.L. es el más benéfico para el impúber, de acuerdo a sus circunstancias particulares; además debió realizar un estudio pormenorizado de las manifestaciones de la actora, ahora quejosa, en relación con el tema sobre el lazo de afectividad y de los medios de convicción ofrecidos, en su caso, para tal efecto, con el objetivo de evidenciar que el régimen que fijó es el adecuado para salvaguardar la integridad y el correcto desarrollo del citado infante, siempre atendiendo al interés superior de éste. De ahí que se estime que la autoridad responsable violó en perjuicio del menor quejoso la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, pues como se advirtió, la determinación reclamada carece de debida fundamentación y motivación, pues no expuso los razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a dictar el acto reclamado. Al respecto se invoca la jurisprudencia II.2o.C. J/30, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, abril de 2011, página 1085, novena época, registro digital 162402, de rubro: "CONVIVENCIA, RÉGIMEN DE. PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA SU CORRECTO DESARROLLO ENTRE MENORES Y SUS PROGENITORES, CUANDO ÉSTOS SE ENCUENTRAN SEPARADOS O DIVORCIADOS". En consecuencia, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos: - El Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero del Poder Judicial del Estado de México, deje insubsistente el acuerdo del diecisiete de mayo de dos mil veintidós (únicamente por cuanto hace a la medida provisional ordenada en el punto dos), emitido en el expediente 16/2022, en la parte en la que determinó un régimen provisional de visitas y convivencias presenciales entre el menor de edad de iniciales P.R.F. y su progenitor Daniel Alexis Romero Meza. - Emita otro en el que, con plenitud de jurisdicción, funde y motive la causa legal de su actuar, en atención a las consideraciones de esta sentencia; es decir, deberá citar con precisión los preceptos jurídicos adecuados en que funda su determinación y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para decretar el régimen de convivencias respectivo; además, de realizar un estudio pormenorizado de las manifestaciones de la actora, ahora quejosa, en relación con el tema sobre el lazo de afectividad y de los medios de convicción ofrecidos, en su caso, para tal efecto, con el objetivo de evidenciar que el régimen que fijó es el adecuado para salvaguardar la integridad y el correcto desarrollo del citado infante, siempre atendiendo al interés superior de éste. Lo anterior, con independencia de la procedencia o no de la medida adoptada con relación al régimen de convivencias entre el menor quejoso con su progenitor, pues la violación advertida por este juzgador únicamente es de naturaleza formal. Es importante hacer notar que no corresponde a este Juzgado Federal, por ser contrario a la técnica que rige el juicio de amparo, substituirse a la autoridad responsable en el dictado de sus resoluciones, es decir, no es dable en el juicio de amparo, establecer una determinada invocación de disposiciones legales o argumentos que la autoridad no realizó, lo que se traduciría propiamente en motivar el acto de autoridad que se combate, pues, se reitera, por mandato constitucional, es a la autoridad que emite dicho acto a quien le corresponde hacerlo. Sirve de apoyo la jurisprudencia IX.2o. J/14 del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con registro digital 210154, materia Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 82, Octubre de 1994, página 59, de rubro: "JUEZ DE DISTRITO, EN SU RESOLUCIÓN NO PUEDE SUPLIR LAS DEFICIENCIAS EN EL FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***********, por derecho propio, y en representación de su menor hijo de iniciales P.R.F., en términos y para los efectos del último considerando de la presente resolución. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa, a la representante especial del menor quejoso y por lista electrónica al tercero interesado. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.
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