Vanessa Avendaño Trejo

Expediente 455/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
455/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
14/04/2023

Partes del expediente

  • Vanessa Avendaño Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    (1)...Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés (fojas 23 a 28), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, es susceptible su destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    (3)...Visto el estado de autos de los que se desprende que en proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés se requirió a la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad con sede en Tizayuca Hidalgo, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación del dicho proveído, diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los siguientes términos: 1. Deje insubsistente el oficio * de ocho de julio de dos mil veintidós. 2. Emita otro en el que, a través de quien legalmente corresponda (conforme al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad), dé respuesta lógica y coherente a la petición escrita del quejoso relativa a la expedición de copias certificadas del expediente administrativo iniciado con motivo del ajuste practicado por personal de la Comisión Federal de Electricidad (en el servicio con número de registro **). 3. En el entendido de que si la autoridad responsable considera que no tiene las funciones para atender la solicitud del quejoso, su obligación es canalizarla al área correspondiente de la Comisión Federal de Electricidad que corresponda, a fin de realizar todas las gestiones necesarias para expedir y entregar al impetrante la totalidad de las copias certificadas del expediente administrativo que hubiere formado y que obren en sus archivos. Sin que a la fecha haya dado cabal cumplimiento a lo requerido, no obstante haber quedado notificado el catorce de marzo actual tal como se advierte en la pieza postal acuse de recibo *. En consecuencia, de conformidad con lo que dispone el numeral 17 Constitucional y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la autoridad responsable precitada para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a cabalidad con la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en los párrafos precedentes. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, 238 y 258 de la Ley de Amparo, asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Turno de este Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del segundo párrafo del artículo 192 invocado.

  3. Principal

    (3) Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto *** acompañando las constancias relativas a la notificación del quejoso Omar López Noble. Consecuentemente, advirtiéndose de las constancias que remite la autoridad oficiante que se llevó a cabo la diligencia encomendada, se tiene por notificado al citado quejoso del auto de quince de marzo de dos mil veintitrés Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante se advierte que en la diligencia realizada el veintidós de marzo de la presente anualidad el quejoso ***manifestó su voluntad de que este juzgado le auxilie para que se le designe un Defensor Público Federa y/o Asesor Jurídico, para que lo asista en el trámite del presente juicio. En ese sentido, debe tomarse en consideración el testimonio de ejecutoria pronunciado en sesión ordinaria virtual de dos de marzo de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de queja *** del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mismo que ordenó reponer el procedimiento del presente juicio de amparo, a fin de que, ésta juzgado federal, siguiera las directrices marcadas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), dentro de las cuales, se observa lo siguiente: ".101. Esta Primera Sala considera que si convergen las circunstancias destacadas, el órgano de control constitucional, en el primer acuerdo que dicte en el juicio de amparo indirecto o inmediatamente después de que advierta esas circunstancias (cuando no se desprendan de la demanda), deberá prevenirle para que designe a un profesional del derecho que le asista durante el juicio de amparo indirecto penal, lo que el quejoso podrá hacer ante el actuario judicial en el acto mismo de la diligencia en la que se le comunique esa prevención, o bien, dentro de los tres días siguientes a que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. 102. Si al vencimiento del plazo de tres días concedido a la persona quejosa no quiere o no puede nombrar un abogado que le asista, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura; defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etcétera-, con base en la interpretación conforme de las disposiciones relevantes, y esta institución no podrá negarse a prestar el servicio." Atendiendo a las directrices marcadas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes señalada, queda claramente evidenciado que, una vez que se prevenga al quejoso para que designe un abogado que le asista en el juicio de amparo, y solicite que se le designe a uno para tal efecto, el órgano jurisdiccional deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual, requerirá a la defensoría pública correspondiente, es decir, federal o local, a fin de que de manera inmediata proporcione el servicio, institución que no podrá negarse a prestar el servicio. En este punto, debe quedar debidamente establecido que la Primera Sala, en la jurisprudencia en comento, señaló que de manera general tratándose de un juicio de amparo penal, en caso de que el quejoso no cuente con un abogado, se le debe preguntar si desea señalar uno que le asista, y que de no hacerlo, se le deberá nombrar uno de oficio; para lo cual, se deberá requerir a la defensoría pública correspondiente, es decir, a la federal o local. Empero, no realiza mayor pronunciamiento en torno a cuando debe designarse a un abogado federal o local; de ahí que, esta Juzgadora, considera que, en torno a ese tópico, se puede realizar un análisis exhaustivo para verificar en el caso en específico, a que defensoría se requerirá para que de inmediato designe un abogado que asista al quejoso en el presente juicio de amparo. En el caso, se advierte que el aquí quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro, "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, es decir, se encuentra privado de su libertad en un centro federal de readaptación social que se ubica en una entidad federativa distinta a la de la autoridad que señala como responsable (Juzgado Primero de Ejecución del Primer Distrito Judicial en Pachuca). Motivo por el cual, conviene invocar como complemento al criterio jurisprudencial antes precisado, la diversa jurisprudencia PC.VIII. J/6 P (11a.), que fue invocada en el requerimiento que atiende, emitida por el Pleno del Octavo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, página 3808, Registro digital: 2024648, Undécima Época, Materias(s): Común, Penal, de rubro; DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL. LE CORRESPONDE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA, CUANDO SE PROMUEVE UN JUICIO DE AMPARO Y LA PERSONA QUEJOSA ESTÁ PRIVADA DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL QUE SE UBICA EN UNA ENTIDAD FEDERATIVA DISTINTA A LA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUYO JUICIO DE ORIGEN DERIVA DE UN ASUNTO QUE CORRESPONDE AL FUERO COMÚN. En la citada jurisprudencia, se determinó que los artículos 6 y 12 de la Ley Federal de Defensoría Pública deben ser interpretados de manera extensiva y armónica con el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 17 de la Constitución General, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el Instituto Federal de Defensoría Pública es el que cuenta con mayor infraestructura, recursos humanos, materiales y regulación de funcionamiento para brindar un servicio óptimo que abarque la República Mexicana, pues los servicios públicos estatales tienen una delimitación territorial respecto de la prestación de los servicios de asistencia técnica jurídica, lo que podría impactar en forma determinante en el derecho de defensa del promovente del amparo, dado que la necesidad de asistencia legal es apremiante y se encuentra en un estado de vulnerabilidad que le impide tener acceso a las actuaciones que resultan necesarias para su defensa. Además, se resaltó que el defensor público y el asesor jurídico federal están facultados para tener contacto directo con el promovente del amparo y coordinarse con su homólogo de otra entidad federativa para recabar actuaciones, desahogar prevenciones, ofrecer pruebas, interponer recursos, expresar alegatos y presentar cualquier promoción ante el órgano de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 5, fracción XIV, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública. En ese sentido, esta Juzgadora Federal, atendiendo al caso en particular y el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 17 de la Constitución General, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ordena al Titular de la Delegación en Hidalgo, del Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que de manera inmediata y en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, lleve a cabo las gestiones necesarias para que le sea nombrado al aquí quejoso, un Defensor Público y/o Asesor Jurídico que lo asista en el presente asunto, y éste a su vez, realice las gestiones necesarias a fin de ponerse en contacto con el impetrante en el lugar en el que se encuentra recluido, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 "NOROESTE" de Tepic, Nayarit, para lo cual, el Delegado requerido deberá informar a la brevedad las medidas tomadas para tal designación. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se reitera, le asiste aplicación a lo anterior, la jurisprudencia con rubro, texto y datos de localización siguientes: "Registro digital: 2024648 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: PC.VIII. J/6 P (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, página 3808 Tipo: Jurisprudencia DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL. LE CORRESPONDE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA, CUANDO SE PROMUEVE UN JUICIO DE AMPARO Y LA PERSONA QUEJOSA ESTÁ PRIVADA DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL QUE SE UBICA EN UNA ENTIDAD FEDERATIVA DISTINTA A LA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUYO JUICIO DE ORIGEN DERIVA DE UN ASUNTO QUE CORRESPONDE AL FUERO COMÚN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera divergente en relación con el servicio de defensoría pública que debe brindarse en un juicio de amparo indirecto en materia penal, cuando la persona quejosa está privada de su libertad, en un centro federal de readaptación social que se ubica en una entidad federativa distinta a la de la autoridad responsable, cuyo juicio de origen deriva de un asunto que corresponde al fuero común, ya que para uno de ellos es la defensoría pública local la que debe prestar el servicio, por tratarse de un asunto del orden común; mientras que para el otro, no existe impedimento para que la defensoría pública federal brinde la asistencia técnica jurídica, a efecto de salvaguardar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva del quejoso. Criterio jurídico: El Pleno del Octavo Circuito determina que corresponde a la defensoría pública federal brindar asistencia jurídica a un quejoso que se encuentra privado de su libertad en un centro federal de readaptación social que se ubica en una entidad federativa distinta a la de la autoridad responsable, cuyo juicio de origen deriva de un asunto que corresponde al fuero común. Sin que pase inadvertido que la jurisprudencia antes invocada corresponda a un pleno de circuito diverso a la residencia de éste Juzgado Federal, sin embargo, esta Juzgadora comulga con el criterio que ahí se sostiene.

  4. Principal

    (5) A las nueve horas del día de hoy se tiene por legalmente notificada a la parte QUEJOSA. . ., del proveído de VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, toda vez que no se presentó a notificarse ante este Juzgado Federal, del propio auto, como se le comunicó en citatorio de VEINTIOCHO DE MARZO DEL año en curso, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo... AUTO DE VEINTISIETE DE MARZO... I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ******, quien se ostenta como apoderado de la quejosa ******, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 455/2023-5. III. Decisión sobre la acción de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De la interpretación armónica de los numerales invocados, se advierte que, entre otras causas de improcedencia, se encuentran aquellas que puedan desprenderse de la ley, como cuando se promueve el juicio de amparo contra actos que no tienen una ejecución de imposible reparación. Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo anterior, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: 1. La primera, la exigencia que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. La segunda, en el sentido que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Ilustra lo anterior la jurisprudencia, cuyos datos de publicación, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2011338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Página: 1902 ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." El acto reclamado en este juicio de amparo consiste en la resolución interlocutoria de trece de diciembre de dos mil veintidós, en la que se declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones que promovió la parte demandada dentro del expediente laboral de origen *****, en contra de la diligencia de reinstalación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós; ello, al no cumplirse con las formalidades y requisitos establecidos en el artículo 739 de la Ley Federal de Trabajo. Empero, la resolución reclamada no causa un perjuicio ni afecta directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades, posesiones o derechos), por lo que, la parte quejosa podrá hacerla valer como violación procesal al promover juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva que, en su caso, se dicte en el juicio natural de origen y sea adversa a sus intereses, ello de conformidad con lo previsto en los numerales 171, primer párrafo y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; (.)". En efecto, las consecuencias que produce la aludida resolución no son de imposible reparación, pues en todo caso podría tener afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, por lo que de obtenerse una sentencia favorable dichas violaciones procesales son reparadas y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo, pues la simple procedencia del incidente de nulidad de actuaciones que promovió la parte demandada dentro del expediente laboral de origen *****, en contra de la diligencia de reinstalación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós; ello, al no cumplirse con las formalidades y requisitos establecidos en el artículo 739 de la Ley Federal de Trabajo, pone de manifiesto que tal actuación solo incide en aspectos de orden adjetivo, y su trascendencia, en su caso, se verá reflejado hasta el dictado de la resolución definitiva. Estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo, siempre y cuando afecten las defensas de la quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), registro digital 2006589 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por otra parte, no pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que el promovente del amparo no manifestó, bajo protesta de decir verdad, que la fotocopia electrónica de la carta poder de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés que exhibe para acreditar su personalidad es copia íntegra e inalterada del documento impreso; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo y en los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal; empero, a ningún fin práctico conduciría requerirle al promovente para que cumpla con dicha formalidad, porque el resultado sería el mismo (juicio de amparo improcedente). En este orden de ideas, el juicio de amparo de que se trata es improcedente, pues el acto reclamado no es de imposible reparación al no vulnerar en forma directa derechos sustantivos establecidos en el bloque de constitucionalidad formado por la Carta Magna y los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el diverso 113 de la ley reglamentaria en cita, se desecha la demanda de cuenta. Sustenta lo anterior, por no contravenir a la Ley de Amparo vigente, el criterio de jurisprudencia, cuyos datos de publicación, rubro y texto son: "Novena Época Registro: 194725 Jurisprudencia Tomo IX, Enero de 1999 Materia(s): Común Tesis: XVII.2o. J/11 Página: 648 DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLEDE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: ******. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica en su demanda de cuenta por así solicitarse expresamente. c. Consulta de expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3º y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes habilitar la consulta del expediente vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por conducto del usuario ******. d. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VI. Exhortación a que hace alusión el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: I. Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. VIII. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.

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