Vanessa Arreguín Rivera

Expediente 946/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
946/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • Vanessa Arreguín Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la promovente del amparo********************, no interpuso recurso de queja en contra del auto de diecinueve de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que presentó; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por ********************anessa Arreguín Rivera; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele desahogando el requerimiento formulado en providencia de diez de octubre del año en curso. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X********************I, en relación con el diverso ********************, fracción ********************, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" X********************I. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo ********************. El amparo indirecto procede: Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos meramente adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: El auto de siete de septiembre del año en curso, por el que se desechó el incidente planteado, en términos de los artículos 761 y 764 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a hechos que ocurrieron dentro de la audiencia de conciliación, de fecha dieciséis de junio pasado, en los autos del expediente ******************, de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad. Bajo esa tesitura, la resolución reclamada no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al ********************, si ésta es favorable a los intereses de la accionante y, en caso contrario, de resultar adversa, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos de la fracción ******************** del ******************** de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el ********************. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal que aduce la parte quejosa, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, merced que no se le afecta derecho sustantivo alguno del quejoso, siendo precisamente este supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo ********************, fracción ********************, de la citada ley de la materia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción X********************I del artículo 61, en relación con el diverso numeral ********************, fracción ********************, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por último, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele la copia certificada del instrumento notarial que adjuntó a su escrito inicial de demanda, previo copia certificada y recibo que de su entrega deje en autos.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a los autos el escrito signado por ********************anessa Arreguín Rivera; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele desahogando el requerimiento formulado en providencia de diez de octubre del año en curso. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X********************I, en relación con el diverso ********************, fracción ********************, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" X********************I. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo ********************. El amparo indirecto procede: Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos meramente adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: El auto de siete de septiembre del año en curso, por el que se desechó el incidente planteado, en términos de los artículos 761 y 764 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a hechos que ocurrieron dentro de la audiencia de conciliación, de fecha dieciséis de junio pasado, en los autos del expediente ******************, de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad. Bajo esa tesitura, la resolución reclamada no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al ********************, si ésta es favorable a los intereses de la accionante y, en caso contrario, de resultar adversa, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos de la fracción ******************** del ******************** de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el ********************. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal que aduce la parte quejosa, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, merced que no se le afecta derecho sustantivo alguno del quejoso, siendo precisamente este supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo ********************, fracción ********************, de la citada ley de la materia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción X********************I del artículo 61, en relación con el diverso numeral ********************, fracción ********************, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por último, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele la copia certificada del instrumento notarial que adjuntó a su escrito inicial de demanda, previo copia certificada y recibo que de su entrega deje en autos.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ************, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 946/2022-VII. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la demanda de amparo, es importante transcribir lo que al efecto dispone el artículo 114 de la Ley de Amparo: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, debe decirse que el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del numeral 114, en relación con el diverso 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: La fracción V del artículo 108 de la legislación en consulta dispone: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa en su demanda de amparo en el capítulo de ACTO RECLAMADO, señaló lo siguiente: "El contenido del auto de fecha 7 de septiembre de 2022, a través del cual se desechó el incidente planteado, en la que se solicitaba se tuviera por promoviendo incidente en términos de lo dispuesto por los artículos 761 y 764 de la ley de la materia, en cuanto hechos que ocurrieron dentro de la diligencia de fecha 16 de junio de 2022." De lo anterior se advierte que si bien la solicitante del amparo en su afán de cumplir con el aludido requisito, en el capítulo correspondiente a la precisión del acto reclamado, expuso que este se hace consistir en el auto de siete de septiembre del año en curso, mediante el cual se desechó el incidente que planteó, respecto de hechos que ocurrieron dentro de la diligencia de dieciséis de junio del año en curso. Sin embargo, del apartado antes transcrito, así como de la lectura integral de la demanda no se advierte la fecha en la que fue notificada de la determinación reclamada o en su caso, cuando tuvo conocimiento de la misma, ni el número de juicio laboral de donde emana el acto reclamado. Lo anterior es necesario para que el suscrito tenga la certeza de la fecha en la que tuvo pleno y cabal conocimiento de la misma, pues tal referencia es determinante para poder substanciar el sumario, ya que sin conocerse ese punto no será posible establecer la oportunidad de la solicitud de la tutela constitucional Razón por la cual, se hace necesario requerir a la quejosa para que, bajo protesta de decir verdad, precise la fecha en la que le fue notificado el auto de siete de septiembre del año en curso que reclama, o en su caso, tuvo conocimiento del mismo, así como del número de juicio laboral de donde emana el acto reclamado. Lo anterior, de conformidad con el contenido del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." De la transcripción del artículo anterior, se patentiza la penalización por afirmar hechos falsos u omitir los relacionados con el acto reclamado, con el propósito de obtener una ventaja procesal. De ahí que, de acuerdo con el contenido de tal precepto, la hoy quejosa se encuentre ceñida a manifestar "bajo protesta de decir verdad" la fecha en la que le fue notificado el auto que reclama, o en su caso, tuvo conocimiento del mismo, pues resulta relevante para conocer la verdad legal. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 108, fracción V, en relación con el 114, fracción II, de la ley de la materia, prevéngase a la quejosa para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise bajo protesta de decir verdad, la fecha en la que fue notificada del auto de siete de septiembre que reclama, o en su caso, tuvo conocimiento de dicha determinación; y El número de juicio laboral de donde emana el acto reclamado. Se reitera, que lo anterior sólo se tendrá por legalmente cumplido si la quejosa es quien la desahoga, dado que como ya se dijo en párrafos que anteceden, la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeta a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase a la quejosa, señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa en su demanda, y autorizando en términos de la última parte, segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **************, toda vez que no obra su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y en los términos antes precisados, a **************, por así haberlo solicitado. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que cuando practique la notificación personal, acate el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones. En otro contexto, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

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