Vanessa Abbud Zacarias

Expediente 129/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 28 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
129/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
20/03/2019

Partes del expediente

  • Vanessa Abbud Zacarias
  • Asamblea Legislativa de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Vistas las constancias que integran los presentes autos, de las que se advierte que mediante proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve (fojas 314 a 319), se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa y al efecto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordenó su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido; asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que el término de los quince días que establece el artículo 202, párrafo primero de la Ley de Amparo, para inconformarse contra la citada determinación de veinte de febrero de dos mil diecinueve, ha fenecido; en consecuencia, queda firme el citado auto de veinte de febrero de la presente anualidad. Por lo anteriormente expuesto, como se ordenó en el proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve (fojas 314 a 319), en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase los presentes autos al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, el presente expediente si es susceptible de depuración con excepción del escrito inicial de demanda, del escrito de ampliación en su caso, de la sentencia y su ejecutoria, de la resolución ejecutoria en su caso, del auto en que se tuvo por cumplida, y de este proveído, toda vez que este Juzgado de Distrito estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Ahora bien, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito y se advierte la existencia de documentos originales exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero último párrafo y vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ponen a disposición de la parte quejosa dichos documentos por el término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado a efecto de que recoja los mismos, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos al ser depurado el expediente.

  2. Principal

    ...se ordena la devolución de los documentos que en original o copia certificada hayan sido exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Finalmente, expídase a su costa copia certificada referida.

  3. Principal

    Ciudad de México; veinte de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en auto de veinticinco de enero de dos mil diecinueve (foja 284), a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "[.] En consecuencia, al quedar demostrado que el artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en dos mil dieciocho, vulnera en perjuicio de la quejosa el principio de equidad tributaria, en atención que a pesar de que se trata de inmueble de uso habitacional, no es sujeto de la reducción a que se hace referencia, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, respecto de dicho acto, que se atribuye a las autoridades Asamblea Legislativa y Jefe de Gobierno, ambos de la Ciudad de México, para el efecto de que hasta en tanto no sea reformado el artículo aludido, le sea aplicada a la parte quejosa la fracción II, punto 1, rango D, del referido precepto. En otras palabras, la parte quejosa, deberá aplicar a la mecánica del cálculo del impuesto predial la tarifa fija reducida, prevista en el artículo 130, fracción II, rango D, punto 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente para dos mil dieciocho. Ahora bien, en razón que de las constancias que integran los presentes autos se desprende que la parte quejosa ya realizó el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio de dos mil dieciocho, procede que se realice nuevamente el cálculo de dicho impuesto aplicando la tarifa prevista en el artículo 130, fracción II, rango D, punto 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, y de ser el caso, se le devuelva la diferencia que resulte previo cumplimiento de los requisitos de ley. Así, a efecto de respetar el carácter progresivo de la tarifa aplicable, conforme al cual, el impuesto predial aumenta escalonadamente con un margen de mínima diferencia conforme se avanza del límite superior del valor catastral de un rango, al límite inferior del siguiente, para concretar el efecto del fallo protector es necesario aplicar al valor catastral del inmueble de la parte quejosa, cualquiera que éste sea, los valores atinentes al límite inferior, al porcentaje sobre el excedente regulados para el rango D, y la cuota fija reducida prevista en el punto 1, de la fracción II, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, porque solo de esa manera se conserva la progresividad indicada. Estimar lo contrario, implicaría calcular el impuesto con los valores y porcentajes de los rangos del E al P, dependiendo del valor catastral y luego aplicar la mencionada cuota fija reducida del rango D, punto 1, fracción II, lo que implicaría que un inmueble de mayor valor, por estar ubicado en el límite inferior de un rango, tribute menos que uno de menor valor que se encuentre en el límite superior de un rango anterior. Sustenta lo anterior, la tesis I.10o.A.22 A (10a.), emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2183, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, julio de 2016, Tomo III, que dispone: "PREDIAL. LA DETERMINACIÓN DE LAS CANTIDADES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA EL BENEFICIO FISCAL QUE REGULA EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II, PUNTO 1, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, NO PUEDE DESCONOCER LA TARIFA PROGRESIVA DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2014). La concesión del amparo contra el beneficio fiscal de la reducción de pago del impuesto predial, regulado en el artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, vigente en 2014, por considerarlo violatorio del principio de equidad tributaria, tiene como efecto aplicar la cuota fija reducida regulada en el rango D de dicha porción normativa, a los inmuebles cuyo valor catastral se ubique entre los rangos E al P. En estas condiciones, si se toma en cuenta que lo que se declaró inconstitucional fue la porción normativa que regula ese beneficio fiscal, ello implica que la mecánica del tributo regulada en la fracción I de dicho precepto y que está diseñada sobre valores progresivos, continúa rigiendo el cálculo del impuesto. Por ello, a efecto de respetar el carácter progresivo de la tarifa aplicable, conforme al cual, el impuesto predial aumenta escalonadamente con un margen de mínima diferencia conforme se avanza del límite superior del valor catastral de un rango, al límite inferior del siguiente, para concretar el efecto del fallo protector es necesario aplicar al valor catastral del inmueble, cualquiera que éste sea, los valores atinentes al límite inferior y porcentaje sobre el excedente regulados para el rango D, porque sólo de esa manera se conserva la progresividad indicada. Estimar lo contrario implicaría calcular el impuesto con los valores y porcentajes de los rangos del E al P, dependiendo del valor catastral y luego aplicar la mencionada cuota fija reducida del rango D, punto 1, fracción II, lo que en la práctica implicaría caer en el absurdo de que un inmueble de mayor valor, por estar ubicado en el límite inferior de un rango, tribute menos que uno de menor valor que se encuentre en el límite superior de un rango anterior." En el entendido de que la concesión del amparo, no ampara la aplicación de multas y/o recargos por los pagos extemporáneos o diversa sanción relacionada con dicho pago, ni implica que se deban dejar sin efectos los beneficios que se obtuvieron, en su caso, por el pronto pago, pago anual o cualquier otro tipo de beneficio. [.]" De la anterior trascripción, en estricto acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito y, a efecto de que se encuentre cumplida la sentencia de amparo y restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONSISTEN EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES REALICEN LO SIGUIENTE: ? Para la determinación del impuesto predial del ejercicio dos mil dieciocho, se deberá aplicar a la mecánica del cálculo del impuesto predial la tarifa fija reducida, prevista en el artículo 130, fracción II, rango D, punto 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente para dos mil dieciocho. ? Pagar al peticionario del amparo la cantidad líquida de $37,120.18 (treinta y siete mil ciento veinte pesos 18/100 moneda nacional) por concepto de diferencias resultantes a su favor. ? En el entendido de que la concesión del amparo, no ampara la aplicación de multas y/o recargos por los pagos extemporáneos o diversa sanción relacionada con dicho pago, ni implica que se deban dejar sin efectos los beneficios que se obtuvieron, en su caso, por el pronto pago, pago anual o cualquier otro tipo de beneficio. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio presentado en la Oficialía de partes de este Juzgado Federal el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (foja 271), la Administradora Tributaria en San Jerónimo de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, remitió los siguientes documentos: 1. Copia certificada del acuse de recibo del aviso de pago disponible para su cobro con número de convenio 001166921, de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho (foja 272). 2. Copia certificada del oficio SAF/TCDMX/SAT/AT/SJE/0175/2019 de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dirigido a la parte quejosa (foja 278). 3. Copia certificada del acta de notificación y entrega de documentos de veintitrés de enero del año que transcurre (foja 274). 4. Copia certificada de la credencial para votar del apoderado de la quejosa (foja 275). Documentales que por ser públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y las constancias remitidas en cumplimiento a los mismos, se advierte lo siguiente: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO:  Para la determinación del impuesto predial del ejercicio dos mil dieciocho, se deberá aplicar a la mecánica del cálculo del impuesto predial la tarifa fija reducida, prevista en el artículo 130, fracción II, rango D, punto 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente para dos mil dieciocho.  Pagar al peticionario del amparo la cantidad líquida de $37,120.18 (treinta y siete mil ciento veinte pesos 18/100 moneda nacional) por concepto de diferencias resultantes a su favor.  En el entendido de que la concesión del amparo, no ampara la aplicación de multas y/o recargos por los pagos extemporáneos o diversa sanción relacionada con dicho pago, ni implica que se deban dejar sin efectos los beneficios que se obtuvieron, en su caso, por el pronto pago, pago anual o cualquier otro tipo de beneficio.  Copia certificada del acuse de recibo del aviso de pago disponible para su cobro con número de convenio 001166921, de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho (foja 272), de la cual se advierte lo siguiente:  Copia certificada del oficio SAF/TCDMX/SAT/AT/SJE/0175/2019 de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dirigido a la parte quejosa (foja 278), de la que se observa lo siguiente.  Copia certificada del acta de notificación y entrega de documentos de veintitrés de enero del año que transcurre (foja 274), de la que se advierte lo siguiente.  Copia certificada de la credencial para votar del apoderado de la quejosa (foja 275), de la que se observa lo siguiente. Del cuadro comparativo que antecede, se advierte que la autoridad vinculada, acató los extremos de la concesión de la protección constitucional, ya que se aplicó a la mecánica del cálculo del impuesto predial la tarifa fija reducida, prevista en el artículo 130, fracción II, rango D, punto 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente para dos mil dieciocho; y, por consiguiente, le fue devuelta la cantidad de $37,120.18 (treinta y siete mil ciento veinte pesos 18/100 moneda nacional), cantidad resultante de las diferencias generadas a su favor al aplicarse el descuento previsto en el numeral en cita; lo anterior, mediante la entrega del aviso de pago disponible para su cobro, mismo que se recibió en veintitrés de enero del año que transcurre. Así, con dichas documentales en proveído de veinticinco de enero de dos mil diecinueve (foja 284), este órgano jurisdiccional, ordenó dar vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad vinculada a la ejecutoria de amparo, cuestión que SI realizó, a través de los escritos presentados en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veinticinco de enero y dieciocho de febrero de la presente anualidad (fojas 287 y 312), en donde el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el primero de ellos, manifestó que el quejoso se apersonó en las oficinas de la autoridad responsable a fin de recoger el "aviso de pago disponible para su cobro", a través del banco BBVA Bancomer por la cantidad de $37,120.18 (treinta y siete mil ciento veinte pesos 18/100 moneda nacional), el cual ya fue cobrado, quedando satisfecha con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Y en el segundo, manifestó medularmente que no existe exceso ni defecto en el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, por lo que solicitó se tenga por cumplida la misma. Manifestaciones anteriores que en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, adquieren el carácter de CONFESIÓN EXPRESA por parte de la accionante sobre el cumplimiento dado a la sentencia que nos ocupa, lo que hace prueba plena de que se le restituyó en el goce de las garantías violadas. Atento a lo anterior y tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo precisamente porque las autoridades responsables y vinculadas la acataron en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo en unión del Secretario Josué Yoao García García, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    ...agréguese a los autos el escrito de cuenta, se tienen por hechas sus manifestaciones, mismas que serán tomadas en consideración al momento de realizar el pronunciamiento respectivo en términos de lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo.

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