Vanesa Lamas Pombo

Expediente 1011/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1011/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
29/08/2017

Partes del expediente

  • Vanesa Lamas Pombo
  • No Existe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    VIII. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, así como de las constancias que lo integran se advierte que no obran los acuses de notificación del auto de fecha tres de marzo de dos mil diecisiete (fojas 256 y 257), por medio de los cuales se comunicó a las autoridades responsables Legislatura del Estado de México; Gobernador Constitucional del Estado de México; Secretario General de Gobierno del Estado de México; Director Técnico del Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México y Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, que se tuvo por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, toda vez que dicha constancia es necesaria para tener plena convicción de la legal notificación del referido proveído, se ordena girar oficio con copia del auto de tres de marzo del año en curso, a las responsables señaladas, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, una vez que obren agregadas dichas constancias, se enviará materialmente al archivo el presente sumario constitucional.

  2. Principal

    VIII.- El estado procesal de los autos y la certificación de cuenta evidencian que la parte quejosa, no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de uno de febrero de dos mil diecisiete (fojas 241 a 244), mediante el cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente asunto. Por tanto, se tiene como consentida la determinación de mérito, para los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación secretarial de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues, mediante sentencia firmada el veintidós de agosto de dos mil dieciséis (fojas 155 a 182), se concedió la protección constitucional a la parte quejosa (punto vigésimo primero, inciso IV, del citado Acuerdo General). Por otra parte, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo décimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos vigésimo y vigésimo primero del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia. Ahora bien, se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente.

  3. Principal

    VIII.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 3 DE MARZO DE 2017, QUE EN SÍNTESIS DICE: El estado procesal de los autos y la certificación de cuenta evidencian que la parte quejosa, no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de uno de febrero de dos mil diecisiete (fojas 241 a 244), mediante el cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente asunto. Por tanto, se tiene como consentida la determinación de mérito, para los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación secretarial de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues, mediante sentencia firmada el veintidós de agosto de dos mil dieciséis (fojas 155 a 182), se concedió la protección constitucional a la parte quejosa (punto vigésimo primero, inciso IV, del citado Acuerdo General). En el entendido que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa (punto segundo, inciso XVIII del acuerdo citado); asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo en mención; en virtud de lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos exhibidos en el presente asunto, debiendo dejar en su lugar copia simple de los mismos para la debida constancia legal, al tratarse de un asunto concluido, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Por otra parte, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo décimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos vigésimo y vigésimo primero del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia. Ahora bien, se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente.

  4. Principal

    VIII.- Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido a la parte quejosa, para que realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Así pues, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se procede a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido. Tomando en consideración la naturaleza del presente asunto, no se considera necesario realizar una narración de antecedentes; sin embargo, es insoslayable precisar los efectos del fallo constitucional dictado en este sumario, a saber, los siguientes (fojas 180 y 181): "(.)lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para que la autoridad responsable Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, realice lo siguiente: a) No se aplique a la quejosa, la tarifa contenida en el artículo 77 fracciones I, inciso C, rango 6 de la tarifa, así como la fracción II, rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios; vigente para el año dos mil diez. b) Dicha protección constitucional, se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a los agraviados, por ende, deberá devolver la cantidad que pagó la quejosa, por los conceptos a que se refiere el volante universal expedido el tres de noviembre de dos mil diez, por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, pues, la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de aplicación. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente a la gobernada del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el alcance protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley $1,260.00 (mil doscientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. (.)" El veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se emitió la sentencia en la que se resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. SE SOBRESEE a Vanesa Lamas Pombo, por las autoridades indicadas en el resultando primero, por el acto analizado en el considerando cuarto de esta determinación. SEGUNDO. La Justicia de Unión AMPARA Y PROTEGE a Vanesa Lamas Pombo, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de este fallo; por los razonamientos, motivos jurídicos y para los efectos expresados en el considerando sexto de esta determinación." Asimismo, Emmanuel Plata Miranda, delegado de la autoridad responsable Tesorero Municipal de Toluca, Estado de México, el nueve de febrero del año en curso, promovió recurso de revisión, en la que se resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. En la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Vanesa Lamas Pombo, por propio derecho, contra la autoridad y acto precisados en el resultando primero, de conformidad con las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria." Así pues, los efectos concesorios se traducen básicamente en formales, sustanciales y mixtos: Lo conducente es modificar la sentencia recurrida y conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para que la autoridad responsable Instituto de la Función Registral del Estado de México, aplique la tarifa mínima por la inscripción relativa a la propiedad que adquirió la quejosa, es decir, la establecida en el artículo 77, fracción 1, inciso c), tarifa 1, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el dos mil diez, correspondiente a un importe de $1,260.00 (mil doscientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), y devuelva a la justiciable la cantidad de 11,380,00 (once mil trescientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), con la respectiva actualización, que es el excedente por el monto de $12,640.00 (doce mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), que cobró por dicho concepto a la parte quejosa. Ahora bien, con el propósito de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, mediante oficio 227B14200/0065/2017, remitió copia certificada del cheque número 0004774, valido por la cantidad de $ 14,414.40 (catorce mil cuatrocientos catorce pesos 40/100 M. N.), de la institución Bancaria denominada Scotiabank, en favor de la quejosa Vanesa Lamas Pombo, del que se advierte lo siguiente: Que dicha cantidad ampara el monto total a restituir a la hoy quejosa aplicando a tarifa mínima prevista por el artículo 77, fracción 1, inciso c), tarifa 1, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, declarado inconstitucional, más el factor de actualización correspondiente. Así pues, de lo precisado en los incisos anteriores, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos concesorios, en atención a las siguientes consideraciones: De esta forma, se patentiza la satisfacción de los extremos derivados del fallo protector, por lo que debe este órgano de control de constitucionalidad considera cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa Vanesa Lamas Pombo, en el goce de sus derechos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído.

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