Vanesa Lamas Pombo
Expediente 769/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 769/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 12/11/2021
Partes del expediente
- Vanesa Lamas Pombo
- Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México.
- Jorge Kafuri López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de noviembre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto emitido el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento del juicio de amparo en que se actúa. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido.
- Incidental
Toluca, Estado de México, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. ESCRITO Agréguese el escrito signado por quien se ostenta como tutora interina del tercero interesado Jorge Naguib Karufi Sánchez, por medio del cual, se apersona en nombre de dicho tercero, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa autorizado y realiza manifestaciones a manera de alegatos. Por tanto, se tiene a la promovente con la personalidad que se ostenta; asimismo, se tiene por apersonado al juicio constitucional al tercero interesado referido; y conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de éste el señalado en el escrito de cuenta, cuando constriña hacerlo de forma personal. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Con relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando cuente con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. ESTADO DE AUTOS Por otro lado, vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no ha garantizado mediante cualquiera de las formas previstas en la ley, la medida cautelar otorgada por este órgano jurisdiccional mediante resolución incidental de uno de septiembre de dos mil veintiuno; por lo tanto, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, deja de surtir sus efectos suspensión y se ordena hace de conocimiento tal circunstancia a la autoridad responsable Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para los efectos legales conducentes. Finalmente, por lo que hace a las manifestaciones que realiza por la promovente en el sentido de que se fije una contragarantía para dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado, no resulta necesario proveer al respecto, en virtud de que la suspensión definitiva quedó sin efectos, como se advierte del contenido del presente acuerdo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. ESCRITO Agréguese el escrito signados por los terceros interesados Jorge Kafuri López y Martha Patricia Sánchez Vázquez, quienes se apersonan al juicio de amparo, señalan representante común, domicilio para oír y recibir notificaciones, designan autorizado y realizan manifestaciones a manera de alegatos. Por tanto, se tiene por apersonados al juicio constitucional a los terceros interesados referidos y en términos del artículo 13 de la ley de la materia, como representante común al primero de los mencionados Jorge Kafuri López; asimismo, conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los promoventes el señalado en el escrito de cuenta, cuando constriña hacerlo de forma personal. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se les notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Con relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando cuente con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Finalmente, de acuerdo con el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones a manera de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. ESTADO DE AUTOS En auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda presentada por Vanesa Lamas Pombo, quien solicitó el amparo de la justicia federal respecto a la autoridad y acto reclamado: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. ACTO RECLAMADO. Auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 732/2020, del índice de la autoridad responsable, en donde se resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el diverso de nueve de ese mes y año y, no se le reconoció el carácter de tercero interesada. Ahora, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, faculta a este juzgador a, en cualquier momento de su sustanciación, analizar causa que se actualice y que origine la improcedencia del juicio constitucional, sin que sea obstáculo la circunstancia de haber admitido la demanda en su oportunidad; tal norma establece: ???????????? "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:. V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". ANÁLISIS DEL CONCEPTO MANIFIESTO E INDUDABLE En atención a lo dispuesto por el artículo y fracción referidos, se precisa que la actualización de la causal de improcedencia deberá ser de forma manifiesta e indudable. Al respecto, es necesario delimitar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Una vez precisado lo anterior, se estima que el presente juicio es improcedente, en atención a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de la materia, en virtud de que la parte quejosa no podrá acreditar su interés jurídico, aun cuando transcurriera la sustanciación del juicio de amparo y se llegará a la celebración de la audiencia constitucional. En ese contexto, por interés jurídico debe entenderse la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se trasgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el cese de esa violación, siendo, por tanto, ese derecho protegido por el ordenamiento legal sustantivo, lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Resulta ilustrativa sobre este estudio, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro IUS 170500, consultable en la página doscientos veinticinco, del tomo XXVII, enero de 2008, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que no ha sido superada, que a la letra dice: ?????????? "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En ese orden, el juicio de amparo puede ser promovido, en lo que aquí importa, por la persona a quien perjudique el acto de autoridad reclamado, por lo que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional, la existencia de un derecho legítimamente tutelado, el cual, ante su vulneración, faculta al perjudicado con el acto de autoridad para acudir al órgano de control constitucional. En consecuencia, la procedencia del amparo está supeditada a que se acredite de manera fehaciente dicho presupuesto de la acción constitucional (el interés jurídico), pues de no ser así el juicio se torna improcedente. Ahora, para acreditar su interés jurídico es necesario que el peticionario de amparo demuestre la existencia de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que le otorgue el derecho presuntamente violado, de manera que la parte quejosa tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción que tiene tal derecho y que la autoridad responsable deba de respetárselo. En el caso, la quejosa se duele de la resolución del juez de origen en donde le negó tenerla como tercera interesada en el procedimiento relativo a la interdicción de quien fuera su esposo, sustanciado en el expediente 732/2020 de la estadística del Juzgado Sexto Familiar de Toluca, Estado de México. A manera de introducción, la interdicción constituye el estado jurídico en el cual se encuentra una persona mayor de edad que carece de aptitudes generales para gobernarse y administrar sus bienes, por sí misma, de modo que la parte legitimada solicita que aquélla sea declarada incapaz en sentencia judicial y, en consecuencia quede bajo la guarda de un tutor o tutriz, quien cuidará de ésta, administrará sus bienes y la representará tanto en juicio o procedimientos como en todos sus actos jurídicos. Así, el procedimiento de declaración del estado de interdicción tiene como objeto principal, la protección de la persona y bienes del mayor de edad que sufre alguna enfermedad tal que le genera tener limitada su capacidad de querer entender u obligarse, lo cual le acarrea incapacidad jurídica para ejercer, por sí mismo, sus derechos y hacerse cargo de sus obligaciones personales y ante terceros, de manera que, para garantizar el cumplimiento de éstas es necesaria la designación de un tutor, primero provisional y luego definitivo, así como de un curador cuando resulte necesario vigilar la actuación del tutor. ??????????????? En ese sentido, resulta necesario analizar la naturaleza del procedimiento de origen en el cual se emitió el acto reclamado conforme a la legislación aplicable en el caso. En relación con la substanciación del procedimiento de declaración de estado de interdicción, los artículos 2.335 al 2.344.1 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, prevén lo siguiente: "Substanciación del procedimiento Artículo 2.335. La declaración de estado de interdicción se substanciará conforme a las reglas de las controversias del derecho familiar y con las modalidades que se establecen en este capítulo. Se seguirá entre el peticionario y el tutor interino que para tal efecto designe el juez. Personas que pueden ser tutor interino Artículo 2.336. El nombramiento de tutor interino deberá recaer entre las personas más idóneas, como: cónyuge, hijos, padres, hermanos o abuelos; y a falta de ellos a la que considere el Juez. Requisitos de la petición Artículo 2.337. El escrito de petición de declaración de estado de interdicción, deberá contener: I. Nombre, edad, domicilio, estado civil y actual residencia de la persona cuya interdicción se solicita; II. Nombre, domicilio del cónyuge o parientes en línea recta o colaterales hasta el cuarto grado, de entre quienes el solicitante hará la propuesta de tutor interino; III. Los hechos que dan motivo a la petición; IV. El certificado o certificados relativos al diagnóstico y pronóstico de la enfermedad que se le atribuye, formulados por el facultativo que lo asista o por un médico de una institución oficial; V. Especificación de los bienes conocidos como propiedad de la persona y que deben ser sometidos a la vigilancia judicial; VI. Especificación del parentesco o vínculo que une al solicitante con la persona de cuya interdicción se trate; y VII. Exhibir, en su caso el documento de designación de tutor o curador, que haya hecho el incapaz. Determinaciones que debe dictar el juez Artículo 2.338. Recibida la solicitud, el juez dispondrá lo siguiente: I. Señalará fecha para la audiencia preliminar que tendrá verificativo dentro de los ocho días siguientes, a la que comparecerán el solicitante, el tutor interino propuesto y el presunto interdicto; II. Dispondrá que dos peritos médicos de la materia examinen al presunto interdicto y dictaminen en la audiencia principal; y III. Se citará al presunto interdicto a la audiencia preliminar; se le correrá traslado con la solicitud planteada para que se pronuncie sobre ésta, de permitírselo su estado de salud a más tardar en dicha audiencia. Si el presunto interdicto no puede ser presentado ante el juez, éste se trasladará al lugar en que se encuentre para practicar las diligencias que estime convenientes. Audiencia preliminar Artículo 2.339. En la audiencia preliminar el juez examinará a la persona cuya interdicción se solicite, para que en base a ello y al diagnóstico médico acompañado, de ser procedente, le nombre tutor interino de entre los propuestos por el solicitante y que asistan a esta audiencia, a efecto de que acepte, proteste y se le discierna el cargo. Se le correrá traslado al tutor interino con la solicitud planteada, para que conteste los hechos, ofrezca pruebas y manifieste lo que a su representación convenga en la audiencia principal, que tendrá lugar después de diez y antes de quince días. Se dictarán las medidas necesarias sobre la persona y bienes del presunto interdicto. Audiencia principal Artículo 2.339.1. En la audiencia principal, el juez dará cuenta con la contestación de la solicitud, proveerá sobre las pruebas ofrecidas, recibirá alegatos y dictará resolución. En la audiencia, el juez ordenará que se practique el examen de la persona en su presencia por los peritos ?????????????? nombrados con intervención del peticionario y del tutor interino, quien podrá asistirse de perito médico. El juez interrogará al presunto interdicto cuando éste pueda expresarse. Dictámenes médicos Artículo 2.340. Los médicos podrán practicar los exámenes adicionales que juzguen necesarios. Los peritos en su dictamen expondrán de manera oral las siguientes circunstancias: I. Diagnóstico y pronóstico de la enfermedad; II. Manifestaciones, síntomas y características del estado actual de la persona de cuya interdicción se trate; y III. Tratamiento conveniente. Otros medios de prueba Artículo 2.341. Los interesados podrán ofrecer otros medios idóneos de prueba y así lo considere el Juez. Resolución Artículo 2.342. Derogado Declaración de estado de interdicción Artículo 2.343. Si se declara procedente el estado de interdicción proveerá el nombramiento de tutor y curador, en su caso. Impugnación de la resolución Artículo 2.344. La sentencia sobre estado de interdicción es apelable sin efecto suspensivo. Revocación de la interdicción Artículo 2.344.1. La interdicción se revocará cuando cese la causa que la motivó. Para decretar la revocación se observarán las mismas disposiciones que para declararla.". Como se ve, en los preceptos transcritos se establece que el procedimiento de declaración de estado de interdicción se seguirá entre el peticionario y el tutor interino que para tal efecto designe el juez, sin embargo, una vez recibida la solicitud correspondiente, una de las determinaciones a realizar por el juez es la de citar al presunto interdicto a la audiencia preliminar y correrle traslado para que se pronuncie en cuanto a la solicitud (artículo 2.338, fracción III del mencionado código procesal), así como la de correr traslado al tutor interino con la propia solicitud planteada (artículo 2.339 del mismo ordenamiento). De esta manera, se denota que en el citado ordenamiento jurídico se establece expresamente que el procedimiento de que se trata se substanciará conforme a las reglas de las controversias del derecho familiar. No obstante lo anterior, pudiera considerarse, prima face, no como una controversia entendida, como una contienda, sino más bien como un procedimiento de jurisdicción voluntaria por no ser contencioso, pues incluso la propia legislación en cita lo denomina solicitud de declaración de estado de interdicción. Además, porque en el artículo 2.335 del ordenamiento en consulta, se establece que en su desarrollo procesal se deberán aplicar las modalidades establecidas en el propio capítulo que regula el procedimiento de declaración de estado de interdicción, modalidades entre las cuales destaca que dicho procedimiento y/o solicitud se seguirá entre el peticionario y el tutor interino, con la comparecencia de los presuntos interdictos y el llamamiento de los familiares de los presuntos interdictos, dichos familiares como partes en las cuales puede recaer el nombramiento de tutores interinos. Ahora bien, aunque en ninguno de los preceptos se establece expresamente que se deba correr traslado a los familiares con interés en que se les confiera el nombramiento de tutor interino, lo cierto es que en el numeral 2.236 del código en cita sí se indica que ese nombramiento puede recaer entre las personas más idóneas como el cónyuge, hijos, padres, hermanos o abuelos, asimismo, en el numeral 2.237, fracción II, del normativo en comento, se menciona que el escrito de petición de declaración de estado de interdicción deberá ???????????? contener el nombre, domicilio del cónyuge o parientes en línea recta o colaterales hasta el cuarto grado, de entre quienes el solicitante hará la propuesta de tutor interino. De lo cual se obtiene que la ley prevé de manera expresa, como parte material en el procedimiento de declaración de estado de interdicción al peticionario y/o solicitante, a los presuntos interdictos y al tutor interino. El primero porque es el promovente del interdicto. El segundo porque será examinado e interrogado por el juez y peritos como el sujeto del estado de interdicción solicitado, a efecto de lo cual se le debe correr traslado. El tercero porque una vez nombrado dicho tutor interino debe comparecer a aceptar, protestar y discernir el cargo y se le debe correr traslado a fin de que conteste los hechos, ofrezca pruebas y manifieste lo que a su representación convenga en la audiencia principal. Así, resulta relevante señalar que en el ordenamiento legal en estudio se reconoce como partes interesadas a los familiares y parientes del presunto interdicto (cónyuge o parientes en línea recta o colaterales hasta el cuarto grado), al incorporarlos al procedimiento con la finalidad de que puedan manifestar lo que a su interés convenga en cuanto al nombramiento de tutor interino que se les puede conferir. De ahí que no obstante que en la legislación del caso aplicable, no se prevea de manera expresa que se debe notificar a los familiares del presunto interdicto, y mucho menos se prevén las formalidades para hacerlo, lo cierto es que su llamamiento y la forma en que debe realizarse resultan trascendentes al grado de que, de no practicarse legalmente, deja en estado de indefensión a quien puede ser sujeto de tener el nombramiento de tutor, en virtud de los alcances jurídicos que tiene dicho cargo dentro del propio procedimiento, alcances traducidos en el derecho para contestar los hechos de la solicitud, ofrecer pruebas y alegar lo necesario. Ahora, de las constancias adjuntas al informe justificado rendido por la autoridad responsable se advierte que, no obstante que fue el dos de octubre de dos mil veinte cuando se ingresó a la Oficialía de Partes del Juzgado Sexto Familiar de Toluca, Estado de México, la promoción mediante la cual, los padres de Jorge Naguib Kafuri Sánchez, promovieron el procedimiento de interdicción de éste, fue hasta el veintidós de abril de dos mil veintiuno cuando se admitió a trámite, se señaló fecha para la audiencia preliminar, nombró tutor interino del presunto incapacitado a Yamile Patricia Kafuri Sánchez, hermana, y se requirieron peritos en medicina. Asimismo, que mediante sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veinte, emitida en el expediente 613/2020 de la estadística del Juzgado Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, se decretó la disolución del vínculo matrimonial habido entre la quejosa y el presunto interdicto. De lo relatado, se obtiene toralmente: ? Que en el procedimiento de interdicción las partes interesadas que reconoce la legislación aplicable son los familiares y parientes del presunto interdicto (cónyuge o parientes en línea recta o colaterales hasta el cuarto grado). ? Que la quejosa dejó de ser cónyuge del presunto interdicto el veintisiete de octubre de dos mil veinte. y, ??????????????? ? El procedimiento de interdicción se admitió a trámite el veintidós de abril de dos mil veintiuno. En consecuencia, al momento de la admisión del procedimiento de interdicción, la quejosa no tenía calidad de cónyuge, familiar o pariente del presunto interdicto, por tanto, carece de interés jurídico para la promoción del juicio de amparo, en razón a que el hecho de no ser llamada a ese procedimiento o, como es el caso, negarle su calidad de tercero interesada al mismo, no afecta sus intereses jurídicos. No se soslayan las manifestaciones de la quejosa en el sentido de que al no reconocerse su carácter de tercero interesada en el procedimiento de interdicción, se le coarta su derecho de dilucidar sus defensas, incluso, le afecta en sus bienes y posesiones que pudieran derivar del matrimonio que sostuvo con el presunto interdicto; sin embargo, se reitera, para la promoción del juicio de amparo carece de interés jurídico al no tener ninguna de las figuras que la legislación contempla para las personas que puedan tener interés en ese tipo de procedimientos. Aunado a ello, los derechos que le pudieran corresponder a la quejosa respecto al vínculo que la unía con el presunto interdicto, los podrá hacer valer en la vía legal que corresponda y, en un hipotético caso de que se declare procedente la interdicción, aun así no perderá dichas prerrogativas, en el supuesto de que existan. Se precisa que, como la causal de improcedencia advertida es insuperable, aun en la continuación del juicio de amparo, como en el caso en estudio ya que sería absurdo considerar que antes de la celebración de esa diligencia la quejosa comprobara su parentesco con el presunto interdicto para tener interés jurídico en ese procedimiento, se estima innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional señalada en este sumario para resolver lo conducente respecto a la procedencia del juicio, ya que se encuentra actualizada de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V de dicha normatividad, se decreta el sobreseimiento de presente juicio fuera de su audiencia constitucional. Sustenta la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 184572, tesis 2a./J. 10/2003, visible en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería ?????????????? consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Asimismo, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Además, es evidente que no existe posibilidad jurídica de que al momento de celebrar la audiencia constitucional cambie el sentido de esta resolución. SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Finalmente, en virtud a que la audiencia constitucional se encuentra fijada para su celebración a las diez horas con cuarenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se ordena dejar sin efectos tal señalamiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a los terceros interesados que hayan señalado domicilio para ese efecto y, por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte terceros interesados la determinación de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en cumplimiento al aviso de fecha veinticinco de octubre del año en cita, toda vez que no comparecieron a notificarse personalmente de dicha determinación.
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