Vanesa Aejandra Azpeitia Hernández

Expediente 154/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 20 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
154/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Vanesa Aejandra Azpeitia Hernández
  • María Ivonne Leticia Vargas García
  • Angelina Martinez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Amparo en revisión

    VISTOS, EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, SE DESPRENDE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA EN PROVEÍDO DE SEIS DE OCTUBRE DE ESTE AÑO, A EFECTO DE QUE MANIFESTARA LO QUE A SU DERECHO CONVINIERA RESPECTO DE LA VISTA QUE LE FUE DADA, SIN QUE HAYA REALIZADO MANIFESTACIÓN ALGUNA; EN CONSECUENCIA, INFÓRMESE DE LO ANTERIOR, VÍA INTERCONEXIÓN AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DEL A CUARTA REGIÓN, CON SEDE EN XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

  2. Amparo en revisión

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 535/2023, que remite vía interconexión el Secretario del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, con anexo y evidencia criptográfica, del cual se advierte que el Pleno de dicho tribunal, considera que en el presente asunto podría actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo; esto, ya que al efecto se estableció en dicho dictamen lo siguiente: "(.) Xalapa de Enríquez, Veracruz, en sesión correspondiente al cuatro de octubre de dos mil veintitrés. V I S T O S, para resolver, los autos del toca (***) relativo al recurso de revisión en materia penal del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, interpuesto por (***), por conducto de su autorizado, en contra de la sentencia emitida el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, en el juicio de amparo indirecto (***); se procede a emitir resolución bajo la narrativa de antecedentes y argumentos demostrativos, en el capítulo de consideraciones, que a continuación se precisan. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. En el caso, resulta innecesario analizar las consideraciones del fallo impugnado como de los agravios expuestos en su contra; al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ante el consentimiento del acto reclamado. En efecto, de constancias procesales se desprende que (***) reclamó en el juicio de amparo indirecto (***), la resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, en la cual, la Juez Penal de Control adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dictó auto de vinculación a proceso en su contra, dentro de la causa penal (***), por el delito de robo calificado en agravio de (***). Seguidos los trámites de ley, el juez de distrito dictó la sentencia que en esta vía se recurre, en la que negó la protección constitucional solicitada. Así, tramitado que fue el presente recurso, este Tribunal Colegiado Auxiliar, mediante acuerdo de presidencia de ocho de agosto de dos mil veintitrés, lo tuvo por recibido, ordenándose el turno correspondiente. Posteriormente, este tribunal colegiado auxiliar, mediante acuerdo de presidencia de veintinueve de octubre de dos mil veintitrés tuvo por recibido el proveído de trece de octubre referido, dictado por el magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, mediante el cual ordenó agregar a sus autos y hacer del conocimiento a este órgano jurisdiccional el oficio 22056/2023, signado por el Juez de Control adscrito al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, con el que se informó que dentro de la causa penal (***), se declaró extinguida la acción penal y por ende, el sobreseimiento total a favor de (***), al haber dado cabal cumplimiento al acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, celebrado por las partes. Visto lo anterior, este tribunal solicitó a la autoridad responsable, por conducto del órgano colegiado auxiliado, las constancias relativas al acuerdo reparatorio de que se trata y los acuerdos y/o resoluciones que a él recayeron, a fin de estar en aptitud de resolver lo conducente. En consecuencia, por auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, este tribunal colegiado tuvo por recibido y ordenó agregar a los autos el oficio 6557/2023 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado Auxiliado, que contiene el acuerdo de presidencia emitido por el magistrado presidente de dicho tribunal, en el que tuvo por recibido el diverso oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, al cual acompañó un disco compacto, así como copia auténtica del acta mínima de la audiencia de veinticuatro de agosto del año actual, derivadas de la causa penal de origen; constancias que se ordenó remitir a este Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, de las constancias referidas se desprende que en efecto, las partes en juicio, (***) (inculpada/quejosa/recurrente) y (***) (víctima/tercera interesada), en la audiencia intermedia de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés dentro de la causa penal (***), formalizaron el acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, celebrado el día anterior, aprobado en la citada audiencia por el juez de conocimiento. Lo que se deriva del disco versátil digital respectivo que se tiene a la vista y se hizo constar en acta mínima, la que a la letra se transcribe en la parte que aquí interesa: "PRIMERO. Ha sido cumplido en los términos que fue aprobado el acuerdo reparatorio, celebrado en este proceso penal por la víctima y el imputado. SEGUNDO. Se declara extinguida la acción penal que se ejercitó en contra de (***), por el hecho que la ley señala como el delito de robo calificado, relacionado con la causa penal (***). TERCERO. En consecuencia se sobresee de manera total el presente procedimiento penal, pues sólo existe una imputada en este asunto y sólo se le atribuyó un delito, al actualizarse los supuestos jurídicos a que hacen referencia los artículos 186, 189, 327, fracción VI y 329 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con todas las consecuencias legales a que haya lugar. CUARTO. Se decreta la libertad absoluta de (***), por cuanto a este asunto se refiere. QUINTO. Se ordena la transcripción de los presentes puntos resolutivos para que obren únicamente como constancia de la causa penal (***), ya que con la videograbación correspondiente se cumple con el requisito a que hace referencia el artículo 16 de la constitución Federal. SEXTO. Quedan notificadas todas las partes que intervienen en este proceso penal en razón de su presencia." De todo lo anterior, es dable advertir que, con posterioridad al dictado del auto de vinculación a proceso, incluso, posterior a la presentación de la demanda de amparo y su resolución; la quejosa en su calidad de imputada accedió a un mecanismo alternativo mediante la celebración de un acuerdo reparatorio, lo cual actualiza la causal de improcedencia que se refiere el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Se dice lo anterior, porque sobre el tema en estudio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 220/2016 (ahora contradicción de criterios), en los términos que a continuación se transcriben, en la parte que aquí interesa: "Por tanto, en atención a lo expuesto en este apartado considerativo, la problemática a resolver en el presente asunto, consiste en: determinar si en el amparo indirecto, promovido contra el auto de vinculación a proceso, la aceptación del quejoso de concluir el procedimiento penal, a través de un acuerdo reparatorio o suspensión del proceso a prueba, entraña el consentimiento del acto reclamado, que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. (.) Por cuestión de método, la construcción de la decisión se desarrollará de la siguiente forma: 1) en principio, se analizarán los alcances de la justicia restaurativa en el nuevo sistema de justicia penal; 2) enseguida, se abordarán las principales características de los diferentes mecanismos de solución alternas al proceso penal y sus implicaciones procesales; y, 3) por último, se establecerá el criterio que resuelve la contradicción de tesis denunciada. 1. La justicia restaurativa en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (.) .con la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, nació un nuevo sistema de justicia penal, un cambio de paradigma que obligó a replantear por completo la totalidad de elementos que definen la manera en que se administra justicia en este ámbito. Con dicha reforma, el poder constituyente no sólo modernizó el procedimiento penal, al establecer que será acusatorio y oral, orientado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación;(27) sino que también introdujo la justicia restaurativa y, con ello, creó nuevos caminos de solución para encausar, a través de los mecanismos alternativos, todos aquellos asuntos que podrían encontrar mejor solución que en el juicio. (.) Con la reforma constitucional, ahora la justicia restaurativa y la retributiva, coexisten en el nuevo sistema de justicia penal. La justicia retributiva,(29) significa infligirle al imputado un daño -a través de una pena, en especial la privación de su libertad- como retribución del daño que generó con la comisión de un delito, con el objetivo primario de sanción y, adicionalmente, como medida ejemplar de disuasión hacia todos los gobernados: así reacciona el Estado contra los gobernados que cometan delitos. En este sentido, el legislador es quien determina -a través de las normas sustantivas penales- el castigo que el inculpado debe compensar, sobre todo a la sociedad, por la infracción generada a un miembro de la sociedad. La justicia restaurativa,(30) por su parte, implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo. Buscar que el inculpado repare el daño que ha causado, sin declararlo "culpable" e imponerle propiamente una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar. Ambos tipos de justicia parten de la base de que ocurrió un hecho considerado como delito y los dos también pretenden, por la vía de la justicia, solucionarlo. Pero el segundo, se construye sobre la premisa de que el primero ha sido incapaz para solucionar la conflictiva penal y de que, por diseño normativo, ha dificultado la real incorporación de la víctima en el proceso. (.) Entonces, en el juicio hay pena -retribución- y también reparación del daño -restauración-, pero aquélla es prioritaria; y en los mecanismos alternativos, hay restauración -reparación del daño-, aunque también puede haber retribución, esto es, son híbridos con prioridades invertidas. (.) Así, los procesos de justicia restaurativa, se sustentan en un cambio de paradigma, entendido como un proceso donde las partes involucradas en un conflicto originado por la comisión de un delito, acuerdan solucionarlo tratando las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro, esto es, demanda que las partes envueltas en el conflicto sean los protagonistas, no un tercero, que en el juicio es el Estado: tanto como parte actora (Ministerio Público) como decisor (Juez). En este sentido, los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione. Es así, porque la aceptación del inculpado no es gratuita, ya que a través de la celebración de un mecanismo de solución alterna, el imputado suspende la tramitación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad, así como la consecuente reparación del daño. (..) .no llega al extremo de considerase un asunto privado y, eso explica la necesidad de la intervención del Estado, quien conserva un rol significativo al: a) establecer el marco legal dentro del cual se desarrollan los procesos restaurativos; b) decidir qué casos pueden ser encausados por esto; c) supervisar la legalidad en los procesos; y, d) velar por el cumplimiento de los acuerdos. Pero, en cambio, la decisión de participar en un proceso restaurativo, a qué tipo de acuerdo va a llegar y algunas veces incluso la forma en la cual el proceso restaurativo será conducido, son decisiones exclusivas de las partes. (.) Con lo hasta aquí expuesto, es posible concluir que: i) La reforma constitucional introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema de justicia en general y, por supuesto, en materia penal, a través de la creación de nuevos caminos de solución para encausar, mediante los mecanismos alternativos, todos aquellos conflictos de naturaleza penal que podrían encontrar mejor solución que en el juicio. ii) Aunque la justicia restaurativa no deja de tener como presupuesto la comisión de un delito, no busca declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión; su prioridad es reparar el daño causado por la comisión de un delito. iii) Se sustenta en un cambio de paradigma, entendido como un proceso donde las partes involucradas en el conflicto penal son los protagonistas, no un tercero, que en el juicio es el Estado: tanto como parte actora (Ministerio Público), como decisor (Juez). iv) Los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado, acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione. v) Los beneficios inmediatos hacia los partícipes - reparación del daño para la víctima y para el imputado evitar la tramitación de un proceso que culmine con la imposición de una pena privativa de libertad- no llega al extremo de considerarse un asunto privado, razón por la cual es necesario que el Estado regule su aplicación, en atención a la naturaleza de los derechos tutelados y los que pueden ser renunciables. vi) El tránsito del conflicto penal por medio de mecanismos alternativos de solución, servirá para despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales. (.) 2. Mecanismos de justicia restaurativa (.) "Artículo 184. Soluciones alternas. "Son formas de solución alterna del procedimiento: "I. El acuerdo reparatorio, y "II. La suspensión condicional del proceso." (.) Los acuerdos reparatorios son un medio autocompositivo, pues consiste en un acuerdo celebrado entre la víctima u ofendido y el imputado, cuyo fin es convenir la reparación de las consecuencias causadas por la comisión de un hecho considerado como delito, el cual una vez aprobado por el Ministerio Público o el Juez de Control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal, respecto de delitos que afectan bienes jurídicos disponibles, de carácter patrimonial, que consisten en afectaciones menos graves o constituyen delitos culposos. En este sentido, las partes podrán suscribir acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido, esto es, cuando la obligación adquirida, se cumple en el plazo establecido para tal fin. (artículos 186 y 187 del Código Nacional) (.) En ese sentido, los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba, constituyen mecanismos alternativos de solución al conflicto penal, que si bien no dejan de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, su prioridad no es declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión, sino reparar el daño causado por el delito. Los dos caminos de solución alterna, que buscan justicia restaurativa, requieren -como presupuesto- el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, dado que ese consentimiento no es gratuito, pues a cambio logra paralizar la continuación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad. (artículos 186 y 189 del Código Nacional, así como 50, párrafos segundo y tercero, 203 y 204 de la legislación de Chihuahua) Una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio o transcurrido el plazo -si se trata de la suspensión del proceso a prueba- que se fije, sin que la suspensión fuere revocada, pagada la reparación del daño material y cumplidas las condiciones establecidas, en ambos casos el Juez decretará la extinción de la acción penal, lo que se traduce en la conclusión del conflicto penal sin necesidad de imponer una pena, principalmente de prisión, sino privilegiando la voluntad de las partes que las llevó a una solución alterna del conflicto. (artículos 186 del Código Nacional y 209 de la legislación de Chihuahua) En cambio, si el imputado decide incumplir con las obligaciones pactadas en el acuerdo o incurre en alguna causa de revocación de la suspensión del proceso a prueba, asumirá como consecuencia la reanudación del proceso penal con todo lo que implica: enfrentar un juicio y una eventual condena, con la limitante de que la información que se genere como producto de esos mecanismos alternativos no podrá ser utilizada dentro del proceso penal (artículos 189, párrafos tercero y cuarto, del Código Nacional). (.) Pues bien, a juicio de esta Primera Sala, cuando el quejoso -en su calidad de imputado- suscribe un acuerdo reparatorio o la suspensión del proceso a prueba, dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Es así porque, el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena, privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Lo anterior, propicia una adecuada interacción entre el Nuevo Sistema de Justicia Penal y el Juicio de Amparo, pues implica que al examinarse la constitucionalidad del acto reclamado, el Juez constitucional pondere que la paralización del proceso motivado por haber alcanzado algún mecanismo alternativo de solución, se debe al único propósito que distingue a la justicia restaurativa: reparar el daño causado por el delito, sin sanción penal. Estimar lo contrario, no sólo se traduciría en un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en un mecanismo alternativo y, otro, que lo cuestiona, mediante el juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia, se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Ejecutoria que diera vida a la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.) con registro digital 2014495; que a la letra dice: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." De todo lo anterior es dable concluir que, a partir de la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se dio pauta a la implementación del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio oral adversarial, que introdujo la justicia restaurativa como mecanismo alternativo de solución de controversias, a fin de restaurar el daño causado a través de su reparación. De ahí surge, como parte de la justicia restaurativa, la celebración de acuerdos reparatorios, que parte de la base de que ocurrió un hecho considerado como delito y pretende, por la vía de la justicia, solucionarlo. Así, el acuerdo reparatorio constituye un medio autocompositivo, pues las partes involucradas son las protagonistas, ya que requiere, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado, ya que de esto dependerá el tipo de solución del conflicto, tratando las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro. Lo que conlleva que el imputado acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione. En esa medida, la celebración de un acuerdo reparatorio de solución del conflicto suspende la tramitación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad, así como la consecuente reparación del daño; esto, siempre ante la intervención del Estado, quien tiene como la obligación de: a) Establecer el marco legal dentro del cual se desarrollan los procesos restaurativos; b) Decidir qué casos pueden ser encausados por esto; c) Supervisar la legalidad en los procesos; y, d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos. Así, satisfecho lo anterior, celebrado el acuerdo reparatorio por las partes, cumplido en sus términos, tendrá como efecto la extinción de la acción penal, respecto de delitos que afectan bienes jurídicos disponibles, de carácter patrimonial, que consisten en afectaciones menos graves o constituyen delitos culposos. Por lo que, una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio o transcurrido el plazo que se haya fijado, pagada la reparación del daño material y cumplidas las condiciones establecidas, el juez decretará la extinción de la acción penal, lo que da lugar a la conclusión del conflicto penal sin necesidad de imponer una pena. Por esas razones, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha establecido que dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que la voluntad del inculpado, de concluir el proceso penal a través de un mecanismo de solución alterna, debe entenderse para todos los efectos legales. Lo anterior, tomando como eje central el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa - el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo -, pues esto implica la aceptación de los hechos de la imputación o, por lo menos, que no la cuestione. Sin que su aceptación sea a título gratuito, pues en la medida de que se obliga a reparar el daño causado por la comisión del delito, obtiene a cambio, evitar la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena, privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Por lo que en esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en el consentimiento del acto reclamado, contenida en el artículo 61, fracción XIII, de la ley de la materia. Criterio que resulta aplicable, pues de éste se puede advertir que, en los casos, como el que aquí nos ocupa, se promueve un juicio de amparo en contra del auto de vinculación a proceso y con posterioridad sobreviene un acto que, tiene como presupuesto el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, aceptando los hechos de la imputación o, por lo menos, sin cuestionarlos; entonces, dicho supuesto encuadra en la causa de improcedencia del juicio de amparo en contra de un acto consentido expresamente. Bajo ese contexto, si estando pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia que negó el amparo respecto del auto de vinculación a proceso; las partes acudieron ante el juez penal a celebrar un acuerdo reparatorio y éste se aprobó por dicha autoridad jurisdiccional, con el consentimiento libre y voluntario de la inculpada y la víctima; entonces resulta clara la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo Asimismo, debe señalarse que no es dable a este órgano de amparo emprender el análisis de la forma y términos en que las contendientes determinaron dar cumplimiento al acuerdo reparatorio indicado, pues el tribunal constitucional no puede pronunciarse sobre la legalidad de actos que no son materia de impugnación a través del juicio de garantías y, consecuentemente, las decisiones emitidas por la responsable en torno a ello deben estimarse válidas para los efectos legales conducentes, en tanto no exista resolución emitida por autoridad competente que decida lo contrario. Así las cosas, en vista de los razonamientos vertidos, este tribunal colegiado estima que en el presente caso la quejosa consintió el auto de vinculación a proceso reclamado, lo que hace improcedente el amparo al actualizarse la causal establecida en el artículo 61, fracción XIII, de la ley de la materia, lo cual conlleva a decretar el sobreseimiento en esta instancia de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal; y, por ende, debe revocarse la resolución recurrida, origen de esta revisión penal. SEXTO. Vista con causa de improcedencia. Ahora bien, en razón de que las consideraciones precisadas llevaron a sobreseer el juicio de garantías por advertirse de manera oficiosa la actualización de una causa de improcedencia; este tribunal procede a dar cumplimiento al contenido de la jurisprudencia P./J. 5/2015 (10a.) sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, con registro digital 2008790, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." Máxime que posterior a la publicación de esa jurisprudencia, la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País emitió otra a fin de enfatizar la necesidad de garantizar, aun con la existencia de criterio específico al respecto, el derecho del quejoso de conocer la causa por la cual se sobresee el juicio para que, de considerarlo, manifieste lo que a su interés convenga y poder lograr así el irrestricto respeto a la garantía de audiencia; como se desprende del contenido de la jurisprudencia 2a./J. 62/2016 (10a.) en mención, con registro digital 2011990 y que a continuación se transcribe: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA INCLUSO CUANDO LA CAUSAL RELATIVA DERIVA DE UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. La obligación de los órganos jurisdiccionales de amparo de dar vista al quejoso cuando adviertan oficiosamente la posible actualización de una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe cumplirse incluso si ésta deriva de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención a que, por un lado, sólo así se le otorga a dicha parte la oportunidad de controvertir la aplicación del criterio jurisprudencial, lo que resulta acorde con el derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por otro, la aplicación de una jurisprudencia no puede justificar la inobservancia de los términos y plazos legalmente establecidos." En tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIll, de la ley de la materia; lo anterior una vez que sea discutido en sesión y el Pleno de este órgano jurisdiccional auxiliar decida si se actualiza la causa de inejercitabilidad de la acción de amparo. En el entendido de que el cumplimiento a esa garantía de audiencia deberá efectuarse por el Tribunal Colegiado Auxiliado. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Déjese en lista este asunto y dese vista con la causa de improcedencia advertida de oficio a (***), para que manifieste lo que a su derecho convenga. Asentando lo anterior, procede REVOCAR la sentencia recurrida y SOBRESEER en el juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado se: RESUELVE PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto (***), promovido por (***), en contra del acto y la autoridad responsable precisados en los considerandos tercero y cuarto de la sentencia recurrida, por las razones expuestas en esta ejecutoria. (.)" Por tal razón, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dése vista de manera electrónica con el dictamen de cuenta a la aquí quejosa, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en el presente asunto. Una vez hecho lo anterior y transcurrido el término de tres días mencionado, se informará de las manifestaciones expresadas cuando así haya sucedido, o en su caso, que el quejoso ahora recurrente no formuló manifestación alguna, para que el órgano auxiliador esté en posibilidad de proceder como en derecho corresponda. En otro contexto, mediante oficio que al efecto se gire vía interconexión al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, hágasele del conocimiento el contenido de este proveído, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Amparo en revisión

    AGRÉGUESE A SUS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA COPIA DEL OFICIO SIGNADO POR EL SECRETARIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, TÉNGASELE ACUSANDO RECIBO DEL OFICIO 6557/2023, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL FEDERAL, AL QUE SE ADJUNTÓ DIVERSOS ANEXOS.

  4. Queja

    AGRÉGUESE A SUS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDAN LOS OFICIOS SIGNADOS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DEL DIVERSO 6483/2023, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL FEDERAL. ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO PREVIAS LAS ANOTACIONES QUE SE HAGAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E). NO EXISTE DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER; SE ESTIMA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE CARECE DE VALOR JURÍDICO, HISTÓRICO, DOCUMENTAL O DE RELEVANCIA ALGUNA, POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN IV, DEL CAPÍTULO SEXTO, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA, RESGUARDO Y DESTINO FINAL DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, QUE ABROGA EL DIVERSO ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, EL ASUNTO EN QUE SE ACTÚA DEBE CONSIDERARSE COMO DESTRUIBLE.

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