Valter Emmanuel Damian Bautista
Expediente 757/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Valter Emmanuel Damian Bautista
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de seis de julio de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que no obran documentos originales, ni es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado y carece de valor institucional e histórico.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE... Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a seis de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de garantías promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Distrito del Vigésimo Primer Circuito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 757/2018; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La Jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa señaló en su demanda como autoridades responsables al Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, y otra autoridad, a quienes les reclama lo siguiente: "1. De la autoridad ordenadora, reclamo el auto de fecha siete de junio de dos mil dieciocho en autos del incidente de daños y perjuicios promovido por la hoy tercero interesada COLUMBA CORONA ATRISCO, dentro del juicio de Amparo número 1233/2015 del índice del referido Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero; incidente que promovió en contra del quejoso VALTER EMMANUEL así como en contra de los CC. XOCHIQUÉTZAL y PIOQUINTO EMMANUEL DE APELLIDOS DAMIÁN BAUTISTA, y otros, dicho acto procesal en lo que nos interesa, consiste en la orden de: 'GÍRESE EL OFICIO AL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, RESIDENTE EN ESTA CIUDAD, PARA QUE DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, ORDENE LA COMPARECENCIA DEL CITADO EXPERTO DANIEL DÍAZ TÉLLEZ, ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA QUE SE LE PONGAN A LA VISTA TODAS Y CADA UNA DE LAS CONSTANCIAS E INFORMACIÓN QUE NECESITE, A FIN DE QUE ESTE EN APTITUD DE EMITIR SU RESPECTIVO DICTAMEN EN MATERIA DE RENTAS OFRECIDO POR LA INCIDENTISTA DE MÉRITO; DEBIENDO REMITIR LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN QUE DENOTEN SU INCUMPLIMIENTO.' Lo anterior, tiene sustento legal en que en autos del incidente de daños y perjuicios, no existe un antecedente probatorio que traiga aparejada la participación del aludido experto pericial en los términos en que desea se realice ese H. Juzgado federal. 2. De la autoridad ejecutora, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. Reclamo la ejecución de todos los actos que ataco de la ordenadora y en especial la orden para que comparezca ante este órgano jurisdiccional federal, para que se le pongan a la vista todas y cada una de las constancias Y SE LE DEN INSTRUCCIONES E INFORMES, para la elaboración del dictamen pericial, tal como se lo ordena la responsable, de darle 'todas y cada una de las constancias e información que necesite a fin de que esté en aptitud de emitir su respectivo dictamen en materia de rentas ofrecida por la incidentista de mérito', es decir, de en los términos que desea este H. Juzgado federal." En consecuencia, el suscrito juzgador advierte que el juicio de garantías que ahora se intenta, deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción IX del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." El artículo antes transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, es decir, contra a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de ahí que la improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia. De igual forma, del precepto en cita se advierte que, por una parte, la acción constitucional es improcedente cuando se combaten resoluciones emitidas en los juicios de amparo y, por otra, cuando se reclamen aquellas determinaciones en ejecución de las mismas. En ese sentido, respecto a la primera hipótesis, la improcedencia tiene como finalidad evitar la promoción de juicios de amparo infinitos contra actos emitidos en otro procedimiento de la misma naturaleza, partiendo en esencia de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la propia ley de la materia contempla y no mediante un nuevo y autónomo juicio de garantías. Por cuanto al segundo supuesto, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman determinaciones dictadas en ejecución de las resoluciones pronunciadas en las controversias constitucionales, por lo que en lo conducente se puede mencionar que la ejecución de una resolución de amparo no sólo se refiere al caso de una sentencia protectora, sino también a aquellos supuestos en los que al negar el amparo o decretar el sobreseimiento, existe algún mandato por cumplir. Por tanto, si el acto reclamado fue objeto de una determinación definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior, o si constituye su consecuencia lógica y jurídica inmediata en virtud de que tal cuestión ya fue motivo de controversia y decisión, lo examinado y resuelto adquiere firmeza procesal y tiene como objeto la irrevocabilidad de los efectos de la sentencia, ya que contra ella ningún recurso procede que permita modificarla, dado que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo es que no puedan ser impugnadas en otro diverso juicio de garantías. Así, la prohibición de ejercer la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los procedimientos de la misma naturaleza, no sólo se limita a la resolución definitiva, sino también a cualquier determinación inmersa en él, por ende, tanto las resoluciones de trámite como las de fondo no son susceptibles de ser reclamadas mediante otro juicio de garantías, ya que ello provocaría juicios interminables. En ese contexto, se evidencia que la finalidad de la improcedencia del juicio de amparo por los motivos referidos, es que lo resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales sobre una misma cuestión, no sea objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, pues si así fuera se produciría una infinidad de juicios sobre la misma materia en demérito de la seguridad jurídica. Al respecto, conviene exponer que el fin perseguido con la norma no es el que se pudiera deducir de sus términos gramaticales, que llevarían a su actualización en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que la intensión del legislador con el establecimiento de la improcedencia referida, fue evitar que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de producir una cadena interminable de juicios sobre la misma materia, en detrimento de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social, es decir, tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que prevalece el juicio de amparo. En este contexto, el promovente del amparo manifiesta que el acto reclamado consistente en el acuerdo de siete de junio de dos mil dieciocho, dictado en el incidente de daños y perjuicios relativo al juicio de amparo 1233/2015, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Estado de Guerrero, en tales condiciones se advierte que el acto reclamado en la presente vía, tiene origen con motivo del procedimiento de ejecución en el juicio de amparo 1233/2015, del índice de este Juzgado responsable, luego entonces, se pone de manifiesto la improcedencia invocada. Se cita en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 107/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, Página 453, con número de registro 2009870, de rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor." Es aplicable tambien la tesis 2a. XLIX/2017 (10a.), publicada en la página 1391, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." Entonces, al actualizarse en forma patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en artículo 61 fracción IX, de la Ley de Amparo, en relación con su propio numeral 107 fracción V interpretado a contrario sensu, lo procedente es DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de garantías que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ernesto Alcántara Salmerón y Miguel Martínez Villanueva toda vez que cuentan con registro de su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de autos a la otra persona que menciona por no contar con el requisito anterior. Finalmente, hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis.
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