Valtemir Dias de Oliveira
Expediente 1469/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1469/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Valtemir Dias de Oliveira
Actuaciones
- Principal
Juicio de amparo 1469/2023. folio 18542. Villahermosa, Tabasco, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual, informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este Juzgado, respecto al juicio de amparo 1469/2023-II-2, quedando registrado bajo el número 904/2023-I de su índice. Dado lo anterior y previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado en sesión plenaria de diez de mayo de dos mil veintitrés y publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio siguiente, se ordena DESTRUIR el presente cuaderno de antecedentes, ya que encuadra en la hipótesis del artículo 19, fracción I, inciso a, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurrido seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal y como lo dispone el párrafo tercero del citado artículo. Lo anterior, toda vez que en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que son considerados como expedientes auxiliares, entre otros, los cuadernos de antecedentes; y que respecto a las incompetencias y returnos, una vez que el órgano jurisdiccional comunique que aceptó la competencia se procederá a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual devuelve diligenciado en sus términos el exhorto 367/2023-II, orden 685/2023, que se envió con el fin de localizar y notificar a los quejosos Valtemir Dias De Oliveira, Daniel Hugo Brandao Carvalho y Ana Beatriz Moura Cardoso, el proveído de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, así como para que ratificaran la demanda de amparo promovida a su favor por Norma ********************En consecuencia, regístrese su llegada, dese de baja en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Gonzalo Montejo Arias, Secretario de Juzgado, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés (oficio CCJ/ST/3433/2023), para encargarse del despacho del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, durante el periodo vacacional del titular, el Juez Arturo Gregorio Peña Oropeza, del veinticinco de julio al ocho de agosto de dos mil veintitrés, ante el secretario Salvador Olivar Díaz, con quien autoriza y da fe.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio signado el por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual rinde informe respecto a la suspensión de plano; en consecuencia, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a partes a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga. Ahora de una revisión al informe de cuenta se advierte que los directos quejosos **************************, en diecinueve de julio del año en curso, se les autorizó el otorgamiento de la condición de la estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas durante el termino de que dure el expediente de amparo y se emita su resolución, por dicha responsable. En razón de lo anterior y de las constancias que obran en autos, se logra advertir que la ejecución del acto reclamado se llevó a cabo en Tijuana, Baja California, pues de la documental mencionada en párrafos que preceden, se tiene que los directos quejosos ************************, estuvieron a disposición de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, el diecinueve de julio del año en curso; y, por ende, al no tener ejecución material en esta entidad el acto reclamado, este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer del mismo, como se expondrá enseguida. A fin de sustentar dicha afirmación resulta pertinente reproducir el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé las hipótesis que se deben tomar en consideración para fijar la competencia en materia de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: 1) La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; 2) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto; por tanto, una vez establecidas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede analizar a continuación la naturaleza del acto reclamado por la quejosa, para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Ahora, en el caso, el acto reclamado requiere de una ejecución material; por tanto, resulta preponderante citar que los directos quejosos estuvieron alojados en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, lo que se encuentra acreditado con base en lo informado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California. En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno. Se cita como sustento a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, a fin de que conozca del presente asunto, dada la competencia que se le plantea, solicitándole atentamente informe si acepta la competencia declinada; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Notifíquese.
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