Valery Stephany Espindola Diaz González

Expediente 207/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
207/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/08/2022

Partes del expediente

  • Valery Stephany Espindola Diaz González

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA FIRME el proveído que desechó la presente demanda de amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este expediente susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, inciso d), del citado Acuerdo, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Por lo que en cumplimiento de este último acuerdo general conjunto se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido. Se tiene por hecha la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente asunto no obran documentos catalogados como originales; y, que las actuaciones del presente asunto coinciden con el expediente electrónico, para los efectos conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Del análisis de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hace consistir esencialmente, EN LA FALTA O ABSTENCIÓN DE REALIZAR EL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO EN EL JUICIO DE DIVORICIO INCAUSADO. Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda, se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia ya que su estudio es de orden público y de estudio preferente, y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo prescrito por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En razón de la naturaleza del acto que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Igualmente, el artículo 107 fracción V, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De los artículos transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo procede contra los actos que tienen como efectos que sean de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales al gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos, el amparo biinstancial es improcedente y tal acto se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva hecha valer por la parte que le resulte desfavorable. En la especie, el acto reclamado se hace consistir esencialmente, EN LA FALTA O ABSTENCIÓN DE REALIZAR EL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO EN EL JUICIO DE DIVORICIO INCAUSADO. Entonces, se concluye que el auto reclamado es un acto dentro de juicio, que no tiene, por el momento, como efecto que sea de imposible reparación, al no afectar materialmente un derecho sustantivo del promovente, tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial en los términos del artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, pues la única consecuencia jurídica que produce es la de que se continúe con la tramitación del procedimiento; y la afectación sólo puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal e intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que va tomando el solicitante del amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos; y de no ser así, el acto reclamado podría constituir una violación intraprocesal, misma que podría reclamarse en el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por el artículo 171 y demás aplicables de la Ley de Amparo. Asimismo, es aplicable por analogía la tesis de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Octubre de 1995, página 333, que a la letra señala: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE. Cuando el juicio de amparo es el único medio para combatir un acto de autoridad, no por ello debe estimarse la procedencia de aquél, porque, en principio, debe atenderse a si los actos de autoridad reclamados son de naturaleza irreparable, esto es, si revisten la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no basta que un determinado proveído y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales, que la Constitución General tutela en favor de los gobernados para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto." Cabe señalar que, por ahora, no se estima que la omisión de la que se duele la quejosa le cause un daño de imposible reparación, toda vez que según lo narra en los hechos de su demanda, por auto dictado el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento del demandado, y tomando en consideración que con motivo del SARS Covid 19, las cargas de trabajo de los Tribunales de la Ciudad de México se han incrementado notoriamente, así como que se reducen los tiempos para desahogar dichas cargas, debido a que los citados tribunales trabajan un día a puerta cerrada y un día a puerta abierta, a juicio de este órgano jurisdiccional por ahora no resulta abierta la dilación en la ejecución del emplazamiento que plantea la quejosa; máxime que el impulso procesal corresponde a las partes y no al juez; y en el caso, la quejosa no manifiesta ni demuestra que haya presentado un escrito ante el juez responsable para solicitar que se lleve a cabo el emplazamiento del demandado. Asimismo, es aplicable por analogía la tesis de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Mayo 2016, página 1086, que a la letra señala: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Asimismo, cabe señalar, que por ahora el acto reclamado no le causa un daño de imposible reparación al promovente, ya que el mismo sólo produce efectos intraprocesales, es decir, hacia el interior del procedimiento, pero por ahora no afecta ningún derecho sustantivo del hoy quejoso, será eventualmente cuando se dicte la sentencia definitiva, cuando pudiera resentir algún perjuicio en su esfera jurídica, pero entonces podrá promover el juicio de amparo directo respectivo en el que podrá reclamar conjuntamente la sentencia definitiva y la violación procesal de la que ahora se duele, pero hasta este momento, no se afecta ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, ante lo cual resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII, esta última en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y artículo 113, todos de la Ley de Amparo. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y número telefónico que indica, sin embargo, se toma conocimiento de los mismos, para los efectos del Artículo 5° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en tal virtud, se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa, el presente proveído, en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Por otro lado, se tiene por autorizado a la persona que nombra para los efectos que indica. Se tienen por autorizados a la persona que refiere en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo; en el entendido que al momento de promover en el presente expediente, deberán contar con su cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Atento al contenido de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo del año dos mil nueve, se faculta el uso de los medios electrónicos. Por otro lado, como lo solicita la promovente, se autoriza el acceso y la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del usuario "solucionesyestrategialegal"; en consecuencia, regístrese tal autorización en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes; lo anterior con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 79 del Acuerdo General Conjunto 27/10/22 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En otro aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme al artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, desahogo de comparecencias o requerimientos, por lo que sólo se podrán consultar los expedientes en los términos indicados en el dispositivo en cita y cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020. De igual forma, en caso de que las partes no tengan acceso a medios electrónicos para la consulta de los expedientes electrónicos, se hace de su conocimiento que cuando tengan cita podrán hacer uso del equipo de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrá para tal efecto, el cual podrá destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación de Servicios en Línea, pues la intención es dar continuidad a la tramitación de los expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; así como a que proporcionen medios de contacto como un número telefónico y correo electrónico. Tomando en consideración que en el Acuerdo General 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del acuerdo general precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. Notifíquese, y por lista a la promovente.

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