Valeriano Ascencio Ramírez
Expediente 234/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 234/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Valeriano Ascencio Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de catorce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 69 a 70), mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, ha causado estado. Por ello, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, este expediente transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DESTRUIDO en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia el juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental jurídica e histórica, ni documentos originales que devolver a las partes.
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de catorce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 69 a 70), mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, ha causado estado. Por ello, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, este expediente transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DESTRUIDO en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia el juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental jurídica e histórica, ni documentos originales que devolver a las partes.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito y anexo signado por la Síndica Procuradora y Representante Legal del Ayuntamiento de Acatepec, Guerrero; de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le tiene por reconocida su personalidad con la constancia que anexa y con apoyo en el arábigo artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngasele por apersonado al presente juicio de amparo. Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, el que señala en el escrito que se provee, lo anterior no obstante de que si bien el artículo 26, inciso I, fracción II de la Ley de Amparo, señala que las notificaciones a las autoridades responsables o las que tengan el carácter de terceros interesados deberán realizarse por medio oficio que se gire a su residencia oficial; sin embargo, a efecto de dar celeridad a las notificaciones que en su caso lleguen a efectuarse a dicha parte procesal y para no contrariar lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene el que señala en la residencia de este órgano jurisdiccional; no obstante, en caso de revocar el domicilio señalado sin designar nuevo, las notificaciones se realizarán a través de oficio enviado a su sede oficial. Gírese oficio de notificación del presente proveído al mencionado ayuntamiento tercero interesado, mismo que deberá ser entregado por conducto del actuario judicial adscrito a este juzgado federal en el domicilio procesal ubicado en esta ciudad, debiendo levantar la razón correspondiente a efecto de que sea agregada el juicio en que se actúa. Luego, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Manuel Benítez Salinas, Nélida Pineda Ríos, Norma Paulina Tapia Gutiérrez, Daniel Aguilar García y Jennifer Gatica Jiménez, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a Adrián Mosso Vallejón y Crysthian Donaldo Cantú Marcial, porque no consta que se encuentren registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales atendiendo a la certificación de cuenta; por ende no se cumplió con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, penal tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." Así se tiene a ****, sólo por autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos, sin gozar de las demás facultades que tienen los autorizados en términos amplios.
- Principal
Visto el oficio y anexo de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, constancias a las que este órgano jurisdiccional les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de las que se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado; por tanto, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, el que esto resuelve procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde. Sobre el tema, se puede observar que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Improcedencia que en el caso cobra vida jurídica, toda vez que al momento de acudir a la instancia constitucional en diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, la parte quejosa reclamó en esencia: La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral ******************** Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable a su informe justificado, se aprecia que el ocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 37 a 68), dictó el laudo en autos del juicio laboral ********************, que en esta vía se reclama. Por tanto, se advierte que la afectación reclamada en el presente juicio ha sido colmada en su totalidad, cesando los efectos del acto reclamado, colmando el derecho tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando de afectar la esfera jurídica del accionante en esta vía, al cesar en sus efectos el acto reclamado, actualizándose con ello la causa de inejercitabilidad prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer el presente juicio de amparo. Causal de improcedencia que evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la aquí agraviado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.
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