Valeriano Amaya García y Otros.

Expediente 467/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
467/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Valeriano Amaya García y Otros.
  • Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
  • Valeriano Amaya García

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintitrés. Acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en la ciudad de Oaxaca, mediante el cual informa que aceptó la competencia respecto de la demanda de amparo promovida por los quejosos Valeriano Amaya García y Benita Beatriz Pérez Cruz, declinada a su favor, avocándose al conocimiento del asunto. Archivo. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; este juzgado federal determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el artículo 19, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por lo que, transcurridos más de seis meses, procédase a su destrucción, en términos del citado numeral 19, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio con firma electrónica, procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual, acusa recibo de original del juicio de amparo 467/2023 del índice de este órgano jurisdiccional e informa que radicó el asunto como juicio de amparo directo 254/2023. Asimismo, refiere que para estar en posibilidad de determinar si acepta o no la competencia planteada por este Juzgado de Distrito y, en su caso, si admite o no la demanda de amparo, remitió a la autoridad responsable Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca el original de la demanda inicial de amparo y escrito aclaratorio, para que realizara el trámite a que se refiere el artículo 178 de la Ley de Amparo; por tanto, resérvese proveer lo que en derecho corresponda en relación al archivo del presente asunto, hasta en tanto el tribunal colegiado informe sobre si admite o no la competencia planteada en este asunto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Se cumple requerimiento. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por los quejosos Valeriano Amaya García y Benita Beatriz Pérez Cruz, mediante el cual, en relación al requerimiento que les formulado en auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, manifiestan lo siguiente: Que la fecha de la sentencia que reclaman es de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, misma que se dictó en el toca familiar 83/2021, índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca, la cual les fue notificada diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Refieren que la orden para las prácticas de convivencias entre Alberto Cruz Hernández y Florentina Pérez Ramírez, con la menor S.G.A.P., se emitieron en dicha sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, del toca familiar 83/2021 del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca. Por tanto, en relación a la demanda inicial se provee: Incompetencia por razón de grado. Debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se debe realizar por el Juzgado de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal importante. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. En ese contexto, conviene precisar que del análisis de la demanda, este órgano de control constitucional, estima que carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, por cuestión de vía, en razón de que considera que los actos reclamados constituyen, en esencia, una sentencia definitiva que pone fin al juicio familiar de origen, por lo que su conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, de conformidad con las consideraciones que se exponen a continuación: Primeramente, debe apuntarse que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés dictada en el toca familiar 83/2021 del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca. La cual fue dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 22/2022 del registro del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Así pues, conviene citar lo previsto en el primer párrafo del artículo 34, el primer párrafo del artículo 47, la fracción I del artículo 170 y el párrafo primero del artículo 176, todos de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)." Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)" "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. (.)" De una interpretación sistemática de los preceptos invocados se colige que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo, el cual procede, entre otras hipótesis, contra los actos y resoluciones que emitan los Tribunales jurisdiccionales que pongan fin al juicio, o bien, las que lo den por concluido sin decidir sobre la litis planteada. Asimismo, que cuando los Jueces de Distrito consideren que los actos reclamados en la demanda de amparo sean materia de amparo directo, la enviaran con sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Concordante con lo anterior, este órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido en el artículo 35 y el artículo 107 de la Ley de Amparo, encuentra limitada su competencia en los siguientes términos: "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida." De los numerales transcritos se desprenden los actos de autoridad contra los cuales procede el juicio de amparo indirecto, cuyo conocimiento compete a los Jueces de Distrito. Así pues, dado que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés dictada en el toca familiar 83/2021 del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca, la cual fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 22/2022 del registro del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; lo procedente es declinar la competencia a favor de dicho órgano colegiado, pues es éste a quien corresponde pronunciarse respecto de las pretensiones vertidas en la demanda de amparo. Se estima oportuno hacer la precisión a dicho tribunal de alzada que de la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que en este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el juicio de amparo indirecto 183/2021, promovido por la menor S.G.A.P., en contra de actos de la Jueza Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca y otras autoridades, en el que se concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: "I. La Jueza Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca: a) Deje insubsistente la resolución de cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de desconocimiento de paternidad 91/2018, del índice de la Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca; en la cual fue decretada la guarda y custodia provisional de la menor S.G.A.P., a favor de Alberto Cruz Hernández y Florentina Pérez Ramírez. b) En su lugar emita una nueva resolución, en la que conforme a las consideraciones metodológicas establecidas en la presente sentencia, establezca que el entorno que mayor beneficio representa para la menor de edad S.G.A.P., a efecto de otorgar su guarda y custodia, a título provisional, es el relativo su núcleo familiar primigenio con el que vivió sus primeros años de vida, integrado por Valeriano Amaya García y Benita Beatriz Pérez Cruz; sin considerar que dichos demandados, mostraron un desinterés en juicio, al no acudir a la audiencia para establecer un régimen de convivencia con la menor, el cual fue ordenado en la sentencia definitiva que resolvió dicho enjuiciamiento. Además, para restituir en el goce de los derechos violados a la menor de edad, al emitir dicha resolución, deberá ordenar al Director General del Sistema para el Desarrollo de la Familia del Estado de Oaxaca; Procuradora Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, del Sistema DIF Oaxaca; y Jefa de la Casa Hogar 1, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca; en primer lugar, 1) la inmediata entrega o integración de la menor S.G.A.P. a su núcleo familiar primigenio integrado por Valeriano Amaya García y Benita Beatriz Pérez Cruz; y en segundo lugar, 2) el otorgamiento de una atención integral psicológica a dicha infante. 2. El Director General del Sistema para el Desarrollo de la Familia del Estado de Oaxaca; Procuradora Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, del Sistema DIF Oaxaca; y Jefa de la Casa Hogar 1, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca: a) Una vez dictada la nueva resolución por la Jueza Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, de inmediato realice la entrega o integración de la menor S.G.A.P. a su núcleo familiar primigenio integrado por Valeriano Amaya García y Benita Beatriz Pérez Cruz." El cual, aún se encuentra pendiente de declararse cumplida la ejecutoria de amparo, puesto que se señalaron diversas horas del cinco de junio próximo, a efecto de llevar a cabo la entrevista inicial de terapia psicológica de la menor S.G.A.P., en conjunto con Benita Beatriz Pérez Cruz y Valeriano Amaya García, en el edificio sede de la Dirección de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; para los efectos legales a que haya lugar Se remiten los autos originales. Entonces, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en concordancia con el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución, los diversos artículos 34, 47 y 107 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo que se analiza, por cuestión de vía y declina su conocimiento a favor del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, por tener el conocimiento previo, de conformidad en los artículos 45, fracción II, y 46, fracciones IV y XIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, reformados mediante diverso Acuerdo General que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós, los cuales son del tenor literal: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: [...] II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma carpeta de investigación o causa penal, al que tenga el último antecedente del asunto; [.] XIII. Las demandas de amparo o recursos que se refieran al mismo acto de autoridad, con excepción de aquellos presentados por distintos quejosos en contra de una misma norma general u omisión o cuando se trate de un diverso acto de aplicación de la norma; [.]" Por tanto, remítasele el presente juicio de amparo y nueve copias de la demanda con anexos, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a efecto que en caso que exista concordancia, provea lo conducente, solicitando se sirva informar sobre la determinación que tenga a bien tomar respecto a si acepta o no la competencia que se estima, le asiste a ese órgano colegiado. Se ordena formar cuaderno de antecedentes con las constancias correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Valeriano Amaya García y Benita Beatriz Pérez Cruz, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales S.G.A.P., con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente correspondiente, y regístrese con el número 467/2023. Prevención. Ahora bien, tomando en consideración que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado no fue expresado de manera precisa, dado que la parte quejosa señala como tal: la resolución dictada por la responsable en la sentencia de cumplimiento de la ejecutoria de amparo 22/2022 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, para que de manera inmediata se practicaran las convivencias entre los actores Alberto Cruz Hernández y Florentina Pérez Ramírez, con la menor S.G.A.P., sin que hayan sido materia de aquélla ejecutoria, ni de las prestaciones reclamadas por la parte actora. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días siguientes a su legal notificación, aclare el mismo en los siguientes términos: Primero. Señale la fecha de la resolución dictada en el toca familiar 83/2021 del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca, que aduce, se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 22/2022, del registro del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y la fecha en que tuvo conocimiento de dicha resolución. Segundo. Indique si la orden que se emitió para que se practiquen las convivencias entre Alberto Cruz Hernández y Florentina Pérez Ramírez, con la menor S.G.A.P., fue pronunciada en la propia resolución del toca familiar 83/2021 del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca, dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo en comento; o bien en diversa o diversas determinaciones. Tercero. En caso de que la referida orden de convivencia se hubiere emitido en diversa o diversas determinaciones, deberá indicar la fecha o fechas de las mismas, así como si fue emitida o emitidas por la Sala Familiar responsable o por diversa autoridad, precisando el nombre de ésta, además el número de expediente dentro del cual se pronunció, y la fecha o fechas en las que tuvo conocimiento de la misma o de las mismas. En la inteligencia que el desahogo deberá realizarlo directamente la parte quejosa (Valeriano Amaya García y Benita Beatriz Pérez Cruz), y no por conducto de autorizado; ya que, es necesaria la manifestación de la voluntad de los promoventes para la prosecución del juicio, que no puede ser suplida por un autorizado. Se apercibe a la quejosa que de no cumplir con lo anterior, en el plazo legal establecido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del citado artículo 114, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y autorizando en términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo a ******************** -conforme a la certificación de cuenta-, y a la restante persona que refiere, sin esas amplias facultades, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, pues no proporciona su número de cédula profesional o de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quién representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho que afrontará las obligaciones de su encomienda y evitar homonimias. Orienta lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021840, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, que es del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, solo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Como lo solicita el quejoso, y toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Integración del expediente físico y electrónico. En términos del artículo 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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