Valeria Valencia Ruíz

Expediente 216/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
216/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Valeria Valencia Ruíz

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL DE AUTOS Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación de quince de febrero del año en curso, por la que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Registro Vista la demanda que promueve Valeria Valencia Ruíz y Alexis Fernando Valencia Ruiz, y este último en su carácter de Albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Fernando Valencia Cisneros; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 216/2023-I-B. Desechamiento Este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 217 del mismo ordenamiento legal, que establecen: *** En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley, que la jurisprudencia que establezcan la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y de la Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. En relación con lo anterior, debe considerarse lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 117/2010, consultable en la página 228 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Materia Civil, Registro 163099, cuyo rubro dice: *** ** Desde el derecho romano, la jurisdicción voluntaria ha sido considerada como un conjunto variado de actos y procedimientos que se realizan ante funcionarios judiciales. Dichos procedimientos tienen como característica común la ausencia de conflicto entre partes. Más recientemente se ha sostenido que la jurisdicción voluntaria es lo opuesto a la contenciosa, se ejerce a solicitud de una o por consentimiento de las dos partes, en un procedimiento en el que el litigio está ausente, a veces latente pero nunca presente. La jurisdicción voluntaria puede definirse como la función que ejercen los Jueces, a solicitud de una o varias personas, en los casos especialmente previstos en la ley, que tiene como finalidad cooperar en el nacimiento de determinadas relaciones jurídicas y, en consecuencia, las resoluciones que en ella recaen no reconocen derechos ni imponen prestaciones entre partes, en otras palabras, la característica primordial de la figura jurídica señalada, es la ausencia de controversia, o de parte contendiente. En el derecho positivo mexicano, la jurisdicción voluntaria participa, adicionalmente, de las siguientes características: 1) Para conocer de ella son competentes los órganos jurisdiccionales de primera instancia y, en su caso, para conocer de la apelación está el Tribunal Superior de Justicia. 2) La competencia territorial se determina a partir del domicilio de la persona que promueve la jurisdicción voluntaria, salvo tratándose de bienes raíces en cuyo caso se determinará la competencia por el lugar en donde se encuentran ubicados. 3) La legitimación procesal se acredita con las posibilidades o facultades que derivan en su favor de los varios intereses en juego, en relación con los fines específicos que debe perseguir a través del proceso mismo. Respecto a la jurisdicción voluntaria, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo dispone lo siguiente: "Articulo 879. La jurisdicción voluntaria comprende los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención judicial, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. (...)" "Artículo 882. Si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio en procedimiento sumario, siempre que la oposición no se funde en la negativa del derecho del que promueve el negocio de jurisdicción voluntaria. En tal caso se sustanciará el pleito conforme a los trámites establecidos para el juicio que corresponda. Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el Juez la desechará de plano. Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria reservando el derecho al opositor." "Artículo 883. El Juez podrá variar o modificar las providencias que dictare en diligencia de jurisdicción voluntaria, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidas respecto de la jurisdicción contenciosa. No se comprenden en esta disposición los autos que tengan fuerza de definitivos y contra los que no se hubiere interpuesto recurso alguno, a no ser que se demostrara que cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción." El precepto legal interpretado por los Tribunales Colegiados contendientes es el numeral 882 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo. De su texto, que ya ha quedado transcrito, se desprende (del primer párrafo) lo siguiente: Cuando en un procedimiento de jurisdicción voluntaria se presenta oposición de parte legítima, pueden ocurrir dos hipótesis: 1) Si la oposición no se funda en la negativa del derecho, se seguirá el procedimiento sumario. 2) Si la oposición se funda en la negativa de derecho, se sustanciará con los trámites establecidos para el juicio que corresponda. El párrafo segundo de dicho precepto plantea una tercera hipótesis: 3) Si quien presenta oposición no cuenta con interés o con personalidad, la oposición deberá ser desechada de plano. Teniendo presente el ya señalado punto de contradicción, lo que ha de dilucidarse es si la oposición presentada, dentro de la jurisdicción voluntaria, debe tramitarse conforme a las reglas de un juicio o simplemente debe darse por concluido ese procedimiento, dejando a salvo los derechos de los interesados. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que si estando ya promovidas las diligencias de jurisdicción voluntaria, se presentase oposición de parte legítima, en ese momento dichas diligencias deben darse por concluidas, sin que sea el caso de considerar que el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria se transforme en contencioso, ni que automáticamente deba proceder a tramitarse conforme a las reglas de un verdadero juicio. En esa tesitura, el artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo debe interpretarse en el sentido de que al presentarse oposición de parte legítima, la jurisdicción voluntaria debe darse por concluida, sin mayor trámite y sin ningún otro acto procesal, salvo la declaratoria del órgano jurisdiccional en el sentido de que dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria se presentó oposición de parte legítima, motivo suficiente para dar por concluido dicho procedimiento. En la inteligencia que el Juez que conozca de la jurisdicción voluntaria, no tiene que valorar ni pronunciarse respecto de si la oposición presentada es o no fundada, pues basta que sea planteada por parte legítima para que se den por concluidas las diligencias. Debe ponerse de manifiesto que si bien es cierto que el referido precepto legal, interpretado por los Tribunales Colegiados contendientes, establece en sus dos primeras hipótesis que si la oposición no se funda en la negativa del derecho, se seguirá el procedimiento sumario; así como que si la oposición se funda en la negativa del derecho, se sustanciará con los trámites establecidos para el juicio que corresponda, dichas hipótesis deben entenderse en el sentido de que ante la oposición de parte legítima y habiéndose dado por terminadas las diligencias de jurisdicción voluntaria, las partes oponentes cuyo derecho está en controversia, están en libertad de promover el juicio que corresponda para dilucidar a quién pertenece el derecho que se discute, en el entendido de que, según lo señala el artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, si la oposición no se funda en la negativa del derecho, aquélla se ventilará a través de un procedimiento sumario, mientras que si dicha oposición se fundara en la negativa del derecho, esa cuestión se ventilará y resolverá conforme a los trámites del juicio que corresponda, pero de manera separada e independiente del trámite de la jurisdicción voluntaria. Consecuentemente, si estando promovidas las diligencias de jurisdicción voluntaria, se presenta oposición de parte legítima, dicho procedimiento debe darse por concluido, dejando a salvo los derechos del promovente, pues ante todo debe entenderse que el referido precepto legal se refiere al caso de que una vez presentada la oposición y surgida la contienda, ésta deberá dilucidarse conforme a los trámites establecidos para el juicio. Por ningún motivo debe entenderse que al presentarse la oposición, el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria se convierte en contencioso ni que en ese caso deba seguirse tramitando conforme a las reglas de un juicio en el que hay contienda entre partes, pues, además de que no existe fundamento para sostener tal extremo, lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Segunda Sala, ya ha establecido que si en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, se presenta oposición de parte legítima, dicho procedimiento debe darse por concluido. El referido criterio legal está reflejado en la siguiente jurisprudencia**** "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA, EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONCLUIR. De conformidad con lo establecido en los artículos 530 y 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley Agraria, según lo dispone su artículo 167, si en el procedimiento de jurisdicción voluntaria en materia agraria, se opone parte legítima, ese procedimiento debe concluir, ya que lo que caracteriza las diligencias promovidas en esa vía es la inexistencia de contienda entre partes; esto es así, porque al oponerse parte legítima, el procedimiento toma las características de un negocio contencioso con motivo de las diferentes pretensiones jurídicas surgidas entre la parte promovente y la opositora, por ello, el artículo 533 antes citado, que se interpreta, dispone que ante la oposición de parte legítima a la solicitud promovida en la vía de jurisdicción voluntaria, 'se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio'; como se advierte, dicha disposición se refiere a la continuación del negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a la continuación del procedimiento abierto con motivo de la jurisdicción voluntaria; de ahí que éste, al dejar de tener la característica propia de las diligencias de jurisdicción voluntaria, debe concluir y, el negocio, al transformarse en contencioso con motivo de la cuestión jurídica surgida entre la parte promovente de la vía de jurisdicción voluntaria y la parte legítima que se opone a la pretensión de aquélla, debe seguirse conforme a las reglas establecidas para el juicio, esto es, en un procedimiento diferente a la jurisdicción voluntaria que concluye con motivo de la oposición. Lo anterior se refuerza si se considera que, por un lado, el legislador se refirió en el primer párrafo del artículo 533 del código aludido, a que el negocio se seguirá conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a que el procedimiento de jurisdicción voluntaria continuará transformado en contencioso, conforme a dichas reglas y, por otro, que el legislador no estableció la obligación a cargo de la autoridad jurisdiccional de actuar oficiosamente para transformar el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria en un procedimiento contencioso." Debe precisarse que el criterio transcrito no hace improcedente la denuncia de contradicción de mérito, pues si bien es cierto que contiene un criterio relacionado con el que aquí se dilucida, también es verdad que aquel criterio se enmarca en la materia agraria, y se aplicó una legislación distinta, siendo necesario establecer un criterio a propósito de la legislación civil. De acuerdo con todo lo antes dicho, debe concluirse que en el caso de que haya sido promovido e iniciado un procedimiento de jurisdicción voluntaria, y en éste se presente la oposición de parte legítima, dicho procedimiento debe darse por concluido sin mayor trámite, con independencia de que, por separado, a través de un procedimiento diferente, la parte interesada decida que el derecho discutido deba ventilarse y deba ser resuelto por el órgano jurisdiccional, caso en el cual deberá tomarse en cuenta que si la oposición no se funda en la negativa del derecho, se seguirá el procedimiento sumario, pero si la oposición se funda en la negativa de derecho, se sustanciará con los trámites establecidos para el juicio que corresponda**** En el caso a estudio, es importante precisar que dicho criterio cobra aplicación, en tanto el artículo 3.5 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, aplicable al caso concreto, permite establecer que al presentarse oposición de parte legítima, el procedimiento de jurisdicción voluntaria debe darse por concluido; y, en caso de que la oposición se presentara después de efectuada la jurisdicción voluntaria, se reservará el derecho al opositor. De tal manera que es factible establecer, que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclama la falta de llamamiento y consecuentemente todo lo actuado en un procedimiento de jurisdicción voluntaria que ha concluido; lo anterior, es así, si se toma en consideración que conforme al artículo 3.5 del Código de procedimientos Civiles para el Estado de México, y a la jurisprudencia ***, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ningún fin practicó tendría, en su caso, conceder el amparo, si se toma en cuenta que aunque se presente oposición a las actuaciones de jurisdicción voluntaria ya terminadas, se reservaría su derecho; y en su caso, la cuestión jurídica contenciosa surgida entre la parte promovente de la vía de jurisdicción voluntaria y la parte legítima que se opone a la pretensión de aquélla, deberá seguirse conforme a las reglas establecidas para el juicio, lógicamente en un procedimiento diferente a aquél, pues lo que caracteriza a las diligencias de jurisdicción voluntaria es la inexistencia de contienda entre las partes. Lo cual acontece con el procedimiento judicial no contencioso de acuerdo a las reglas del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México ya que no tendría caso conceder el amparo solicitado, porque se trata de un procedimiento judicial no contencioso ya concluido, respecto del cual se ha establecido que aunque se presente oposición a las actuaciones de dicho procedimiento ya terminado, se reservaría su derecho, lo que conduce a que el quejoso esta en aptitud de promover el juicio contencioso que estime conveniente. Por tal motivo, la presente determinación no deja en estado de indefensión al quejoso, puesto que existe la vía legal correspondiente a fin de hacer valer sus pretensiones, dada la etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento en el que se ostentan terceros extraños los quejosos. Al respecto, la parte quejosa señala como acto reclamado, la falta de emplazamiento o llamamiento de los quejosos al procedimiento judicial no contencioso sobre la acreditación de concubinato 875/2022, índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, promovido por Amalia Esquivel Rosas (señalada como tercero interesada en el presente asunto), respecto del fallecido Fernando Valencia Cisneros, en la que se determinó la existencia de una relación de concubinato entre dichas personas, ostentándose los aquí quejosos como terceros extraños a dicho asunto, pues refieren que no se les emplazó. Sobre la materia, es menester tener presente el contenido de los artículos 3.1 a 3.6 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 3.1.- Se aplicará lo previsto en este Título a todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiera la intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre partes. Artículo 3.2.- El escrito que inicie un procedimiento judicial no contencioso deberá contener, además de los requisitos específicos que se establezcan en este capítulo, los siguientes: I. El Tribunal ante el que se promueve; II. El nombre del promovente; III. El nombre y domicilio de las personas que, en su caso, deban ser citadas; IV. Los hechos en que el promovente funde su solicitud; V. La providencia específica que solicite el promovente; VI. Las pruebas que ofrece el promovente. Artículo 3.3.- El Ministerio Público será oído cuando: I. La solicitud promovida afecte intereses públicos; II. Se refiera a la persona o bienes de menores o incapacitados, cuando carezca de representante legal o el Juez advierta que es omiso o actúa en contra de los intereses de aquéllos; III. Tenga relación con los bienes y derechos de un ausente; IV. Lo considere necesario el Juez, o V. Lo dispongan las leyes. Intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Artículo 3.3 Bis.- La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México será oída cuando se refiera a la persona o bienes de niñas, niños o adolescentes, cuando carezcan de representante legal o el Juez advierta que es omiso o actúa en contra de los intereses de aquellos. Asimismo, será oída cuando el Juez lo considere necesario o lo dispongan las leyes. Artículo 3.4.- Se notificará a la persona que sea necesario oírla, haciendo de su conocimiento que quedan las actuaciones a su vista; igualmente se le dará a conocer la fecha para recibir pruebas o para la práctica de las diligencias decretadas. En asuntos del derecho familiar, en su caso, se señalará fecha dentro de los cinco días siguientes para la audiencia de recepción de pruebas o para la práctica de las diligencias respectivas. Oposición a proceso no contencioso Artículo 3.5.- Se dará por terminado el proceso no contencioso si se opusiere parte legítima. Se desechará la oposición que se haga después de efectuado el acto, reservándole sus derechos al opositor. Artículo 3.6.- Las providencias dictadas en procedimientos judiciales no contenciosos, son apelables con efecto suspensivo si el recurso lo interpone el promovente y en el efecto no suspensivo, cuando las recurra un tercero." -Lo subrayado y resaltado es propio. De los numerales transcritos, se advierte que el procedimiento no contencioso de que se trata, en esencia se trata una jurisdicción voluntaria, la cual se considera para aquellos actos y procedimientos que se realizan ante funcionarios judiciales con el objeto de que éstos verifiquen la existencia de ciertas situaciones jurídicas sin que exista conflicto entre partes, y sin que las resoluciones que aquellos lleguen a pronunciar puedan adquirir autoridad de cosa juzgada. En ese contexto, es inconcuso que la parte quejosa reclama lo actuado en una jurisdicción voluntaria cuyo procedimiento (trámite) ha concluido, con el fin de oponerse al mismo. Por tanto, en términos de lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 188/2010, el presente juicio de amparo es improcedente, porque el procedimiento no contencioso de acreditación de concubinato 875/2022, ya está´ concluido; y, en su caso, el quejoso se encuentra en aptitud de promover en juicio contencioso que estime conveniente. En esas condiciones, es evidente que opera la causa de improcedencia que se prevé en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, se desecha de plano, por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por Valeria Valencia Ruíz y Alexis Fernando Valencia Ruiz, y este último en su carácter de Albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Fernando Valencia Cisneros. Sin que pase desapercibido que los quejosos, refieren que se encuentra en trámite en juicio sucesorio intestamentario 787/2022 de la estadística del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, sin embargo, no se advierte que la aquí tercera interesada Amalia Esquivel Rosas haya comparecido a dicho juicio de modo que, en el caso particular, si las diligencias de jurisdicción no contenciosa no tuvieron mayor pretensión que hacer constar hechos relativos a un concubinato, y la intervención del juez responsable se circunscribió a la mera recepción de las declaraciones del promovente, toda vez que éstas no constituyen verdad legal ni cosa juzgada contra terceros, entre quienes se encuentra la parte quejosa, y no producen efectos jurídicos definitivos ni acreditan derechos sustantivos, por lo que es evidente que ningún agravio personal y directo le ocasionaron a la quejosa en su esfera jurídica, por lo que tiene la vía legal a fin de hacer valer sus pretensiones. Asimismo, la determinación anterior se sustenta en la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del recurso de queja 208/2022, de su índice, en la que se declaró infundado dicho recurso, interpuesto en el diverso juicio de amparo indirecto 720/2022-VII, de la estadística del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, en la que sustancialmente se determinó actualizada la causa de improcedencia cuando se reclama todo lo actuado en un procedimiento judicial no contencioso de declaración de concubinato cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño al procedimiento. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda, es decir las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Requerimiento de usuario En razón de lo anterior, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se le requiere para que, en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, señale usuario electrónico, lo anterior, a fin de que se encuentre en posibilidades de acceder al expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Instrucciones para la creación de usuario electrónico A fin de realizar lo anterior, deberá crear su usuario electrónico y tramitarse la firma electrónica vigente (FIREL), así como, solicitarse la autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal, debiendo indicar el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https*** Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciada en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 17 constitucional y en atención al derecho de tutela judicial efectiva, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. Consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa. **

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