Valeria Monserrat Avalos Rodriguez
Expediente 345/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Valeria Monserrat Avalos Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de tres de mayo del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, que promovió respecto del acto que reclamó de la autoridad que señaló como responsable. Por ende, con fundamento en los preceptos 354 a 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado... Notifíquese.
- Principal
Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de la Secretaria Proyectista del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con el que remite constancias en copia certificada relativas al expediente 886-2/2020 de origen, a las cuales les reviste el carácter de documental con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2. Del mismo modo, se cita en apoyo a lo expuesto el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Materia Común, Registro digital: 290460, página 660, que dispone: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. Lo son las certificaciones expedidas por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, de consiguiente, hacen prueba plena." Acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el precepto 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia consiste en: La abstención u omisión para remitir el recurso de apelación que la suscrita interpuso en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 28 de febrero del año 2003 en el incidente de oposición al proyecto de partición deducido del expediente principal número 886-2/2020 relativo al proceso sucesorio intestamentario a bienes de Emanuel García Jiménez denunciado por Beatriz Adriana Nava Manzo. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra del ocurso constitucional, pues este Juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos ahí contenidos, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al caso, se estima aplicable la Jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 192097, página 32, que a la letra dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Sobreseimiento fuera de audiencia. El suscrito juez de Distrito advierte oficiosamente que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, pues estima que han cesado los efectos del acto reclamado. La porción normativa que invoca la responsable en la parte conducente establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En efecto, de las constancias remitidas por la Secretaria proyectista del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte fehacientemente que se actualiza la causa de improcedencia a comento, toda vez que acredita fehacientemente que el dos de mayo del año en curso, fueron remitidos el expediente del incidente y el duplicado del juicio sucesorio de origen a la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, razón por la que han cesado los efectos del acto. A fin de evidenciar por qué se arriba a dicha conclusión es menester puntualizar que se actualiza la cesación de efectos de los actos reclamados cuando ante su existencia o insubsistencia, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora bien, en el caso la autoridad responsable acredita que el dos de mayo del año en curso, fue remitido a la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, el expediente del incidente y el duplicado del juicio sucesorio de origen para la substanciación del recurso de apelación, lo que significa que los efectos de la inactividad procesal reclamada han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales. Efectivamente, la conducta omisiva ejercida por la autoridad responsable, que motivó la promoción del juicio de amparo, cesó al haber remitido la autoridad responsable para su sustanciación el recurso de apelación interpuesto en el incidente de oposición al proyecto de partición; por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI en relación con el 63 fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia. Ello es así, porque los efectos del acto reclamado han quedado insubsistentes con todas sus consecuencias en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En torno al tema, es ilustrativa la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochenta y uno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, tomo seis, materia común, cuyos rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página doscientos diez, volumen séptimo, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo título y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." La anterior determinación también encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente cuando el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Precisiones. Se considera necesario puntualizar que el análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo, no configuran una denegación de justicia, tal como lo dispone la tesis III.2o.C.3 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro digital 2002537, página 2066, que en su rubro establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Asimismo, este Juzgador considera oportuno precisar que si bien es cierto que la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de Derechos Humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional, doctrinalmente denominados como principio pro persona o pro homine, también es cierto que ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales, tales como los de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, etcétera, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 56/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 6, mayo de 2014, tomo II, registro digital: 2006485, página 772, que en su rubro a la letra dispone: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Así como la Jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, registro digital: 2004748, página 906, que en su rubro a la letra establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES." Audiencia señalada. En virtud de la determinación adoptada, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha que se fijaron para la celebración de la audiencia constitucional. Criterios invocados. Cabe puntualizar que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la Ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la Ley vigente. Notifíquese personalmente.
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