Valeria Mercado Zeron

Expediente 967/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
967/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Valeria Mercado Zeron

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto; el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que transcurrió el término que prevé el artículo 202, en relación con el numeral 214, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra de la resolución de veinte de febrero de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio; por tanto, se tiene por consentida dicha resolución. Ahora bien, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal mediante ejecutoria dictada en el presente asunto, y al no existir documento original que devolver, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 del ordenamiento legal antes invocado, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, 18, fracción tercera, inciso a) y demás relativos y aplicables del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DEPURABLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos que prevé el último párrafo del numeral y acuerdo citados; en consecuencia, consérvese la demanda y la sentencia, con excepción de las restantes actuaciones. Notifíquese.

  2. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE FECHA VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: "Pachuca de Soto, Hidalgo, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación y cuenta de la Secretaria de Acuerdos, que obran a foja 104 de autos, de las que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a las partes, mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional; sin que ninguna de las partes realizara manifestación alguna. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En el caso, la quejosa Valeria Mercado Zerón, por propio derecho, solicitó la protección constitucional contra la sentencia dictada el catorce de octubre de dos mil veintiuno, por la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca civil 480/2021-III de su índice. Seguida la secuela procesal, mediante sesión ordinaria virtual celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el cinco de enero de dos mil veintitrés, este Tribunal Colegiado dictó el fallo correspondiente en el que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. En su lugar, dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos precisados en la presente ejecutoria, observe las consideraciones que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1388/2016, a fin de analizar el reclamo de los alimentos retroactivos. 2.1. Al efecto, deberá tener en cuenta que el deudor alimentario tiene la carga de demostrar que desde el nacimiento su hija cumplió en forma proporcional, regular y suficiente con la obligación de proporcionarle alimentos. 2.2. Asimismo, debe prescindir de la interpretación del numeral 139 de Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, en el sentido de que al reclamar el pago de alimentos retroactivos, es exigible demostrar que la persona acreedora alimentaria por sí o por interpósita persona adquirió deudas o que careció de capacidad económica para sufragar los gastos del menor de edad acreedor; de igual forma, que dicha prestación fue analizada en el expediente 1342/2016. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda.". Derivado de lo anterior, se remitió el testimonio de dicha ejecutoria, así como los autos que sirvieron para el conocimiento del asunto a la autoridad responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procedería en términos del precepto citado. En observancia al fallo protector, la autoridad responsable remitió la sentencia dictada en cumplimiento (de veinte de enero siguiente). Ahora, del examen de las constancias que obran en autos y del fallo emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la responsable: I. Dejó insubsistente la sentencia reclamada (la de catorce de octubre de dos mil veintiuno, página 100 vuelta de autos) [Cumplimiento del lineamiento "1."]. II. En su lugar, dictó otra en la que, siguiendo los lineamientos precisados en la presente ejecutoria, observó las consideraciones que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1388/2016, a fin de analizar el reclamo de los alimentos retroactivos, ello, teniendo en cuenta que el deudor alimentario tenía la carga de demostrar, que desde el nacimiento de su hija, cumplió en forma proporcional, regular y suficiente con la obligación de proporcionarle alimentos. III. Asimismo, prescindió: a) de la interpretación del numeral 139 de Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, en el sentido de que al reclamar el pago de alimentos retroactivos, era exigible demostrar que la persona acreedora alimentaria por sí o por interpósita persona adquirió deudas o que careció de capacidad económica para sufragar los gastos del menor de edad acreedor; b) que tal circunstancia ya había sido analizada en el expediente 1342/2016, lo que realizó de la siguiente manera [Cumplimiento de los lineamientos "2.", "2.1" y "2.2"]: "En esta tesitura, el artículo 139 de la Ley para la Familia vigente en el Estado de Hidalgo, dispone que cuando el deudor alimentante no estuviere presente, o estándolo, rehusare entregar lo necesario para los alimentos de los miembros de su familia, será responsable de las deudas contraídas para cubrir esas exigencias, en cuanto a lo estrictamente necesario para ese objeto; se excluyen expresamente los gastos superfluos, de ahí que, efectivamente, haya la obligación legal del deudor alimentario, de proporcionar alimentos vencidos desde su nacimiento, cuando la madre fue la única que soportó dicha carga. Lineamiento que no debe ser interpretado en el sentido de que la parte actora debe demostrar haber adquirido deudas o que careció de capacidad económica para sufragar sus gastos cuando cursó la minoría de edad ya que tal exigencia desconoce que la fuente de la obligación alimentaria nace de la filiación y no deriva de otras fuentes. Lo que si constituye una obligación es que el deudor alimentario, en su caso, tenga que pagar las deudas que se hubieren contraído referentes a los alimentos demandados, porque entonces las deudas pasan a formar parte de los mismos por su origen y finalidad, desde luego, siempre que se compruebe la existencia y relación entre las deudas y su finalidad alimentaria. Así mismo el artículo 140 del mismo ordenamiento legal, establece que el deudor alimentario separado de sus acreedores sigue obligado a cumplir con los gastos de los alimentos por lo que el acreedor alimentario podrá pedir al Juez Familiar que obligue al deudor a ministrarle los gastos necesarios el tiempo de la separación, así como pagar las deudas contraídas en los términos del precitado artículo 139. Ahora bien, respecto a la posibilidad de exigir el pago de forma retroactiva de los alimentos en favor de la persona acreedora alimentaria en la época que cursaba la minoría de edad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 1388/2016, arribó a las siguientes determinaciones: 1. Que existe la posibilidad de exigir el pago de forma retroactiva de los alimentos que merecía el acreedor alimentario siendo menor de edad, lo cual se determinó en el amparo directo en revisión 2293/2013, en los términos siguientes: i) Los alimentos constituyen un derecho fundamental de los menores, consagrados en el artículo 4° de la Constitución; ii) Los alimentos se configuran como un deber de los pares, independiente de que ostenten o no la patria potestad; iii) El derecho a los alimentos se actualiza sin que importe si los hijos han nacido fuera o dentro del matrimonio, de tal forma, que la sentencia de reconocimiento de un menor únicamente declarativa y no constitutiva de derechos; iv) Los alimentos incluyen no solo los bienes indispensables para la subsistencia del menor, sino aquellos necesarios para su desarrollo integral armónico. v) No existe un plazo para hacer efectivo el reclamo delos alimentos. 2. Que en atención a dicha premisas (sic) se concluyó, que si el derecho de los menores a recibir alimentos por parte de sus progenitores surge desde su nacimiento -nace el vínculo paterno-materno-filial-, puede sostenerse válidamente que la deuda alimenticia también surge a partir de ese momento y es en atención a ello, que resulta plausible retrotraer la obligación del derecho a lo (sic) alimentos al momento del nacimiento del menor y que esta obligación puede ser exigida en cualquier tiempo por el actor. 3. Que el quantum de la obligación retroactiva debe ser modulado por el Juzgador a fin de que no se torne abusivo, por lo que al momento de fijar su monto se debe tomar en cuenta lo siguiente: si existió o no conocimiento previo del embarazo o del nacimiento del menor y b) la buena o mala fe del deudor alimentario. 4. Que el amparo directo en revisión 5781/2014, se reiteró a procedencia del pago de una pensión alimenticia desde el momento del nacimiento; no obstante, que en dicho asunto, quien solicitó el pago fue la acreedora alimentaria una vez que alcanzó la mayoría de edad; que esa cuestión no resultó un obstáculo para evaluar el derecho a retrotraer la obligación de alimentos por el periodo en que la accionista era menor de edad. 5. Que el nacimiento de la obligación de prestar alimentos a los menores desde que nacen, resulta una prerrogativa y deber imprescriptible e insustituible de ambos progenitores, pues no es voluntad de los progenitores (ser titulares de la patria potestad y, con ello deudores alimentarios. 6. Que la obligación alimentaria en virtud de su causa y naturaleza, así como por ser de orden público, no puede renunciarse ni ser delegada, sino que recae directamente y en primer lugar en los padres; esto es, pesa tanto en el padre como en la madre porque de esa manera se garantiza el máximo desarrollo posible del menor. 7. Que en virtud de la condición de menor de edad y del lazo de filiación entre los hijos y progenitores surge el derecho de recibir alimentos, y en tanto se intenta proteger este derecho, es posible exigir el pago retroactivo de los alimentos que no se subsanaron. 8. Que la posibilidad de reclamar el pago de los alimentos no se circunscribe a la esfera de la minoría de edad, por lo que una persona mayor de edad puede reclamar el pago de los alimentos retroactivos, no respecto a su derecho a los alimentos en la actualidad, sino respecto de aquellas necesidades alimenticias que se actualizaron y no se subsanaron cuando era menor de edad. 9. Que negar el pago de los alimentos retroactivos que se deben en virtud de los deberes de paternidad, a una persona mayor de edad, es violatorio de los principios de igualdad y no discriminación, en virtud de que se realiza una distinción con base en una categoría sospechosa contemplada por el artículo 1° Constitucional, sin que cuente con una justificación o razonabilidad. 10. Que no se justifica que a un grupo de personas menores de edad; se les permita acceder al pago retroactivo de los alimentos, y a otro grupo no, -personas mayores de edad-, ya que la exigibilidad del pago retroactivo de los alimentos, es subsanar una infracción que ocurrió en el pasado cuando algún progenitor injustificadamente se negó a proporcionar alimentos a sus menores hijos. 11. Que la posibilidad de exigir el pago de la pensión alimenticia cuando se es menor de edad, solo depende del representante legal del menor, por lo que, si el representante decide no entablar ninguna acción respecto al derecho alimentario del niño, no hay razón para que, una vez alcanzada la mayoridad de edad, no pueda accionar por sí mismo el cumplimiento de dicha obligación. En observancia a los anteriores lineamientos, en el caso que nos ocupa, resulta procedente la pretensión de la parte actora porque a pesar de que la demandante JUANITA ZERÓN SUÁREZ en representación de su menor hija VALERIA MERCADO ZERÓN, acreedora alimentista de éste asunto, en los puntos de facto en los que soporta su demanda nunca refirió haberse visto obligada a contraer adeudo alguno PARA SUFRAGAR Los gastos de alimentación de su hija VALERIA MERCADO ZERÓN, el demandado como deudor alimentario tenía la carga de demostrar que desde el nacimiento de su hija cumplió en forma proporcional, regular y suficiente con la obligación de proporcionarle alimentos, ya que las pruebas que aportó al procedimiento no tuvieron el alcance demostrativo para probarlo. Ergo, de la instrumental de actuaciones que constituye el expediente principal, con plenos efectos probatorios al tenor de lo dispuesto por el artículo 214 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se desprende que a pesar de que la demandante en primer término señora JUANITA ZERÓN SUÁREZ, instó a la autoridad judicial exigiendo el pago de una pensión alimenticia retroactiva en favor de su entonces menor hija VALERIA MERCADO ZERÓN, a partir del nacimiento de su hija, bajo el argumento toral de que el demandado señor DANIEL ALEJANDRO MERCADO GONZÁLEZ, desde el momento de la concepción de su referida hija se negó injustificadamente a cumplir con su deber jurídico alimentario, a pesar de los múltiples requerimientos que de manera personal le realizó la citada demandante, este punto fáctico que en esencia generala litis de este asunto, se advierte probado pero solo de forma parcial en razón de que existe un juicio anterior en el que la misma señora JUANITA ZERÓN SUÁREZ en representación de su entonces menor hija VALERIA MERCADO ZERÓN demandó del señor DANIEL ALEJANDRO MERCADO GONZÁLEZ el pago de una pensión alimenticia en favor de su referida hija, así como el aseguramiento y pago de pensiones caídas, litigio que data del 13 trece de octubre del año 2016 dos mil dieciséis y que culminó con el dictado de una sentencia definitiva en la se resolvió que las prestaciones reclamadas fueron parcialmente procedentes, condenando al demandado al pago de una pensión alimenticia en favor de su hija VALERIA MERCADO ZERÓN consistente en el 25% veinticinco por ciento de su salario y todo tipo de prestaciones que con motivo de su actividad laboral percibe como empleado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE por sus siglas), fallo del que no existe constancia de que se haya impugnado y si bien es verdad que con esta documental se acredita que desde el día 18 dieciocho de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, se impuso al demandado una pensión alimenticia provisional por virtud del diverso juicio familiar 1342/2016 en cuya sentencia definitiva de declaró procedente la acción de alimentos y se fijó como pensión definitiva el 25% veinticinco por ciento del salario que el deudor, no menos cierto es que analizando el contenido de aquel litigio se desprende que las pensiones vencidas reclamas no fueron objeto de estudio y por tanto no fueron motivo de resolución. De ahí que resulte procedente condenar al demandado al pago de las pensiones retroactivas por resulta (sic) patente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, estableció en el amparo directo en revisión 1388/2016, que no hay razón para considerar que, una vez que el menor de edad alcance la mayoría de edad, pueda reclamar por sí mismo el cumplimiento de las pensiones retroactivas desde su nacimiento, dado que esta prestación constituye una prerrogativa imprescriptible e insustituible; máxime que es palmario que en el expediente 1342/2016, tal prestación no fue examinada. Sumado a lo anterior tenemos que los medios de prueba aportado por el deudor alimentante señor DANIEL ALEJANDRO MERCADO GONZÁLEZ, no tiene el alcance de demostrar que haya cumplido con su obligación de proporcionar alimentos a su hija VALERIA MERCADO ZERÓN de forma proporcional, regular y suficiente.". III. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, la responsable calificó parcialmente fundados los agravios expuestos por la apelante, por lo que revocó la sentencia dictada el veinte de mayo de dos mil veintiuno, por la Jueza Segunda Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el expediente 333/2020, de su índice, esto es, declaró procedentes las prestaciones reclamadas por Valeria Mercado Zerón, consistentes en pensiones retroactivas, así como el pago de gastos y costas; lo que plasmó en los resolutivos siguientes [Cumplimiento del lineamiento "3."]: "PRIMERO. Esta Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo resultó competente para conocer y resolver del recurso de apelación interpuesto. SEGUNDO. Se deja INSUBSISTENTE la resolución emitida por esta Alzada con fecha 14 (catorce) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno), en cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, dentro del Juicio de Amparo número 967/2021. TERCERO. Los agravios expuestos por la apelante VALERIA MERCADO ZERÓN, resultaron PARCIALMENTE FUNDADOS PERO OPERANTES. CUARTO. En consecuencia, se REVOCA la sentencia definitiva dictada el 20 (veinte) de mayo de 2021 (dos mil veintiuno), por la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, relativa al juicio ESCRITO FAMILIAR DE PENSIÓN ALIMENTICIA promovido por VALERIA MERCADO ZERÓN en contra de DANIEL ALEJANDRO MERCADO GONZÁLEZ; expediente número 333/2020. QUINTO. Dese aviso al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito del cumplimiento dado a su ejecutoria ordenada. [.] OCTAVO. Notifíquese y Cúmplase.". Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable cumplió los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196, párrafos segundo y tercero y 214 de la Ley de Amparo, ordenar el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que se practique la notificación encomendada en el presente asunto."

  3. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación y cuenta de la Secretaria de Acuerdos, que obran a foja 104 de autos, de las que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a las partes, mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional; sin que ninguna de las partes realizara manifestación alguna. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En el caso, la quejosa Valeria Mercado Zerón, por propio derecho, solicitó la protección constitucional contra la sentencia dictada el catorce de octubre de dos mil veintiuno, por la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca civil 480/2021-III de su índice. Seguida la secuela procesal, mediante sesión ordinaria virtual celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el cinco de enero de dos mil veintitrés, este Tribunal Colegiado dictó el fallo correspondiente en el que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. En su lugar, dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos precisados en la presente ejecutoria, observe las consideraciones que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1388/2016, a fin de analizar el reclamo de los alimentos retroactivos. 2.1. Al efecto, deberá tener en cuenta que el deudor alimentario tiene la carga de demostrar que desde el nacimiento su hija cumplió en forma proporcional, regular y suficiente con la obligación de proporcionarle alimentos. 2.2. Asimismo, debe prescindir de la interpretación del numeral 139 de Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, en el sentido de que al reclamar el pago de alimentos retroactivos, es exigible demostrar que la persona acreedora alimentaria por sí o por interpósita persona adquirió deudas o que careció de capacidad económica para sufragar los gastos del menor de edad acreedor; de igual forma, que dicha prestación fue analizada en el expediente 1342/2016. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda.". Derivado de lo anterior, se remitió el testimonio de dicha ejecutoria, así como los autos que sirvieron para el conocimiento del asunto a la autoridad responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procedería en términos del precepto citado. En observancia al fallo protector, la autoridad responsable remitió la sentencia dictada en cumplimiento (de veinte de enero siguiente). Ahora, del examen de las constancias que obran en autos y del fallo emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la responsable: I. Dejó insubsistente la sentencia reclamada (la de catorce de octubre de dos mil veintiuno, página 100 vuelta de autos) [Cumplimiento del lineamiento "1."]. II. En su lugar, dictó otra en la que, siguiendo los lineamientos precisados en la presente ejecutoria, observó las consideraciones que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1388/2016, a fin de analizar el reclamo de los alimentos retroactivos, ello, teniendo en cuenta que el deudor alimentario tenía la carga de demostrar, que desde el nacimiento de su hija, cumplió en forma proporcional, regular y suficiente con la obligación de proporcionarle alimentos. III. Asimismo, prescindió: a) de la interpretación del numeral 139 de Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, en el sentido de que al reclamar el pago de alimentos retroactivos, era exigible demostrar que la persona acreedora alimentaria por sí o por interpósita persona adquirió deudas o que careció de capacidad económica para sufragar los gastos del menor de edad acreedor; b) que tal circunstancia ya había sido analizada en el expediente 1342/2016, lo que realizó de la siguiente manera [Cumplimiento de los lineamientos "2.", "2.1" y "2.2"]: "En esta tesitura, el artículo 139 de la Ley para la Familia vigente en el Estado de Hidalgo, dispone que cuando el deudor alimentante no estuviere presente, o estándolo, rehusare entregar lo necesario para los alimentos de los miembros de su familia, será responsable de las deudas contraídas para cubrir esas exigencias, en cuanto a lo estrictamente necesario para ese objeto; se excluyen expresamente los gastos superfluos, de ahí que, efectivamente, haya la obligación legal del deudor alimentario, de proporcionar alimentos vencidos desde su nacimiento, cuando la madre fue la única que soportó dicha carga. Lineamiento que no debe ser interpretado en el sentido de que la parte actora debe demostrar haber adquirido deudas o que careció de capacidad económica para sufragar sus gastos cuando cursó la minoría de edad ya que tal exigencia desconoce que la fuente de la obligación alimentaria nace de la filiación y no deriva de otras fuentes. Lo que si constituye una obligación es que el deudor alimentario, en su caso, tenga que pagar las deudas que se hubieren contraído referentes a los alimentos demandados, porque entonces las deudas pasan a formar parte de los mismos por su origen y finalidad, desde luego, siempre que se compruebe la existencia y relación entre las deudas y su finalidad alimentaria. Así mismo el artículo 140 del mismo ordenamiento legal, establece que el deudor alimentario separado de sus acreedores sigue obligado a cumplir con los gastos de los alimentos por lo que el acreedor alimentario podrá pedir al Juez Familiar que obligue al deudor a ministrarle los gastos necesarios el tiempo de la separación, así como pagar las deudas contraídas en los términos del precitado artículo 139. Ahora bien, respecto a la posibilidad de exigir el pago de forma retroactiva de los alimentos en favor de la persona acreedora alimentaria en la época que cursaba la minoría de edad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 1388/2016, arribó a las siguientes determinaciones: 1. Que existe la posibilidad de exigir el pago de forma retroactiva de los alimentos que merecía el acreedor alimentario siendo menor de edad, lo cual se determinó en el amparo directo en revisión 2293/2013, en los términos siguientes: i) Los alimentos constituyen un derecho fundamental de los menores, consagrados en el artículo 4° de la Constitución; ii) Los alimentos se configuran como un deber de los pares, independiente de que ostenten o no la patria potestad; iii) El derecho a los alimentos se actualiza sin que importe si los hijos han nacido fuera o dentro del matrimonio, de tal forma, que la sentencia de reconocimiento de un menor únicamente declarativa y no constitutiva de derechos; iv) Los alimentos incluyen no solo los bienes indispensables para la subsistencia del menor, sino aquellos necesarios para su desarrollo integral armónico. v) No existe un plazo para hacer efectivo el reclamo delos alimentos. 2. Que en atención a dicha premisas (sic) se concluyó, que si el derecho de los menores a recibir alimentos por parte de sus progenitores surge desde su nacimiento -nace el vínculo paterno-materno-filial-, puede sostenerse válidamente que la deuda alimenticia también surge a partir de ese momento y es en atención a ello, que resulta plausible retrotraer la obligación del derecho a lo (sic) alimentos al momento del nacimiento del menor y que esta obligación puede ser exigida en cualquier tiempo por el actor. 3. Que el quantum de la obligación retroactiva debe ser modulado por el Juzgador a fin de que no se torne abusivo, por lo que al momento de fijar su monto se debe tomar en cuenta lo siguiente: si existió o no conocimiento previo del embarazo o del nacimiento del menor y b) la buena o mala fe del deudor alimentario. 4. Que el amparo directo en revisión 5781/2014, se reiteró a procedencia del pago de una pensión alimenticia desde el momento del nacimiento; no obstante, que en dicho asunto, quien solicitó el pago fue la acreedora alimentaria una vez que alcanzó la mayoría de edad; que esa cuestión no resultó un obstáculo para evaluar el derecho a retrotraer la obligación de alimentos por el periodo en que la accionista era menor de edad. 5. Que el nacimiento de la obligación de prestar alimentos a los menores desde que nacen, resulta una prerrogativa y deber imprescriptible e insustituible de ambos progenitores, pues no es voluntad de los progenitores (ser titulares de la patria potestad y, con ello deudores alimentarios. 6. Que la obligación alimentaria en virtud de su causa y naturaleza, así como por ser de orden público, no puede renunciarse ni ser delegada, sino que recae directamente y en primer lugar en los padres; esto es, pesa tanto en el padre como en la madre porque de esa manera se garantiza el máximo desarrollo posible del menor. 7. Que en virtud de la condición de menor de edad y del lazo de filiación entre los hijos y progenitores surge el derecho de recibir alimentos, y en tanto se intenta proteger este derecho, es posible exigir el pago retroactivo de los alimentos que no se subsanaron. 8. Que la posibilidad de reclamar el pago de los alimentos no se circunscribe a la esfera de la minoría de edad, por lo que una persona mayor de edad puede reclamar el pago de los alimentos retroactivos, no respecto a su derecho a los alimentos en la actualidad, sino respecto de aquellas necesidades alimenticias que se actualizaron y no se subsanaron cuando era menor de edad. 9. Que negar el pago de los alimentos retroactivos que se deben en virtud de los deberes de paternidad, a una persona mayor de edad, es violatorio de los principios de igualdad y no discriminación, en virtud de que se realiza una distinción con base en una categoría sospechosa contemplada por el artículo 1° Constitucional, sin que cuente con una justificación o razonabilidad. 10. Que no se justifica que a un grupo de personas menores de edad; se les permita acceder al pago retroactivo de los alimentos, y a otro grupo no, -personas mayores de edad-, ya que la exigibilidad del pago retroactivo de los alimentos, es subsanar una infracción que ocurrió en el pasado cuando algún progenitor injustificadamente se negó a proporcionar alimentos a sus menores hijos. 11. Que la posibilidad de exigir el pago de la pensión alimenticia cuando se es menor de edad, solo depende del representante legal del menor, por lo que, si el representante decide no entablar ninguna acción respecto al derecho alimentario del niño, no hay razón para que, una vez alcanzada la mayoridad de edad, no pueda accionar por sí mismo el cumplimiento de dicha obligación. En observancia a los anteriores lineamientos, en el caso que nos ocupa, resulta procedente la pretensión de la parte actora porque a pesar de que la demandante JUANITA ZERÓN SUÁREZ en representación de su menor hija VALERIA MERCADO ZERÓN, acreedora alimentista de éste asunto, en los puntos de facto en los que soporta su demanda nunca refirió haberse visto obligada a contraer adeudo alguno PARA SUFRAGAR Los gastos de alimentación de su hija VALERIA MERCADO ZERÓN, el demandado como deudor alimentario tenía la carga de demostrar que desde el nacimiento de su hija cumplió en forma proporcional, regular y suficiente con la obligación de proporcionarle alimentos, ya que las pruebas que aportó al procedimiento no tuvieron el alcance demostrativo para probarlo. Ergo, de la instrumental de actuaciones que constituye el expediente principal, con plenos efectos probatorios al tenor de lo dispuesto por el artículo 214 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se desprende que a pesar de que la demandante en primer término señora JUANITA ZERÓN SUÁREZ, instó a la autoridad judicial exigiendo el pago de una pensión alimenticia retroactiva en favor de su entonces menor hija VALERIA MERCADO ZERÓN, a partir del nacimiento de su hija, bajo el argumento toral de que el demandado señor DANIEL ALEJANDRO MERCADO GONZÁLEZ, desde el momento de la concepción de su referida hija se negó injustificadamente a cumplir con su deber jurídico alimentario, a pesar de los múltiples requerimientos que de manera personal le realizó la citada demandante, este punto fáctico que en esencia generala litis de este asunto, se advierte probado pero solo de forma parcial en razón de que existe un juicio anterior en el que la misma señora JUANITA ZERÓN SUÁREZ en representación de su entonces menor hija VALERIA MERCADO ZERÓN demandó del señor DANIEL ALEJANDRO MERCADO GONZÁLEZ el pago de una pensión alimenticia en favor de su referida hija, así como el aseguramiento y pago de pensiones caídas, litigio que data del 13 trece de octubre del año 2016 dos mil dieciséis y que culminó con el dictado de una sentencia definitiva en la se resolvió que las prestaciones reclamadas fueron parcialmente procedentes, condenando al demandado al pago de una pensión alimenticia en favor de su hija VALERIA MERCADO ZERÓN consistente en el 25% veinticinco por ciento de su salario y todo tipo de prestaciones que con motivo de su actividad laboral percibe como empleado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE por sus siglas), fallo del que no existe constancia de que se haya impugnado y si bien es verdad que con esta documental se acredita que desde el día 18 dieciocho de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, se impuso al demandado una pensión alimenticia provisional por virtud del diverso juicio familiar 1342/2016 en cuya sentencia definitiva de declaró procedente la acción de alimentos y se fijó como pensión definitiva el 25% veinticinco por ciento del salario que el deudor, no menos cierto es que analizando el contenido de aquel litigio se desprende que las pensiones vencidas reclamas no fueron objeto de estudio y por tanto no fueron motivo de resolución. De ahí que resulte procedente condenar al demandado al pago de las pensiones retroactivas por resulta (sic) patente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, estableció en el amparo directo en revisión 1388/2016, que no hay razón para considerar que, una vez que el menor de edad alcance la mayoría de edad, pueda reclamar por sí mismo el cumplimiento de las pensiones retroactivas desde su nacimiento, dado que esta prestación constituye una prerrogativa imprescriptible e insustituible; máxime que es palmario que en el expediente 1342/2016, tal prestación no fue examinada. Sumado a lo anterior tenemos que los medios de prueba aportado por el deudor alimentante señor DANIEL ALEJANDRO MERCADO GONZÁLEZ, no tiene el alcance de demostrar que haya cumplido con su obligación de proporcionar alimentos a su hija VALERIA MERCADO ZERÓN de forma proporcional, regular y suficiente.". III. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, la responsable calificó parcialmente fundados los agravios expuestos por la apelante, por lo que revocó la sentencia dictada el veinte de mayo de dos mil veintiuno, por la Jueza Segunda Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el expediente 333/2020, de su índice, esto es, declaró procedentes las prestaciones reclamadas por Valeria Mercado Zerón, consistentes en pensiones retroactivas, así como el pago de gastos y costas; lo que plasmó en los resolutivos siguientes [Cumplimiento del lineamiento "3."]: "PRIMERO. Esta Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo resultó competente para conocer y resolver del recurso de apelación interpuesto. SEGUNDO. Se deja INSUBSISTENTE la resolución emitida por esta Alzada con fecha 14 (catorce) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno), en cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, dentro del Juicio de Amparo número 967/2021. TERCERO. Los agravios expuestos por la apelante VALERIA MERCADO ZERÓN, resultaron PARCIALMENTE FUNDADOS PERO OPERANTES. CUARTO. En consecuencia, se REVOCA la sentencia definitiva dictada el 20 (veinte) de mayo de 2021 (dos mil veintiuno), por la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, relativa al juicio ESCRITO FAMILIAR DE PENSIÓN ALIMENTICIA promovido por VALERIA MERCADO ZERÓN en contra de DANIEL ALEJANDRO MERCADO GONZÁLEZ; expediente número 333/2020. QUINTO. Dese aviso al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito del cumplimiento dado a su ejecutoria ordenada. [.] OCTAVO. Notifíquese y Cúmplase.". Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable cumplió los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196, párrafos segundo y tercero y 214 de la Ley de Amparo, ordenar el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que se practique la notificación encomendada en el presente asunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto; el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término concedido a las partes por proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, sobre el cumplimiento que dice dar la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, transcurrió del veintiséis de enero, al nueve de febrero, ambos de dos mil veintitrés, siendo inhábiles en ese lapso los días veintiocho y veintinueve de enero, así como cuatro, cinco y seis (no corrieron términos) del mes y año en curso, sin que las partes hayan hecho manifestación alguna, en consecuencia, díctese la resolución que corresponda. Notifíquese.

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