Valeria Mendoza Garza
Expediente 1117/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1117/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/01/2019
Partes del expediente
- Valeria Mendoza Garza
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a nueve de enero de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. Asimismo, quedan sin efecto las providencias dictadas; circunstancia que deberá comunicarse a la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social "Santa Martha Acatitla" de esta ciudad (autoridad no responsable), a la que se requirió rindiera informe en cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano decretada. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que en atención a lo que establece el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su fracción III último párrafo relativa a dicho punto del Acuerdo General en cita, es susceptible de depuración, toda vez que se decretó la suspensión de plano en este asunto; por tanto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la quejosa para que desahogara la prevención realizada mediante proveído de diecisiete de diciembre pasado, sin que cumpliera tal requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la diligencia actuarial de cuenta, de la que se advierte que Valeria Mendoza Garza ratificó el escrito de demanda recibido en este juzgado el diecisiete del mes en curso; al respecto, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto dé cumplimiento al requerimiento que se le formuló. Por otro lado, intégrese al expediente el oficio de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe en cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano que en él se contiene; dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda, en que aparece como quejosa Valeria Mendoza Garza, contra actos del Comité Técnico del Centro Femenil de Reinserción Social "Santa Martha Acatitla" y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 1117/2018 y dese vista al Ministerio Público de la Federación adscrito. En principio, en relación con los actos reclamados consistentes en: la segregación, aislamiento e incomunicación, es improcedente decretar la suspensión de oficio y de plano, puesto que la peticionaria de amparo promovió el presente juicio por propio derecho, lo que implica que se comunicó con alguien que le proporcionó dicho escrito y posteriormente se lo regresó firmado a la persona que lo presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, como se corrobora con el sello respectivo, lo que hace evidente que no está ejecutándose alguno de dichos actos. Por otra parte, con el apuntamiento que se realizará y que será motivo de prevención, la quejosa al parecer reclama, entre otros actos, el traslado a otro centro de reclusión al en que se encuentra; por tanto, en el caso se considera pertinente citar el contenido del precepto 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Por tanto, con apoyo en dicho numeral, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO para el efecto de que se suspenda la ejecución de tal acto, asimismo, la quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional por cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar en que se encuentra interna, y a disposición de la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social "Santa Martha Acatitla" (autoridad no responsable), en cuanto a su integridad personal. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 58/2016(10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 865 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, cuyo rubro es: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA". La suspensión no surtirá efecto alguno si la orden de referencia obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoria o a una cuestión de competencia definida, pues en estos supuestos se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público conforme al precepto 128, fracción II, de la ley de la materia, ya que la sociedad tiene interés en que se cumplan las determinaciones jurisdiccionales que han causado ejecutoria y se encuentran firmes, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico; de igual forma no surtirá efectos, tratándose de traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial, pues de concederse la suspensión en esos supuestos, se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría dar cumplimiento a una determinación judicial o ministerial, y la sociedad está interesada que tanto las autoridades investigadoras como judiciales cumplan con sus funciones de investigación, persecución de delitos o impartición de justicia; sin que esto dé lugar a considerar que en el evento de llegarse a realizar algún traslado por alguno de los motivos precisados en este párrafo, como en el anterior, la autoridad que lo realice, pueda efectuar las conductas consistentes en la incomunicación, tortura o cualquier otra análoga a éstas, ya que se encuentran prohibidas por el artículo 22 constitucional; tampoco surtirá efecto, si en su caso está sustentada por razones de seguridad en las prisiones; atendiendo en las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, si se trata de actos posteriores a su concesión o si los actos reclamados proceden de autoridades distintas de las señaladas como responsables. En consecuencia, requiérase a la citada directora por ser la autoridad que tiene bajo su resguardo a la quejosa, para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, informe a este juzgado sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada; apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el dispositivo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra en términos del numeral 209 de la ley de la materia. Por otro lado, el artículo 114 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley;.". De lo transcrito se aprecia, que no se limitan las facultades del juzgado para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del numeral 108 de la legislación mencionada, sino en forma amplia y discrecional observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite del asunto. En ese sentido, de la certificación de cuenta, se advierte que en este órgano jurisdiccional están radicados los juicios de amparo 452/2016, 470/2016 y 637/2017, promovidos por Valeria Mendoza Garza, que se tienen a la vista al constituir un hecho notorio para este juzgado, en términos del precepto 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Con base en lo anterior, se advierte que la firma que autoriza la demanda de cuenta difiere notoriamente de las diversas que constan en dichos controvertidos; en consecuencia, a fin de proveer lo conducente, tomando en consideración que la quejosa se encuentra interna en el Centro Femenil de Reinserción Social "Santa Martha Acatitla" de la Ciudad de México, se comisiona al actuario correspondiente, para que se constituya en dicho centro de reclusión y, con copia simple del ocurso de cuenta, requiera a la amparista para que al momento de la notificación de este acuerdo, manifieste si reconoce como propia la firma que consta en el impreso de referencia y si ratifica el contenido del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Enero a Junio de 1989, que establece: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". En el entendido de que si reconoce como suya la firma que autoriza el referido ocurso, este órgano de control constitucional tiene a salvo la facultad de ordenar que se verifique la autenticidad de la misma, a través de la prueba pericial de caligrafía y grafoscopía que se solicite de manera oficiosa y, de concluirse que la firma no es atribuible a la quejosa, eventualmente se dará vista al Ministerio Público por su probable intervención en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1234 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época Libro 43, Tomo II, Junio de 2017, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES". Para el caso de que ratifique la demanda, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngasele para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos su notificación, subsane las irregularidades en que incurrió, pues la demanda es ambigua, lo que impide integrar correctamente la litis constitucional. Así se considera, porque no se tiene certeza respecto de los actos reclamados, pues si bien es cierto que en el capítulo relativo precisó que reclama el cambio de dormitorio, también es que precisó el traslado a otro centro de reclusión, sin que mencionara algún antecedente respecto de este último acto. En efecto, la quejosa, en lo que interesa, manifestó que ".El día Jueves 13 de Diciembre, me encontraba en el área de talleres de esta institución, ya que fui a buscar trabajo y a pedir informes del mismo cuando llegaron las custodías y me dijeron que no puedo estar ahí y me trasladaron al dormitorio I.", sin que de los demás apartados de la demanda se advierta algún hecho vinculado con el traslado a otro centro penitenciario que refirió. Adicionalmente, tampoco se aprecia algún hecho o razón por la que atribuyó el carácter de responsable al "Comité Técnico del CFRSSMA", aunado a que en los concepto de violación indicó que ".fui traslada a dicho dormitorio sin pasar a Consejo.". De ahí la importancia que la peticionaria de amparo subsane dichas irregularidades, ya que al requerir a las autoridades responsables su respectivo informe, es necesario que se pronuncien respecto de todos los actos que se les reclaman, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad o la improcedencia del juicio, en términos del numeral 117 de la ley en cita, lo que no acontecería si dichos actos no son claros y precisos. Se destaca que aun cuando el asunto deriva de la materia penal, debe tenerse presente que la causa de pedir, así como la suplencia de queja, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo, como es la indicación del acto reclamado, así como autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". Consecuentemente, para que la quejosa subsane tales aspectos, deberá precisar, de manera clara, el acto u omisión que reclame de cada una de las autoridades que señaló como responsables. En el entendido que deberá relatar, bajo protesta de decir verdad, los hechos o las abstenciones que le consten en relación con los mismos, en los que invariablemente, de insistir, deberá exponer aquellos relativos a la segregación, aislamiento e incomunicación que indicó. Apercibida que de no hacerlo así, eventualmente se procederá de conformidad con el párrafo segundo del dispositivo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Finalmente, con fundamento en el dispositivo 26, fracción I, inciso a), de la ley reglamentaria citada, notifíquese este proveído a la quejosa, así como las subsecuentes determinaciones, en el interior del centro de reclusión en que se encuentra, dado que no autorizó a persona alguna para tal efecto.
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