Valeria Madrigal Ramírez
Expediente 744/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 34 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Valeria Madrigal Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Certificación archivo
- Incidental
Certificación archivo
- Principal
I. Análisis sobre el cumplimiento de sentencia. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que las partes no realizaron manifestación en el plazo concedido en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se analiza si el fallo protector se encuentra cumplido, con base en lo siguiente: Antecedentes. 1. En sentencia de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para efecto de que: 1. Deje insubsistente la resolución de veinte de noviembre de dos mil veinte, pero sólo en cuanto a la admisión de la prueba de informe del Instituto Nacional de Migración sobre el registro de entradas y salidas de la quejosa del país, así como los acuerdos de treinta del mes y año en cita, trece de enero y nueve de febrero, ambos del dos mil veintiuno, donde se requirió a la autoridad de migración la información indicada; 2. Hecho lo anterior, conforme con los lineamientos de esta ejecutoria y con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente en cuanto a la pertinencia de la prueba de informe indicada, tomando en cuenta que deberá justificar si es necesaria, idónea y adecuada para conseguir el fin perseguido, el cual, en el caso, consiste en determinar el lugar donde reside la peticionaria para la procedencia o no del incidente de remoción del cargo de depositaria y representante de los bienes de Carlos Fernando Madrigal, pues, con ello la afectación a la quejosa sobre su derecho a la privacidad y protección de datos personales, guardarían relación razonable y proporcionada con el interés del proceso; 3. En caso, de que considere pertinente la prueba de informe y, por ende, la admita, toda vez que el Instituto Nacional de Migración a través de la comunicación oficial INM/ORGTO/DAJ/XII/790/2020 de ocho de diciembre de dos mil veinte, ya informó sobre los registros de entrada de la parte quejosa al país, deberá establecer las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección y confidencialidad de los datos personales que contuviera dicho oficio, tales como: i. Que permanezca en todo momento bajo resguardo en las instalaciones del juzgado; ii. No podrá estar glosado al expediente judicial; iii. Únicamente podrá ser manipulado por personal del juzgado expresamente autorizado para ello; iv. Su consulta deberá ser previo registro, en el cual se asiente el nombre de la persona a consultarlo, la fecha y la justificación para el acceso; y, v. Sólo podrá permitirse la reproducción digital de las constancias que lo integran, previa valoración del Juez y suprimiendo los datos personales de la persona afectada; así como cualquier otra medida para garantizar la protección y seguridad de la información confidencial. Apoya lo que antecede: "PRUEBA DE INFORME DE UNA INSTITUCIÓN MÉDICA A FIN DE QUE SE REMITA COPIA CERTIFICADA DE UN EXPEDIENTE CLÍNICO. MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN ÉSTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). Hechos: La quejosa, en su carácter de madre de un menor difunto, reclamó el acuerdo dictado en el juicio civil de origen en el que se admitieron las pruebas ofrecidas por su contraparte, consistentes en informes de autoridad a cargo de instituciones de salud públicas, a fin de que comunicaran si en sus archivos existía expediente clínico de aquél y, en todo caso, remitieran copia certificada del mismo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que las medidas de seguridad específicas para garantizar la protección y confidencialidad de los datos personales contenidos en el expediente clínico ofrecido como prueba son las siguientes: 1) permanezca en todo momento bajo resguardo en las instalaciones del juzgado; 2) no podrá estar glosado al expediente judicial; 3) únicamente podrá ser manipulado por personal del juzgado expresamente autorizado para ello; 4) su consulta deberá ser previo registro, en el cual se asiente el nombre de la persona a consultarlo, la fecha y la justificación para el acceso; y, 5) sólo podrá permitirse la reproducción digital de las constancias que lo integran, previa valoración del Juez y suprimiendo los datos personales del de cujus; así como cualquier otra medida para garantizar la protección y seguridad de la información confidencial, en concordancia con lo establecido en la Ley Número 192 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora. Justificación: Lo anterior, porque este tribunal advierte que el a quo, al resolver sobre el acuerdo reclamado, no garantizó la protección de los datos personales del de cujus ni tomó las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad de aquellos contenidos en el expediente clínico, pues al no establecerse las medidas en cuestión desde la admisión de las pruebas de informe de autoridad, se corre el riesgo de que una vez remitidas las copias certificadas correspondientes no hubiera un manejo adecuado por parte de la autoridad jurisdiccional con lo que se consumaría irreparablemente la violación alegada en el juicio constitucional, sin perjuicio de que la autoridad de primera instancia, en todo caso, pueda considerarse responsable de la protección de los datos personales sensibles que llegara a contener la información recabada y pueda incurrir en responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las obligaciones relativas." 4. En el caso de que determine la impertinencia de la prueba de informe, deberá devolver al Instituto Nacional de Migración, la información que proporcionó a través del oficio INM/ORGTO/DAJ/XII/790/2020 de ocho de diciembre de dos mil veinte, sin dejar copia en el expediente de origen. 2. Mediante proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, la sentencia causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. 3. Por proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se tuvo recibido el oficio signado por la autoridad responsable por el que indicó que dejó insubsistente la resolución de veinte de noviembre de dos mil veinte, solo en cuanto a la admisión de la prueba de informe del Instituto Nacional de Migración sobre el registro de entradas y salidas del país de la parte quejosa, así como los acuerdos de trece de enero y nueve de febrero de dos mil veintiuno mediante los cuales requirió la información indicada. Asimismo, con libertad de jurisdicción se pronunció nuevamente en cuanto a la pertinencia de la prueba en la que justificó la necesidad de contar con esas constancias para determinar el lugar donde reside la peticionaria para la procedencia o no del incidente de remoción del cargo de depositaria y representante de los bienes de Carlos Fernando Madrigal; precisó que dichas documentales fueron desglosadas del expediente de origen para ser guardadas en el secreto de ese juzgado; que únicamente podría tener acceso a éstas personal autorizado; y, en caso de solicitarlas algunas de las partes, dicha petición sería previa autorización del ente encargado y con resguardo de datos personales. De lo anterior se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que lo hubiesen realizado. II. Se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que se ha cumplido el fallo protector, pues dejó insubsistente la resolución de veinte de noviembre de dos mil veinte, solo en cuanto a la admisión de la prueba informe del Instituto Nacional de Migración sobre el registro de entradas y salidas del país de la parte quejosa, así como los acuerdos de trece de enero y nueve de febrero de dos mil veintiuno mediante los cuales requirió la información indicada. Asimismo, con libertad de jurisdicción se pronunció nuevamente en cuanto a la pertinencia de la prueba en la que justificó la necesidad de contar con esas constancias para determinar el lugar donde reside la peticionaria para la procedencia o no del incidente de remoción del cargo de depositaria y representante de los bienes de Carlos Fernando Madrigal; precisó que dichas documentales fueron desglosadas del expediente de origen para ser guardadas en el secreto de ese juzgado; que únicamente podrían tener acceso personal autorizado; y, en caso de solicitarlas algunas de las partes, dicha petición sería previa autorización del ente encargado y con resguardo de datos personales. Acciones con las que se colman los lineamientos dictados en la sentencia de amparo; por tanto, es dable concluir que la autoridad responsable tomó en consideración los alcances ordenados en el fallo protector. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia dictada. III. Archivo. En consecuencia, en razón de que no existen actuaciones pendientes que realizar, se ordena archivar el juicio como asunto concluido, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Con base en lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales , publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, dado que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal, además de que no se considera de relevancia documental el juicio; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DEPURACIÓN. Ahora, se toma en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de DEPURACIÓN, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, siempre y cuando exista el original, lo anterior con fundamento en los artículos 18, fracción I, inciso a y 20, fracción II, inciso a, ambos del Acuerdo General citado en párrafo que antecede . NOTIFÍQUESE.
- Incidental
I. Análisis sobre el cumplimiento de sentencia. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que las partes no realizaron manifestación en el plazo concedido en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se analiza si el fallo protector se encuentra cumplido, con base en lo siguiente: Antecedentes. 1. En sentencia de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para efecto de que: 1. Deje insubsistente la resolución de veinte de noviembre de dos mil veinte, pero sólo en cuanto a la admisión de la prueba de informe del Instituto Nacional de Migración sobre el registro de entradas y salidas de la quejosa del país, así como los acuerdos de treinta del mes y año en cita, trece de enero y nueve de febrero, ambos del dos mil veintiuno, donde se requirió a la autoridad de migración la información indicada; 2. Hecho lo anterior, conforme con los lineamientos de esta ejecutoria y con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente en cuanto a la pertinencia de la prueba de informe indicada, tomando en cuenta que deberá justificar si es necesaria, idónea y adecuada para conseguir el fin perseguido, el cual, en el caso, consiste en determinar el lugar donde reside la peticionaria para la procedencia o no del incidente de remoción del cargo de depositaria y representante de los bienes de Carlos Fernando Madrigal, pues, con ello la afectación a la quejosa sobre su derecho a la privacidad y protección de datos personales, guardarían relación razonable y proporcionada con el interés del proceso; 3. En caso, de que considere pertinente la prueba de informe y, por ende, la admita, toda vez que el Instituto Nacional de Migración a través de la comunicación oficial INM/ORGTO/DAJ/XII/790/2020 de ocho de diciembre de dos mil veinte, ya informó sobre los registros de entrada de la parte quejosa al país, deberá establecer las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección y confidencialidad de los datos personales que contuviera dicho oficio, tales como: i. Que permanezca en todo momento bajo resguardo en las instalaciones del juzgado; ii. No podrá estar glosado al expediente judicial; iii. Únicamente podrá ser manipulado por personal del juzgado expresamente autorizado para ello; iv. Su consulta deberá ser previo registro, en el cual se asiente el nombre de la persona a consultarlo, la fecha y la justificación para el acceso; y, v. Sólo podrá permitirse la reproducción digital de las constancias que lo integran, previa valoración del Juez y suprimiendo los datos personales de la persona afectada; así como cualquier otra medida para garantizar la protección y seguridad de la información confidencial. Apoya lo que antecede: "PRUEBA DE INFORME DE UNA INSTITUCIÓN MÉDICA A FIN DE QUE SE REMITA COPIA CERTIFICADA DE UN EXPEDIENTE CLÍNICO. MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN ÉSTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). Hechos: La quejosa, en su carácter de madre de un menor difunto, reclamó el acuerdo dictado en el juicio civil de origen en el que se admitieron las pruebas ofrecidas por su contraparte, consistentes en informes de autoridad a cargo de instituciones de salud públicas, a fin de que comunicaran si en sus archivos existía expediente clínico de aquél y, en todo caso, remitieran copia certificada del mismo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que las medidas de seguridad específicas para garantizar la protección y confidencialidad de los datos personales contenidos en el expediente clínico ofrecido como prueba son las siguientes: 1) permanezca en todo momento bajo resguardo en las instalaciones del juzgado; 2) no podrá estar glosado al expediente judicial; 3) únicamente podrá ser manipulado por personal del juzgado expresamente autorizado para ello; 4) su consulta deberá ser previo registro, en el cual se asiente el nombre de la persona a consultarlo, la fecha y la justificación para el acceso; y, 5) sólo podrá permitirse la reproducción digital de las constancias que lo integran, previa valoración del Juez y suprimiendo los datos personales del de cujus; así como cualquier otra medida para garantizar la protección y seguridad de la información confidencial, en concordancia con lo establecido en la Ley Número 192 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora. Justificación: Lo anterior, porque este tribunal advierte que el a quo, al resolver sobre el acuerdo reclamado, no garantizó la protección de los datos personales del de cujus ni tomó las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad de aquellos contenidos en el expediente clínico, pues al no establecerse las medidas en cuestión desde la admisión de las pruebas de informe de autoridad, se corre el riesgo de que una vez remitidas las copias certificadas correspondientes no hubiera un manejo adecuado por parte de la autoridad jurisdiccional con lo que se consumaría irreparablemente la violación alegada en el juicio constitucional, sin perjuicio de que la autoridad de primera instancia, en todo caso, pueda considerarse responsable de la protección de los datos personales sensibles que llegara a contener la información recabada y pueda incurrir en responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las obligaciones relativas." 4. En el caso de que determine la impertinencia de la prueba de informe, deberá devolver al Instituto Nacional de Migración, la información que proporcionó a través del oficio INM/ORGTO/DAJ/XII/790/2020 de ocho de diciembre de dos mil veinte, sin dejar copia en el expediente de origen. 2. Mediante proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, la sentencia causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. 3. Por proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se tuvo recibido el oficio signado por la autoridad responsable por el que indicó que dejó insubsistente la resolución de veinte de noviembre de dos mil veinte, solo en cuanto a la admisión de la prueba de informe del Instituto Nacional de Migración sobre el registro de entradas y salidas del país de la parte quejosa, así como los acuerdos de trece de enero y nueve de febrero de dos mil veintiuno mediante los cuales requirió la información indicada. Asimismo, con libertad de jurisdicción se pronunció nuevamente en cuanto a la pertinencia de la prueba en la que justificó la necesidad de contar con esas constancias para determinar el lugar donde reside la peticionaria para la procedencia o no del incidente de remoción del cargo de depositaria y representante de los bienes de Carlos Fernando Madrigal; precisó que dichas documentales fueron desglosadas del expediente de origen para ser guardadas en el secreto de ese juzgado; que únicamente podría tener acceso a éstas personal autorizado; y, en caso de solicitarlas algunas de las partes, dicha petición sería previa autorización del ente encargado y con resguardo de datos personales. De lo anterior se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que lo hubiesen realizado. II. Se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que se ha cumplido el fallo protector, pues dejó insubsistente la resolución de veinte de noviembre de dos mil veinte, solo en cuanto a la admisión de la prueba informe del Instituto Nacional de Migración sobre el registro de entradas y salidas del país de la parte quejosa, así como los acuerdos de trece de enero y nueve de febrero de dos mil veintiuno mediante los cuales requirió la información indicada. Asimismo, con libertad de jurisdicción se pronunció nuevamente en cuanto a la pertinencia de la prueba en la que justificó la necesidad de contar con esas constancias para determinar el lugar donde reside la peticionaria para la procedencia o no del incidente de remoción del cargo de depositaria y representante de los bienes de Carlos Fernando Madrigal; precisó que dichas documentales fueron desglosadas del expediente de origen para ser guardadas en el secreto de ese juzgado; que únicamente podrían tener acceso personal autorizado; y, en caso de solicitarlas algunas de las partes, dicha petición sería previa autorización del ente encargado y con resguardo de datos personales. Acciones con las que se colman los lineamientos dictados en la sentencia de amparo; por tanto, es dable concluir que la autoridad responsable tomó en consideración los alcances ordenados en el fallo protector. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia dictada. III. Archivo. En consecuencia, en razón de que no existen actuaciones pendientes que realizar, se ordena archivar el juicio como asunto concluido, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Con base en lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales , publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, dado que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal, además de que no se considera de relevancia documental el juicio; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DEPURACIÓN. Ahora, se toma en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de DEPURACIÓN, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, siempre y cuando exista el original, lo anterior con fundamento en los artículos 18, fracción I, inciso a y 20, fracción II, inciso a, ambos del Acuerdo General citado en párrafo que antecede . NOTIFÍQUESE.
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