Valeria Janeth Sandoval Guerrero

Expediente 371/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
371/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
15/02/2022

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Baja California
  • Valeria Janeth Sandoval Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Juicio de amparo 371/2021-H El quince de febrero de dos mil veintidós, se da cuenta al juez, con el estado de autos y la certificación secretarial. Conste.Tijuana, Baja California, quince de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a la(s) autoridad(es) responsable(s) y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el dieciocho de febrero de dos mil veinticinco. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir al quejoso para que realice las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.

  2. Principal

    CONSIDERANDO Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que se reclaman normas generales cuyos efectos guardan consecuencias materiales dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda, se precisa que los actos reclamados destacados son la sedicente inconstitucionalidad de los artículos 132, 133 y 136, fracción II, del Código Penal para el Estado de Baja California, así como sus efectos. Tercero. Debe tenerse por cierta la materia de reproche atribuida a las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Baja California, ambos con sede en Mexicali, pues así se advierte de las manifestaciones contenidas en sus informes justificados. Aunado a que la existencia de las normas generales reclamadas no está sujeta a prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se puedan invocar como un hecho notorio, conforme a lo dispuesto en el numeral 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Se cita, por la razón que informa, la jurisprudencia 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las Leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Cuarto. Las causas de improcedencia son de orden público y de estudio preferente, aun cuando las partes lo aleguen o no, en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los ordinales 61, fracción XXIII, y 107, fracción I, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa reclama las normas materia del presente juicio de amparo como autoaplicativas, empero, a las mismas no le revisten tal calidad, y como consecuencia, no producen afectación alguna en su esfera jurídica con su sola publicación. A fin de sustentar tal aseveración, es menester precisar el contenido de los numerales de la Ley de Amparo, que sustentan la causal de improcedencia en mención: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." En los preceptos transcritos, se establecen las bases para regular la procedencia del juicio de amparo contra leyes; y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, debe atenderse al momento en que la disposición cuestionada ocasiona a la persona un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo que igualmente conlleva a determinar cuándo y de qué término dispone el agraviado para ejercer la acción constitucional. Conviene precisar, que las normas autoaplicativas causan perjuicio por su sola entrada en vigor, en tanto que las heteroaplicativas, requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concretice la aplicación al particular y el consecuente perjuicio. En el primer caso, basta con que el particular se ubique en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico o legítimo, para que surja su derecho a solicitar el amparo, lo cual deberá realizar en el plazo de treinta días a partir de su entrada en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, o bien, esperar a que se le aplique el ordenamiento legal que le afecte, y en ese caso, el término para solicitar el juicio de amparo será de quince días, según se establece en el artículo 17 ley de la materia. En el segundo caso, no basta con que se demuestre la existencia de la norma para establecer su aplicabilidad al quejoso, sino que para acudir al juicio de amparo es necesario un acto concreto de aplicación que actualice la hipótesis normativa y que éste le cause perjuicio a la persona; en este supuesto, el término para promover el amparo, es de quince días. Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5, julio de 1997, tomo VI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." Por su parte, el primer acto de aplicación para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra normas heteroaplicativas, puede tener origen, por regla general, de tres formas: por la actuación de la autoridad que por disposición de la ley es la encargada de su aplicación; por la actuación del propio agraviado que por exigencia de la ley se coloca por sí mismo en los supuestos previstos en la norma; y, por parte de un particular en su carácter de tercero que actúa por mandato de la ley. Si bien es cierto que cuando el quejoso se autoaplica una disposición que a la postre reclamará como inconstitucional, no hay actos de las autoridades encargadas de la ejecución de ésta que hayan requerido su cumplimiento, esa circunstancia no implica que el juicio sea improcedente, ya que la posibilidad de reclamar los actos de ejecución de una ley no se finca en el hecho de que haya sido la autoridad la que hubiere aplicado la disposición de que se trate en perjuicio del quejoso, sino en la intervención que hubiere tenido o pudiera tener para hacer cumplir la disposición que se estima inconstitucional. Apoya lo anterior, por las razones que la contienen, la jurisprudencia 2a./J. 128/2002 que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 3608, diciembre de 2002, tomo II, Novena Época, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra normas heteroaplicativas, el gobernado debe impugnar su primer acto concreto de aplicación, el cual, de acuerdo con diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede tener origen, por regla general, en tres formas: Por la actuación de la autoridad que por disposición de la ley es la encargada de su aplicación; por la actuación del propio agraviado que por exigencia de la ley se coloca por sí mismo en los supuestos previstos en la norma; y, por parte de un particular en su carácter de tercero que actúa por mandato de la ley. Luego, si bien es cierto que cuando el quejoso se autoaplica una disposición que a la postre reclamará por inconstitucional o cuando es un tercero auxiliar de la administración pública el que realiza la aplicación de una norma en perjuicio del gobernado que la considera inconstitucional, no hay actos de las autoridades encargadas de la ejecución de ésta que hayan requerido su cumplimiento, esa circunstancia no implica que exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar la demanda de amparo interpuesta en contra de los actos de ejecución que se imputen a dichas autoridades, toda vez que la posibilidad de reclamar los actos de ejecución de una ley no se finca en el hecho de que haya sido la autoridad la que hubiere aplicado la disposición de que se trate en perjuicio del quejoso, sino en la intervención que hubiere tenido o pudiera tener para hacer cumplir la disposición que se estima inconstitucional, lo cual puede advertirse de las pruebas y de los informes que al efecto se rindan en el procedimiento respectivo. Estimar lo contrario implicaría dejar al promovente en estado de indefensión, en tanto que a priori se le priva de la oportunidad de allegar los elementos de convicción que justifiquen la ejecución que lleva a cabo la autoridad ejecutora de la ley impugnada, por el solo hecho de no haber sido la que realizó el acto de aplicación del precepto reclamado." En el caso particular, la quejosa reclama los dispositivos que tilda de inconstitucionales de forma autoaplicativa, ya que es una mujer que no se encuentra en estado de embarazo, a quien dice no le queda del todo clara la regulación actual del aborto en Baja California, y estima que en caso de encontrarse embarazada las porciones normativas impugnadas le obligarían a continuar la gestación de un hijo que no quiere, y que la interrupción del embarazo al ser tipificada como un delito, genera estigma en las mujeres que deciden hacerlo. Sin embargo, como se anticipó, los artículos reclamados no tienen tal calidad, ya que no producen sus efectos por su sola publicación, sino que requieren de un acto posterior que los concrete, es decir, que los individualice. En efecto, los artículos reclamados disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 132.- Concepto.- Para los efectos de este Código, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez." "ARTÍCULO 133.- Autoaborto y aborto consentido.- A la mujer que se procure el aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le impondrá de uno a cinco años de prisión, igual pena se aplicará al que haga abortar a la mujer con consentimiento de ésta." "ARTÍCULO 136.- Aborto no punible.- El aborto no será punible: [.] II.- Aborto cuando el embarazo es resultado de una violación o de una inseminación artificial.- Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial practicada en contra de la voluntad de la embarazada, siempre que el aborto se practique dentro del término de los noventa días de la gestación y el hecho haya sido denunciado, caso en el cual bastará la comprobación de los hechos por parte del Ministerio Público para autorizar su práctica [.]." En ese contexto, el artículo 132 establece el concepto de aborto, siendo éste considerado como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Por su parte, el ordinal 133 indica la pena de prisión que se impone a aquella mujer que se provoque el aborto o consienta que otro le haga abortar. Finalmente, el precepto 136, fracción II, señala que el aborto no será punible en aquellos casos en que el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial practicada en contra de la voluntad de la persona, siempre que el aborto se practique dentro del término de los noventa días de la gestación y el hecho haya sido denunciado, caso en el cual bastará la comprobación de los hechos por parte del Ministerio Público para autorizar su práctica. De lo anterior se obtiene que los artículos precisados, no son autoaplicativos como lo reclama la quejosa, pues al tratarse de disposiciones que se encuentran condicionadas a un actuar e incluso a un estado fáctico (embarazo), las distintas conductas que darán lugar a la tipificación penal, requieren necesariamente del actuar de una persona embarazada con la intención de interrumpir ese estado, para que entonces sí se materialicen los supuestos contemplados en esas hipótesis. Así el perjuicio derivado de las disposiciones reclamadas, solo podría materializarse en la esfera jurídica de la quejosa, a partir de que un ente público encargado de su aplicación, le cause un perjuicio por disposición de dicha normativa, pues se hace patente que de su contenido en sí, no se percibe afectación inmediata a dicho estado de derecho, esto es, con la sola publicación de la norma. Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 73/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 236, agosto de 2000, tomo XII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE ESTABLECEN O MODIFICAN EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA UNA ACTIVIDAD SUJETA A UNA CONCESIÓN, PERMISO O AUTORIZACIÓN, EN CUANTO ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE REGIRÁN EN EL FUTURO EL OTORGAMIENTO DE ACTOS DE ESA NATURALEZA. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.', visible en la página 5, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, son heteroaplicativas las disposiciones de observancia general que establecen obligaciones de hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condiciona su individualización; al tenor de este criterio jurisprudencial, debe estimarse que son de invidualización condicionada las disposiciones de observancia general que al fijar o modificar el marco jurídico que regula una actividad cuya realización por parte de los gobernados está sujeta a la obtención de una concesión, permiso o autorización, establecen nuevos o diversos requisitos que regirán en el futuro el otorgamiento de los respectivos actos administrativos, pues para que afecten la esfera jurídica de aquéllos se requiere, previamente, que acudan ante la administración a solicitar su emisión; inclusive, tratándose de los sujetos que antes de la entrada en vigor de esas nuevas disposiciones ya se encontraban facultados para realizar la respectiva actividad, la afectación a su esfera jurídica derivada de aquéllas está condicionada a que vuelvan a solicitar la expedición del correspondiente acto administrativo, pues el ejercicio de la actividad relativa constituye un derecho que se incorporó temporalmente en su patrimonio." En ese mismo sentido, robustece tal determinación la jurisprudencia 1a./J. 3/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 51, febrero de 1998, tomo VII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DERECHOS, LEY FEDERAL DE. SUS ARTÍCULOS 86-A, 86-B, 86-C, 86-D Y 86-E (REFORMADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 1996) SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA. Al reclamarse la inconstitucionalidad de los artículos 86-A, 86-B, 86-C, 86-D y 86-E de la Ley Federal de Derechos, reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, por su sola entrada en vigor, es decir, en su carácter de ley autoaplicativa, el amparo deviene improcedente, puesto que la procedencia del juicio constitucional respecto de una norma autoaplicativa debe referirse a la existencia de una parte agraviada en su esfera jurídica, en la que la ley, por su propia naturaleza, en sí misma, representa exclusivamente una situación jurídica abstracta, aun cuando desde el momento en que se expida puede, por medio de un acto jurídico previsto en ella, engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas; en este sentido, es evidente que los sujetos afectados se encuentran debidamente legitimados para hacer valer la acción de amparo. Por el contrario, si no existe esa afectación, la situación del gobernado será de mera indiferencia ante la ley y no estará legitimado para promover el juicio constitucional. Bajo estos parámetros, la Ley Federal de Derechos reclamada no produce por sí sola agravio alguno a la parte quejosa al no contener en sí misma un principio de ejecución que se actualice en el momento en que entra en vigor, sino que requiere de la realización del acto necesario para que adquiera individualización y sitúe al particular dentro de la hipótesis legal y que en el caso concreto sería la solicitud de expedición de alguno de los certificados o servicios a que se refieren los preceptos impugnados, cuestión que al no haber sido acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente." En ese tenor, al no tener las normas reclamadas carácter de autoaplicativas, no se produce afectación alguna a la esfera jurídica de la impetrante con motivo de la publicación de las mismas, y por ende, se surte la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción I, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la invocada ley, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Sin que en su caso resulte necesario el análisis de la diversa causal de improcedencia que hace valer una de las autoridades responsables, ya que en nada variaría el sentido de esta resolución. Por otra parte, y únicamente a mayor abundamiento, resulta un hecho notorio para este órgano de control constitucional que el doce de noviembre del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el decreto número 36, mediante el cual se aprobó la reforma a los artículos 132, 133, 134, 135 y 136 del Código Penal para el Estado de Baja California, y otros cuerpos normativos, en los que se modificó el contenido de los artículos aquí reclamados por la impetrante, para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo antes de las doce semanas de gestación, así como la tipificación del delito después de esta temporalidad. Finalmente, es de señalarse que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, son aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril del dos mil trece, en tanto que no se oponen a ninguno de los preceptos legales citados como fundamento. Quinto Considerando que la parte quejosa se opuso de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXIII, 107, fracción I, interpretado en sentido contrario, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo 371/2021, promovido por Valeria Janeth Sandoval Guerrero, contra los actos que reclamó del Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y de otra autoridad, precisados en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que está transcurriendo el plazo de ocho días otorgado a las partes en proveído de veintidós de julio del año en curso. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días, legalmente computado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; asimismo, téngasele designando delegados y señalando domicilio procesal. De igual manera, se tiene como medio de comunicación no procesal la dirección de correo electrónico que proporciona, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5º, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 9,757 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano