Valeria Isabel Flores Tavarez

Expediente 1064/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1064/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
17/10/2018

Partes del expediente

  • Valeria Isabel Flores Tavarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, transcurrió sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo vigésimo primero, en razón de que el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(VI)

  2. Incidental

    ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Valeria Isabel Flores Tavarez, contra los actos reclamados al Juez de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial con sede en Aguascalientes y Notificador adscrito a la Dirección de Notificadores Penales y Mensajería del Poder Judicial del Estado, en términos de lo dispuesto en el considerando único de esta interlocutoria.(VI)

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se aprecia que:.... Actuaciones, de las cuales se desprende que el acto reclamado se consumó de modo irreparable, resultando procedente sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XVI, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." En efecto, este órgano jurisdiccional estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en: a) actos consumados de modo reparable; y, b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquellos en los que, a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo; de ahí que proceda el juicio de garantías en su contra. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquellos que, al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, debemos atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, sería consumado de modo irreparable, aun cuando la restitución del acto ejecutado es factible en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo, porque ni física ni materialmente puede obtenerse la restitución de ellos. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados, para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque la temporalidad no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados o consumados. Es decir, se trata de aquellos actos que, al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. A efecto de evidenciar que en el presente caso se actualiza la casual antes referida, resulta conveniente referir los antecedentes del asunto:... Ahora bien, el desahogo de la audiencia señalada para el doce de septiembre de dos mil dieciocho, constituye un acto que se consumó de manera irreparable. Se afirma de este modo, porque el doce de septiembre de dos mil dieciocho, se realizaron todos y cada uno de los efectos y consecuencias del acto reclamado, es por ello que la accionante del amparo física y materialmente ya no puede ser restituida en el goce de la garantía constitucional que estima infringida; esto es, materialmente no es posible regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, pues se trata de una cuestión que ocurrió temporalmente. En efecto, el acto que reclama la promovente fue ejecutado el doce de septiembre del año en curso, pues en esa fecha se celebró la audiencia en la cual se debatió la determinación del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal, y en la cual la Juez de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial en el Estado, declaró procedente la determinación del Ministerio Público, lo anterior evidentemente imposibilita restituir a la quejosa en el goce de la garantía constitucional que estima violada, pues de otorgarse la protección constitucional, sus efectos y consecuencias ya no se podrían retrotraer física ni materialmente (por el simple transcurso del tiempo), de manera tal que la accionante vuelva a gozar de los derechos que tenía tutelados previamente. Por tanto, al haber llevado a cabo en la fecha señalada (doce de septiembre de dos mil dieciocho), la audiencia para debatir la determinación de no ejercicio de la acción penal, en la cual la autoridad responsable resolvió lo que consideró procedente, el acto reclamado fue consumado de manera irreparable, pues dejo de existir el objeto de la citación. Ciertamente, el transcurso de la fecha para el desahogo de una audiencia en la cual se citó a alguna persona, por sí sola no consuma los actos de modo irreparable, pues bien podría ordenar la autoridad responsable una nueva citación y hacer uso de alguna medida de apremió para hacerla comparecer; sin embargo; en el caso en concreto la Juez responsable celebró la audiencia señalada, argumentado que tanto el imputado y su defensa tenían en su caso acceso a la carpeta de investigación, además que no apercibió a la aquí quejosa en forma alguna en caso de no comparecer; por lo que al haberse llevado a cabo la audiencia sin apercibimiento alguno y haber resuelto lo conducente, ha dejado de existir el objeto de la citación, consumándose así el acto de modo irreparable, circunstancia que actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I. 3o. A. 150 K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Diciembre de 1994, página 325, cuyo rubros y texto son: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." De igual manera, sirve de apoyo a contrario sensu la tesis I.7o.P.99 P (10a.) , sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de epígrafe: "CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO A DECLARAR EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI YA TRANSCURRIÓ LA FECHA DE LA COMPARECENCIA, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA." En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sin que pase inadvertido que el informe justificado de la responsable, fue recibido mediante proveído de dieciocho de los actuales, y que por tanto, no transcurrido el término de ocho días que previene el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la fecha de notificación del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, para que las partes se impongan de su contenido; sin embargo, en el presente caso, en obvio de evitar dilaciones superfluas, se estima innecesario el acatamiento de dicho término, pues tal disposición, tiene su justificación en dar la posibilidad a las partes de alegar o probar lo conducente; esto es, desvirtuar las afirmaciones, consideraciones o razonamientos expresados por la autoridad, o en su caso, preparar las pruebas que estimen pertinentes; sin embargo, toda vez que la autoridad responsable acompañó a su informe un disco compacto (CD) que contiene las actuaciones de la carpeta administrativa..., de su índice, con el que se acredita fehacientemente que el acto reclamado se ha consumado de modo irreparable; es inconcuso que no existe manifestación o probanza alguna que pudiera realizar u ofrecer alguna de las partes, que resulte suficiente para, en su caso, modificar el sentido del presente fallo. De igual manera, no es obstáculo para resolver en el presente sentido la falta del informe justificado solicitado a la Dirección de Notificadores y Mensajería del Poder Judicial del Estado, al haber sobrevenido la causa de improcedencia invocada. Finalmente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con treinta y cinco minutos del nueve de octubre de dos mil dieciocho.VI

  4. Principal

    Se notifica por lista a la quejosa, proveído de veintiuno de septiembre dos mil dieciocho...Visto el estado procesal de autos, se aprecia que: a) El siete de septiembre del año en curso, Valeria Isabel Flores Tavarez, presentó en línea demanda de amparo en la que reclamó la orden de citación ordenada por los Jueces de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes y otra autoridad. b) La demanda se admitió el once de septiembre del año en curso, se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 1064/2018-VI, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El diecisiete de septiembre del año que transcurre se recibió en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado el oficio signado por el Administrador Judicial de los Juzgados de Control y Juicio Oral Penal del Estado de Aguascalientes, por el cual rindió el informe justificado solicitado a la Juez de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial en el Estado, en el aceptó la existencia del acto reclamado, al efecto señaló: "Es cierto el acto que reclama la quejosa, toda vez que dentro de la carpeta administrativa número 0209/2018 del Índice de este Juzgado de Control, en audiencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó la citación de la quejosa Valeria Isabel Flores Tavarez en su carácter de Defensora Representante Común de Alfredo Vargas Ortega, a la audiencia fijada a las catorce horas, del doce de septiembre de dos mil dieciocho, en la cual se debatirla la impugnación de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal." Asimismo, exhibió como prueba de su intención un disco compacto que contiene la videograbación de la audiencia que se llevó a cabo el doce de septiembre de dos mil dieciocho, documentales a las que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Actuaciones, de las cuales se desprende que el acto reclamado se consumó de modo irreparable, resultando procedente sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XVI, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." En efecto, este órgano jurisdiccional estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable. (.) Los actos consumados son aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos; es decir, la finalidad perseguida con ellos se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en: a) actos consumados de modo reparable; y, b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquellos en los que, a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo; de ahí que proceda el juicio de garantías en su contra. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquellos que, al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, debemos atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, sería consumado de modo irreparable, aun cuando la restitución del acto ejecutado es factible en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo, porque ni física ni materialmente puede obtenerse la restitución de ellos. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados, para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque la temporalidad no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados o consumados. Es decir, se trata de aquellos actos que, al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. A efecto de evidenciar que en el presente caso se actualiza la casual antes referida, resulta conveniente referir los antecedentes del asunto: 1.- Por escrito presentado el nueve de agosto del año en curso, Jessica Alejandra Valenzuela Mejía, en su calidad de ofendida dentro de la carpeta de investigación CI/AGS/08011/05-17, impugnó ante la Juez de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial con sede en Aguascalientes, la determinación de la Agente del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal de doce de julio de dos mil dieciocho. 2.- El trece de agosto de dos mil dieciocho, se radicó dicho medio de impugnación bajo el número de carpeta administrativa 0209/2018 y se señalaron las doce horas del veintitrés de agosto del presente año, a fin de que se decidiera respecto de la impugnación en contra de la determinación emitida por la Agente del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, dentro de la carpeta de investigación Cl/AGS/08011/05-17, ordenando citar a las partes a dicha audiencia. 3.- El veintitrés de agosto del presente año, la Juez responsable señaló la imposibilidad de notificar a la Fiscal la celebración de la audiencia señalada para ese día; de igual manera, refirió que no se había notificado al imputado ni a su defensor; por lo que señaló como nueva fecha para la celebración de la audiencia, las catorce horas del doce de septiembre de dos mil dieciocho, ordenado citar al Fiscal, el imputado y a su defensores, sin apercibimiento para alguna de dichas partes. Por lo que respecta a la víctima y al asesor jurídico victimal los apercibió que en caso de no comparecer se les tendría por desistidos del referido medio de impugnación. 4.- El día doce de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta administrativa 0209/2018 se llevó a cabo la audiencia donde se debatió la impugnación a la determinación de no ejercicio de la acción penal, lo anterior sin presencia del imputado ni sus defensores, señalando la Juez que dichas partes fueron debidamente notificadas, por lo que consideró que al haberse agotado la citación correspondiente, y tomando en consideración que el artículo 20 fracción VI de la Constitución establece que el imputado y su defensa tienen acceso a la carpeta de investigación, estaban salvaguardados los derechos del imputado; enseguida, las partes asistentes expusieron sus argumentos, y la Juez de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial con sede en Aguascalientes, declaró procedente la determinación de no ejercicio de la acción penal. Ahora bien, el desahogo de la audiencia señalada para el doce de septiembre de dos mil dieciocho, constituye un acto que se consumó de manera irreparable. Se afirma de este modo, porque el doce de septiembre de dos mil dieciocho, se realizaron todos y cada uno de los efectos y consecuencias del acto reclamado, es por ello que la accionante del amparo física y materialmente ya no puede ser restituida en el goce de la garantía constitucional que estima infringida; esto es, materialmente no es posible regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, pues se trata de una cuestión que ocurrió temporalmente. En efecto, el acto que reclama la promovente fue ejecutado el doce de septiembre del año en curso, pues en esa fecha se celebró la audiencia en la cual se debatió la determinación del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal, y en la cual la Juez de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial en el Estado, declaró procedente la determinación del Ministerio Público, lo anterior evidentemente imposibilita restituir a la quejosa en el goce de la garantía constitucional que estima violada, pues de otorgarse la protección constitucional, sus efectos y consecuencias ya no se podrían retrotraer física ni materialmente (por el simple transcurso del tiempo), de manera tal que la accionante vuelva a gozar de los derechos que tenía tutelados previamente. Por tanto, al haber llevado a cabo en la fecha señalada (doce de septiembre de dos mil dieciocho), la audiencia para debatir la determinación de no ejercicio de la acción penal, en la cual la autoridad responsable resolvió lo que consideró procedente, el acto reclamado fue consumado de manera irreparable, pues dejo de existir el objeto de la citación. Ciertamente, el transcurso de la fecha para el desahogo de una audiencia en la cual se citó a alguna persona, por sí sola no consuma los actos de modo irreparable, pues bien podría ordenar la autoridad responsable una nueva citación y hacer uso de alguna medida de apremió para hacerla comparecer; sin embargo; en el caso en concreto la Juez responsable celebró la audiencia señalada, argumentado que tanto el imputado y su defensa tenían en su caso acceso a la carpeta de investigación, además que no apercibió a la aquí quejosa en forma alguna en caso de no comparecer; por lo que al haberse llevado a cabo la audiencia sin apercibimiento alguno y haber resuelto lo conducente, ha dejado de existir el objeto de la citación, consumándose así el acto de modo irreparable, circunstancia que actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I. 3o. A. 150 K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Diciembre de 1994, página 325, cuyo rubros y texto son: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." De igual manera, sirve de apoyo a contrario sensu la tesis I.7o.P.99 P (10a.) , sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de epígrafe: "CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO A DECLARAR EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI YA TRANSCURRIÓ LA FECHA DE LA COMPARECENCIA, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA." En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sin que pase inadvertido que el informe justificado de la responsable, fue recibido mediante proveído de dieciocho de los actuales, y que por tanto, no transcurrido el término de ocho días que previene el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la fecha de notificación del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, para que las partes se impongan de su contenido; sin embargo, en el presente caso, en obvio de evitar dilaciones superfluas, se estima innecesario el acatamiento de dicho término, pues tal disposición, tiene su justificación en dar la posibilidad a las partes de alegar o probar lo conducente; esto es, desvirtuar las afirmaciones, consideraciones o razonamientos expresados por la autoridad, o en su caso, preparar las pruebas que estimen pertinentes; sin embargo, toda vez que la autoridad responsable acompañó a su informe un disco compacto (CD) que contiene las actuaciones de la carpeta administrativa 209/2018, de su índice, con el que se acredita fehacientemente que el acto reclamado se ha consumado de modo irreparable; es inconcuso que no existe manifestación o probanza alguna que pudiera realizar u ofrecer alguna de las partes, que resulte suficiente para, en su caso, modificar el sentido del presente fallo. De igual manera, no es obstáculo para resolver en el presente sentido la falta del informe justificado solicitado a la Dirección de Notificadores y Mensajería del Poder Judicial del Estado, al haber sobrevenido la causa de improcedencia invocada. Finalmente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con treinta y cinco minutos del nueve de octubre de dos mil dieciocho.(VI)

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