Valeria Dellanira Castrejon Salazar
Expediente 429/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Valeria Dellanira Castrejon Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En la Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio electrónico de cuenta, en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del diverso 14507/2021, del índice de éste juzgado, por el cual se remitieron los autos originales del juicio de amparo 429/2021-II. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 1, inciso a), del Manual referido, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró´ jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere el párrafo primero del artículo 20, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual, informa que ese juzgado acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se agrega en autos para los efectos legales conducentes, tomando conocimiento de su contenido. Asimismo, atento a su solicitud, se ordena remitir el expediente original del juicio de amparo en que se actúa al juzgado oficiante, solicitando el acuse de recibo de estilo correspondiente. Se forma cuaderno de antecedentes, en pro de una protección al medio ambiente y para optimizar los recursos materiales, aprovechando el expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el Secretario del Juzgado debe hace constar la integración de las constancias respectivas, que conforman el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, como si se glosaran a este cuaderno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Se tienen por recibidos los escritos de cuenta, signados por Valeria Dellanira Castrejón Salazar parte quejosa por medio de los cuales, cumple los requerimientos que le fueron realizados en proveído de diez de mayo pasado, e informa que el catorce de mayo pasado recibió la primera dosis de la vacuna del virus COVID-19, quedando pendiente la aplicación de la segunda dosis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como correspondan, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales conducentes, y en consecuencia, se tienen por cumplidos los requerimientos aludidos. Ahora bien, del estudio integral de la demanda y sus escritos aclaratorios; se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente incompetente por razón de materia para conocer del presente juicio de amparo, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones que enseguida se realizan: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la segunda, es decir, la definida por razón de materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito, que en su parte conducente, establece: ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y (ADICIONADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y (ADICIONADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (ADICIONADA, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019) VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con los postulados de los preceptos transcritos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa; y Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. De igual manera, de la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado. b) La naturaleza de la autoridad responsable. Dichos criterios justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo con anterioridad, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican en forma preferente a las diversas ramas del derecho, y por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento a los principios que alberga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, sobre el tema de la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia ciento ochenta y dos (182), que es del rubro siguiente: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. (No. Registro: 919,034, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, VII, Conflictos Competenciales, Jurisprudencia, Tesis: 182, Página: 296). Es cierto que la jurisprudencia en consulta se refiere a los aspectos que se deben tomar en consideración para definir la competencia por razón de materia, cuando existe una controversia a dilucidar sobre este ámbito de la jurisdicción en la función judicial propiamente dicha, mas no en un conflicto suscitado entre órganos de control constitucional, es decir, en la jurisdicción constitucional; sin embargo, la interpretación sistemática de la referida jurisprudencia con los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación antes transcritos, sí pueden servir como base para sostener que la competencia por razón de materia en el juicio de amparo contra leyes, debe partir del estudio de la naturaleza de la norma reclamada; de ahí que sea válido concluir que para definir este aspecto de la competencia, se tenga que prescindir del análisis de los planteamientos de inconstitucionalidad que formule el quejoso, pues estos últimos no son un criterio que determine a quién corresponde conocer del asunto, debido a que los conceptos de violación se formulan en función de las garantías individuales que el quejoso estima se infringen en su perjuicio, los que evidentemente inciden en un ámbito subjetivo apreciados por quien los realiza. En otras palabras, para definir la competencia por materia en el juicio de amparo contra leyes, debe partir de la naturaleza de éstas, pues sostener lo contrario llevaría a la inexacta conclusión de que la competencia por materia debiera fijarse en función de lo que alegue la quejosa o recurrente, es decir, que sean éstos quienes la determinen, de acuerdo con lo que manifiesten, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado y las violaciones constitucionales que se invoquen. En suma, para determinar la competencia por materia de un Juzgado de Distrito cuando se controvierta la constitucionalidad de una norma, debe atenderse a la naturaleza de la ley y no a los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la tesis que lleva por rubro y texto los siguientes: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. (Novena Época, Registro: 167761, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Tesis: 2a./J. 24/2009, Página: 412). Derivado de lo anterior, se tiene que en el capítulo de autoridades responsables y actos reclamados, la parte quejosa señala bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Posteriormente mediante escritos aclaratorios recibidos en este Juzgado los días diez y veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, señaló lo siguiente: De las digitalizaciones que anteceden, se advierte que los actos reclamados en el presente asunto los constituyen las órdenes dadas a la quejosa por parte de la Secretaría de Salud y el Director del Hospital Homeopático, a efecto que se reincorpore a laborar a dicho nosocomio como enfermera general a partir del uno de junio próximo, siendo que en el caso, la quejosa se encuentra dentro del grupo de personas vulnerables a la enfermedad COVID-19 ya que padece de hipertensión arterial sistémica, artritis reumatoide con inflamación de carpos y metacarpofalangicas bilateral; y únicamente ha recibido una dosis de la vacuna contra dicha enfermedad, de lo que se tiene que los actos reclamados afectan de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en los derechos y prerrogativas previstas por el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, dado que surgen de la relación obrero patronal y sus conflictos, lo que evidentemente resulta en actos de autoridad derivados de una relación de naturaleza laboral. En ese orden, se estima que su estudio pertenece al ámbito del derecho laboral, ya que lo que controvierte la parte quejosa son derechos en materia de seguridad social, consagrados en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la que este Juzgado Federal, considera que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la presente demanda de amparo. En mérito de lo anterior, si el acto señalado como reclamado se ubica en el ámbito del derecho laboral, no cabe duda que debe considerarse como de naturaleza laboral, sin que ello implique que el juicio de amparo sea procedente, pues el análisis de su naturaleza únicamente sirve para determinar qué Juez de Distrito especializado por materia debe conocer del asunto. Lo anterior, toda vez que la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho, lo cual tiene como ventaja que los juzgadores adscritos a un tribunal especializado únicamente conozcan de asuntos de esa materia, lo que permite enfocar su atención, repercute en la formación de su especialización y lo encausa hacia una mayor profundización del conocimiento del juicio de amparo en la materia de que se trate. Bajo ese contexto el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, prevé que lo no previsto en dicho ordenamiento se aplicará de manera supletoria la Ley Federal del Trabajo. "Artículo 11.- En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad."?????????????? De ahí que, si la parte quejosa reclama de las autoridades responsables en su carácter de trabajadora al servicio del estado, medularmente la orden de reincorporarse a trabajar físicamente al hospital al que se encuentra adscrita, siendo que se encuentra en el supuesto de persona vulnerable, derivado de que tiene hipertensión arterial sistémica, artritis reumatoide con inflamación de carpos y metacarpofalangicas bilateral; y únicamente ha recibido una dosis de la vacuna contra dicha enfermedad, se obtiene que tal reclamo deriva de la relación de trabajo existente entre la promovente y las autoridades responsables y por ende son de índole laboral. Por tanto es evidente que se cuestionan actos laborales, por lo que corresponde conocer de la demanda relativa a los órganos jurisdiccionales especializados en la materia de trabajo. En efecto, las pretensiones de la parte quejosa son, entre otras, que las autoridades responsables le autoricen trabajo en casa, es decir trabajar a distancia por encontrase en el supuesto de persona vulnerable, lo anterior, derivado de la relación de trabajo entre la promovente de amparo y éstas últimas. Por tanto, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto es, si la quejosa es empleada de la autoridad responsable, es indudable que se trata de un litigio en materia de trabajo. Lo anterior se corrobora con lo determinado en la contradicción de tesis 127/2020, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que, en la parte que interesa, destaca lo siguiente: "(.) Ahora bien, cabe destacar que las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las personas trabajadoras, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. En ese contexto, a juicio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARSCoV2 tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo." En ese tenor, con base en lo expuesto, debe prevalecer el criterio adoptado por esta Segunda Sala en la presente resolución y con ello la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO." En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda a que se refiere este expediente, por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, se ordena remitirla de manera electrónica, VÍA INTERCONEXIÓN, al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno y, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, solicítese atentamente se sirva acusar de recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. En consecuencia, toda vez que únicamente se enviará de manera electrónica el presente expediente y, con la finalidad de ahorrar recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones, no se forma cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente legalmente para conocer del presente asunto. Sin que haya lugar a pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, toda vez que no se está en los supuestos del artículo 48, de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, pues si bien la quejosa solicita la medida cautelar para el efecto de que continúe en confinamiento hasta en tanto las autoridades correspondientes dictaminen que las personas vulnerables y de alto riesgo pueden reincorporarse a la vida laboral; y le sean resguardados sus derechos laborales durante la duración de la pandemia hasta en tanto sean óptimas las condiciones para su reincorporación, lo cierto es que a la fecha de la presente actuación, no se advierte un acto inmediato, que vulnere en perjuicio de la quejosa algunos de los derechos citados. En este punto, es importante señalar que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que presta sus servicios en el área de quirófano y que el hospital en el que labora, no es COVID. De ahí que se considere que los actos reclamados no se encuentren dentro del supuesto de urgencia para decretar la medida cautelar, máxime, que la misma quejosa manifestó en el escrito que se atiende que continúa bajo resguardo hasta el treinta y uno de mayo próximo. Apoya lo anterior, la tesis que lleva por rubro y texto los siguientes: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor. (Registro 316027, Localización: Quinta Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, CXXX, Página: 357, Tesis Aislada, Materia: Común) Tampoco ha lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente, en atención a la Jurisprudencia 1496, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primero, página cincuenta y cinco, que en lo conducente se transcribe: .es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
(RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 10/05/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE En la Ciudad de México, diez de mayo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa por medio del cual, cumple los requerimientos que le fueron realizados en proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien visto el escrito que se atiende, se advierten nuevos motivos de prevención, en tales condiciones, el suscrito se encuentra en posibilidad de volver a requerir a la peticionaria de garantías, a fin de mejor proveer. Resulta aplicable por analogía, la tesis número XXVII.3K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pagina 1121, del tomo XVII, Abril de 2003, de la Novena Época, la cual es del rubro siguiente: PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. En consecuencia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Toda vez que en cumplimiento a la prevención descrita con los incisos a) y c) del proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno la promovente refiere lo siguiente: De lo anterior, se aprecia que la promovente ahora señala que el regreso a su centro de trabajo fue ordenado por su jefa directa en el hospital al que se encuentra adscrita, por instrucciones de la Secretaría de Salud, no obstante, en su demanda de amparo, reclamó dicha instrucción del Director del Hospital Nacional Homeopático, lo que también refiere le fue informado por la Jefa de Enfermeras, lo cual resulta contradictorio en el sentido de quien dio las instrucción que combate. Aunado a lo anterior, en relación con el acto que atribuyó a la Secretaría de Salud consistente en la omisión de atender su solicitud para continuar el confinamiento y bajo resguardo salvaguardando su salud al ser considerada una persona vulnerable y de alto riesgo frente a la pandemia generada por el virus SAR-COV2, ahora señala en el ocurso que se provee, que únicamente elevó una petición a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, situación que genera incertidumbre a este Juzgado sobre el acto que en concreto se reclama a la Secretaría de Salud. a) Puntualizado lo anterior, deberá de precisar qué acto en concreto le reclama al Director del Hospital Nacional Homeopático y a la Secretaría de Salud, en específico, deberá aclarar cuál de las dos autoridades dio la orden de reincorporarse a su centro de trabajo, toda vez que no es posible que tanto el Director del referido Hospital y la Secretaría de Salud hayan realizado el mismo acto reclamado, y por lo tanto, no tendrían certeza respecto del acto que se les atribuye y, por ende, no estarían en aptitud legal de rendir su respectivo informe justificado, razón por la cual, se requiere al promovente para que especifique qué acto en concreto les reclama a cada autoridad. Lo anterior, porque es obligación de la parte promovente precisar los actos reclamados y las autoridades responsables que emitieron cada uno de éstos, en razón de que sólo así se puede juzgar sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace, y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia número XX.57 K, del rubro siguiente: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. (Registro 202856, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito). b) Aunado a lo anterior, se le requiere para que exhiba junto con el original de su escrito aclaratorio, seis copias del mismo, para ser distribuidas de la siguiente manera: dos para las autoridades responsables, una para la parte tercero interesada, una para el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, y dos para tramitar el incidente de suspensión que solicita. Se cita en apoyo por su aplicación analógica, la jurisprudencia P./J.36/2001, del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. (No. Registro: 189,977, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, Página: 79). Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no desahogar las prevenciones en los términos descritos con anterioridad, únicamente se tendrá a la autoridad citada en párrafos precedentes con el carácter de autoridad responsable y no así como parte tercero interesada, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Importa destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Amparo, los requerimientos que anteceden únicamente podrán ser desahogados por la parte promovente del amparo, no así por la persona que ésta autorice en términos del artículo 12 de la citada Ley, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, del siguiente rubro: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. (Registro: 161909, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Junio de 2011, Página: 68, Materia: Común). Así como la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), del siguiente rubro: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. (Registro: 2007285, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I; Materia Común, página: 210). Notifíquese personalmente a la parte promovente en el domicilio ubicado en Luis García Manzana 105 (ciento cinco), lote 880 (ochocientos ochenta), Colonia Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCIA.- NOTIFIQUESE
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