Valeria Corona Ávila apoderada general
Expediente 1046/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Valeria Corona Ávila apoderada general
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, por haberse concedido la suspensión provisional como definitiva. Resguárdese el juicio principal como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos originales. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa en su demanda de amparo se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjese a su disposición, el cual podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercera interesada Tanya Valera Báez el contenido del proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno: Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, por haberse concedido la suspensión provisional como definitiva. Resguárdese el juicio principal como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos originales. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa en su demanda de amparo se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjese a su disposición, el cual podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Incidental
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve: En Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve Se ordena apertura de incidente. Como se ordenó en el expediente principal del presente juicio de amparo, con copia del escrito de demanda fórmese por duplicado el incidente de suspensión número 1046/2019-VII, solicitado por ********** en su carácter de apoderada legal de la persona moral Banco Azteca, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, contra actos de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Se requieren informes previos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda; en el entendido que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permita establecer el monto de las garantías correspondientes. Consecuencias de no rendir informe previo. En términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se previene a las autoridades responsables que la falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; asimismo, se les apercibe que en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Requerimiento a las autoridades responsables. Desde este momento, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término señalado con antelación (cuarenta y ocho horas), remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de los documentos necesarios para resolver sobre la suspensión definitiva, es decir, aquéllos que justifiquen lo expresado en el informe previo que rindan. Audiencia incidental. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia incidental. Pruebas documentales Como se proveyó en el cuaderno principal, se ordena realizar la compulsa y certificación, de los documentos que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, para que conste en ambos cuadernos incidentales y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba dicha documental. Acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: La falta de emplazamiento en consecuencia todo lo actuado dentro del expediente laboral 592/2015 del índice de la responsable. Efecto para el que solicita la medida cautelar. La parte quejosa solicita la suspensión provisional y en su caso, la definitiva de los actos reclamados para el efecto siguiente: .se solicita y procede la suspensión provisional y en su oportunidad la suspensión definitiva de los actos reclamados, en razón de que no es contraria al interés público y que de seguirse llevando el juicio a espaldas de mi representada se le provocaría daños y perjuicios de difícil reparación, por la violación a su garantía de audiencia por ilegal emplazamiento, debiendo usía tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la tramitación del juicio. Consideración previa. En el asunto que nos ocupa, se resolverá la procedencia de la suspensión, conforme a las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que en su caso, se conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por la parte quejosa en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso. Por similitud se cita la jurisprudencia cuyo rubro anuncia: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA.. Previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión respecto a los actos reclamados, es pertinente señalar que en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual los órganos jurisdiccionales, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberán realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Así, cabe decir que la suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para la parte quejosa la protección de la justicia federal. Además, se indica que, con excepción de los casos en que proceda la suspensión de oficio en términos de los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos a que se contrae el diverso 128 del mismo cuerpo de leyes, a saber: "rtículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Del citado precepto legal se advierte que para conceder la suspensión provisional se requiere: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En este punto se enfatiza que el artículo 129 de la ley de la materia enuncia algunos de los casos en que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, en el supuesto de concederse la suspensión. Se afirma lo anterior, porque como se señaló en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, uno de los requisitos para conceder la medida cautelar es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y el artículo 129 de dicha legislación establece, entre otros casos, cuándo se siguen esos perjuicios o se contravienen disposiciones de orden público, cuyo contenido dice: Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Sobre el particular, debe decirse que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Se niega la suspensión provisional. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracciones I y X de la Constitución Federal; 128 de la Ley de Amparo SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, a la parte quejosa ************, promoviendo en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, respecto a la suspensión del procedimiento de ejecución del laudo dictado por la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el juicio laboral 592/2015, promovido por ***********, hasta por el monto equivalente a 244 días de salario mínimo general, el cual asciende a la cantidad de $102.68 (ciento dos pesos 68/100 moneda nacional), en virtud de que se desconoce el salario que percibía la tercero interesada y ser el tiempo probable que durará el amparo, como más adelante se verá; lo que da una cantidad de $25,053.92 (veinticinco mil cincuenta y tres pesos 92/100 moneda nacional), misma que se estima necesaria para que el trabajador subsista mientras se resuelve el juicio de garantías; esto último, en atención a lo dispuesto en el artículo 152 de la ley de la materia. Lo anterior, de acuerdo a la tesis de jurisprudencia 4./J. 13/90, emitida por la otrora Cuarta Sala del Máximo Tribunal, Página: 249, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época, Registro: 207951, de rubro y texto: SUSPENSIÓN CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AÚN CUANDO AQUÉL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece las normas aplicables cuando se pide la suspensión de los actos reclamados al combatirse un laudo en amparo directo. Sin embargo, el contenido de tal disposición legal debe aplicarse también cuando se impugna un laudo en amparo indirecto, como ocurre en el supuesto de que la parte demandada reclame la falta de audiencia por no habérsele emplazado legalmente a juicio y, consecuentemente, impugne todo el procedimiento, incluyendo el laudo, o bien, cuando se trate de actos de ejecución de laudo. Ello es así porque en ambas situaciones existe tal similitud que las consecuencias legales no pueden ser distintas, desde luego cuando la parte que obtuvo es la obrera, máxime que los laudos son ejecutables de inmediato en la hipótesis de que al promoverse la demanda de garantías, no se solicite la suspensión del acto; además, en uno y en otro caso, tratándose del trabajador, legalmente ya tiene derecho a que se le haga entrega o pago de las prestaciones respecto de las cuales la Junta consideró procedente su acción, y, mientras no se demuestre lo contrario, debe estimarse que los beneficios que obtuvo del laudo los requiere para subsistir; de manera que si se promueve el amparo, cualquiera que sea la vía elegida y se pide la suspensión del laudo, debe garantizarse la subsistencia del trabajador, en los términos del mencionado artículo 174 de la Ley de Amparo. Se concede suspensión provisional. En otro orden de ideas, al encontrarse reunidos los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no concederse la medida cautelar solicitada, los daños y perjuicios que se le causarían a la quejosa serían de difícil reparación, con fundamento en el artículo 152 de la ley de la materia, se concede a *********, promoviendo en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, la suspensión provisional de los actos de ejecución reclamados, esto es, para que no se ejecute el laudo dictado por la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el juicio laboral 592/2015, promovido por **********, en cuanto exceda de lo necesario para asegurar la subsistencia de dicha persona (aquí tercera interesada), lo cual asciende a la cantidad de $131,563.91 (ciento treinta y un mil quinientos sesenta y tres pesos 91/100 moneda nacional), la que resulta de restarle a la cantidad de 156,617.83 (ciento cincuenta y seis mil seiscientos diecisiete pesos 83/100 moneda nacional) la diversa cantidad de 25,053.92 (veinticinco mil cincuenta y tres pesos 92/100 moneda nacional), hasta en tanto, se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. La anterior medida cautelar no tiene el carácter de restitutoria, en caso de que ya se hayan efectuado los actos reclamados, así como tampoco podrá tener el efecto de modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido la quejosa antes de la presentación de la demanda, en términos del último párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al fallar el Incidente en revisión 517/92, consultable en la página 410, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, del mes de Mayo de 1993, Octava Época, que dice: SUSPENSIÓN. PROCEDE DECRETARLA SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Si de autos se advierte que quien promueve el juicio de amparo es parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados, es evidente el interés que le asiste en obtener la suspensión definitiva de dichos actos, y por tanto debe decretarse, pues en el juicio de garantías el interés jurídico de quien la solicita se surte, si se es parte en el procedimiento del que derivan los actos que se impugnan; máxime cuando la autoridad de quien se reclaman admite la existencia de los mismos, y se satisfacen los requisitos que al efecto establece el artículo 124 de la Ley de Amparo. Cabe precisar que, para determinar el plazo probable de resolución del juicio de amparo del cual emerge esta incidencia; se acude a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, es necesario señalar que el plazo respectivo se fija en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, por lo que procede dividir los días entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que daría un total del plazo aproximado para la conclusión del juicio; tal y como lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 46/2012 (10a.), del texto siguiente: GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN. Atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la quejosa otorgue una garantía bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura jurídica se pudiera causar al tercero perjudicado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora, y para ello puede resultar necesario calcular, en cada caso, un plazo probable para la tramitación y resolución del juicio, ello ante la imposibilidad de previsión legal y jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de operatividad. Sin embargo, tal imposibilidad no implica que no pueda establecerse un plazo tentativo que derive de un parámetro objetivo, constituido éste por los resultados de operatividad de los órganos jurisdiccionales, pues con tales resultados puede calcularse el tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos en una época y en un Circuito determinados. En ese entendido, debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse como plazo tentativo para la conclusión del juicio, y la estimación de si ese plazo es adecuado, insuficiente o excesivo para cada caso particular, es parte de la facultad de quien decida sobre la suspensión, facultad que deberá ejercerse de manera adecuada, racional y lógica, con base en una apreciación de las circunstancias propias del caso concreto, atendiendo -entre otros- a la naturaleza de la violación y a las características intrínsecas del asunto, como lo son la dificultad jurídica y la complejidad de los temas que involucra; si han sido abordados previamente o si son novedosos". En observancia a lo anterior, se precisa la metodología para obtener la probable duración del juicio de amparo en ambas instancias, a efecto de que las partes, conozcan la forma en que se calcula el mismo. 1. Debe ingresarse a la página web del Consejo de la Judicatura Federal en su dirección electrónica http:www.dgepj.cjf.gob.mx/. Posteriormente, se selecciona la opción Estadística Judicial, y se elige la opción Indicadores, en donde se introducen los rubros: Año estadístico (2018, por ser el último), tipo de órgano (juzgados de Distrito), nivel de indicadores (seleccionar productividad) e indicadores (juicio de amparo indirecto). 2. De lo anterior, se obtiene un resultado por circuitos judiciales. Sin embargo, ese no es un indicador válido de referencia para el cálculo en cuestión, pues es un valor promedio de todo el circuito y no de este órgano jurisdiccional. 3. En consecuencia, debe ingresarse al rubro Vigésimo Octavo, en el que se muestra el número de días que cada uno de los órganos del circuito -juzgados-, tarda en resolver los asuntos de su conocimiento, por así haberse condicionado la búsqueda desde el criterio a consultar. Realizado el anterior procedimiento, se obtuvo que este órgano jurisdiccional, reporta como días aproximados para la resolución de los juicios de amparo indirecto, el equivalente a 94.09 días; que divididos entre 30 (por imperativo jurisprudencial), genera un final de 3.13, es decir, tres meses y cuatro días -tiempo de duración del juicio de amparo-. Ese mismo procedimiento se efectúa para saber cuál es el promedio de los recursos de revisión en los Tribunales Colegiados del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en el Estado de Tlaxcala (en específico el Primero, por no saber a cuál le corresponderá conocer del mismo), con la salvedad de que se deben ingresar los datos siguientes: Seleccionar la opción Estadística judicial y elegir la opción Indicadores, en donde se introducen los rubros: Año estadístico (2018, por ser el último), tipo de órgano (Tribunales Colegiados de Circuito), nivel de indicadores (seleccionar productividad) e indicadores (recurso de revisión). Hecha la consulta, se reporta que dicho Primer Tribunal Colegiado, en promedio, resuelve el recurso de revisión en 149.91 días, que dividido entre 30, da como resultado final de 4.99, es decir, cuatro meses y treinta días o cinco meses. Así, la suma de ambas instancias remite a 8 meses y 4 días, que corresponde a un total de 244 días como la probable duración del juicio en ambas instancias. Requisito de efectividad (garantía) En relación con la concesión de la medida cautelar, es importante destacar que, dada su naturaleza, podrían ocasionarse daños y perjuicios a la parte tercera interesada (en virtud de que se le impide provisionalmente ejecutar el acto impugnado de modo definitivo, lo cual constituye un derecho a su favor); por tanto, la medida debe condicionarse al otorgamiento de una garantía que, en su caso, le indemnice los daños y perjuicios que le sean ocasionados con la paralización del acto reclamado si la parte quejosa no obtuviere sentencia favorable en el juicio, tal como lo prevé el artículo 132 de la Ley de Amparo. Al respecto, el impetrante del amparo deberá garantizar el pago de los daños y perjuicios que la medida cautelar podría ocasionarle a la parte tercero interesada, en el caso de que la quejosa no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, tal como lo prevé el artículo 132 de la Ley de Amparo. En efecto, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, coloca en una situación privilegiada a quien solicita el amparo, generando un desequilibrio respecto del tercero, a quien se impide ingresar en su esfera jurídica un derecho que aparentemente le corresponde. Más aun, cuando del acto reclamado deriva una contraprestación líquida o estimable en dinero, toda vez que provisionalmente se priva al tercero interesado del cumplimiento a lo resuelto en el laudo de veinte de agosto de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 592/2015. En relación a lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los parámetros que debe atender el juzgador para fijar los daños y perjuicios que pueda resentir la tercero interesada con motivo de la medida cautelar concedida; siendo estos, el índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México (tratándose de los daños), y la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (por lo que hace a los perjuicios), cuando el acto reclamado se refiere a una condena estimable en dinero; ello puede advertirse del criterio que originó la tesis de rubro y texto: DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. Se considera que la tesis transcrita cobra aplicación al caso, pues de las constancias que obran en el presente incidente de suspensión se advierte que a través del laudo de veinte de agosto de dos mil dieciocho, la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, condenó a la moral demandada Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, a pagar a Tanya Varela Báez, las siguientes cantidades: indemnización constitucional 5,481.00 (cinco mil cuatrocientos ochenta y un pesos cero centavos moneda nacional); salarios caídos o devengados 22,228.50 (veintidós mil doscientos veintiocho pesos cincuenta centavos moneda nacional) intereses por salarios vencidos 13,702.50 (trece mil setecientos dos pesos cincuenta centavos moneda nacional)) horas extras 113,051.70 (ciento trece mil cincuenta y un pesos setenta centavos moneda nacional) prima dominical 2,154.13 (dos mil ciento cincuenta y cuatro trece centavos moneda nacional) Lo cual sumado da un total de 156,617.83 (ciento cincuenta y seis mil seiscientos diecisiete pesos 83/100 moneda nacional), que la parte demandada debe cubrir. Precisado lo anterior, se reitera que en la jurisprudencia invocada se precisan los parámetros a los que debe atender el juzgador para fijar los daños y perjuicios que pueda resentir la tercero interesada con motivo de la medida cautelar concedida, como es el Índice Nacional de Precios al Consumidor que fije el Banco Nacional de México (INPC), tratándose de los daños; y la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), por lo que hace a los perjuicios, siempre que el acto reclamado se refiera a una condena estimable en dinero. Cabe apuntar que por daño se entiende la pérdida o menoscabo que acarrea a la tercero interesada el no disponer (con motivo de la suspensión y hasta en tanto queda firme la resolución que se dicte en el juicio principal) de la suma que le corresponde conforme a la sentencia reclamada; de manera que la indemnización por concepto de daño derivado de la suspensión en el amparo responde solo por la depreciación o pérdida del valor adquisitivo de la cantidad que debió recibir la tercero interesada en virtud de la condena, durante el lapso que dura el juicio de amparo (por no haber podido disponer de la misma). Por su parte, los perjuicios son la privación de las ganancias lícitas que obtendría la tercero interesada de tener bajo su dominio (durante el tiempo que dure el correspondiente juicio de garantías) la respectiva prestación pecuniaria equivalente al rendimiento que en el mismo periodo produciría tal prestación, conforme a una tasa de interés que refleje las condiciones del mercado de dinero. Ahora, en torno a la determinación de la cuantía de la caución que debe otorgar la parte quejosa para garantizar los daños y perjuicios que la suspensión pueda ocasionar a la tercero interesada (tratándose del juicio de amparo indirecto), en la ejecutoria que dio origen a la tesis invocada se estableció: .para determinar los daños y perjuicios generados al tercero por el otorgamiento de una suspensión en un juicio de amparo indirecto, debe buscarse un parámetro que deseablemente cuantifique los dos aspectos, es decir, que valore, por un lado, la pérdida que se generó y, por otro, la ganancia que se dejó de percibir. Así, respecto a la determinación de los daños debe garantizarse que el dinero del cual no se dispuso, refleje el daño patrimonial que se sufrió por esta situación. Debido a que el poder adquisitivo de la moneda se va alterando por el simple transcurso del tiempo, es evidente que el lapso de tiempo que duró la suspensión en el juicio de amparo implicó la actualización de este supuesto. Por tanto, atendiendo a lo señalado en los artículos 125 de la Ley de Amparo abrogada y 132 de la Ley de Amparo vigente, deberá calcularse el daño atendiendo a la alteración que sufrió el dinero durante el lapso que duró la suspensión decretada en el juicio de amparo. Debido a que dicha alteración aplica de manera general a toda la moneda circulante, se debe acudir a los indicadores que publica el Banco de México en Materias de inflación, ya que es a través de dicho procedimiento que se conoce la mencionada variación en la moneda. Una manera que se estima adecuada de calcular tal alteración es aplicando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que se publica quincenalmente y tiene como objetivo medir la evolución en el tiempo del nivel general de precios de los bienes y servicios que consumen los hogares urbanos del país. El mencionado índice se erige como el instrumento por medio del cual se mide el fenómeno económico que se conoce como inflación, (9) razón por la cual, refleja de manera sencilla y práctica la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el simple transcurso del tiempo, razón por la que se estima que dicho parámetro es el más idóneo para calcular el monto de los daños. En efecto, debe precisarse que el alcance de éste y su precisión dependen de dos cualidades fundamentales que son su representatividad y su comparabilidad en el tiempo. La representatividad se logra en la medida que la canasta de bienes y servicios que se utiliza para dar seguimiento a los precios, refleje los patrones de consumo de los hogares. La comparabilidad temporal requiere que la medición en la evolución de los precios se realice respecto a un punto o periodo base en el tiempo, es decir, cuál ha sido el cambio en el nivel de precios respecto de los que se tenían en una fecha, mes o año determinado. Lo anterior se logra en la medida en que todos los elementos utilizados en la medición del índice, excepto los precios, permanezcan estables a lo largo del tiempo, de manera que las variaciones que registre, sean sólo debidas a cambios en precios. Esta afirmación no desconoce la existencia de diversos parámetros o indicadores que pudieran auxiliar al cálculo de este concepto; sin embargo, dado que lo que se busca identificar en forma precisa es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda corriente, éste resulta el más idóneo para el fin buscado, ello porque, específicamente, mide a través del tiempo, la variación de los precios de una canasta fija de bienes y servicios, que permitirá ver el valor de depreciación del dinero. Por lo anterior, en dicha ejecutoria se determinó: .el parámetro idóneo para calcular los daños, lo es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por ser el que refleja la pérdida del valor del dinero en el mercado". Con relación al cálculo de los perjuicios, en la ejecutoria de que se ha venido hablando se determinó que para su cálculo debía atenderse a: .la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), sí es un indicador que, en términos generales, permite conocer que la cantidad que dejó de percibir, debió generar cierto rendimiento económico. En efecto, dicha tasa refleja claramente el rendimiento que pudo originar la cantidad que se dejó de percibir (el perjuicio), según las condiciones del mercado, lo que cobra sentido si para su cálculo, el Banco de México requiere de cotizaciones presentadas por las instituciones bancarias que pretende reflejar las condiciones del mercado de dinero.(11) Así, a fin de determinar el monto de los perjuicios originados con motivo de la interposición de un juicio de garantías, se debe atender a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, ya que es un indicador que refleja el rendimiento que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna institución de banca múltiple. Por lo anterior, en la ejecutoria en cuestión se concluyó que: .a fin de cuantificar los daños y perjuicios que se generaron por el otorgamiento de una suspensión en un juicio de amparo, se debe recurrir, por un lado, al Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación para cuantificar los daños, y a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días, publicada también en el Diario Oficial de la Federación para calcular los perjuicios. Con base en lo expuesto, para determinar los daños y perjuicios, en primer término, debe establecerse el plazo probable de resolución del juicio de amparo del cual emerge esta incidencia; por tanto, en cuanto al tiempo probable para la resolución de un juicio de amparo indirecto en ambas instancias, se acude a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, es necesario señalar que el plazo respectivo se fija en meses calendario, por ser esta la costumbre en la práctica judicial en este tema, por lo que procede dividir los días entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que daría un total del plazo aproximado para la conclusión del juicio; tal y como lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 46/2012 (10a.), del texto siguiente: GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN. Atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la quejosa otorgue una garantía bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura jurídica se pudiera causar al tercero perjudicado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora, y para ello puede resultar necesario calcular, en cada caso, un plazo probable para la tramitación y resolución del juicio, ello ante la imposibilidad de previsión legal y jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de operatividad. Sin embargo, tal imposibilidad no implica que no pueda establecerse un plazo tentativo que derive de un parámetro objetivo, constituido éste por los resultados de operatividad de los órganos jurisdiccionales, pues con tales resultados puede calcularse el tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos en una época y en un Circuito determinados. En ese entendido, debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse como plazo tentativo para la conclusión del juicio, y la estimación de si ese plazo es adecuado, insuficiente o excesivo para cada caso particular, es parte de la facultad de quien decida sobre la suspensión, facultad que deberá ejercerse de manera adecuada, racional y lógica, con base en una apreciación de las circunstancias propias del caso concreto, atendiendo -entre otros- a la naturaleza de la violación y a las características intrínsecas del asunto, como lo son la dificultad jurídica y la complejidad de los temas que involucra; si han sido abordados previamente o si son novedosos". En observancia a lo anterior, se precisa la metodología para obtener la probable duración del juicio de amparo en ambas instancias, a efecto de que las partes, conozcan la forma en que se calcula el mismo. 1. Debe ingresarse a la página web del Consejo de la Judicatura Federal en su dirección electrónica http://www.dgepj.cjf.gob.mx/. Posteriormente, se selecciona la opción Estadística Judicial, y se elige la opción Indicadores, en donde se introducen los rubros: Año estadístico (2018, por ser el último), tipo de órgano (juzgados de Distrito), nivel de indicadores (seleccionar productividad) e indicadores (juicio de amparo indirecto). 2. De lo anterior, se obtiene un resultado por circuitos judiciales. Sin embargo, ese no es un indicador válido de referencia para el cálculo en cuestión, pues es un valor promedio de todo el circuito y no de este órgano jurisdiccional. 3. En consecuencia, debe ingresarse al rubro Vigésimo Octavo, en el que se muestra el número de días que cada uno de los órganos del circuito -juzgados-, tarda en resolver los asuntos de su conocimiento, por así haberse condicionado la búsqueda desde el criterio a consultar. Realizado el anterior procedimiento, se obtuvo que este órgano jurisdiccional, reporta como días aproximados para la resolución de los juicios de amparo indirecto, el equivalente a 94.09 días; que divididos entre 30 (por imperativo jurisprudencial), genera un final de 3.1363, es decir, tres meses y cuatro días -tiempo de duración del juicio de amparo-. Ese mismo procedimiento se efectúa para saber cuál es el promedio de los recursos de revisión en los Tribunales Colegiados del Vigésimo Octavo Circuito, en Apizaco, Tlaxcala (en específico el Primero, por no saber a cuál le corresponderá conocer del mismo), con la salvedad de que se deben ingresar los datos siguientes: Seleccionar la opción Estadística judicial y elegir la opción Indicadores, en donde se introducen los rubros: Año estadístico (2018, por ser el último), tipo de órgano (Tribunales Colegiados de Circuito), nivel de indicadores (seleccionar productividad) e indicadores (recurso de revisión). Hecha la consulta, se reporta que dicho Primer Tribunal Colegiado, en promedio, resuelve el recurso de revisión en 149.91 días, que dividido entre 30, da como resultado final de 4.99, es decir, cuatro meses y treinta días o cinco meses. Así, la suma de ambas instancias remite a 8 meses y 4 días, que corresponde a un total de 244 días como la probable duración del juicio en ambas instancias y que debe tomarse en cuenta para efectos del cálculo de los daños y perjuicios. Cabe acotar que el parámetro indicativo al que debe atenderse para fijar la garantía correspondiente, es respecto al monto de $156,617.83 (ciento cincuenta y seis mil seiscientos diecisiete pesos 83/100 moneda nacional); pues fue la cantidad a que se condenó a la parte demandada, mediante el laudo de veinte de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio radicado con el número 592/2015. Establecido lo anterior y en observancia al criterio jurisprudencial en que se sustenta la presente resolución, se procede a cuantificar los daños y para ello, se acude al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Para obtener el factor inflacionario, debe establecerse el valor real de la cantidad de 156,617.83, para lo cual se atiende al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), para establecer la inflación del mes anterior al que se emitió el laudo de veinte de agosto de dos mil dieciocho, que resulta ser el mes de julio de dos mil dieciocho, que corresponde a 99.909 (publicado el diez de julio de dos mil dieciocho) -más antiguo del período-, entre el INPC del mes inmediato anterior a la fecha de la presente determinación (veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve), por lo que deberá acudirse al INPC de octubre de este año, que corresponde a 104.503 (publicado el diez de octubre de dos mil diecinueve) -más reciente del período-; éste dividido entre el factor del mes anterior al que se dictó el laudo de veinte de agosto de dos mil dieciocho; es decir, 104.503 (más reciente) entre 99.909 (más antiguo), da un factor inflacionario durante dicho periodo de 1.0459. Ahora, para adecuar la cantidad de $156,617.83, a la inflación de dicho periodo (julio de dos mil dieciocho a octubre de dos mil diecinueve), se multiplica dicho numerario por el factor indicado (1.0459), lo que da un total de 163,806.58, (ciento sesenta y tres mil ochocientos seis pesos con 58/100, moneda nacional). Dicha cantidad restada al monto total de $156,617.83 da una inflación de $7,188.75 (siete mil ciento ochenta y ocho pesos 75/100, moneda nacional), que divididos entre el periodo de trescientos setenta y tres días (correspondientes al periodo en que se emitió el acto reclamado y en que se dicta el presente proveído) representa una inflación diaria de $19.27 pesos (diecinueve pesos, 27/100, moneda nacional). La referida inflación multiplicada por los doscientos cuarenta y cuatro días de duración probable del juicio de amparo en ambas instancias; da un total de $4,701.88 (cuatro mil setecientos un pesos 88/100 moneda nacional) por concepto de daños. Con relación a los perjuicios, se ha precisado que se debe atender a la Tasa de Interés Interbancaria (TIIE) a veintiocho días, y toda vez que ésta se calcula en forma diaria, se precisa que la tasa aplicable a la fecha en que esto se determina (veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) es de 7.7825. En consecuencia, para obtener el monto correspondiente a los perjuicios es necesario realizar la operación que se describe: se multiplica la cantidad de $156,617.83 (ciento cincuenta y seis mil seiscientos diecisiete pesos 83/100 moneda nacional), por el porcentaje de la tasa de interés interbancaria aplicable (7.7825), obteniendo el monto de $12,188.78 (doce mil ciento ochenta y ocho pesos 78/100 moneda nacional); mismo que se divide entre 365 (días del año), resultando la cantidad de $33.39 (treinta y tres pesos 39/100 moneda nacional) -diarios-, los que a su vez se multiplican por los 244 días (duración aproximada del juicio en ambas instancias), lo que da un total de $8,147.16 (ocho mil ciento cuarenta y siete pesos 16/100 moneda nacional) por concepto de perjuicios. En consecuencia, al fijarse $4,701.88 (cuatro mil setecientos un pesos 88/100 moneda nacional) por concepto de daños y $8,147.16 (ocho mil ciento cuarenta y siete pesos 16/100 moneda nacional) por concepto de perjuicios; en el presente asunto se fija como garantía la cantidad de $12,849.04 (doce mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 04/100, moneda nacional), la cual deberá exhibir la parte quejosa en un solo billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, ante esta autoridad. Apercibimiento Con independencia de lo anterior, con fundamento en los artículos 136, párrafo primero, y 147, párrafos primero y último, de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva otorgada surtirá efectos de inmediato, pero dejará de hacerlo (previo acuerdo del Juzgado) si la parte quejosa no otorga dentro de los cinco días siguientes (legalmente computados) la garantía fijada, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a efecto de evitar que se defrauden los derechos del tercero interesado. Domicilio y autorizados Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Asimismo, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a ***, ***, *** y ***, por así solicitarlo expresamente en su escrito de demanda. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley antes citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización firma oficios Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por oficio MA.1467/2019-1, remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federa de Conciliación y Arbitraje, informó que gozará de su segundo periodo vacacional dentro del periodo del dieciséis al treinta y uno de diciembre del año en curso, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado para el efecto de que rindan sus informes justificados. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo.
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