Valeria Concepción Gómez Aranda

Expediente 337/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
337/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Valeria Concepción Gómez Aranda

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. Mérida, Yucatán, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I, inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Agréguese copia autorizada de este proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que deriva de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la razón de cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que de la constancia actuarial de dos de diciembre de dos mil veinte, se advierte que al fedatario judicial adscrito a este Juzgado, no le fue posible notificar personalmente a Valeria Concepción Gómez Aranda, parte quejosa, el acuerdo dictado en estos autos el treinta de noviembre de dos mil veinte, por los motivos que expone en la misma; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción III y 29 Ley de Amparo, notifíquese a la referida parte quejosa el aludido auto de treinta de noviembre del año en curso, la presente determinación y los subsecuentes acuerdos, incluso los de carácter personal, por medio de lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto proporcione su domicilio correcto para oír y recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo acordó y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado, licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado de la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, autoridad señalada como responsable en el presente juicio, el cual se agrega a los presentes autos para que obre como corresponda. Ahora bien, del contenido de las constancias que en este auto se agregan, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente asunto la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión por parte de la autoridad responsable en determinar a personas idóneas para la restitución de la menor con iniciales I.V.G.R. a un núcleo familiar. No obstante, de las constancias que la autoridad responsable remitió como apoyo a su informe, se advierte que en el acta 031/2020 de trece de marzo de dos mil veinte, se accedió a la solicitud de la quejosa Valeria Concepción Gómez Aranda, restituyendo a la menor con iniciales I.V.G.R. su derecho de vivir en familia, concluyendo que el acogimiento residencial e integración provisional de la menor, quedaría a cargo de su tía paterna a la citada quejosa (Valeria Concepción Gómez Aranda), quien es su tía paterna, lo cual se hizo del conocimiento de la quejosa en el propio acto; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veinte de febrero de dos mil veinte. Por tanto, si dicha actuación fue realizada, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veinte de febrero del año que transcurre, resulta incuestionable que cesaron los efectos del acto reclamado, lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la omisión de la que se duele la parte quejosa, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo estas consideraciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Sin que sea obstáculo a lo anterior que no se haya emplazado al tercero interesado Sergio Manuel Gómez Aranda señalado en la demanda de amparo, toda vez que por el sentido en que se resuelve el presente asunto, es evidente que no se le vulnera derecho alguno. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Con transcripción de este acuerdo, gírese atento oficio a la Agente del Ministerio Público de la federación adscrita, al que deberá remitirse al correo institucional blanca.ortiz@pgr.gob.mx, para su conocimiento y efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del diez de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente a la parte actora, por oficio a la autoridad responsable y por correo institucional al Ministerio Público de la adscripción. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.

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