Valeria Alejandrina Rodríguez Suzan
Expediente 440/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 31/05/2017
Partes del expediente
- Valeria Alejandrina Rodríguez Suzan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. No es obstáculo para llegar a la anterior determinación, la circunstancia de que se encuentre transcurriendo el plazo que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo a las autoridades responsables, pues dado el sentido de la misma es claro que en nada agravia a dichas responsables, y la única que pudo inconformarse con el fallo, es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Sustenta lo anterior, el criterio P./J. 22/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, página 23, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir " Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, al haberse negado la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él; asimismo, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de destrucción en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo; debiendo hacerse igualmente la anotación en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ****************, por propio derecho respecto de los actos y autoridades que se precisan en el resultando primero de esta resolución, con base en los razonamientos expuestos en el último considerando de la misma. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa, no cumplió con el requerimiento decretado en autos; es decir, no exhibió las copias correspondientes al incidente de falta de personalidad promovido. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido proveído, y en consecuencia se tiene no interpuesto el incidente en cuestión. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que exhiba las copias correspondientes del incidente de falta de personalidad promovido por dicha parte procesal. Con la finalidad de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido se le tiene renunciando a la autorización que le fue otorgada por la quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Con dicha circunstancia dese vista a la parte quejosa, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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