Valentina Roman Rios y Otros.
Expediente 1016/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1016/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Valentina Roman Rios y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VI A Agréguese a los autos el oficio sin número de la autoridad responsable Síndico Municipal de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, Oaxaca, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, expídasele copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, teniéndose por autorizados para recibirlas, a las personas que señala, previa copia de su identificación y razón que se dejen en autos.
- Principal
MESA VI A Agréguese a los autos el telegrama del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual, en atención al diverso 2788 del veintitrés de octubre del año en curso, informa que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se avocó al conocimiento de la incompetencia planteada, relativa al juicio de amparo 1016/2015, a que corresponde este cuaderno en que se actúa. En tales condiciones, ya que no existe determinación pendiente por cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento; por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de este acuerdo, procédase a su destrucción, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I del invocado acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA VI A Visto el estado de los autos, de los que se advierte que por proveído de tres de agosto del año en curso, se agregó el oficio del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el que obra inserto el diverso de veintitrés de julio de dos mil quince, dictado en el juicio de amparo 460/2015, de su índice, del cual se advierte entre otras cosas, solicita se realice la notificación por lista a la parte quejosa de dicho acuerdo, sin que de autos se aprecie tal circunstancia; por tanto, notifíquese por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano, el auto de veintitrés de julio aludido en líneas anteriores. Por otra parte, visto el oficio del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; al efecto, como lo solicita, tan luego conste en autos la notificación que indica, envíese copia certificada de la misma, para los efectos legales correspondientes. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO QUE ANTECEDE: AUTO DE VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE Síntesis: Conforme al contenido de la citada resolución, el suscrito se avoca al conocimiento del asunto, únicamente de los actos respecto de los que le resulta competencia en razón de la materia, es decir los consistentes en el punto PRIMERO y OCTAVO segunda parte, del capítulo correspondiente de la demanda en estudio, los cuales son la incomunicación, intimidación, tortura, tormentos, tortura psicológica, azotes, confiscación de bienes, abuso de autoridad y desaparición forzada de personas, dado el carácter del juzgado especializado en materia penal, por lo que, se ordena el registro en este órgano jurisdiccional con el número de expediente 460/2015. En consecuencia, solicítese al Juzgado Primero de Distrito en El Estado de Oaxaca, para que a la brevedad posible, remita a éste Juzgado federal las constancias relativas a los informes rendidos por las autoridades responsables respecto de la suspensión de plano concedida en autos o manifieste el impedimento que tenga para ello. Precisado lo anterior, se continúa con el trámite del juicio de amparo promovido por Valentina Román Ríos, José Trinidad Rojas Román y de los menores de edad Luz Evelia Rojas Román y Lucidalia Rojas Román, por conducto de Antonia Pérez Lustre, contra actos de Juez Primero de lo Civil, Distrito Judicial del Centro, de la Ciudad de Oaxaca de Juárez Oaxaca, y demás autoridades, señaladas como responsables, respecto de las cuales se declaró legalmente incompetente el Juez federal mencionado. Ahora bien, del estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que la parte quejosa concurre a solicitar al amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se precisan: ... Conforme a lo anterior, este juzgado estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo en razón de la materia, respecto de los actos precisados en los puntos PRIMERO BIS, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO primera parte, toda vez que no quedan comprendidos en el artículo 51 de la Ley Orgánica Poder Judicial de la Federación. Esto es, los quejosos reclaman en esta vía constitucional actos relativos a las materias civil y administrativa, de los que este órgano jurisdiccional en razón de su especialidad, carece de competencia legal por la materia, en virtud de que éstos no son de caracter penal. En efecto, en términos de los artículos 10 y 12 del acuerdo general 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se determina que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla conocerá de los asuntos a que se refiere el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: Del numeral transcrito se puede observar que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán de los asuntos siguientes: por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. ... En el caso, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados se advierte que los mismos no se ajustan a alguno de los supuestos establecidos en el numeral antes citado, ya que los actos reclamados precisados en los puntos PRIMERO BIS a OCTAVO, primera parte, no constituyen una resolución judicial del orden penal, no atentan contra la libertad personal, no se vinculan con la reparación del daño, y tampoco se reclama una ley o incumplimiento de declaratorias de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con normas generales en materia penal. Esto, porque se reclaman violaciones al derecho de propiedad y/o posesión, mismos que se atribuyen a autoridades de carácter administrativa, así como jurisdiccionales especializados en materias civil y algunas mixtas del fuero común del Estado de Oaxaca, y a Juzgados de Distrito Mixtos, que al no ser especializados, conocen también de procesos civiles federales. Por tanto, tales actos reclamados no se pueden considerar de naturaleza penal, ya que no provienen de un proceso que se les instruye, ni de algún juzgado penal ante el cual se les siga una causa penal; tampoco se trata de actos que atenten de manera directa o indirecta contra la libertad personal. Dado lo anterior, el suscrito estima que se reclaman actos de los que no corresponde conocer a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal sino a un Juez especializado en Materia Civil y Administrativa de este Circuito, razón por la cual este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda de garantías, únicamente respecto de los actos referidos en los puntos PRIMERO BIS a OCTAVO primera parte, de la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada del juicio de amparo formado con motivo de la demanda de garantías que se provee al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Turno en el Estado de Puebla, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes manifieste si acepta o no la competencia en términos del numeral en cita. Asimismo, solicítese se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. En otro orden de ideas, respecto de los diversos actos reclamados relativos al punto PRIMERO y OCTAVO segunda parte, del capítulo correspondiente de la demanda que se analiza, atribuidos a las autoridades que la parte quejosa señala como responsables con excepción del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito del Estado de Oaxaca, se advierte una causa notoria y manifiesta de improcedencia, pues se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro. En efecto, del capítulo de antecedentes se advierte que la parte quejosa Valentina Román Ríos, José Trinidad Rojas Román y los menores de edad Luz Evelia Rojas Román y Lucidalia Rojas Román promovieron la demanda por conducto de Antonia Pérez Lustre, quien sustancialmente, en los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, precisó... La circunstancia anterior implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues de lo relatado por la promovente se desprende que los aquí quejosos no fueron detenidos o incomunicados por parte de las autoridades señaladas como responsables, pues del escrito inicial de demanda se advierte que la persona que promueve en nombre de los quejosos refirió que éstos se encontraban en su domicilio y que un grupo aproximado de ciento cincuenta personas quienes dijeron ser autoridades de diversas corporaciones policiacas, y que por órdenes de varios jueces, estaban facultadas para mutilarla, infamarla, marcarla, azotarla, apalearla, atormentarla con sus armas y palabras, destruir su patrimonio en compañía de un grupo de la policía federal llamados la gendarmería, que se encuentran apostados en varios hoteles de la ciudad del estado de Oaxaca de Juárez, Oaxaca con equipo de guerra para matar a los quejosos, que en ese momento los quejosos estaban siendo torturados junto con sus hijos por las responsables, además en ese instante la iban a despojar, desalojar, destruir y demoler su construcción, y para que no entorpeciera las diligencias lo mejor era que se "LARGARA A CHINGAR A MI MADRE YA QUE AVENTARON LOS GASES LACRIMOGENOS Y LOS PERROS POLICIAS FEDERALES DE LA GENDARMERIA" a lo que quien promovió la demanda a nombre de la parte quejosa, cerró sus puertas y decidió huir a solicitar el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, no sin antes ver que a los quejosos los estaban torturando para desaparecerlos, esto es, la parte quejosa estuvo en aptitud de acudir al juicio de amparo, pues de acuerdo a lo expuesto por quien promovió el juicio de amparo en nombre de los quejosos, dijo que cerró su puerta y acudió a promover el juicio constitucional y vio a los propios quejosos, lo que denota que dichas personas no se encontraban incomunicados, detenidos o privados de su libertad, lo que genera que con dicha expresión se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues en ningún momento se precisó que aquellos estuvieran bajo resguardo de alguna autoridad y confinados de forma tal que no pudieran por sí mismos instar este medio de defensa extraordinario. Lo anterior es de esta manera, pues Antonia Pérez Lustre con el fin de justificar su legitimación para promover en nombre de Valentina Román Ríos, José Trinidad Rojas Román y de los menores de edad Luz Evelia Rojas Román y Lucidalia Rojas Román invocó una situación que la legitimaba para promover la demanda de amparo en nombre de otra, con el fin de ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo que es del texto siguiente... Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta al quejoso -como lo es la incomunicación- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por si mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser ésta un presupuesto procesal, la promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. ... Por tanto, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del ordenamiento legal en cita, con relación a tal precepto, por lo que procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otro lado y toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en este juicio los estrados del juzgado de origen, solicítese al juzgado remitente, que de no tener inconveniente legal alguno, por su conducto realice a la promovente la notificación del presente proveído mediante lista, con la atenta petición de remitir a este Juzgado la constancia respectiva una vez que aquello acontezca. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 19 del Acuerdo General 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
MESA V A Agréguese para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio 2442/2015, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual informa a este juzgado, que en sesión celebrada el diecisiete de junio del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, autorizó la readscripción del Magistrado José Luis Legorreta Garibay del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en esta ciudad, en sustitución del Magistrado Marco Antonio Guzmán González, a partir del dieciséis de julio del año en curso
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