VALENTINA ITALUVI MURCIO RAMOS y Otros.
Expediente 173/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- VALENTINA ITALUVI MURCIO RAMOS y Otros.
- Valentina Italuvi Murcio Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de abril de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se concedió la suspensión definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón a que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno e interlocutoria de ocho de marzo del mismo año, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 173/2021, promovido por ** y **, por propio derecho y representación de sus menores hijos, lo que acreditaron con el certificado de nacimiento con folios ** y ***, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Las quejosas refieren que sus hijos nacieron el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve y dieciocho de octubre de dos mil veinte, como se advierte de las documentales que anexaron al escrito inicial de demanda. Señalan que el quince de enero de dos mil veintiuno, presentaron ante la Dirección del Registro Civil del Estado de Oaxaca, una solicitud para el registro de nacimiento de sus hijos para que fueran reconocidos como hijos de ambas, anexando copias certificadas de los certificados de nacimiento 027547926 y 029477680, así como dos constancias médicas. Luego, en respuesta a su solicitud, se les notificó el oficio DRC/UJ/543/2021, de ocho de febrero de dos mil veintiuno, firmado por el Jefe de la Unidad Jurídica de la Dirección del Registro Civil, negando su petición en los términos siguientes: "En atención a sus escritos de once de enero del año en curso, le hago de conocimiento que con fundamento en el artículo (sic) 66, 67, 69, 81 y 82 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, no es procedente autorizar el registro de nacimiento de sus menores hijos, en los términos que lo solicitan tomando en consideración que en la legislación civil de nuestro estado no se encuentra debidamente estipulado el supuesto a que hacen referencia en su solicitud y en su caso, cuales son los documentos idóneos para realizar dicho registro y determinar la filiación correspondiente, en virtud que solo anexan copia simple de los documentos que mencionan en su solicitud, sirve de apoyo la jurisprudencia: (.) MENORES DE EDAD. SU PROTECCIÓN EN EL DERECHO FAMILIAR. (.) No omito manifestarle que si bien es cierto la tesis jurisprudencial en las que se apoya su petición, no se ajusta al caso en concreto y aunado a ello las tesis jurisprudenciales son de carácter orientador mas no de aplicación obligatoria, porque no cumplen con el rango de jurisprudencia, en este sentido con la finalidad de no vulnerar el derecho a la identidad de los menores, se le sugiere que el registro de nacimiento de la menor sea realizado por parte de la C. Valentina Italuvi Murcio Ramos, quien de acuerdo al certificado de nacimiento que se exhibe es la madre de los menores, y con posterioridad acudan ante el juez familiar para que en el ámbito de su competencia determine lo conducente con respecto a la filiación de los menores y en este sentido se pueda llevar a cabo el reconocimiento que se solicita." En ese contexto, las quejosas estiman que esos entes públicos violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. Las justiciables señalaron como autoridades responsables al Director y Jefe de la Unidad Jurídica, ambos del Registro Civil del Estado de Oaxaca, y como actos reclamados la negativa contenida en el oficio DRC/UJ/543/2021, de ocho de febrero de dos mil veintiuno, relativa al registro de sus menores hijos M.C.A.G. y M.C.I.U. La demanda fue remitida el dieciocho de febrero pasado, quedando registrada en este órgano jurisdiccional con el consecutivo 173/2021 y fue admitida el veintidós de febrero siguiente; asimismo, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a lo establecido por los arábigos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, la parte quejosa reclama del Director y Jefe de la Unidad Jurídica, ambos del Registro Civil del Estado de Oaxaca, lo siguiente: La negativa de otorgar el registro de nacimiento de sus menores hijos M.C.A.G. y M.C.I.U. la cual fue determinada mediante el oficio DRC/UJ/543/2021, de ocho de febrero de dos mil veintiuno. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable jefe de la Unidad Jurídica del Registro Civil del Estado de Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado, como se advierte de la siguiente captura: Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas de las actas de nacimiento ** y ** de los menores M.C.I.U. y M.G.A.G. a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, acorde con el precepto 2° de la Ley de Amparo. Con dichas documentales se demuestra la omisión reprochada a la autoridad responsable, no obstante que fue el tres de marzo de dos mil veintiuno, cuando se expidieron las actas de nacimiento con registros *** y **de los menores M.C.I.U. y M.C.A.G. es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de derechos fundamentales (dieciocho de febrero de dos mil veintiuno). VI. PROCEDENCIA Como el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, éstos deben ser analizados previamente al estudio de fondo, incluso hasta de oficio. En la especie, de oficio se advierte que en el acto consistente en la negativa de otorgar el registro de nacimiento de los menores hijos M.C.A.G. y M.C.I.U. de las quejosas, la cual fue determinada mediante el oficio DRC/UJ/543/2021, de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque han cesado en los efectos de dicho acto. A fin de evidenciar lo anterior, se considera oportuno precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en el presente asunto, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del precepto legal y criterio invocado se obtiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca; cuestión que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto impugnado; o, también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica con la cual destruye en forma definitiva la que dio motivo al amparo. En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se requiere lo siguiente: La existencia de un acto de autoridad, el cual el impetrante de amparo estime lesivo de sus garantías; y, en razón de ello, se motive la promoción de la demanda de amparo. Un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma terminante, al acto reclamado, retrotrayendo las cosas al estado que tenían hasta antes de la promoción de la demanda de garantías. Ahora bien, como se anticipó, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que el tres de marzo de dos mil veintiuno, se expidieron las actas de nacimiento con registros 20031890 y 20031891 de los menores M.C.I.U. y M.C.A.G., de cuya negativa se dolían las promoventes del amparo. Lo anterior da pauta al suscrito para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la negativa que le fue reprochada a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional, cesó en sus efectos. En el sumario, como se especificó, las quejosas reclaman la negativa por parte del Director y Jefe de la Unidad Jurídica, ambos del Registro Civil del Estado de Oaxaca, de otorgar el registro de nacimiento de sus menores hijos M.C.A.G. y M.C.I.U. la cual fue determinada mediante el oficio DRC/UJ/543/2021, de ocho de febrero de dos mil veintiuno; sin embargo, al momento de rendir informe el jefe de la Unidad Jurídica del Registro Civil del Estado de Oaxaca, manifestó que el tres de marzo del año en curso, se expidieron las actas de nacimiento con registros 20031890 y 20031891 de los menores M.C.I.U. y M.C.A.G. Por lo anterior, si en esta instancia se reclama la negativa de otorgar el registro de nacimiento a los menores M.C.A.G. y M.C.I.U. hijos de las quejosas y la autoridad responsable, al momento de la emisión de la presente sentencia ya expidió las actas de nacimiento, es evidente que en esta instancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que emitir dicho fallo, se destruyeron los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si tales omisiones no hubieran invadido la esfera jurídica de la particular. Por tanto, lo pretendido por las promoventes de la acción constitucional, en el sentido que se cesara la negativa de otorgar las actas de nacimiento a sus menores hijos, quedó satisfecho. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." VII. DECISIÓN En consecuencia, como no existe prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede en este asunto es el sobreseimiento. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** y **, por propio derecho y representación de sus menores hijos con certificados de nacimiento con folios *** y **, contra el acto reclamado al Director y Jefe de la Unidad Jurídica, ambos del Registro Civil del Estado de Oaxaca, por los motivos que se precisan en el apartado VI de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el jefe de la Unidad Jurídica del Registro Civil del Estado de Oaxaca y téngase como prueba de su parte las documentales que remite sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Ahora bien, de las constancias referidas con antelación y en razón de que pudiera advertirse una causal de improcedencia, con fundamento en el numeral 64 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que, dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo manifiesten lo que a su derecho convenga. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
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