Valentina González Garduño

Expediente 312/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
312/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Valentina González Garduño

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y la certificación secretarial que antecede, se advierte que dentro del término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por el que se tuvo por no presentada la demanda, no fue recurrido por la parte quejosa. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en relación con el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente ordenar el archivo del expediente, como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se tuvo por no presentada la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita. 2. A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. POR NO PRESENTADA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en auto de quince de marzo del año en curso; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************en nombre y representación de su menor hija de identidad reservada, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades y otras autoridades. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y por lista a la parte quejosa según lo determinado en auto de dieciocho de marzo del año en curso.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, la razón del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, en la que hace constar la imposibilidad para notificar a la parte quejosa el auto de quince de marzo del año en curso, por los motivos expuestos. En términos de los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dicha diligencia tiene valor probatorio, al tratarse de la actuación de un funcionario con fe pública cuyas manifestaciones vertidas en sus razones, corresponden a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 405, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, materia común, con número de registro 198729, que establece: NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena realizar la citada notificación a la parte quejosa, así como las subsecuentes que deban ser personales, por medio de lista que se fije para tales efectos en los estrados de este órgano jurisdiccional. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 20/2008 de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 238 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXVII, Abril de 2008, que es del rubro y texto siguiente: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Notifíquese por lista el presente acuerdo así como el de quince de marzo del presente año, como está ordenado. AUTO DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS Toluca, Estado de México; quince de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por Karina Garduño Robles en nombre y representación de su menor hija de identidad reservada cuyo nombre e iniciales serán omitidos con el objeto de resguardar la privacidad de la infante, en cumplimiento a lo ordenado en los puntos 9 y 10, Capítulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales, contenidas en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en caso de que afecten a Niños, Niñas y Adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 312/2022-I. Ahora bien, de conformidad con los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte alguna irregularidad, mandará prevenir a la promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que ésta pueda subsanarlas en tiempo. PREVENCIÓN. En esas condiciones, con apoyo en lo establecido en el artículo 108, fracción I, en relación con el artículo 114, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, procede requerir a la promovente Karina Garduño Robles, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto, realice lo siguiente: PRIMERO: Deberá acreditar con documento fehaciente ante este juzgado, la personalidad con la cual acude a esta vía, esto es, demuestre el parentesco y la minoría de edad de su representada, pues no anexó documento alguno con los cuales acredite tal circunstancia. Lo anterior es así, pues el artículo 17 constitucional prevé la garantía relativa a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, estos adquieren matices propios tratándose del tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. Es decir, que si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de amparo, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al juez de amparo analizarla al considerar que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, lo cual explica, que el Juez de Distrito debe acatar lo precisado por el más alto tribunal en la jurisprudencia número 2ª./J. 1/96, visible en la página 48, Tomo III, enero de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Por ende, analizar la personalidad de la promovente del amparo implica que el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17 Constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio, en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto y sí en cambio distrae la atención de los tribunales federales y causa perjuicios a las partes litigantes, ya que de estimarse lo contrario acarrearía un empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, con la que ocasionaría perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad de la promovente que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidas no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantía para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes son partes en juicio. En la inteligencia que del escrito con el que cumpla lo solicitado, así como del documento con el que acredite su personalidad, deberá de exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes, de conformidad con el artículo 110 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 37/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, del tomo XIII, de abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 189915, que establece: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. De lo dispuesto por la jurisprudencia número P./J. 43/96 de este Tribunal Pleno, de rubro: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO., así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que el Juez de Distrito debe pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente cuando provee acerca de la demanda y, si no está acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 120 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es indiscutible que debe exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo." Asimismo, la jurisprudencia 2ª/J.124/2016, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1449, del libro 36, Noviembre de 2016 tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." SEGUNDO. Deberá exhibir copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes del escrito inicial de demanda, lo anterior es así, dado que la promovente únicamente exhibió el escrito original de la demanda, sin embargo en el caso resultan necesarias dieciséis copias, para ser distribuidas de la siguiente manera: quince para las autoridades responsables y una para el Agente del Ministerio Público adscrito; por tal motivo, no se considera satisfecho el requisito establecido en el artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta, tomo XXII, octubre de dos mil cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." En este orden de ideas, se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En diverso aspecto, se tiene como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Defny Daniela González Suárez, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el señalado en el proemio de la demanda de cuenta. Sin que haya lugar a tener como domicilio el correo electrónico que refiere la parte promovente en su demanda, pues la ley de la materia no lo contempla como domicilio procesal, no obstante de ser necesario y a criterio de este juzgador, se le podrán comunicar al mismo aspectos de naturaleza urgente. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por el Delegado de las responsables Consejo de la Judicatura del Estado de México, Presidente y Secretaria General de Acuerdos, ambos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, por medio del cual comunica las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite un legajo de copias certificadas de las documentales con las cuales acredita su dicho. Por tanto, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido de que desahogue o no dicha vista, se pronunciará sobre si la ejecutoria está cumplida o no, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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