Valentin Silva Silva

Expediente 390/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
390/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Valentin Silva Silva
  • Marisela Orozco López
  • Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (Mtro. Zoe A. Robledo Aburto)
  • Victor Manuel Sánchez Don Juan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintinueve de julio de dos mil veintidós, en la que este juzgado sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Por otra parte, como en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese por lista; mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 390/2022, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe, sin la asistencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. Asimismo, se hace constar que no obra el informe justificado de las siguientes autoridades: 1. Dueño y/o director y/o responsable médico y/o titular de la Clínica de Hemodiálisis "Plenitud Centro Coahuilense de Hemodiálisis, sociedad anónima de capital variable"; y, 2. Dueño y/o director y/o responsable médico y/o titular de "ESPRON, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable". Ambos con residencia en esta ciudad. Lo anterior, pese a que fueron debidamente notificadas del oficio por el cual se les requirió tal y como se advierte del acuse de recibo en el que obra el sello de recibido desde el veintiocho de abril del presente año. Por otra parte, se hace constar que feneció el término de tres días otorgado a la parte quejosa en acuerdo de seis de julio del año en curso, para que informaran a este juzgado en dónde reciben actualmente el tratamiento de hemodiálisis, pues transcurrió del veintiséis al veintiocho de julio del presente año, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna sobre el particular. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Por otra parte, ante la omisión de las autoridades responsables se considera actualizada la hipótesis contenida en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, de lo cual se ordena hacer relación en el momento procesal oportuno. En otro contexto, toda vez que la parte quejosa no informó a este juzgado en dónde reciben actualmente el tratamiento de hemodiálisis dentro del término de tres día otorgado, se hace efectivo el apercibimiento decretado al respecto y tiene cierta la manifestación del apoderado del instituto responsable en el sentido que están recibiendo dicho tratamiento en el Hospital General de Zona número 83 de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Abierto el periodo probatorio se da cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa y por el apoderado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional en Michoacán, representación del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada y titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, ambos dependientes de dicho instituto con sede en esta ciudad. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen anunciadas, admitidas y desahogadas debido a su propia y especial naturaleza las referidas probanzas ofertadas por las partes en comento y, precluye el derecho para ofrecer algún otro medio de convicción. Abierto el periodo de alegatos se da cuenta con los formulados por el apoderado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional en Michoacán, representación del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada y titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, ambos dependientes de dicho instituto con sede en esta ciudad; por la subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la jefa de la División de Amparos Fiscales en suplencia del director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, estos dos últimos con residencia en la Ciudad de México. El juez acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los alegatos de las referidas autoridades y a las demás partes les precluye su derecho para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante demanda presentada el seis de abril de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por Valentín Silva Silva, Marisela Orozco López, Víctor Manuel Sánchez Don Juan, Esperanza Aguilar Araiza, María del Carmen Parra Medina, Jessica Esmeralda Escobedo Hernández, Macario Zavala Hernández, Jorge Luis Aguilar Ángel, Joaquín Miranda Ortega y Emanuel Romero Pérez, por propio derecho, comparecieron a la presente instancia a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en los términos precisados en el escrito inicial de demanda. Asimismo, estimaron que la omisión y el acto reclamados vulneran sus derechos contenidos en los artículos 1º, 4º, 6º, 8º, 9º, 13º, 14º, 16º, 17º, 22º y 133º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana 003-SSA3-2010 para la práctica de hemodiálisis, así como el precepto 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas; XVIII de la Declaración Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José); 3.5, 6, 7, 11 y 17 del Protocolo Internacional y Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de siete de abril de dos mil veintidós, este juzgado registró la demanda con el número 390/2022 y decretó la suspensión de plano en favor de la quejosa Valentín Silva Silva, Marisela Orozco López, Víctor Manuel Sánchez Don Juan, Esperanza Aguilar Araiza, María del Carmen Parra Medina, Jessica Esmeralda Escobedo Hernández, Macario Zavala Hernández, Jorge Luis Aguilar Ángel, Joaquín Miranda Ortega y Emanuel Romero Pérez, en los términos siguientes: "(.) En tal virtud, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que se brinde a Valentín Silva Silva, Marisela Orozco López, Víctor Manuel Sánchez Don Juan, Esperanza Aguilar Araiza, María del Carmen Parra Medina, Jessica Esmeralda Escobedo Hernández, Macario Zavala Hernández, Jorge Luis Aguilar Ángel, Joaquín Miranda Ortega y Emanuel Romero Pérez, de inmediato la atención médica necesaria respecto de los padecimientos que le aquejan y para que se garantice su vida e integridad física y mental, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituirlos en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcione la asistencia médica que requiere en este momento, esto es, le proporcionen la atención médica que requiere para sus enfermedades de inmediato. En la inteligencia que la medida cautelar que se concede, NO desconoce la autoridad de los médicos tratantes del quejoso para que conforme a la praxis médica y la lex artis ad hoc, otorguen la atención médica que requiere, atendiendo a su criterio, así como a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica; entendiendo a la primera (praxis médica) como la facultad que tiene el experto de la salud en anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o la recuperación, conservación, y preservación de la salud de las mismas; el asesoramiento público o privado, así como las pericias que practican. Y por la segunda (lex artis ad hoc) como el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo; dicho concepto puede resumirse en el deber de ajustar la actuación a las reglas técnicas, normas legales y principios deontológicos, el deber de preparación adecuada para adaptar los conocimientos al progreso científico y a la experiencia profesional, y el deber de omitir acciones peligrosas, es decir, actos para los que no se está suficientemente capacitado, atendiendo a las circunstancias del estado de la ciencia, de tiempo y lugar; sobre todo porque en materia sanitaria, es el médico tratante quien responde por el acto médico que realice. (.).". Asimismo, en el referido auto este juzgado admitió a trámite la referida demanda; otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; requirió el informe justificado a las autoridades responsables. Por otra parte, en acuerdo de once de julio del año en curso, este juzgado fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la omisión reclamada no requiere ejecución material y el acto reclamado fue emitido por autoridades que residen dentro de jurisdicción que ejerce este órgano jurisdiccional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, loa actos reclamados por Valentín Silva Silva, Marisela Orozco López, Víctor Manuel Sánchez Don Juan, Esperanza Aguilar Araiza, María del Carmen Parra Medina, Jessica Esmeralda Escobedo Hernández, Macario Zavala Hernández, Jorge Luis Aguilar Ángel, Joaquín Miranda Ortega y Emanuel Romero Pérez, consisten en: La omisión de proporcionarles atención médica, en específico de otorgarles el tratamiento de hemodiálisis acorde con lo establecido por la Norma Oficial Mexicana 003-SSA3-2010 para la práctica de hemodiálisis, así como suministrarles los medicamentos que requieren para tal efecto; y, El proceso de licitación donde les es adjudicada u otorgada a las personas morales "Plenitud Centro Coahuilense de Hemodiálisis, sociedad anónima de capital variable" y "ESPRON sociedad de responsabilidad limitada de capital variable", la Contratación de Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Subrogada 2022. Omisión y acto que atribuyeron a las siguientes autoridades: 1. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social; y, 2. Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Ambos con residencia en la Ciudad de México. 3. Titular del Órgano de Operación Administrativo Desconcentrado en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social; 4. Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social; 5. Dueño y/o director y/o responsable médico y/o titular de la Clínica de Hemodiálisis "Plenitud Centro Coahuilense de Hemodiálisis, sociedad anónima de capital variable"; y, 6. Dueño y/o director y/o responsable médico y/o titular de "ESPRON, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable". Todos con sede en esta ciudad. Tercero. Inexistencia de la omisión reclamada. Las siguientes autoridades responsables: 1. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social; y, 2. Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Ambos con residencia en la Ciudad de México. En su informe justificado manifestaron que no son ciertos la omisión y el acto que se les reclaman, toda vez que dentro de sus facultades y atribuciones no está la de otorgar atención médica y suministrar los medicamentos que requieren los peticionarios de amparo, tal y como puede advertirse del artículo 17 bis de la Ley General de Salud y del precepto 268 de la Ley del Seguro Social, en relación con el diverso 66 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aunado lo anterior, constituye criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para determinar la certeza o la inexistencia de las omisiones que se atribuyan a las autoridades responsables, en principio se debe identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa alega. Sin embargo, en el asunto que ahora se resuelve aconteció que la parte peticionaria de tutela constitucional no otorgó al suscrito juzgador un parámetro bajo el cual estuviera en condiciones de verificar si efectivamente las obligaciones que atribuye a las responsables se encuentran dentro de su ámbito competencial; de ahí que, se imponga considerar inexistentes los actos reclamados a las autoridades precisadas en este considerando. Se considera así, ya que para que este juzgador estuviera en condiciones de verificar la certeza de dichos reclamos constitucionales, la parte quejosa debió señalar por lo menos, el ordenamiento legal que a su parecer, establece cada una de las obligaciones cuya omisión en su cumplimiento atribuye a las responsables; pues de no hacerlo así, se impondría al suscrito juzgador, la labor de realizar un estudio en negativo de cada uno de los ordenamientos legales existentes en el Sistema Jurídico Mexicano, a fin de verificar si esas obligaciones corresponden a las autoridades que señaló como responsables, en franca contravención al principio general del derecho que establece que nadie está obligado a lo imposible, que en el caso concreto de estudio, supondría revisar cada una de las leyes, códigos o reglamentos para verificar sí efectivamente, las obligaciones atribuidas son del ámbito competencial de la responsable. Sustenta lo expuesto la tesis asilada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 53, Novena Época, registro 196080, de texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos.". Por otra parte, el apoderado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional en Michoacán, representación del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada y titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, ambos dependientes de dicho instituto con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama a sus representadas, debido a que éstas no han omitido o negado otorgarles atención médica y suministrarles los medicamentos que requieren los quejosos, lo cual acreditó con el oficio 1790012F100/2022 de once de abril del presente año, suscrito por el titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del instituto responsable, en el cual se observa la atención proporcionada por parte del servicio subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de "Plenitud Centro Coahuilense de Hemodiálisis, sociedad anónima de capital variable", con lo que se cumple con el objetivo establecido con la Norma Oficial Mexicana 003-SSA3-2016, así como con la diversa NOM 004 SSA3-2012 (fojas 76 a 85). Asimismo, en dicho informe el representante de las responsables comunicó que el quejoso Joaquín Miranda Ortega, a dicha data, no se había presentado a recibir atención médica, incurriendo en negativa para continuar con su atención de conformidad con el artículo 88 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, de lo relatado con antelación y de las documentales que allegaron tanto las autoridades responsables como la parte quejosa, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda -seis de abril de dos mil veintidós- no existía la omisión de otorgarles el tratamiento de hemodiálisis y suministrarles los medicamentos que requieren para tal efecto. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos se observa que la parte quejosa no ofreció medio de convicción alguno para probar la omisión reclamada a las autoridades responsables, ya que únicamente exhibió un escrito dirigido a la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Michoacán el dos de marzo del año en curso y diversas placas fotográficas en las que se observan personal y aparatos médicos, una persona con una playera y/o blusa con manchas de sangre y un cesto de basura. Atento lo anterior, el suscrito concluye que a la fecha de presentación de la demanda -seis de abril de dos mil veintidós- la omisión reclamada a las autoridades responsables no existía. Determinación que se hace extensiva respecto de las autoridades responsables señaladas como dueño y/o director y/o responsable médico y/o titular de la Clínica de Hemodiálisis "Plenitud Centro Coahuilense de Hemodiálisis, sociedad anónima de capital variable" y dueño y/o director y/o responsable médico y/o titular de "ESPRON, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable", ambos con residencia en esta ciudad, pues pese a que fueron omisas en rendir su informe justificado, de las constancias que obran en el asunto que se actúa no se advierte que hayan incurrido en la omisión reclamada por la parte quejosa, ni se aprecia que ésta haya ofertado prueba alguna para acreditar la misma. En consecuencia, ante la inexistencia de la referida omisión reclamada a las autoridades responsables precisadas en esta consideración, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se impone sobreseer en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Cuarto. Certeza del acto reclamado. El apoderado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional en Michoacán, representación del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada y titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, ambos dependientes de dicho instituto con sede en esta ciudad, en el informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado consistente en el proceso de licitación donde les es adjudicada u otorgada a las personas morales "Plenitud Centro Coahuilense de Hemodiálisis, sociedad anónima de capital variable" y "ESPRON sociedad de responsabilidad limitada de capital variable", la Contratación de Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Subrogada 2022 y al efecto adjuntó las constancias relacionadas con éste; por tanto, se tiene la certeza de la existencia del mismo. Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. En ese sentido, el suscrito estimo que respecto del acto reclamado consistente en: El proceso de licitación donde les es adjudicada u otorgada a las personas morales "Plenitud Centro Coahuilense de Hemodiálisis, sociedad anónima de capital variable" y "ESPRON sociedad de responsabilidad limitada de capital variable", la Contratación de Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Subrogada 2022. Se actualiza la casual de improcedencia por cesación de efectos prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, tal y como quedará evidenciado a continuación. En primer término, atendiendo a que en la técnica de amparo se define a la cesación de efectos, como la causal de improcedencia que impide el estudio del fondo del amparo cuando los actos que al momento de promover la demanda existían, cesaron durante la substanciación del juicio y destruyen de manera total e incondicional sus efectos, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. Siguiendo con esa línea, la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Al respecto, el representante de las autoridades responsables mediante escrito de veinte de mayo del año en curso, comunicó el cambio de lugar donde los quejosos reciben su tratamiento de hemodiálisis, tal y como se advierte del oficio correspondiente: Asimismo, mediante diverso escrito de catorce de julio del presente año, el apoderado de las responsables comunicó: "(.) Por medio del presente vengo a rendir informe sobre el cumplimiento del requerimiento contenido en los oficios números 14484 y 14485 derivados del auto de fecha ocho de julio del año 2022, para lo cual se adjunta al presente el oficio número D.S.A.V/179001910100/883/2022 de fecha 07 de julio del año en curso, suscrito por el Encargado de la Jefatura de Servicios de Afiliación de Vigencia, mediante el cual informa que se localizaron las constancias de vigencia de derechos de los CC. Jessica Esmeralda Escobedo Hernández y Joaquín Miranda Ortega. De igual forma se adjunta oficio y anexos, signado por el Coordinador de Gestión Médica de la Jefatura de Prestaciones Médicas de data 12 del mes y año en curso, por el cual informa y acredita lo siguiente: 1.- Jessica Esmeralda Escobedo Hernández, ya no tiene vigencia como derechohabiente. 2.- Emmanuel Romero Pérez, se le brinda atención en servicio subrogado con el proveedor Niaper, enviado por el Hospital General Regional 1 en hemodiálisis extramuros, en cuanto se tenga espacio extramuros se incluirá; 3.- Joaquín Miranda Ortega, de igual forma se le brinda atención en el servicio subrogado con el proveedor Niaper, enviado por el Hospital General Regional 1 en hemodiálisis extramuros, se cita en el Hospital General de Zona número 83 para incluirse a sesiones intramuros. Por lo anterior, queda acreditado que los quejosos señalados ya no reciben el servicio de hemodiálisis extramuros en la clínica señalada también como autoridad responsable, si no con diversa clínica subrogada, ante lo cual es importante señalar que al igual que los demás quejosos, en cuanto se tenga espacio éstos serán migrados al servicio intramuros de hemodiálisis que se brinda en el Hospital General de Zona número 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social. (.).". De igual forma, se advierte que la quejosa Jessica Esmeralda Escobedo Hernández, desde el siete de julio del año en curso, causó baja como derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social: Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno por ser expedidas por institución pública, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, así como en términos de la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.". Por tanto, resulta claro que con el cambio de clínica en la que recibían el tratamiento de hemodiálisis y la baja como derechohabiente de la referida quejosa, trajo como consecuencia que el acto reclamado en comento cesara en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido a las autoridades responsables precisadas con antelación. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Valentín Silva Silva, Marisela Orozco López, Víctor Manuel Sánchez Don Juan, Esperanza Aguilar Araiza, María del Carmen Parra Medina, Jessica Esmeralda Escobedo Hernández, Macario Zavala Hernández, Jorge Luis Aguilar Ángel, Joaquín Miranda Ortega y Emanuel Romero Pérez, respecto de la omisión y el acto reclamados a las autoridades referidas en el considerando segundo de la presente resolución, así como por los motivos expresados en los considerandos tercero y quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por el apoderado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y en representación de las autoridades dependientes de éste, por el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos comunica: "(.) Por medio del presente vengo a rendir informe sobre el cumplimiento del requerimiento contenido en los oficios números 14273 y 14274 derivados del auto de fecha seis de julio del año 2022 notificados nuevamente el día de ayer dieciocho de julio del año en curso, para lo cual se adjuntan al presente las las (sic) constancias de vigencia de derechos de los CC: Jessica Esmeralda Escobedo Hernández, Emmanuel Romero Pérez (éste quejoso tiene el carácter de beneficiario hijo ante el Instituto, por ello la constancia que se adjunta pertenece a su papá el C. Francisco Javier Romero Benítez quien es el trabajador asegurado) y Joaquín Miranda Ortega. (.).". En tal virtud, se tienen recibidas dichas constancias y no se hace mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en acuerdo de veinte de los actuales se proveyó sobre el contenido de éstas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armado, Díaz López Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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