Valentín Sánchez Tovar
Expediente 629/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Valentín Sánchez Tovar
- Valentín Sánchez Tovar y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA. II. Ciudad de México, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. ACEPTACIÓN DE CARGO DEFENSORA Agréguese el acta de comparecencia de dieciocho de marzo del año en curso, de la que se advierte que la Licenciada Paula Abigail Duran Camargo, Asesora Jurídica Pública designada para representar a Valentín Sánchez Tovar aceptó y protestando el cargo conferido, en este juicio de amparo; asimismo, se impuso del contenido de los autos. ESTADO DE AUTOS Por otra parte, del estado de autos se advierte que los actuarios adscritos han sido omisos en notificar el auto de dos de marzo del año en curso a la parte quejosa; en consecuencia, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a fin de que notifiquen la citada determinación. *
- Principal
MESA. II. Ciudad de México, diez de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio remitido vía correo electrónico firmado por la Subdirectora Jurídica Penal de la Dirección de Defensoría Pública, a través del cual informa la imposibilidad para dar cumplimiento al requerimiento efectuado; en tal virtud, como solicita remítase copia de la demanda de amparo, para los efectos legales procedentes. .
- Principal
MESA. II. Ciudad de México, dos de marzo de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO AUTO DE DESECHAMIENTO Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. En tales condiciones, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. QUEJOSO SOLICITA DESIGNACIÓN DE DEFENSOR En otro orden, agréguese la constancia de notificación de seis de diciembre de dos mil veinte, atento a su contenido se advierte que el quejoso Valentín Sánchez Tovar solicitó se le designe defensor público; en consecuencia, dado que se encuentra privado de su libertad en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, requiérase al Director de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, para que, en el plazo de tres días, designe a un defensor que lo asesore en este juicio y se encuentre en condiciones de imponerse de autos. Lo anterior, en virtud de que el impetrante de amparo, señaló como autoridad responsable de índole local al Consejo Técnico Interdisciplinario del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, de ahí que la competencia para la designación de defensor o asesor jurídico no sea la naturaleza federal del juicio de amparo, sino la jurisdicción de la autoridad responsable. Asimismo, hágase del conocimiento al Director de la Defensoría Pública de la Ciudad de México que el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: La orden de reubicación del quejoso al anexo siete, zona cuatro, estancia dos, dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México. Atribuido a la Consejo Técnico Interdisciplinario del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Apercibido que de incumplir con lo anterior, con fundamento en el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización.
- Principal
MESA II Ciudad de México, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por **en representación de **, contra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16, Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el numeral 112, de la Ley de Amparo, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 629/2020-II-B. DESECHAMIENTO. Antes de proveer lo pertinente, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El precepto transcrito autoriza a este Juzgado Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 890 que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En ese sentido, se advierte que la demanda de amparo carece de la firma autógrafa de la promovente Reyna Florín Aguirre, quien refiere actuar en representación de Valentín Sánchez Tovar, así como de éste último. En consecuencia, tomando en consideración que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, tal y como lo establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo; por tanto, la demanda de amparo debe contener la manifestación expresa de la voluntad de instar el juicio por la persona agraviada. Por tanto, en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Máxime que la firma del promovente es un signo gráfico con los que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere; en consecuencia, en el caso la falta de firma constituye un requisito esencial para dar validez a un documento, por lo que resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste la voluntad directa de quien promueve. En tales condiciones al no existir en la demanda firma autógrafa de la persona que la promueve, o bien de aquella quien se considera afectada en sus intereses jurídicos, no puede considerarse ejercida la acción constitucional y, por ende, no se cumple en la especie la instancia de parte agraviada para promover el juicio de amparo. Resulta aplicable al caso, por los motivos que lo exponen, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 96, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 175-180 Sexta Parte, con número de registro 249481, que dice: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa". Así, como por las razones que contiene el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 72, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 115-120, Sexta Parte, con número de registro 252200, qiue dice: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz". No se soslaya que el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona". Sin embargo, de la lectura integral de la demanda no se advierte que ***, se encuentren en alguna de las hipótesis antes descritas, ya que en el caso el acto reclamado, no se encuentra dentro de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales), mucho menos que el afectado en sus intereses jurídicos, se encuentre imposibilitado para plasmar su firma autógrafa en el escrito de demanda de amparo. Lo anterior, toda vez que se advierte que el acto reclamado en esta instancia consistente en: La orden de reubicación del quejoso al anexo siete, zona cuatro, estancia dos, dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México. Lo que se asevera en virtud, de que dicho acto no se trata de una acción emitida fuera de procedimiento, máxime cuando de la lectura de los antecedentes del acto reclamdo se apreció que veinticinco de noviembre del año en curso, al acudir a la audiencia y/o sesión por parte del Consejo Técnico Disciplinario del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, le dijeron que sería reubicado; por lo que se itera, no encuadra en las hipótesis del mencionado precepto 15 de la Ley de Amparo o el diverso 22 Constitucional. En consecuencia, cuando la demanda de amparo indirecto presentada, carezca de la firma autógrafa del promovente, es procedente su desechamiento de plano, ello porque la falta de la firma de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. Por lo que se estima que, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, relacionados con el numeral 113 del ordenamiento legal citado, por ende, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia, promovida por Reyna Florín Aguirre en representación de ***, al actualizarse una causal manifiesta e indudable de improcedencia. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN En términos del numeral 5, fracción IV, de la misma normatividad, se ordena notificar el presente proveído y correr traslado con copia autorizada del escrito de demanda, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional. Asimismo, se le autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al asunto que nos ocupa, en el Sistema de Seguimientos de Expedientes (SISE), a través del usuario "martha.arguello", que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, licenciada Martha Araceli Arguello Zepeda. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en lo dispuesto en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, en los que se encuentra interno. Asimismo se le tiene señalando el correo electrónico y número telefónico, para comunicaciones no procesales. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se le permite para que con cualquier medio tecnológico o innovación científica, obtengan la reproducción digital de las constancias que obran en el expediente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 2847 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, marzo de 2009. Materia(s): Civil. Novena Época, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". DEFENSOR Requiérase al quejoso para que en el momento de su notificación o en el plazo de tres días siguientes, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, designe a un licenciado en derecho para que lo represente en este juicio con cédula profesional registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho; apercibido que, de incumplir con lo anterior, este juzgador le nombrará a un Defensor Público. Cobra aplicación la Jurisprudencia 43/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días para que los actuarios de la adscripción, practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena a la Secretaria supervise que la Analista Jurídico Especializado capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los secretarios, oficiales administrativos y actuarios judiciales, en lo conducente, supervisar o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e), del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (firel) y al expediente electrónico, así como en los diversos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la integración y de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por último, se autoriza al secretario y a los actuarios a firmar los oficios de este juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
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