Valentin Sanchez Cid
Expediente 683/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Valentin Sanchez Cid
- Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "Cps Chiapas".
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se obtiene, que ha transcurrido el plazo legal de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés ***, que sobreseyó en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las partes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. 1. Expediente conservable. En virtud que el presente juicio de amparo se sobreseyó, sin embargo, contiene el decreto de una suspensión de plano de actos reclamados, por interpretación extensiva de los artículos 14, fracción II1, y 17, fracción III, inciso b)2, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, al prever que cuando se concede la medida cautelar el expediente es CONSERVABLE, de ahí que si en el caso, como se dijo, fue concedida la suspensión de plano, se estima la aplicación de dichos preceptos, por lo que una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, previo cercioramiento de que todas las constancias que integran este expediente estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, procédase a su transferencia al Archivo de Concentración de los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el artículo 93 y conforme a los lineamientos establecidos en los numerales 26, 27 y 284, todos del acuerdo multicitado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico respectivo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza, José Alberto Joo Moreno, quien certifica que el presente proveído se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés.- Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 77, 124, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Sentido de la resolución. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por **********, en favor de ***********, por las razones vertidas en el considerando tercero de este fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta sentencia. Notifíquese; y, personalmente al quejoso en su lugar de reclusión. Así lo resolvió y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza, presente sentencia se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a uno de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio firmado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de veintisiete de julio del año en curso (fojas 131-134), y remite las constancias que acreditan la valoración médica y los medicamentos expedidos acorde a los padecimientos del quejoso. Atento a lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y déjese sin efectos el apercibimiento decretado en el referido auto. En otro orden de ideas, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y a su defensor particular en proveído de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés (fojas 124-127), para que manifestaran lo que en su derecho conviniera respecto a la inexistencia de la autoridad responsable Titular del Área de Servicio Médico del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, sin que lo hubiese realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó en el citado acuerdo y se tiene como autoridad inexistente a la referida en el párrafo que precede, por tanto, se suspende toda comunicación con la misma y sus actos no serán motivo de estudio en el presente juicio de amparo. Se instruye a la Oficial Judicial "A" de la adscripción, proceda a realizar las anotaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto de la inexistencia de las citadas autoridades responsables. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Berthalicia Concepción Tovilla Rodríguez, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por vacaciones de la Jueza de Distrito, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; determinado en sesión celebrada el diez de julio de dos mil veintitrés y comunicado mediante oficio CCJ/ST/4136/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México; asistida de la Secretaria que autoriza, Lizzeth Guadalupe Ibarias Chang, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la notificación personal de veinticinco de julio de este año, de la cual se advierte que la actuaria judicial de este juzgado, asentó las manifestaciones del directo quejoso ********, consistentes en: "Solicita se le otorgue el medicamento adecuado para dormir ya que refiere padecer de insomnio." En consecuencia, con las manifestaciones del citado impetrante de amparo, dese vista al licenciado ***********, Defensor Público Federal, para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la legal notificación de este proveído, manifieste si considera necesario realizar una nueva promoción en favor de su patrocinado, quedando expedito su derecho para hacerlo valer en la vía correspondiente. Además, se le hace de su conocimiento, que deberá asistir debidamente al quejoso, quien al estar recluido, no se encuentra en condiciones para representarse a sí mismos durante la tramitación del presente juicio de amparo, al implicar una barrera física para allegarse de pruebas, acudir al órgano jurisdiccional a consultar actuaciones o realizar promociones, entre otras. Por ello, una verdadera defensa adecuada no puede limitarse a meros aspectos procesales o de trámite, pues el solo nombramiento de un licenciado en derecho para asumir la defensa no satisface ni hace efectivo, por ese hecho, el derecho a gozar de una defensa material, en tanto que para eso se requiere implementar todas las medidas necesarias, las cuales garanticen que la persona tenga la asistencia de un técnico capacitado para su defensa. Se cita la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1301, Décima Época, registro digital 2020495, materias Constitucional, Penal, Común, de la literalidad siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". Asimismo, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al directo agraviado, dese vista a la autoridad responsable Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, para que conforme a sus atribuciones, realice la valoración respectiva del citado quejoso, y brinde la atención médica, así como los medicamentos necesarios acorde a sus padecimientos. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 259, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Hágase del conocimiento al quejoso de la presente determinación al quejoso, y toda vez que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", residente en Villa Comaltitlán, Chiapas, notifíquese la presente determinación en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, no obstante que el municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, está fuera de la residencia oficial de este Juzgado; sin embargo, se encuentra dentro de la jurisdicción que ejerce este Juzgado Federal. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal en términos de los artículos 136 y 138 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico ********. Notifíquese; y, personalmente al quejoso en su lugar de reclusión y al Defensor Público. Así lo proveyó y firma electrónicamente Berthalicia Concepción Tovilla Rodríguez, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por vacaciones de la Jueza de Distrito, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; determinado en sesión celebrada el diez de julio de dos mil veintitrés y comunicado mediante oficio CCJ/ST/4136/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México; asistida de la Secretaria que autoriza, Lizzeth Guadalupe Ibarias Chang, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. 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