Valentin Peña Flores

Expediente 307/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
307/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Valentin Peña Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión, por no haberlo solicitado así la parte quejosa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    ... En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama el inicio del procedimiento, la remoción del cargo derivado de la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, así como las notificaciones y razonamiento relativo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, todo ello dentro del expediente PDI/DAI/003/03-2021. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañan a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, resulta evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.". El precepto en cita establece que cuando se encuentre en trámite ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, el juicio de amparo resulta improcedente. Al respecto, conviene precisar que debe entenderse como medio de impugnación, el mecanismo que constituye una instancia reclamadora de la legalidad o procedencia de un acto de autoridad, instancia que se hace valer ante la misma autoridad u otra jerárquicamente superior, o ante algún órgano revisor específico, para que califique la procedencia o la legalidad, o ambas cosas, respecto del acto controvertido. En ese sentido, el recurso o medio de impugnación a que se refiere la fracción XIX del numeral 61 de la Ley de Amparo tiene por objeto que el promovente pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación da lugar a la actualización de la causa de improcedencia en análisis, sino sólo aquéllos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados. Precisado lo anterior, para la actualización de la causa de improcedencia que se examina, es necesario la demostración fehaciente de que el referido medio de impugnación fue admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé oportunidad a la parte inconforme de ser escuchado en defensa de sus derechos, ya que puede suceder que el recurso, por no ser idóneo o no estar establecido en la ley del acto, sea desechado por improcedente, supuesto éste en que el quejoso no será escuchado ante las autoridades ordinarias; por tanto, si al mismo tiempo el juicio de amparo se declara improcedente con la sola afirmación o la demostración de que se presentó un recurso, ello tendría como consecuencia que no se oiga al afectado ni en el juicio constitucional ni en el recurso propuesto, con lo que se le dejaría en estado de indefensión. De ahí que, al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se encuentra recurrida y en litigio", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y en consideración al estado de indefensión que se pudiera causar al promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. De lo expuesto se colige que si bien, conforme al precepto en estudio, no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la de revocar, modificar o nulificar un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, lo cierto es que la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del normativo 61 del ordenamiento legal aplicable, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el juez de Distrito. ... En el caso, el quejoso se duele de entre otros actos, de la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, emitida en el expediente QJ/DAI/023/02-2021, en la que confirmó la remoción del cargo de policía adscrito a la corporación de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos, así como las notificaciones llevadas a cabo; lo cual resulta ser consecuencia directa del procedimiento de responsabilidad administrativa que derivó en su remoción, cuyo procedimiento se encuentra tramitado a través del juicio contencioso TJA/4ªSERA/JRAEM-049/2021. Con lo que se tiene por acreditado el primero de los requisitos señalados. En efecto, de las constancias que como complemento a su informe justificado remitieron las autoridades señaladas como responsables, existe el acuse de recibo del escrito respecto de la ampliación de demanda dentro del expediente TJA/4ªSERA/JRAEM-049/2021, promovida en contra de la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, así como todo lo actuado en el procedimiento administrativo incoado en su contra, asimismo obra el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por el que el Tribunal de Justicia Administrativa tuvo a la parte demandada ampliando la demanda, de lo que se deduce que fue admitida la demanda inicial y en la fecha de referencia se encuentra en trámite dicho juicio contencioso. De ahí que se tenga plenamente acreditado que la parte quejosa, efectivamente promovió el juicio contencioso administrativo demandando la nulidad de la sentencia de diez de junio de dos mil veintiuno, así como todo lo actuado en el procedimiento administrativo PDI/003/03-2021, cuya consecuencia directa fue la remoción del cargo que venía desempeñando. De igual forma, se encuentra satisfecho el segundo requisito consistente en "que el recurso o medio de defensa haya sido admitido", pues como se apuntó en párrafos anteriores, el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, tuvo ampliada la demanda, lo que como se dijo se deduce que fue admitida la demanda inicial al que le correspondió el número de expediente TJA/4ªSERA/JRAEM-049/2021, juicio que fue promovido en contra de la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, que determinó la remoción del cargo de policía, dictada por los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos dentro del Expediente PDI/DAI/003/03-2021, derivado de la queja QJ/DAI/023/02-2021, el cual, además se encuentra pendiente de resolución. Igualmente también se tiene por acreditado el último de los requisitos, toda vez que dicho juicio es el medio de defensa idóneo para revocar o modificar los actos de los que se duele la quejosa. De ahí que resulte evidente que el citado juicio pendiente de resolución del índice de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es el idóneo para revocar o nulificar los actos reclamados en esta instancia, pues en el caso de que el promovente obtenga resolución favorable en dicha instancia, cabe la posibilidad de que los actos que ahora reclama se verán afectados, pues no nacieron a la vida jurídica de forma independiente del procedimiento de Responsabilidad Administrativa, el cual, hasta la fecha en que se resuelve, no se tiene noticia que se haya concluido. En este orden de ideas es evidente que se encuentra en trámite un medio de defensa legal interpuesto por la parte quejosa que puede tener por efecto revocar, modificar o nulificar los actos aquí reclamados, lo que hace que el presente juicio de amparo se torne improcedente. Por otro lado, no pasa desapercibido que en relación a las todas las notificaciones que también señala como actos reclamados, se hace hincapié que la parte quejosa compareció al juicio natural de donde emanan los actos reclamados, esto mediante escrito que presentó el siete de mayo de dos mil veintiuno, por el que dio contestación a las imputaciones y ofreció diversas probanzas. Así, es dable precisar que en el caso en estudio no se está en presencia de una persona extraña al juicio por equiparación, que haya quedado sin defensa con motivo de la falta de emplazamiento o de su ilegalidad, sino que en su carácter de sujeto de una investigación, compareció al juicio o procedimiento natural dando contestación, así como ofreciendo pruebas y alegatos; y que habiendo tenido la oportunidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, interpuso el juicio contencioso. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 12/2000-PL, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 93, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal.". Así como la tesis IV.2o.C.37 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, página 1181, Materia Común, Novena Época, de contenido siguiente: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY, AUN CUANDO POSTERIORMENTE HAYA SIDO ILEGALMENTE NOTIFICADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES QUE LO DEJARON EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando el quejoso reclama en amparo, entre otros actos, el ilegal emplazamiento, por haberse practicado en contravención a lo establecido por la ley de la materia, y con base en esto, que el juicio fue seguido en su contra, sin su conocimiento, su situación es equiparable a la de un tercero extraño a juicio; sin embargo, si comparece a él, pierde tal carácter, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.". Ahora bien, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución, toda vez que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley, por lo que no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo. De esta manera, si el quejoso, después de concluido el juicio y en etapa de ejecución, pretende impugnar actos del procedimiento, no obstante que fue parte en el juicio y no puede ostentarse como tercero extraño por equiparación, es inconcuso que la acción que se dedujo en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 114, fracción V, 158, 159, fracción I y 161, todos de la ley de la materia.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIX de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63 fracción V del ordenamiento en cita. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy quince de agosto de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por el Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, por el Director de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad, y por los Notificadores Habilitados de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos y por el Presidente y Secretario Técnico del Consejo de Honor y Justicia. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Por tanto, con las documentales exhibidas se ordena formar un anexo para su resguardo por separado y tener un mejor manejo del expediente en que se actúa. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que a la letra dice: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". Ahora, lo anterior no causa un perjuicio de naturaleza trascendental y grave a la parte quejosa, pues las citadas constancias podrán ser consultadas en las Instalaciones que ocupa este Juzgado Federal. Se tienen por formuladas las causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer la autoridad oficiante, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside dicha autoridad. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Yuridia Ibarra Rojas, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que por auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, tuvo por desahogada la prueba pericial tercero en discordia, señalada en el juicio laboral 01/896/2018. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Yuridia Ibarra Rojas, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días contado a partir de la notificación del presente auto, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite qué pruebas se encuentran pendientes por desahogar en el juicio laboral 01/896/2018. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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