Valentín Mayen Torres
Expediente 457/2016 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/06/2018
Partes del expediente
- Valentín Mayen Torres
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Visto, el estado que guardan los autos del que se advierte que ninguna de las partes ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En sesión de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete; este órgano jurisdiccional resolvió conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, para los siguientes efectos: a) Deje insubsistente la sentencia de trece de junio de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 839/2014; b) Realice una valoración sistemática de todo material probatorio que obra en autos y pondere si con ellos se acredita la causa generadora de la posesión que defiende el impetrante de amparo. c) En caso de considerar que no se acredita la causa generadora de la posesión de los predios que defiende el quejoso, analice si la asamblea de veinticinco de octubre de dos mil catorce, estuvo en condiciones para convocarla, para que, en caso de estimar que aquella no contaba con las probanzas necesarias para ponderar la procedencia de su celebración, ordene recabar de oficio las pruebas que estime conducentes para acreditar tal extremo en términos de los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria. d) Dicte una nueva sentencia debidamente fundada y motivada. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio 812/2017 de veintisiete de septiembre dos mil diecisiete, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10 remitió copia certificada de la sentencia dictada en esa misma data, donde se advierte que acató los lineamientos de la ejecutoria de amparo. 1) En el Resultando 5 de la sentencia, el tribunal responsable hace mención que por auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la sentencia de trece de junio de dos mil dieciséis y ordenó el turno de los autos para el dictado de la resolución correspondiente, por lo que se colmaron los efectos del inciso a), de la sentencia de amparo. 2) Asimismo en el considerando IV, de la sentencia de cumplimiento determinó lo siguiente: "(.) IV.- El actor VALENTÍN MAYEN TORRES, quien demanda de la Asamblea General de Ejidatarios del poblado de SANTIAGO TEPATLAXCO, municipio de NAUCALPAN DE JUÁREZ, Estado de México, a través de los integrantes de los Comisariado Ejidal, específicamente la nulidad del acta de Asamblea General de Ejidatarios de Formalidades Especiales, de fecha veinticinco de octubre de dos mil catorce, únicamente por lo que respecta a la negativa a reconocerle los derechos agrarios posesorios, sobre las parcelas que abrió al cultivo, con superficies de 2,379.67 metros cuadrados, y 5,233.67 metros cuadrados, ubicadas en los parajes denominados "Puente de Piedra" y "Las Terrazas", respectivamente, del ejidos del poblado de que se trata; aduciendo que desde el año de mil novecientos ochenta, las parcelas en cuestión las abrió al cultivo, con la autorización verbal del Comisariado Ejidal de ese entonces del ejido del poblado de SANTIAGO TEPATLAXCO, por ser hijo del ejidatario JOSÉ MAYEN SANDOVAL, lo que es del conocimiento de la Asamblea General de Ejidatarios, ya que nunca se le ha interrumpido esa posesión que detenta de las mismas, y que posteriormente en la Asamblea General de Ejidatarios de fecha tres de marzo de mil novecientos ocho y cuatro, se solicitó respecto al ahora actora, como de un grupo de personas que se les reconocieran de hechos de ejidatarios por venir trabajando las parcelas que tenían en posesión por más de dos años. (.) En consecuencia al haber acreditado al actor VALENTÍN MAYEN TORRES, el origen de la posesión de las parcelas con superficies de 2, 369.54 metros cuadrados, y 5,250.76 metros cuadrados, que se encuentran ubicadas en los parajes denominados "Puente de Piedra", y "Las Terrazas", respectivamente, de las tierras de uso común del ejido del poblado de Santiago Tepatlaxco, origen que se encuentra en el acta de Asamblea de ejidatarios de investigación de usufructo parcelario ejidal de fecha tres de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, en la que después de realizar una inspección ocular sobre los terrenos ejidales del poblado de que se trata, la Asamblea solicitó que entre otros campesinos al hoy actor VALENTÍN MAYEN TORRES, se le expidieran los certificados respectivos que lo acreditaran en su calidad de ejidatario, por encontrarse en posesión, en forma quieta, continua, pública y de buena fe de parcelas que son materia de este juicio, lo que confirma lo aseverado por el actor en su escrito de demanda de que las parcelas materia de conflicto las abrió a cultivo, desde el año de dos mil novecientos ochenta, con autorización del entonces Comisariado Ejidal del Poblado de que se trata, por ser hijo de un ejidatario. Siendo que el origen de la posesión de las parcelas que detenta el actor se confirma con el acta de Asamblea General de Ejidatarios de fecha tres de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro y en la que se reconoce la posesión del actor sobre las tierras al interior del ejido, así como con la prueba testimonial a cargo de JOAQUÍN BARTOLO ORTEGA MARTÍN y ANTONIO DECIGA GUADALUPE, quienes testificaron que el actor tiene en posesión las parcelas ya referidas desde hace aproximadamente treinta y cinco años. Lo que se corrobora con la confesional de los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado que nos ocupa, parte demandada en este juicio, quienes aceptaron en la audiencia del siete de septiembre de dos mil quince, que el actor tiene la posesión de tierras que se encuentran ubicadas en los parajes "Puente de Piedra" y "Las Terrazas", respectivamente, desde hace más de veinte años. Por tal razón procede declarar la nulidad del acta de Asamblea del veinticinco de octubre de dos mil catorce, únicamente en lo que respecta a la determinación de negar al actor el reconocimiento de los derechos agrarios posesorios sobre las parcelas que abrió al cultivo con superficies de 2,379.67 metros cuadrados y 5,233.67 metros cuadrados, ubicadas en los parajes denominados "Puente de Piedra" y "Las Terrazas", del ejido del poblado que nos ocupa; y procedente el reconocimiento y adjudicación a favor del actor de los derechos agrarios posesorios sobre las parcelas en mención, en su calidad de posesionario, como lo reclamó en su demanda; así como la inscripción de la presente sentencia en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, a efecto de que conforme al dictamen pericial en materia de topografía a cargo del Ingeniero ISMAEL DOMÍNGUEZ MARZANO, proceda a modificar los planos del ejido que fueron aprobados en la Asamblea del veinticinco de octubre de dos mil catorce, donde se ubican las parcelas en cuestión y les asigne los números correspondientes, expidiendo a favor del actor los certificados parcelarios respectivos con dos números de parcelas que les correspondan, que lo acreditan como legal titular de los derechos agrarios posesorios sobre las parcelas en cuestión. (.) Por lo que respecta a la demandada Asamblea General de Ejidatarios del poblado de SANTIAGO TEPATLAXCO, municipio de NAUCALPAN DE JUÁREZ, Estado de México, a través de los integrantes del Comisariado Ejidal, con las pruebas que aportaron y con base en los razonamientos y consideraciones de derecho que se hicieron en los párrafos que anteceden para declarar procedente la demanda de la parte actora, resultan improcedentes las excepciones y defensas que opusieron en contra de las prestaciones que les reclama la parte actora. (.)" De la trascripción anterior se determina que el Tribunal responsable cumplió con lo ordenando en el inciso b) de los efectos de la sentencia, al resolver considerando todo el material probatorio que obra en autos del juicio de origen, en la cual consideró que con ellos se acreditaba la causa generadora de la posesión que defiende Valentín Mayen Torres, por lo que declaró procedente su demanda, y resolvió de improcedentes las excepciones y defensas que opuso la parte actora. Al respecto, se estima que el tribunal responsable emitió una sentencia acorde a los lineamientos dados en la parte considerativa del fallo protector. Como se ve, el fallo emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo es acorde a los efectos por los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia, esto en razón de que la responsable siguió los lineamientos que se le dijo debía seguir al dictaminar la nueva resolución, lo anterior se dice, pues el tribunal agrario valoró sistemáticamente las pruebas, determinando que se acreditó la causa generadora de la posesión de las parcelas con superficies de 2,369.54 metros cuadrados, y 5,250.76 metros cuadrados, que se encuentran ubicadas en los parajes denominados "Puente de Piedra" y "Las Terrazas", respectivamente, de las tierras de uso común del ejido del poblado de Santiago Tepatlaxco. Con lo antes expuesto, se considera que la responsable cumplió los efectos precisados en la sentencia protectora. Por ende, con fundamento en los artículos 192, 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, hágase saber la parte quejosa, y tercero interesado, que cuentan con un plazo de quince días para interponer inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." De igual manera, hágaseles de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Notifíquese; a la parte quejosa, en términos del auto de quince de julio de dos mil diecisiete, así como por oficio a la autoridad tercera interesada y, en su oportunidad, archívese el presente asunto. Así lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de la secretaria de acuerdos, y derivado de lo asentado en la razón del actuario judicial adscrito a este tribunal colegiado, de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, en la que se exponen los motivos por los cuales no realizó la notificación del auto de veintinueve de septiembre del dos mil diecisiete, de manera personal a la parte quejosa Valentín Mayen Torres, en la que se ordenó correr traslado con copia íntegra de la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, remitida por la autoridad responsable, con la cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano colegiado, el proveído de referencia, así como el presente auto y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, a la parte quejosa, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este tribunal colegiado. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
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